HERMOSA FIESTA PARA LOS PROFESORES DE LA COMUNA.

El comunal del Colegio de Profesores,como ya es tradición,celebró el día del maestro ayer,viernes 29 de octubre..
Estuvieron invitados el actual Tesorero Nacional y próximo secretario nacional del gremio don Darío Vásquez,del Regional Metrpolitano estuvo Clotilde Soto,la cual tiene mucho afecto por la comuna,ya que trabajó en la escuela San FRancisco de Quito.
El próximo viernes iremos por los colegios dejando las fotos del evento,también en la semana subiremos algunas.
Se despidieron enesta oportunidad a la señora Ana María Bustamante Vargas de la Escuela Alessandri y a la colega Sara López Páez, de la escuela Camilo Mori, a nombre del Comunal se les entregó un hermoso recuerdo de nuestra Institución.

Ministro Lavín anuncia 8500 millones de pesos para reconstrucción de universidades tras terremoto

Wikimedia Commons

El Ministro de Educación Joaquín Lavín visitó la principal casa de estudios de la Región del Bío-Bío, la Universidad de Concepción. En la ocasión, realizó anuncios con respecto a materia de reconstrucción para las universidades afectadas por el terremoto.

Lavín anunció una partida de 8 mil 500 millones de pesos en total para las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores.

5 mil de estos millones serán asignados a las universidades de la Región del Maule y la Región del Bío-Bío afectadas por la catástrofe del 27 de febrero. La mitad de esta cifra, es decir, 2 mil 500 millones de pesos, serán destinados a la Universidad de Concepción, para que ésta recupere las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas, la que sufrió un incendio el mismo día del terremoto.

Adicionalmente, el Ministro de Educación anunció que para los colegios emblemáticos, específicamente para el Liceo A-21 de Talcahuano, que fue afectado fuertemente por el tsunami provocado en febrero, irán adicionalmente otros 2500 millones de pesos destinados a su reconstrucción.

PROYECTO DE REAJUSTE Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL SECTOR PUBLICO, MUNICIPALIDADES Y UNIVERSIDADES ESTATA

DICIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011

SANTIAGO, OCTUBRE DE 2010

Las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público , representados por:

Agrupación de Empleados Fiscales. ANEF

Asociación Nacional de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. AJUNJI

Agrupación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales. ANTUE

Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. ASEMUCH

Colegio de Profesores Asociación Gremial

Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada. CONFUSAM

Confederación Nacional de Asoc. de Funcionarios de Educ. Municipalizada de Chile. CONFEMUCH

Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. CONFENATS

Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. FENAFUCH

Federación Nacional de Asoc. de Funcionarios Universidades Estatales de Chile. FENAFUECH

Federación Nacional de Asociación Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud. FENTESS

Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. FENPRUSS

Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública. FENFUSSAP .

Todas ellas coordinadas y dirigidas por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y sin perjuicio de la autonomía de cada organización para mantener el desarrollo y presentación de sus agendas específicas con los Ministros o autoridad que corresponda, presentan a las autoridades de Gobierno las reivindicaciones centrales de los Trabajadores del sector para ser tratadas en la Negociación del presente año.

PRESENTACIÓN.

DEMANDAS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO.

Este es el primer proceso de negociación que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector público realizarán con la actual administración del Presidente Sebastián Piñera Echenique, en un año marcado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero y el grave accidente ocurrido en la mina San José en la región de Atacama y que significó que 33 trabajadores estuvieran atrapados a setecientos metros por setenta días, dejando de manifiesto las precarias condiciones de seguridad laboral en las empresas nacionales, sobre todo las medianas y pequeñas.

En estos primeros meses de la actual administración se han generado un número importante de despidos en distintas instituciones públicas, sobre todo a nivel de la administración central del Estado, afectando gravemente la calidad de vida laboral de miles de trabajadoras y trabajadores, creando incertidumbre y climas laborales que necesariamente afectan la calidad de los servicios entregados a los millones de usuarios a nivel nacional.

Por otro lado, los efectos de la crisis financiera internacional fueron menos permanentes de lo previsto, lo que ha permitido que las expectativas económicas para este año y el próximo sean notablemente mejores de lo esperado, en proyección de crecimiento, en tasa de inflación y desempleo, a esto hay que agregar el buen precio del cobre, las estimaciones realizadas por analistas, señalan que este metal podría llegar a un valor de cinco dólares por libra los próximos años.

Es momento que el Estado chileno asuma su deuda con las y los trabajadores, particularmente por la pérdida del poder adquisitivo de sus remuneraciones, y la desigualdad permanente presentada en la distribución del ingreso, situación que después de los resultados de la encuesta Casen 2010, dejaron de manifiesto que tiene su principal foco de inequidad, en la mala distribución que se da en el puesto de trabajo, es decir la valoración económica del trabajo. Llamamos a que se sigan los ejemplos como el de Brasil, que en los últimos años ha logrado enfrentar de buena forma esta situación con políticas activas dirigidas a mejorar los ingresos de los trabajadores.

Resulta también fundamental que se mejoren las condiciones laborales, que en general, no dan cuenta con los criterios establecidos por la OIT, en cuanto a avanzar en la consecución de un Trabajo Decente, es decir un empleo con remuneración adecuada, seguridad social, estabilidad laboral, con espacios para el desarrollo profesional y personal y el cumplimiento de los convenios de la OIT.

Las organizaciones que representamos a las trabajadoras y los trabajadores del sector público, concebimos al Estado como en ente activo, interviniente, que se la juegue por un proyecto de país que incorpore de manera prioritaria un compromiso inalienable con la justicia y la equidad para todas y todos los chilenos, reconociendo la participación fundamental de la sociedad civil, que en conjunto con las entidades gubernamentales asuman el diseño e implementación de programas y políticas públicas que superen las carencias sociales y económicas aun presentes en nuestro país, nuestro rol como trabajadoras y trabajadores públicos es colaborar a que dichas políticas sean implementadas de buena manera, con efectividad, pertinencia y calidad, esto no será posible sin cambios sustanciales en las relaciones laborales existentes hasta hoy en la administración pública, principalmente generando mayores espacios de participación y deliberación, y aumentando la valoración que se da a nuestro trabajo y el respeto por todas y todos los trabajadores en su condición de tal.

I.- REMUNERACIONES, SUELDOS MINIMOS Y BONOS.

1.1 Reajuste a las Remuneraciones.

La crisis económica mundial afecto de manera importante nuestra economía nacional durante los años 2008 y 2009, esto significó aumento de las tasas de desempleo y nulo crecimiento, nuestras organizaciones asumieron dicha situación colaborando con propuestas que apoyaran los procesos de reactivación, que el gobierno pasado desarrollo a través de políticas contra cíclicas.

