Tras 15 años del inicio del traspaso del sector a manos privadas, que
empezó a materializarse en 1998, la decisión enfrenta duras críticas y
sus implicancias han empezado a ser debatidas en medio de los masivos
cortes de agua potable que han afectado a millones de usuarios y que
tienen en el banquillo a la sanitaria más grande del país: Aguas Andinas
Pero a fines de los ’90 y pese al férreo rechazo por parte de los
trabajadores de las entonces sanitarias estatales, los parlamentarios
tanto de la Concertación como de la Alianza optaron por seguir el paso
de otros sectores, como el eléctrico y de telecomunicaciones, y abrir a
los privados el mundo de las sanitarias. La razón más poderosa que se
esgrimía en la época era la urgente de necesidad de aumentar la
cobertura del tratamiento de aguas servidas, que en ese tiempo llegaba
apenas a 18 % y requería de importantes inversiones.
El objetivo se cumplió con creces, ya que en 2011 llegaba a 94,2 %.
En cuanto a la cobertura urbana en agua potable y alcantarillado, en esa
época los índices ya eran bastante buenos (97,5 % y 85,4 %
respectivamente), por lo que los sindicatos proponían privatizar
únicamente lo referente a las aguas servidas. Pero no tuvieron eco. Y es
que la aprobación de la ley se dio, pese al debate y las declaraciones
públicas de diversos parlamentarios rechazando la privatización a través
de la prensa. Finalmente, luego de más de dos años de tramitación, el
proyecto presentado a través de un mensaje presidencial, terminó por ser
probado en ambas cámaras después de pasar por una comisión mixta.
En el Senado, de los 44 senadores en ejercicio, 30 dieron su voto
favorable a excepción de Ricardo Hormazábal (DC), que se abstuvo. Entre
los que dieron el visto bueno a la iniciativa se encontraban los
actuales senadores Antonio Horvath (RN), Hernán Larraín (UDI) y Andrés
Zaldívar (DC), junto al ex ministro Sergio Bitar (PPD), Carmen Frei (DC)
y el actual presidente Sebastián Piñera.
En tanto, en la Cámara Baja, de un total de 120 diputados en
ejercicio, 84 votaron a favor, mientras que solo Aldo Cornejo (DC) votó
en contra, y Jorge Soria (PPD) se abstuvo.
Entre los diputados que dieron luz verde a la ley 19.549, se
encontraban varios de los actuales honorables. Entre ellos los hoy
senadores Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS), Ignacio Walker (DC),
Hosaín Sabag (DC), Juan Antonio Coloma (UDI), Alberto Espina (RN), Jaime Orpis (UDI),
así comolos aún diputados Juan Carlos Latorre (DC), Rosauro Martínez
(RN), Carlos Montes (PS), Iván Moreira (UDI), Sergio Ojeda (DC), José
Miguel Ortiz (DC), Jorge Ulloa (UDI) y Carlos Vilches (UDI). También dio
su aprobación el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez.
Para Hormazábal, el respaldo de la Concertación a la idea de
privatizar las sanitarias, que se dio “con algunas excepciones”,
obedecería a que “el peso de los gobiernos era muy grande y la posición
de los parlamentarios muy pragmática. Había gente que no quería aparecer
creando problemas y aunque había algunos muy honestos prefirieron darle
voto de confianza (…) Creo que había un tema de manejo del gobierno y
de los que estaban en ese momento conduciendo los partidos”. En su
opinión esta decisión fue un “absoluto error”.
En tanto, Aldo Cornejo recuerda que “la tramitación fue muy difícil
porque este era un proyecto emblemático del gobierno de Frei. Hubo un
lobby muy fuerte del gobierno de la época. El encargado de llevar
adelante el proyecto desde el gobierno fue el ministro de la Segpres,
Juan Villarzú”. El ex alcalde asegura que “tuvimos varias conversaciones
en que intentó convencerme de que votara a favor. Pero tuve muchas
reuniones con dirigentes sindicales de Essval y llegué a la convicción
que era un mal negocio para el Estado”.
