Criminalización de la protesta: El costo de ser estudiante movilizado
Victoria Viñals
|
Sumarios por causas políticas,
vulneraciones al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la
Igualdad ante la ley, son algunas de las prácticas "propias de la
Dictadura" que han sufrido estudiantes y dirigentes por alzar las
banderas de la lucha estudiantil.
El 19 de agosto de 2015 la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) inició un sumario en contra
del entonces estudiante de Trabajo Social, Miguel Moya. El 15 y 16 de
julio se había realizado la toma de uno de los edificios de la
Universidad y al estudiante se le acusó de haber sido “actor protagónico
y líder de la ocupación”, y de destrozos y daños a la propiedad
privada.
Pese a que existe una Federación de Estudiantes y que hubo, al menos,
unos 50 participantes, Miguel fue sindicado como culpable. No sólo de
los daños y de la toma, sino que también fue declarado culpable por
negarse a colaborar con el procedimiento (pese a que prestó una
detallada declaración de las acciones que realizó esos 15 y 16 de julio)
y de encubrimiento por haberse negado a identificar al resto de los
participantes de la movilización.
El 19 de enero la resolución fue certera: prohibición temporal de
matrícula por tres semestres. Tras la sentencia, Miguel realizó una
fuerte defensa que incluyó en su apelación y presentó ante el mismo
rector de la Universidad, Claudio Elórtegui. Además recibió muestras de
apoyo de diferentes sectores: historiadores, académicos de su facultad,
compañeros de otras carreras y hasta apoyo internacional por lo que
Miguel considera, se trata de persecución política y de una práctica de
amedrentamiento.
“La Universidad me sancionó por una acción política en un contexto de
movilización general y nacional y por no delatar a compañeras y
compañeros. La Universidad Católica de Valparaíso quiere estudiantes que
no se comprometan con las transformaciones sociales, quiere estudiantes
que traicionen a quien tienen al lado, tanto así que utiliza un
reglamento de disciplina escrito en Dictadura como herramienta de
persecución política contra las y los luchadores sociales que estén
dentro de su Universidad”, sostiene Miguel.
Ante el resultado del sumario, Miguel interpuso un recurso de
protección que fue considerado admisible y rechazado finalmente este
viernes. Miguel irá con su abogada a la Corte Suprema, para revertir la
sanción sumaria que pesa en su contra.
Paralelamente, la PUCV interpuso una querella criminal en contra de
Miguel, otro estudiante y todos quienes resulten responsables por los
delitos de usurpación y daños a la propiedad, por la suma de 12 millones
de pesos. El 24 de marzo el Ministerio Público tomó la decisión de no
perseverar en la causa, por considerar que no habían antecedentes
suficientes para seguir con el caso.
Política de persecución y amedrentamiento
Betsabé Carrasco, abogada de la Defensoría Popular, señala que en
estos casos existen graves vulneraciones al debido proceso. En el caso
específico de Miguel Moya, la conformación de un tribunal ad hoc, es decir, no conforme al reglamento de la Universidad, sino que designado específicamente para este caso.
Además, se le acusa de faltas que no están en el reglamento. Se le
imputa que operó como encubridor de un delito y así mismo que guardó
silencio, principios básicos del debido proceso.
“Esta ha sido en general la tónica en diferentes universidades. Hacen
procedimientos irregulares que tienen como único objetivo expulsar al
alumno. Se afecta el principio del debido proceso y también el principio
de igualdad ante la ley porque vemos que a determinados estudiantes,
que son dirigentes o que tienen determinadas posturas políticas se
aplica el sumario, y a otros estudiantes en las mismas condiciones no se
aplica”, afirma Betsabé Carrasco.
“En general, este tipo de procedimientos buscan perseguir dirigencias
políticas disidentes y aplican normas internas que contienen
procedimientos totalmente viciados. Las normativas internas no pueden
vulnerar los principios generales reconocidos en la Constitución”,
declara la abogada.
Represión del movimiento estudiantil
Felipe Sánchez fue estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad
Alberto Hurtado hasta este año cuando fue expulsado por sanciones
académicas luego de enfrentarse a tres sumarios. Sánchez es un caso
emblemático de las persecuciones al interior de algunas universidades
privadas, básicamente por ser sindicado en tres oportunidades de cometer
faltas de distinto nivel al reglamento de la universidad jesuita.