Hoy y desde el punto de vista económico, nuestro país se encuentra en un proceso de recuperación y con expectativas económicas positivas, esto se puede ver, en los indicadores que muestran un crecimiento potencial de la economía de un 5,5% para el 2010 y un 6,5% para el 2011, una moderada tasa de inflación para este año de un 3,9%, y un desempleo que al final de año debería llegar en torno a un 6%.

Estimamos que es necesario hacer el esfuerzo como país, para que los trabajadores y trabajadoras del sector público mejoren sus remuneraciones y colaboren a fortalecer el mercado interno de consumo.

Por lo anterior demandamos de parte del Gobierno un reajuste de un 8,9% nominal para el período diciembre 2010 noviembre 2011, cifra que deberá ser incrementada en un tercio para aquellos trabajadores y trabajadoras con remuneraciones más bajas.

Exigimos una redacción de la ley que asegure este aumento a todos los funcionarios públicos, indistintamente del marco laboral especifico que les rija, ya sea laboren en el sector centralizado, descentralizado, regidos por el código del trabajo en el sector público, municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados y de administración delegada por decreto 3166, funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, y en jardines infantiles sin fines de lucro con transferencia JUNJI, en todos los casos demandamos la transferencia integra de los fondos y asignaciones que financien el costo global de este reajuste y mejoras en la condiciones laborales.

2. Remuneración Mínima del Sector Público:

Es deber del Estado asegurar empleos con remuneraciones que asegure mínimamente condiciones de vida dignas por lo cual demandamos que a partir del 1 de diciembre del año 2010 ningún trabajador que se desempeñe en el Sector público, incluido los funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, que se desempeñe tanto en establecimientos de enseñanza municipal como particulares subvencionados y de administración delegada por decreto 3166.

En consecuencia, solicitamos que la ley garantice como ingresos mínimos por estamentos los siguientes:

ESTAMENTOS	Ingresos Mínimos Propuestos
AUXILIARES	$280.000
ADMINISTRATIVOS	$305.000
TECNICOS	$330.000
PROFESIONALES	$630.000

Para los efectos de lo dispuesto, otórgase al personal referido anteriormente y afecto a sistema de escalas de remuneraciones vigentes en el Sector Público, una bonificación mensual de un monto equivalente a la diferencia entre su remuneración bruta mensual y la cantidad mínima antes establecida, la que irá disminuyendo en la medida que la remuneración bruta mensual del funcionario se incremente por cualquier causa. Esta bonificación será imponible sólo para salud y pensiones y no será considerada base de cálculo para determinar cualquier otra clase de remuneraciones ni para ningún otro efecto legal. Se considerará, para los efectos de esta norma, que integran la remuneración bruta mensual respectiva los estipendios de carácter permanente o habitual, excluyéndose el pago de las diversas asignaciones de zona.

2. Valores de Beneficios Diciembre 2010 – Noviembre 2011.

BENEFICIOS
Aguinaldo Navidad	60.500
Aguinaldo Fiestas Patrias	60.500
Escolaridad (a partir de los 2 años)	66.000
Suplemento Escolaridad	55.000
D. Ley 249 Art. 23 (Bienestar)	110.000
Bono de Vacaciones	220.000

4. Bienestar.

El aporte de Bienestar debe llegar al conjunto de los funcionarios públicos representados en esta negociación, ya sea laboren en el sector centralizado, descentralizado, regidos por el código del trabajo en el sector público, municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados y de administración delegada por decreto 3166, funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, y en jardines infantiles sin fines de lucro con transferencia JUNJI, en todos los casos demandamos la transferencia integra de los fondos y asignaciones que financien el costo global de esta medida.

1.5 Bono Término de Negociación

Al final del proceso se fijara un Bono de Término cuyo monto será concordado por las partes.

II. CONDICIONES LABORALES Y TRABAJO DECENTE.

Para nuestras organizaciones resulta de suma importancia el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público, para asegurar el avance hacia a un Trabajo Decente, tal y como lo considera la OIT, esto es en condiciones de igualdad, seguridad, libertad y dignidad.

En ese marco entendemos la demanda de estabilidad laboral como una defensa de la función pública y de servicios públicos de calidad. Rechazamos el mal entendido concepto que la administración Pública sea parte del botín político electoral, defender ello sería una muy mala señal. Por eso es nuestra convicción de que un empleo decente con personal profesional, estable y permanente que dé seguridad en sus cargos a las trabajadoras y trabajadores, significa también garantizar la continuidad de los servicios y derechos que el Estado presta y reconoce a sus ciudadanos.

La inestabilidad laboral a la que está sujeto el personal a contrata y los funcionarios regidos por el Código del Trabajo y los a honorarios, atenta contra estos principios y debe ser superada.

El proceso de renovaciones de contrata que se da cada mes de diciembre, resulta innecesario y abre espacios a la arbitrariedad y discrecionalidad de las jefaturas de los Servicios. Para eso existen los instrumentos de evaluación del desempeño los que están legalmente acreditados y por ello, deben ser el factor determinante en dichos procesos.

La cimentación de Trabajo Decente en el Estado exige el término de las figuras contractuales precarias en la Administración Pública, particularmente de los contratos a honorarios para el personal regular y permanente de la administración, más allá de su dependencia funcional.

Entendemos que todas las trabajadoras y trabajadores a honorarios que han permanecido en funciones durante 12 meses, con jornada completa, son trabajadores/as que cumplen funciones permanentes y regulares en el Estado y por tanto deben ser incorporados a las dotaciones de los servicios.

Por ello Demandamos:

2.1 Iniciar un plan progresivo de traspaso de personal a contrata a cargos de planta, por medio de la ampliación y modernización de las plantas en los Servicios, dando cumplimiento en esta materia a lo prescrito por el Estatuto Administrativo, sobre porcentaje máximo de contratas, para calcular lo anterior debe considerarse el total de la dotación existente en cada uno de los servicios.

2.2 Establecer la Renovación automática de las contratas.

2.3 Establecer medidas que otorguen mayor estabilidad a los contratados por el Código del Trabajo.

2.4 Establecer un Proceso de Regularización de los actuales trabajadoras y trabajadores a honorarios que culmine en la plena incorporación de éstos a la contrata.

2.5 Desarrollar y/o profundizar, la Carrera Funcionaria, que esta incorpore un sistema de ingreso por mérito, programas de capacitación permanentes, de calificaciones justas y sistemas de promoción conocidos, objetivos, transparentes y fluidos.