El rol de Escalona
En medio de la ola de críticas frente a las roturas de matriz y
cortes de agua que enfrenta Aguas Andinas, el presidente del senado,
Camilo Escalona, ha manifestado públicamente haber sido un férreo
opositor a la iniciativa. En una carta publicada en el sitio oficial del
Senado en contra de la privatización de las empresas sanitarias, señala
que “como Presidente del Partido Socialista, en el periodo 94-98,
estuve en contra de la privatización de las empresas sanitarias”,
detallando que en el contexto de esa época “la opinión de quienes
rechazábamos la privatización no fue prevaleciente. Perdimos esa lucha”.
Entre los problemas que
generaría la entrega del manejo de las sanitarias a privados que los
sindicatos advirtieron a las autoridades de la época, se contaban
sostenidas alzas en el costo de las cuentas de agua. De hecho en los
últimos diez años, según cifras de Fenatraos, el aumento de las tarifas
supera el 150%. En el caso de Aguas Andinas el alza llega a 157%, en
Essbío de Concepción a 138%, en Esval de Valparaíso a 194% y en Essal de
Puerto Montt a 200%.
Desde los sindicatos de las sanitarias la versión es otra, ya que no
recuerdan haber visto al entonces diputado en un rol activo para detener
el traspaso de las sanitarias de manos del Estado a los privados.
Según Jorge Gonzalez, presidente de sindicato 2 de Aguas Andinas, que reaccionó muy molesto al ver las declaraciones de Escalona en la prensa, “hoy
día aparecen levantando banderas diciendo que nosotros nos opusimos a
la privatización de las sanitarias cuando un solo diputado, uno, fue el
único que se opuso. El resto todos votaron a favor de la privatización”.
González, que en los ’90 formaba parte del sindicato de Emos –luego
transformada en Aguas Andinas– formó parte de los trabajadores que
intentaron por todos los medios detener la privatización. Pero sus
esfuerzos fueron infructuosos.
El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras
Sanitarias (Fenatraos), Hugo Maturana, coincide con González y señala
que “soy el más sorprendido con que Escalona venga a decir eso porque
nunca lo vi levantar un dedo por evitar la privatización”. Maturana, que
en ese tiempo también estaba a la cabeza de la federación, participó y
asistió a múltiples sesiones del Congreso a presentar sus argumentos y
junto a otros trabajadores buscó apoyo entre parlamentarios
concertacionistas.
Pero “todos nos expresaron desde la Concertación que eran amigos
nuestros, que estaban de acuerdo con la privatización. Sin excepción. De
hecho, varios hablaron con nosotros para que accediéramos porque la
aprobación se veía inminente. El que más hizo de vocero fue Carlos
Ominami, que debe haber conversado unas cinco veces conmigo pidiéndome
eso”. Y agrega que “entonces que ahora salga Escalona con esta
historia…porque digo categóricamente que apoyo de él no tuvimos. No hubo
ninguno que nos apoyara. Todos con los que íbamos a hablar nos atendían
muy bien, pero nos terminaban diciendo que accediéramos al acuerdo. La
verdad es que por mucho que digan ahora, desde un principio estuvieron
de acuerdo con la privatización”.
La oposición del presidente del Senado tampoco se refleja en la
tramitación del proyecto, ya que al revisar la historia de la ley se
observa que el parlamentario dio su voto a favor en las distintas etapas
de su tramitación y no tuvo un rol activo en la discusión al interior
del Congreso. De hecho, no estuvo presente en la votación final del 18
de noviembre de 1997.
Al ser consultado al respecto, Escalona explica que “yo no era
parlamentario. Desde marzo de 1998 estuve fuera del Congreso y la
polémica fue pública con resoluciones del PS e intenso debate interno y
externo (…). Mi posición siempre fue la misma, el Estado como socio
controlador, aun cuando hubiera propiedad mixta”.
En marzo de 1998 la ley ya estaba promulgada desde hacía dos meses.
Ese año empezó el proceso privatizador, vendiéndose rápidamente las
tres mayores empresas sanitarias: Emos (1999), Essval (1998) y Essbio
(2000).