En la primera oportunidad, se le acusó de haber roto una puerta en el
contexto de una manifestación. Pese a que existen registros en los
cuales se ve el momento en que la puerta se rompe por un grupo de
estudiantes, el único identificado y sumariado es Felipe. En esa
oportunidad, el estudiante y consejero externo de Ciencias Políticas,
Eduardo Inostroza, fue a declarar a favor de Felipe, asunto por el cual
también se le abrió un sumario y fue sancionado de la misma forma de
quien intentó ayudar: un semestre de suspensión académica.
“De mi caso en adelante quedó latente la amenaza de que cualquier
estudiante que se disponga a declarar en un sumario, también se va a
tener que enfrentarse a uno”, relata Sánchez.
Ese segundo semestre de 2014 Felipe tuvo que dejar sus estudios por
la suspensión, en el mes de octubre. El estudiante financiaba su carrera
con el Crédito con Aval del Estado (CAE) y con una beca interna de la
Universidad, perdió el beneficio de la casa de estudios y se le cargaron
a la deuda del crédito, los tres meses que alcanzó a asistir a clases,
pese a que no lo dejaron terminar los ramos en curso y que
posteriormente tuvo que repetirlos.
En marzo de 2015 Felipe se reincorporó a la Universidad y continuó
participando activamente en el movimiento estudiantil y también en
espacios de voluntariado dispuestos a ayudar a los damnificados del
norte del país. En junio de ese año participó en la organización de una
tocata para recaudar fondos, y por ese hecho se le llamó a un nuevo
sumario. De nuevo, de un grupo de más de 50 personas, Felipe fue el
único sumariado.
La falta catalogada como leve se configuraba, a juicio de la
Universidad, porque la tocata “interrumpe el normal funcionamiento de
las actividades académicas” a causa del ruido. Por este motivo Felipe
fue dejado condicional, que significaba que ante cualquier falta sería
expulsado definitivamente de la institución
En noviembre de 2015 se realizaron elecciones de Federación. La lista
ganadora fue la del colectivo político de Felipe quien operó en esta
oportunidad como jefe de campaña. A una semana del triunfo, se abrió un
nuevo sumario en contra del estudiante por haber pintado un mural dentro
de la Universidad. A juicio de las autoridades, el mural representaba
“una falta gravísima”, catalogada como daño a la propiedad privada.
Pese a que el mural se había pintado en junio y que en su elaboración
participaron más de 100 personas, Felipe fue el único perseguido por
este hecho. El día de la audiencia, un grupo de estudiantes indignados
por la situación de Felipe, irrumpieron en la sala con bombos y
cánticos. La idea era impedir la realización del juicio por considerar
ilegítima la instancia y las medidas tomadas por la autoridad. Ante lo
que calificaron como “la intransigencia de las autoridades”, los
estudiantes realizaron una ocupación pacífica de la Vicaría para la
Educación del Arzobispado de Santiago, para visibilizar la situación que
enfrentan y para pedir mediación. La Vicaría llamó al diálogo.
Cuando el juicio pudo llevarse a cabo, la Universidad presentó como
prueba la declaración de un guardia, sin firma, ni fecha, y la de otro
funcionario que decía haber escuchado que Felipe estaba involucrado.
Después de defenderse, el procedimiento quedó en nada y el estudiante
nunca fue notificado del resultado de las acciones.
Ṕaralelamente, Felipe tuvo que enfrentar cierto hostigamiento de
parte de algunos profesores, quienes incluso se negaron a permitirle
rendir pruebas y evaluaciones argumentando que el estudiante no cumplía
con los requisitos de asistencia, pese a que tenía fuero académico
porque además de todo, trabaja para costear sus gastos.
Estas prohibiciones, sumadas al complejo escenario que estaba
enfrentando, llevaron a Felipe a reprobar varias asignaturas, lo que
supuso para él la expulsión por motivos académicos de la Universidad.
Pese al llamado de la Vicaría, y pese a todos los intentos, la UAH
inició nueve sumarios en contra de algunos de los estudiantes que
participaron en manifestaciones en apoyo a Felipe Sánchez. De los nueve
casos, sólo uno fue absuelto y los demás fueron dejados condicionales. A
pesar de que la condicionalidad era una sanción para faltas leves y no
graves o gravísimas como los acusaron inicialmente.