III. ZONA.

3.1 Exigimos extender el beneficio de asignaciones de zona a todas y todos los trabajadores del sector público, incorporando a aquellos que por distintos motivos hasta hoy no lo tienen

3.2 Demandamos homologar la base de su calculo, respecto a las FFAA, para las trabajadoras y trabajadores de las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes, las provincias de Chiloé, Palena y Juan Fernández y la comuna de isla de Pascua. Lo anterior sin perjuicio de las negociaciones sectoriales en curso.

IV. INCENTIVO AL RETIRO

Durante los últimos años se han logrado importantes acuerdos para implementar planes de incentivo al retiro para trabajadoras y trabajadores del sector público. Estos planes han demostrado un relativo éxito, tanto para las trabajadoras y trabajadores que logran mejorar en parte sus malas condiciones de jubilación y para el Estado, pues permite avanzar en los procesos de modernización.

Es por esto que demandamos:

4.1 Ampliar los planes de retiros a lo servicios que aun no los han implementado y a las trabajadoras y trabajadores que por distintas razones no les fue posible acogerse a ellos, esto particularmente por la grave situación que se vivió por la importante perdida de los fondos de capitalización individual de las Afps, consecuencia de la crisis financiera de los años anteriores.

4.2 Establecer planes de retiro permanentes, lo cual aseguraría un flujo conocido y constante, posible de cuantificar y presupuestar y que incentivaría a las trabajadoras y trabajadores a planificar su retiro en sus respectivas instituciones.

4.3 Ampliar las variables consideradas para efecto de acceder a dichos planes, pues hasta hoy se limita este derecho solo a quienes hayan cumplido la edad legal para jubilar. Proponemos incorporar a aquellas trabajadoras y trabajadores que jubilan por invalidez o enfermedades catastróficas y agregar otras variables para acceder a este beneficio, como enfermedades invalidantes y/o permanente y los periodos de trabajo pesado.

4.4 .Reactivar de manera inmediata los planes de incentivo al retiro en los distinto estamentos del Estado que han desarrollado procesos de negociación con sus trabajadores en años anteriores considerando como base, los planes vigentes o ya vencidos, y proceder a estudiar en conjunto con las organizaciones de los trabajadores, planes en aquellos servicios que no lo han realizado hasta el momento.

4.5 Considerar en los planes de incentivo al retiro como elementos básicos en su diseño, la voluntariedad de la decisión y la compatibilidad de este beneficio con otros adquiridos en leyes anteriores, particularmente demandamos modificar la ley 20.305 a fin de hacerla vinculante con los planes de incentivo al retiro vigentes y futuros.

V. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

Durante estos últimos meses se han realizado despidos arbitrarios que han afectado a mujeres en los períodos de fuero maternal, en los distintos sectores del empleo público, demandamos su reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo. Que prevalezcan los derechos de protección a la maternidad por sobre la situación contractual.

Resulta fundamental establecer los mecanismos necesarios desde el gobierno para mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo público implementando políticas específicas que promuevan a las mujeres e impidan situaciones de discriminación en su trayectoria laboral en el Estado.

Por lo anterior demandamos:

5.1 En el ámbito de los derechos de Protección a la Maternidad:

• Que las propuestas deben prioritariamente buscar las formas de extender la cobertura para el ejercicio de los derechos de protección a la maternidad a todas las mujeres trabajadoras. En el Estado se debe garantizar el ejercicio de estos derechos a todo evento para las contratas, honorarios y otras formas contractuales.

• Postnatal de 6 meses compartido, manteniendo inalterables las 12 primeras semanas para la alimentación maternal. Que se extienda la licencia de postnatal a 6 meses resguardando el ingreso de mujeres y hombres mientras cumplen con su rol social de proteger a los hijos/as en su primera edad.

• Que se aumente para las mujeres en 6 semanas y que se cree un postnatal masculino de 4 semanas.

• Que se resguarde la totalidad de la extensión para las mujeres solas que no puedan contar la participación del hombre.

5.2 En relación al cuidado infantil:

• Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir protección y bienestar brindado en las salas cunas cuando sus padres trabajan, esto independiente de la situación contractual de los mismos.

• Los hijos/as de padres y madres en ministerios, servicios y todo tipo de reparticiones públicas tienen derecho a sala cuna después del postnatal.

• El Estado debe cautelar por cubrir las necesidades de salas cunas de aquellos niños y niñas de madres y padres que se encuentren trabajando y que no cuenten con este derecho.

• Promover cobertura para el cuidado de los niños/as en edad preescolar, entre los 2 y 6 años, optimizando el uso de las salas cunas institucionales.

• El Estado debe mantener su rol preponderante en la tarea del cuidado de los hijos recién nacidos, en el cuidado de los niños/as en edad preescolar y escolar generando políticas concretas, no solo en cuanto a infraestructura sino que en la calidad de lo servicios que se entregan.

• Se deben implementar un sistema más eficiente de sanción por incumplimiento de estas normas o trasgresión del fuero maternal.

5.3 Sobre Remuneraciones:

• Que se genere a la brevedad un mecanismo que permita la implementación y seguimiento a la ley la ley de igualdad de remuneraciones en los términos que fue incorporado en el Estatuto Administrativo.

5.4 En el ámbito de las relacione laborales:

• Que se revise la actual normativa para el seguimiento al acoso sexual en el Estado y se establezca un sistema ad hoc a la naturaleza del problema, como lo establece el Código de Buenas Prácticas Laborales

• Que en todos los servicios centralizados y descentralizados, se incorporen reglamentos de prevención y sanción al acoso laboral como lo establece el mismo CBPL.

• En cuanto a Violencia Intrafamiliar que se establezca sistemas de apoyo para personas víctimas y se realice una campaña de prevención a la violencia de género.

• Que se instale una mesa bipartita Gobierno/Sector Público para optimizar el cumplimiento y seguimiento al CBPL que erradique todo tipo de discriminación en el Empleo Público.

5.6 En cuanto al fortalecimiento sindical femenino

• Que se reponga el fondo que se asignaba desde el Gobierno para el incremento, desarrollo y fortalecimiento de la sindicalización femenina.