La salida del Estado
Durante la discusión de la ley, a la que asistieron distintas
autoridades como el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo
Pickering, hoy Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), el sector de la Alianza
respaldó firmemente la idea de sacar de manos del Estado a las
sanitarias. Uno de los puntos que generaba más rechazo era la exigencia
incluida en el mensaje de Frei de que el Estado controlara al menos 35%
de la propiedad de cada una de las empresas que en ese entonces eran
estatales, entre las que se encontraban Emos (actual Aguas Andinas),
Essval y Essbío.
Este porcentaje otorgaba el poder de veto y buscaba limitar los
conflictos de interés a través de la acción de los directores
elegidos con la votación de las acciones en manos del fisco.
Idea que sacaba ronchas en el mundo aliancista y que en opinión del
entonces senador Sebastián Piñera era “absolutamente inapropiado”, ya
que aseguraba que “si el Estado retiene el 35 por ciento, con ello no va
a evitar o prevenir ninguna conducta monopólica, pues la sociedad
anónima se va a manejar por mayorías en que aquél no influirá en lo
relativo a precios. Pero, en cambio, sí retiene dos cosas. En primer
lugar, un conflicto de interés. ¿Qué interesa al Estado con ese 35 por
ciento? Maximizar la rentabilidad de la empresa, caso en el cual tratará
de aprovechar la renta monopólica, o maximizar o garantizar la
competitividad del sector. Son dos cosas abiertamente contradictorias.
Una cosa es el ente regulador, que no tiene interés alguno en la
propiedad y cuyo único objetivo es garantizar el buen funcionamiento
competitivo del mercado, y otra, un Estado que pretende, a través de la
propiedad, lograr propósitos que no son propios de ella”.
En la misma línea el hoy líder de la Segpres, Cristián Larroulet,
ofreció su punto de vista junto a Marco Antonio González en el Congreso
en representación de Libertad y Desarrollo, concluyendo que “esta
limitación es inconveniente y carente de sentido”, recalcando que este
porcentaje “impone un límite injustificado a las inversiones que los
propios privados deseen realizar”, lo que implicaría que “la deficiencia
de los recursos no podrá ser resuelta con la iniciativa de los
particulares, y dependerá siempre del derecho a veto que tendrá el
Estado al decidir si aporta o no los recursos necesarios en cada caso”.
Por su parte, el actual candidato presidencial y ex ministro de
Defensa, Andrés Allamand, señalaba que “esevidente que esta situación
tan absurda de mantener ese 35 por ciento obligatorio, por lo menos, en
última instancia, debería ir de la mano de un proceso y un sistema de
licuación para que, en definitiva, la presencia del Estado no signifique
una traba, un veto, un impedimento al progreso de cada una de estas
empresas”.
La oposición finalmente no logró revertir el punto. Al menos hasta
2003, cuando y durante el gobierno de Ricardo Lagos, se suprimió la
exigencia de conservar en las empresas sanitarias el porcentaje mínimo
de 35%, razón por la cual fue posible que en 2011 la administración del
actual mandatario, Sebastián Piñera, t
erminara de vender lo que quedaba de la participación del Estado en el negocio.
Durante ese período también se cambió la forma de privatizar, ya que
se optó por entregar concesiones de largo plazo y no venderlas como se
había hecho antes.
Las razones esgrimidas por el gobierno de Piñera para justificar la
venta de lo que quedaba de las sanitarias en manos estatales fueron
nebulosas y cambiantes, ya que inicialmente se habló de la necesidad de
obtener recursos frescos para la reconstrucción después del terremoto de
febrero de 2010.
Luego, y en vista de que los recursos para ello fueron obtenidos a
través de proyectos de ley con financiamiento extraordinario adicional
al presupuesto ordinario aprobados por el Congreso en 2010, se justificó
su venta con el fin de inyectar recursos para el Metro. Finalmente,
según explicó a este medio el entonces vicepresidente ejecutivo de
Corfo, Hernán Cheyre, los dineros obtenidos serían enfocados en el
fortalecimiento de programas Corfo.