Prácticas de la dictadura
Al igual que en el caso de Miguel, los sumarios a los que se enfrentó
Felipe también implicaron vulneraciones graves al debido proceso, al de
igualdad ante la ley y al de presunción de inocencia. Antes de la
conformación del tribunal, autoridades administrativas juzgan los hechos
y asignan un estatuto determinado. Faltas leves, graves y gravísimas
tienen procedimientos diferentes y sanciones preestablecidas de distinta
lesividad.
Además, se repite la variable de que de un grupo de estudiantes, sólo
uno o dos son perseguidos y son justamente, quienes tienen cargos de
representatividad o liderazgo entre sus compañeros, además de ideas
políticas de izquierda consideradas “no institucionales”.
En el caso de Felipe existieron, además, otras faltas al debido
proceso. La última audiencia que tuvo durante su sumario se realizó por
videoconferencia. Felipe pudo ver a las tres personas que eran parte de
la comisión designada para juzgarlo, y pudo escuchar las voces de otras
personas que estaban en la sala y que no mostraron en ningún momento su
rostro. También, el denunciante y representante en este caso de la
Universidad, estuvo sentado frente al acusado en la misma mesa que
quienes juzgaban, restando, a juicio de Felipe, la imparcialidad e
independencia que un tribunal debería tener.
“No se pueden entender como casos aislados. Siempre que hay momentos
de paralización se realizan sumarios, desde el 2010 en adelante no ha
habido un año que no haya sumarios a dirigentes políticos. Yo estoy
consciente de que existe un aparato de represión en la Universidad que
es Servicios Generales, presidido por Tomás Fuenzalida. Se que es una
política de la Universidad en contra de quienes se movilizan”, señala
Felipe Sanchez.
“Si bien es una persecución personal, el mayor objetivo es el
movimiento. Buscan amedrentar a los estudiantes, infundir temor a
movilizarse. Y también desarticular a las movilizaciones de las
carreras. Es una práctica heredada de la Dictadura para desarticular el
movimiento estudiantil y social”, declara el ex estudiante de Ciencias
Políticas.
“Cada uno es dueño de su propio feudo”
Marta Matamala, vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) explica que han recibido denuncias por persecuciones a
estudiantes de base e incluso hacia las Federaciones y Centros de
Estudiantes.
“Es bastante preocupante, no se trata sólo de enfrentarse al exceso
de fuerza de Carabineros, sino que además tiene consecuencias en las
universidades, dentro de las cuales además nosotros no podemos
participar porque no tenemos parte de la administración universitaria.
Muchas veces incluso los estudiantes no pueden ni siquiera levantar
defensas”, explica la dirigente.
“Hemos conversado directamente con los rectores implicados y hasta
hemos pedido la mediación de otros rectores que son más progresistas,
por decirlo de alguna manera, y no ha pasado nada. El problema es que
las Universidades como están administradas hoy en día cada uno es dueño
de su propio feudo. Cada uno hace lo que quiere a menos que el Mineduc
intervenga, lo que por supuesto no ocurre en este tipo de casos”,
declara enfática.
Dentro de las denuncias que ha podido recoger la Confech, se
mencionan casos similares en la Universidad del Bio-Bio, Católica de
Temuco, Católica de Valparaiso y la Universidad de Santiago. En las
instituciones privadas existen denuncias por sumarios y persecuciones en
la Universidad Central, Católica Silva Henríquez y, por cierto, la
Alberto Hurtado,
“Lo único que le falta hacer a la Confech es interponer recursos
legales en contra de los rectores por estos casos. Pero es una situación
complicada, porque si bien hay rectores que tienen políticas
persecutorias, hay otros que hasta han mediado para frenar estas
actitudes. Es complejo también para la Confech, porque los esfuerzos han
estado puestos en avanzar en conjunto con el Cruch”, afirma Marta
Matamala.
Tanto Felipe como Miguel esperan que los casos como los que ellos han
tenido que enfrentar no permanezcan como hechos aislados y que se pueda
enfrentar el asunto desde un punto de vista político.
“Hago un llamado a que seamos nosotros quienes marquemos un
precedente, un precedente de solidaridad, un llamado a que dejemos en
claro que no nos dejaremos amedrentar y que seguiremos esta lucha con
más organización y convicción que nunca sin dejar a ningún compañero o
compañera en el camino”, concluye Miguel.