ORGANIZACIONES FIRMANTES PROPUESTA SECTOR PUBLICO 2010 - 2011

1. COLEGIO DE PROFESORES A.G. JAIME GAJARDO ORELLANA

2. AGRUP. EMP. FISCALES ANEF RAÚL DE LA PUENTE PEÑA

3. ASEMUCH OSCAR YAÑEZ POL

4. CONFENATS ROBERTO ALARCÓN GÓMEZ

5. FENTESS SILVIA AGUILAR TORRES

6. CONFUSAM CAROLINA ESPINOZA TAPIA
   
   

7. AJUNJI JULIA REQUENA CASTILLO

8. FENPRUSS CLAUDIO GONZÁLEZ JARA

9. FENFUSSAP LORENZO GONZÁLEZ CABRERA

10. CONFEMUCH ARTURO ESCAREZ OPAZO

11. FENAFUCH CARLOS ABARCA GONZÁLEZ

12. FENAFUECH SERGIO ESPARZA URIBE

13. ANTUE EMELINA INZUNZA AGUAYO

MANUEL BRAVO MUÑOZ ARTURO MARTINEZ MOLINA

Consejero Nacional CUT Presidente Nacional CUT

Coordinador

Viuda exige devolución de un millón de pesos que entregó a Karadima

Viuda exige devolución de un millón de pesos que entregó a Karadima
El 13 de agosto de 2004 Nedima Cherif le entregó un millón de pesos al sacerdote Fernando Karadima luego de que, en una homilía, este pidiera ayuda a los fieles para reparar el techo de la iglesia El Bosque. Nedima, viuda, pensionada y con graves problemas de salud, tomó sus ahorros y le entregó un cheque a su nombre y cruzado que él depositó en su cuenta. Dice que años más tarde, cuando le solicitó la devolución del dinero, Karadima la evitó. Su sorpresa se transformó en ira cuando se enteró, a través de CIPER, de las operaciones inmobiliarias de la Pía Unión Sacerdotal, que Karadima controlaba. Decidió enviarle una durísima carta reclamándole el dinero y su actitud poco cristiana. También escribió al cardenal Errázuriz contándole lo ocurrido. La única respuesta que recibió fue del abogado Juan Pablo Bulnes. Nedima dice que el abogado de Karadima le dijo que debía quemar la carta de rodillas frente al sacerdote, pidiéndole perdón

Karadima en su hora final: desalojan a su familia de parroquia e intervienen Unión Sacerdotal

Por Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia, CIPER | 28 de Octubre de 2010 | Enviar por Correo | Imprimir

El peso de la autoridad eclesiástica cayó sobre Karadima, quien vive su “exilio” en el fundo de la familia Tocornal Vial en Buin. El Arzobispado ordenó que el sacerdote abandonara dos casas que su familia ocupa al interior de la Parroquia El Bosque. Y también intervino el mayor símbolo de su poder: la Unión Sacerdotal que dirigía el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga. Así, lo despojó del control de sus cuantiosos bienes y de la influencia que ejercía sobre más de cincuenta sacerdotes y cuatro obispos. El malestar crece entre la feligresía de El Bosque pues se mantuvo a su párroco y vicario, dos sacerdotes del círculo de hierro de Karadima. “Lo que impresiona es que el Cardenal no haga referencia al gran dolor y consternación de los abusados y de todas las almas de esta parroquia y de la Iglesia”, afirma el abogado Hernán Arrieta, feligrés de El Bosque.

El poder del sacerdote Fernando Karadima parece acercarse a su hora final. Y en medio de los signos de derrumbe que se han ido conociendo esta semana, uno de ellos reviste especial simbolismo: la autoridad eclesiástica le pidió que su familia entregue las dos casas que ocupaba al interior de la parroquia antes del 1 de noviembre.

Pese a que ni la Iglesia ni la Justicia han fallado en las acusaciones por abuso sexual que pesan en su contra, hacerlo salir del lugar en el que fue vicario y párroco por casi 50 años, y por la que pasaron miles de jóvenes de la elite chilena, debe entenderse como un duro golpe a un hombre que hasta hace sólo un año era extremadamente poderoso.

Las casas que se le pide abandonar son dos y se encuentran en los terrenos de la Parroquia El Bosque cuyo avalúo fiscal es de 10 millones de dólares. Una de ellas la ocupa su hermana Patricia Karadima. En la otra, vivía la madre del sacerdote, Elena Fariña Amengual. La mujer murió en 1997 y desde entonces ha permanecido igual a como estaba, pues cercanos al cura afirman que sólo dejaba entrar ahí al personal de limpieza.

Desde hace un mes Karadima ya no vive en la parroquia. Salió de ahí, según se dijo, temporalmente, delicado de salud. Pero CIPER averiguó que Karadima está en perfectas condiciones y a buen resguardo en casas de campo de familias que se mantienen incondicionales. Primero estuvo en el fundo de los Costabal en María Pinto. Ahora se encuentra en el campo de los Tocornal Vial en Buin, acompañado de Francisco Costabal, presidente de la Acción Católica de la parroquia.

Hubo quienes pensaron en su entorno que este alejamiento sería breve. Pero no fue así. Y quienes lo han visitado en su “exilio” en Buin, dijeron a CIPER que lejos de encontrarlo arrepentido, lo vieron “indignado por las traiciones” de curas y laicos. Se refirió con el calificativo de “traidores” a la decena de sacerdotes que se distanciaron públicamente de la Pía Unión Sacerdotal que se formó a su alero argumentando que consideraban “verosímiles” las acusaciones sexuales en su contra. (Ver “Cisma en la Unión Sacerdotal”).

EL SELLO DE LA IMPUNIDAD

Pese a que Karadima ya no era el párroco de esa iglesia desde 2006, cuando lo reemplazó su brazo derecho, Juan Esteban Morales, diversas fuentes afirman que ha seguido teniendo amplio control sobre lo que pasa y no pasa en la parroquia. La cincuentena de sacerdotes formados a su alero y que formaban parte de la Pía Unión Sacerdotal, seguían yendo a verlo los lunes y confesándose con él o con los sacerdotes más leales a su control, como el obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga.

También seguía manejando los cuantiosos recursos de la parroquia al punto de que firmó un cheque que se entregó a Oscar Osbén, quien pidió que se lo indemnizara con 100 millones de pesos, pues acusaba al vicario de El Bosque, Diego Ossa, de haber abusado de él. Cabe hacer notar que Ossa sigue haciendo misa en la parroquia.

El repliegue de Karadima, sin embargo, es más lento de lo que muchos fieles quisieran. A ratos, incluso, las señales parecen confusas. Durante la semana varios medios anunciaron que el obispo Andrés Arteaga sería removido de la Pía Unión y eso efectivamente ocurrió. La intervención de la Unión Sacerdotal por parte del Arzobispado de Santiago, se hizo efectiva este jueves 28 de octubre.