Negocio redondo
La privatización de las sanitarias hoy alcanza su esplendor. Según
datos de la SISS, a fines de 2011–año en que el fisco terminó de
desprenderse de lo que le quedaba de acciones en las sanitarias– 84,6%
de la propiedad del sector es privado, mientras que solo el 15,4% es
estatal y continúa en manos de Corfo. Hasta 1998 de las 19 empresas
sanitarias que operaban, 13 eran estatales.
Entre los problemas que generaría la entrega del manejo de las
sanitarias a privados que los sindicatos advirtieron a las autoridades
de la época, se contaban sostenidas alzas en el costo de las cuentas de
agua. De hecho en los últimos diez años, según cifras de Fenatraos, el
aumento de las tarifas supera el 150%. En el caso de Aguas Andinas el
alza llega a 157%, en Essbío de Concepción a 138%, en Esval de
Valparaíso a 194% y en Essal de Puerto Montt a 200%.
Por cierto las utilidades en el sector han sido sabrosas. En 2011 el
sector recaudó $225.967 millones. En el caso de Aguas Andinas obtuvo $
111.479 millones, lo que implicó que en una década sus utilidades
aumentaron en 134%, ya que en 2001 sus utilidades ascendían a $ 47.637
millones.
Utilidades que son recibidas por compañías que cuentan con una serie
de beneficios por parte del Estado, que les garantiza una rentabilidad
del 9% y que además otorga importantes subsidios directos a usuarios de
bajos ingresos, beneficiando las utilidades de la empresa. En 2011
dichos subsidios se tradujeron en un 6% de las ventas del sector.
Además, son los usuarios los que en la práctica ya través de las
tarifas, financian las inversiones y reposiciones del sector en un 100%.
En opinión de Ricardo Hormazábal esto “es tener un mercado cautivo y
asegurado en su pago: negocio redondo. Por eso no han hecho las
inversiones indispensables como hemos visto, ya que los aluviones no nos
habrían afectado si hubieran invertido en reservas para dos o tres
días. Ha sido el ideal de las privatizaciones”.
En este punto tampoco erraron las advertencias de los trabajadores.
Según explica Hugo Maturana, “planteábamos que se iban a generar grandes
utilidades por ser un monopolio. Acá el negocio tiene mayor
rentabilidad que en Europa, donde llega al 4,5% y acá de 7% para arriba.
En el caso de Aguas Andinas sobrepasa el 20% de rentabilidad. Y a costo
de la ciudadanía”.
Según cifras de la SISS en 2011 “la rentabilidad operacional del
sector va desde 8,2% a 8,6% en promedio, con un máximo de 20,3% en el
caso de Aguas Magallanes”. En cuanto a la rentabilidad sobre patrimonio
“alcanza 11,8% en promedio, encontrándose entre las más altas la
rentabilidad de Aguas Andinas (en torno al 18%) y el de las empresas que
operan en las zonas extremas del país, que varían en torno al 30%”.
Hoy quienes se reparten más del 50% de la suculenta torta de las
sanitarias son dos empresas extranjeras: el fondo de Pensiones de los
Profesores de Ontario (OTPPB por sus siglas en inglés), de Canadá, que
posee 31,1% de la propiedad del sector y el grupo francoespañol Agbar
Suez, que tiene 22,4%. Entre ambas prestan servicio a casi 74% de los
clientes a nivel nacional. Le sigue Corfo con 15,4% de la propiedad del
sector y el grupo Luksic con 8%.
Otro de los temores de los sindicatos ante la privatización, eran las
consecuencias para los trabajadores. Según Maturana, “esperábamos una
merma de al menos 50%. Fue peor. En el caso de Essval hoy el 75% de las
funciones propias de las empresas sanitarias, como reparación y
manutención, son hechas por contratistas sin beneficios y cuyas
remuneraciones son bajas”.
Maturana recuerda que “cuando vimos que no teníamos apoyo de ningún
político, ni de la ciudadanía, planteamos como alternativa que las
plantas de tratamiento, que era un tema urgente se entregaran a los
privados y no obtuvimos fuerza para impulsarla con ningún parlamentario.
Ninguno”.
Imagen: Francisco Castillo | Agencia UNO