Sin embargo, en el comunicado no se menciona la palabra Karadima y tampoco las acusaciones de abuso sexual. Y ello, a pesar de que el día anterior, el miércoles 27, Karadima debió declarar en calidad de inculpado y durante 40 minutos ante el juez Leonardo Valdivieso, quien investiga los abusos sexuales de los que se le acusa. Y también, de que el juicio de la nulidad del matrimonio religioso de una de sus víctimas y principal acusador, el doctor James Hamilton, ya fue dictado por el tribunal eclesiástico. La causal era nada menos que el abuso y manipulación de los que fue objeto por parte del sacerdote.

Según el comunicado Arteaga deja el cargo por una rotación casi natural del la Unión sacerdotal Sobre Arteaga, el comunicado especifica que “continuará dedicado a las tareas que desempeña con generosidad y competencia como Obispo Auxiliar de Santiago, Vice Gran Canciller de la Universidad Católica de Chile, y Vicario Episcopal para la Cultura y de los movimientos eclesiales y otras asociaciones laicales”.
En la resolución del Arzobispo no se hace ninguna mención a las irregularidades en que habría incurrido dicha Unión Sacerdotal en la captación y uso de los cuantiosos recursos que manejaba (ver “Los secretos del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”).

Hasta ahora, nadie ha podido determinar las propiedades, las cuentas bancarias y el uso real de los bienes que controlaba la institución que presidía el obispo Arteaga. De hecho, CIPER pidió a la subsecretaría de Justicia las actas, balances y memorias de la entidad, que por ley está obligada a entregar cada año. La respuesta de la autoridad indica que “la entidad no ha acompañado documentos durante los últimos cinco años”.

Arteaga, uno de los obispos más importantes en el círculo religioso que controlaba Karadima, ha defendido con vehemencia la inocencia de su mentor. Hace un mes, sorpresivamente, durante un retiro del clero en Padre Hurtado y en el cual participaron casi todos los obispos de Chile, Arteaga escogió ese escenario para pedir disculpas a sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por las acusaciones de abuso sexual que enlodaron la Parroquia de El Bosque y a la Iglesia Católica? ¿Por hacer de la Pía Unión una “empresa de corretaje”, como la definió un sacerdote que se alejó de ella? No: pidió perdón por el escándalo provocado por la división al interior de esta organización. Por el cisma.

Un religioso que estaba presente dijo a CIPER: “Nadie entendió sus palabras ni su petición de perdón, porque el escándalo era otro”.

Con todo, la intervención de la Pía Unión ordenada por el Cardenal no es menor pues se trata de una organización clerical que simboliza tanto el poder espiritual de Karadima como su poder material.

Pero se esperaba más. De hecho, varios medios anunciaron que este jueves 28 el cardenal Francisco Javier Errázuriz removería de la Parroquia El Bosque a los sacerdotes Juan Esteban Morales y al vicario Diego Ossa. Con la intervención de la Unión Sacerdotal, lo que hizo el Cardenal fue cautelar los intereses económicos de la diócesis colocando a la cabeza de la entidad al actual vicario de la Zona Cordillera, Fernando Vives, acompañado de dos presbíteros.

Estos últimos representan una solución salomónica para la entidad escindida por las actuaciones de Karadima y los desconocidos manejos económicos de la directiva de la Unión Sacerdotal. El primero es Samuel Fernández Eyzaguirre, un hombre de la plena confianza del obispo Andrés Arteaga y decano de Teología de la Universidad Católica hasta el año pasado, además de ex vicario de la Zona Sur. El segundo, Javier Barros Bascuñan, quien oficia en la Parroquia Santa Marta, se ordenó hace 10 años en el grupo de Karadima. Se distanció de la Pía Unión al firmar la declaración de los diez sacerdotes disidentes el 18 de agosto pasado.

En círculos de la Iglesia Católica de Santiago se espera que las remociones del párroco y vicario de El Bosque podrían ordenarse a medidos de noviembre. Para esos días, que coincide con la reunión de la Conferencia Episcopal, se piensa que podría conocerse la sanción vaticana para Karadima y también el nombre del nuevo cardenal.

Pero en el intertanto, la molestia de los feligreses por la dilación de una sanción ejemplarizadora sigue creciendo. El abogado Hernán Arrieta, quien desde hace 8 años es feligrés de la Parroquia El Bosque, afirmó: “Creo que el Cardenal con justa causa tiene mucha preocupación por el manejo económico de la Unión Sacerdotal, que no ha sido claro. Esa preocupación también se la ha manifestado la misma feligresía de la Parroquia El Bosque cuando salieron los primeros artículos de CIPER sobre las propiedades de la Unión Sacerdotal”.

Arrieta se muestra sorprendido por la “particular atención que el Cardenal ha tenido con el dolor que afecta al acusado, lo que ha dicho a través de distintos medios. Pero lo que impresiona es que no haga referencia al gran dolor y consternación de los abusados y de todas las almas de la feligresía de la Parroquia de El Bosque y de la Iglesia en general”.

Y acota: “Lo que todos esperamos es transparencia. Y aquí no ha habido nada de transparencia. La Iglesia sólo ha actuado detrás de los hechos. Fue siempre detrás de lo que salía en los medios. Lo único que nosotros no esperábamos de él, es que actuara como lo ha hecho hasta ahora”.

Los Tocornal Vial

Jaime y Gonzalo Tocornal Vial, el primero sacerdote de la Parroquia San Luis Beltrán de Pudahuel y el segundo ingeniero agrónomo, fueron formados desde muy jóvenes al alero de Karadima y han sido también sus benefactores. Los dos han sido citados en la investigación que hizo el fiscal Xavier Armendáriz sobre los abusos sexuales de los que se acusa al ex párroco de El Bosque.

Gonzalo Tocornal tiene un rol importante en la historia de Karadima. Le vendió a Francisco Prochaska, uno de los laicos más cercanos al ex párroco -y quien cortó lazos con él a raíz de los artículos de CIPER-, una casa en calle Las Baleares que fue arrendada a solicitud del sacerdote a una de sus víctimas de abuso sexual.

Dirigentes del Colegio de Profesores disconformes con propuestas del Minedu

ueves 28 Octubre 2010 | 19:01

Ante la entrega del documento de la negociación sectorial que mantenía el Ministerio de Educación junto al Colegio de Profesores, los dirigentes del magisterio manifestaron su desacuerdo con estas propuestas, ya que no corresponden a sus demandas.

El presidente del gremio, Jaime Gajardo, afirmó que ellos habían solicitado bonificación para los profesionales de retiro, profesores a contrata, pago de la deuda histórica y carrera profesional docente.

Sin embargo, la respuesta del Ministerio sólo apunta a un sólo ítem, pero que es insuficiente, según lo señaló Gajardo. Además, las autoridades propusieron dos aspectos que no estaban contemplados, lo que no fue bien acogido por los docentes.

Por ahora, el dirigente del Magisterio aseguró que están preparando una contrapropuesta, pero que están lejos de un acuerdo.

Concejala de Valparaíso asegura que se debe entregar más poder a directores de colegios municipales

Macarena Urenda, Concejala y Presidenta de la Comisión de Educación de la Municipalidad de Viña del Mar, sostiene que los máximos regentes de un establecimiento subvencionado tendrían que recibir un mejor sueldo, pero también ser evaluados en términos de sus resultados.

Macarena Urenda

Con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza, el Ministerio de Educación propuso realizar cambios en el sistema municipal. En el ámbito de los directores, la idea es que los concursos de las municipalidades se realicen a partir de lineamientos entregados por el Ministerio y que los candidatos deban comprobar sus competencias y capacitaciones.

Urenda comparte la iniciativa gubernamental y agrega que “a los directores de colegios municipales hay que pagarles más. Sin embargo, deben cumplir con algunos requisitos, tales como tener un grado académico no inferior a un magíster y evaluar los resultados que están teniendo. Con metas claras y objetivos cumplidos estaremos garantizando una educación pública de calidad”.

En cuanto a las facultades que presentan las máximas autoridades de un colegio municipal, Urenda advierte que “debemos darle más poder a los directores. El que posean mayores atribuciones permite a la vez un mayor nivel de exigencia. Habría que darles mayor autonomía en todo sentido, es decir, que puedan armar su propio proyecto pedagógico, contratar a sus profesores, manejar su presupuesto y conseguir recursos de privados para proyectos específicos de cada escuela”.

Otro punto clave en la propuesta del MINEDUC contempla la opción que los directores puedan cambiar al 5% de sus profesores al año y aumentar sus remuneraciones. Al respecto, la Presidenta de la Comisión de Educación de la Municipalidad de Viña del Mar afirma que “esta parte de la propuesta es extremadamente buena, e incluso yo aumentaría la opción de remover profesores con antecedentes justificados. Además, creo que es importante aumentarle los sueldos a los docentes, pero sujeto a resultados de gestión del director”.

“Los profesores son fundamentales en el aprendizaje de los estudiantes, pero deben ser más apoyados por los directivos e involucrarlos directamente en el proyecto educativo del colegio. Tampoco deben ser evaluados por portafolios como se hace hoy, sino que a partir de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esa es la clave”, enfatiza.

Macarena Urenda realizó una pasantía en Nueva York sobre gestión pública para la educación. A partir de esa experiencia, la Concejala de la Ciudad Jardín afirma que “hay varias cosas que se podrían replicar acá en el
país.

A mi juicio hay varias claves, tales como empoderar a los directores dándoles mucha autonomía, mejorarles su formación académica y las remuneraciones: No obstante, todo esto en base a la exigencia de resultados y rendimiento”.

“Para el caso de los profesores es lo mismo. Se les debe formar, pero hacerlos responsables de los resultados académicos de sus alumnos. Otra clave que yo adoptaría es que cada colegio elija su propio proyecto y que sea apoyado por una consultora para que lo pueda desarrollar”, concluye.

Denuncian presencia de insecto en sandwich provisto como colación por la Junaeb de Valparaíso

Indignada se encuentra una apoderada del colegio Ramón Barros Luco, de Valparaíso, tras constatar la presencia de un insecto incrustado en un pan con queso, el cual fue entregado a su hija de 8 años como parte de la colación entregada por el establecimiento.

Insecto en colación escolar

Así lo señaló la madre, quien prefirió guardar reserva de su nombre, agregando que no es posible que nadie fiscalice lo que comen los niños en los colegios.

La apoderada fue enfática en pedir a la autoridad mayor control en la entrega de estos alimentos.

Cabe señalar, que no es la primera vez que se pone en duda los controles de calidad de los alimentos que Junaeb, a través de empresas concesionadas, distribuyen en los establecimientos del país, tal como dejó en manifiesto un reciente reportaje del programa Informe Especial de TVN.

Consultado al respecto, el director subrogante de la Junaeb de Valparaíso, Julio Leiva, indicó que realizarán las investigaciones correspondientes a la concesionaria “Hendaya”, encargada de la distribución de estas colaciones, para determinar las acciones a seguir.

Cabe señalar que la apoderada realizó una denuncia a Carabineros, y planea llegar hasta las últimas instancias para impedir que hechos como este sigan ocurriendo a los alumnos del país.

Jueves 28 Octubre 2010 | 20:03

Asistentes de la Educación concluyen manifestación en el Mineduc y acuerdan nueva reunión

Cerca de las 19:00 horas de este jueves concluyó una manifestación de dirigentes de los asistentes que trabajan en los liceos municipalizados, quienes desde las 10:00 horas habían ocupado las oficinas de la subsecretaría de Educación en el 6º piso del ministerio del ramo.

Quienes participaban en esta acción estaban pidiendo la presencia del ministro de Educación, Joaquín Lavín, para que les entregara un escrito sobre la propuesta que hizo la secretaría de Estado con el fin de presentarla a las bases, después que concluyera una mesa de trabajo sobre reivindicaciones para los asistentes de la educación, que son los inspectores, administrativos y personal de aseo de los liceos municipalizados.

Los trabajadores no habían quedado conformes con las respuestas del ministerio a las demandas abordadas en la mesa de trabajo que se había iniciado el 27 de septiembre pasado.

Al final, representantes del ministerio y los manifestantes sostuvieron una reunión y acordaron que el jueves de la próxima semana el ministerio volverá a sentarse con ellos a mediodía para ver si hay un acuerdo.

El presidente de los asistentes de la educación, Arturo Escárez, expresó que ellos igualmente continuarán con las movilizaciones.

Colegio de San Bernardo omitió denuncia de abusos contra sacerdote que se suicidó

El capellán René Aguilera había reconocido apremios contra un menor de 15 años.
Sin embargo, el establecimiento sólo hizo oficial la situación el martes pasado.
El Colegio Teresiano de San José de San Bernardo omitió presentar una denuncia por abuso sexual por parte del sacerdote René Aguilera, quien se suicidó el pasado 9 de septiembre, contra un menor de 15 años.
El establecimiento dio a conocer un comunicado donde informó que el capellán reconoció los apremios contra el estudiante el pasado 6 de septiembre, pero sólo presentó la acusación ante la Fiscalía una semana después, según consignó Chilevisión.
"Era el deber de ellos comunicar para que los apoderados supieran que lo que estábamos diciendo era verdad. Callaron, ocultaron y esto también es un delito", indicó Lilian Arismendi, familiar de la víctima.
En vista de la situación la Seremi de Educación realizará una investigación para evaluar eventuales sanciones contra el establecimiento educacional.

AÚN NO HAY ACUERDOS

Miércoles 27 Octubre.

Aún no hay acuerdo entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación respecto del petitorio del magisterio por deuda histórica y plan de retiro entre otros puntos.

Preocupado se mostró el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, tras la reunión con el Subsecretario de Educación, Fernando Rojas, en donde se entregó una respuesta por parte del Ministerio a los profesores en torno a sus demandas respecto el plan de retiro, carrera docente y deuda histórica, entre otras.

Gajardo indicó que esencialmente lo que recibieron no fue una respuesta propiamente tal al petitorio, ya que dejó varios de los puntos tratados fuera, e incorporó otros no contemplados como la movilidad de los directores de colegios y el incentivo a los mejores profesores.

El dirigente comentó que de no llegar a un acuerdo, el ministro Joaquín Lavín será recordado por enterrar a la educación pública.

En general, el dirigente calificó el documento entregado por el Ministerio como insuficiente, criticando que el bono de retiro está por debajo de sus pretensiones, que sería de unos 18 millones de pesos, no mencionándose nada respecto de los profesores a contrata ni de la carrera profesional docente.

Gajardo indicó que se entregará una respuesta a lo ofrecido punto por punto el miércoles 3 de noviembre.

Diferente fue la visión del Subsecretario de Educación, Fernando Rojas, luego de la reunión, quien indicó que se dio un paso importante en torno a obtener un gran acuerdo nacional para mejorar la calidad de la educación.

De la oferta ministerial, destacó el apoyo al retiro de docentes en edad de jubilar y triplicar la asignación de excelencia pedagógica, con bonos entre 40 a 50 mil pesos mensuales.

Otra propuesta fue el facilitar el pago de las cotizaciones adeudadas a los profesores por parte de sostenedores, mediante una modificación legal y mejorar el proceso de selección de directores otorgándoles atribuciones para despedir a los docentes con rendimiento insatisfactorio.

Respecto de la deuda histórica, el Subsecretario comentó que los anuncios realizados apuntan en esa dirección y que esperarán la respuesta del magisterio para trabajar sobre ella.

URGENTE NEGOCIACIÓN

 Estimadas y estimados colegas:

 En reunión agendada por el propio Gobierno para dar respuesta al
 petitorio del Colegio de Profesores, realizada hoy miércoles 27 de
 octubre, el Mineduc no respondió al petitorio del magisterio, sólo
 entregó minuta informal sin firma ni logo oficial.

Ante esto, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores se reunirá
 mañana jueves 28 de octubre a las 9ºº horas en una reunión
 extraordinaria y de carácter urgente, donde analizará los contenidos de
 la minuta y elaborará un informe que será enviado al Mineduc.


El Directorio Nacional del Magisterio reiterará la exigencia que hizo en
 la reunión con el Mineduc, de que la autoridad responda a cada uno de
 los puntos del petitorio entregado por el gremio y trabajado en conjunto
con el Mineduc en Subcomisiones durante tres meses.
 Convocamos a los profesores y profesoras a reunirse en las afueras del
 Ministerio de Educación el próximo miércoles 3 de noviembre, día en el
 que se realizará una última reunión en la que el Mineduc dará a conocer
su respuesta final.

 El Colegio de Profesores se declara desde ya en alerta permanente.

DIRECTORIO NACIONAL
 COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G

FELIPE PORTALES EMITE UN JUICIO SOBRE EL SISTEMA PREVISIONAL CHILENO

En efecto, el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) está basado en la capitalización individual de los imponentes; excluye completamente a los trabajadores organizados en la administración de dichos fondos; proporciona las bases ideales para que sus inversiones sean controladas por grandes conglomerados económicos nacionales o transnacionales, con una lógica que conduce a una mayor concentración del ingreso; les permite a dichos conglomerados tener la seguridad de contar en el futuro con grandes subsidios del Estado para complementar los escuálidos fondos de los trabajadores de menores ingresos, de modo de completarles una pensión mínima (según algunos cálculos perfectamente hasta el 50% de los trabajadores puede eventualmente entrar en dicha categoría); y les permitió no responder en absoluto por la transferencia de los trabajadores del antiguo al nuevo sistema el que lo asumió íntegramente el Estado a través de un “Bono de reconocimiento”, así como de los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema antiguo. (Ver Jaime Ruiz-Tagle.- Evaluación del Funcionamiento del Sistema Previsional en Chile. 1981-1999. Ponencia del Seminario Salud y Seguridad en la América Latina del Siglo XXI; Ciudad de México, 11 y 12 de octubre de 1999)

Evidentemente que este sistema no cumple para nada con “la doctrina de la Seguridad Social, que se ha ido constituyendo desde hace un siglo y que es defendida por la OIT” que sostiene que “los sistemas de pensiones deben ser solidarios dentro de cada generación y entre las generaciones” y que “debe existir un pacto intergeneracional, de tal manera que los trabajadores activos financien a los pasivos, conjuntamente con los empleadores y el Estado”. (Ruiz-Tagle; p. 20) De este modo, en el caso de Chile “una vez otorgadas las jubilaciones solo se reajustan de acuerdo al IPC… Esto significa que el sector pasivo se va quedando atrás, y no participa de los aumentos de remuneraciones que reciben los trabajadores activos. En el sistema de reparto, las pensiones se suelen reajustar en forma paralela al aumento de la masa salarial, lo que permite un progreso relativamente equitativo de los trabajadores activos y de los pasivos”. (Ruiz-Tagle; p. 20)

Además, “otro efecto muy negativo del sistema de AFP ha sido el daño previsional sufrido por el millón y medio de chilenos que –obligados o engañados, o ambas cosas- se cambiaron del sistema antiguo en 1981. De acuerdo con recientes estudios del INP, ellos recibirán como pensión un monto aproximado al 50% de su último sueldo, lo que está muy lejos de lo que se les prometió al cambiarse de sistema. En el caso de los 200 mil empleados públicos que están en esa situación, ello se agrava por el hecho conocido de que se les subcotizó durante varios años, solo por su sueldo base. En todo caso, el daño previsional es bastante más general, puesto que los bonos de reconocimiento y las cotizaciones de los años 1978, 1979, de la década del 80 y de la primera mitad de los años 90, correspondieron a niveles de remuneraciones generales muy deprimidos”. (Manuel Riesco.- Trabajo y previsión social en el Gobierno de Lagos; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edic. Lom, 2005; p. 65)

Por otro lado, ya a fines de los 90 se podía contrastar los resultados que el sistema otorgaba a los trabajadores y a quienes les administraban sus fondos: las AFP: “El retorno de las AFP sobre su patrimonio llegó a un 17,5% en 1997 y a un 20,5% en 1998, a pesar de que en este último año la rentabilidad global del Fondo fue negativa: -1,1% (y la de las cuentas individuales aún mucho más negativas). Ahora bien, en 1998 las cuatro Administradoras más grandes tuvieron utilidades superiores al total, ya que otras tuvieron pérdidas, alcanzando a $40.825 millones (cerca de 90 millones de dólares). Las ganancias del sistema están todavía más concentradas que la administración de los fondos provisionales”. (Ruiz-Tagle; p. 25) Y en el curso de la década de los 2000, las AFP consolidaron su rentabilidad sobre su patrimonio en más de un 20% anual. (Ver Marcel Claude.- El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 68)

También a fines de la década se podía constatar la “internacionalización” de las AFP: “La mayoría de las AFP pertenecen en parte a capitales internacionales, de consorcios que tienen una fuerte presencia en el mismo rubro también en otros países latinoamericanos”. (Ruiz-Tagle; p. 25)

Pese a los profundos cuestionamientos efectuados por los entonces opositores partidos de la Concertación al sistema de AFP impuesto por la dictadura; su liderazgo se preocupó de consolidarlo en sus veinte años de gobierno. Recordemos que más allá del oculto regalo de la mayoría parlamentaria que aquel le hizo a la derecha en 1989, para evitar siquiera tener la oportunidad de modificarlo (junto con el conjunto del modelo económico); cuando los gobiernos de Lagos y Bachelet obtuvieron mayoría parlamentaria en ambas cámaras -entre agosto de 2000 y marzo de 2002, el primero; y en su primera mitad, el segundo- no hicieron nada en ese sentido. Es más, el gobierno de Bachelet concordó con la derecha en la consolidación legal de todos los rasgos esenciales de dicho sistema, incorporando a cambio el otorgamiento de una pensión “básica solidaria” universal de $75.000 a cargo del Estado, que cubrirá a la gran cantidad de personas con edad de jubilar que no tienen las cotizaciones mínimas para hacerlo

En

CONCURSO

INVITACIÒN

INVITACIÓN

PREOCUPANTES mensajes desde distintos sectores frente a modificación constitucional.

(Chile) Presentan moción al Congreso para la reelección presidencial Jueves, 23 de Septiembre de 2010 13:35 En la Cámara de diputados, el 8 de Septiembre pasado, el diputado Gaspar Rivas Sánchez (RN) presentó una iniciativa legislativa que modifica la Constitución de 1980, estableciendo la reelección inmediata del cargo de Presidente de la República. Ver iniciativa en el sitio web de la Cámara de Diputados de Chile Texto de la iniciativa: " Modifica la Carta Fundamental, estableciendo la reelección inmediata del cargo de Presidente de la República Boletín N° 7197-07 El devenir constante de los procesos políticos de una nación exige, en muchas ocasiones, el hacer cambios a diversas partes de su ordenamiento jurídico. A este respecto, la Constitución Política de la República no queda al margen de tales situaciones que, en general, no buscan sino el mejoramiento de las normas jurídicas. Si bien en nuestra historia republicana reciente no figura la idea de que quien ostenta el cargo de Presidente de la República pueda postular como tal, en una elección popular, al período presidencial constitucional inmediatamente siguiente al que acaba de ejercer, no es menos cierto que alguna vez dicho concepto existió en cartas fundamentales anteriores, amén de existir en otras constituciones actualmente vigentes. Por tanto, aparece como absolutamente plausible la presentación (le un proyecto de ley que modifique el Capítulo IV de la Constitución Política de la República, en orden a permitir la reelección del cargo de Presidente de la República, a diferencia de lo que ocurre hoy en día. Aparece como perfectamente factible que quien Ha ejercido el cargo en el período inmediatamente anterior tenga la oportunidad de, frente a la soberanía popular, presentar la opción de dar continuidad a su mandato. Por lo demás, esta modificación constitucional plantea un presupuesto facultativo y no impositivo ni imperativo, toda vez que quien ostenta el cargo a reelegirse no deberá hacerlo, sino que sólo podrá hacerlo. Teniendo nuestro país un período presidencial bastante breve, resulta muy necesario generar un mecanismo que permita dar continuidad a las políticas gubernamentales llevadas a cabo por un determinado dele de Estado. De otro modo, es indiscutible que, en tan sólo cuatro años, no es mucho lo que se puede plasmar de un proyecto de políticas públicas a largo plazo. Sin ir más lejos, un país, de larga tradición democrática, como lo es los listados Unidos de América y que tiene consagrado a nivel constitucional un período presidencial de duración similar al nuestro, ha contemplado desde siempre la posibilidad de reelección del cargo de Jefe de Estado. Por otro lado, en Chile ya se ha experimentado bastante con la extensión y la restricción del período presidencial. Desde el ario 1980 a la fecha, éste ha tenido las más diversas duraciones: primero ocho años, luego cuatro años, luego seis años, y finalmente, de vuelta cuatro años. Por ende, aparece como poco recomendable darse a la tarea de seguir experimentando en esta dirección. A la luz de lo anterior, aparece como mucho más viable y legítima la opción de plantear un sistema que permita una real proyección de las políticas públicas de un determinado gobierno, por la vía de permitirle a quien lo encabeza la posibilidad de encabezar el Supremo Gobierno de la Nación durante un nuevo período presidencial constitucional. De otra forma, se genera el riesgo de que la impronta de un gobierno no logre calar en el espíritu nacional lo suficientemente hondo como para afectar positivamente la vida de los ciudadanos. Evidentemente, un solo período de cuatros años es insuficiente. Un período de seis años resultó excesivo, toda vez que dicha duración se instituyó y al cabo de dos períodos constitucionales, se. desechó. Y un período de ocho años es francamente eternizante. Por lo mismo, la posibilidad de dos períodos de cuatros años cada uno no surge como una idea descabellada, después de todo. Por tanto, considerando los fundamentos expuestos, se propone el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único: Modificase el inciso segundo del artículo 25 de la Constitución Política de la República, suprimiéndose la palabra "no" que se encuentra intercalada entre los vocablos "y" y "podrá". Última actualización el Jueves, 23 de Septiembre de 2010 14:52

En medio de intenso debate, se discutió presupuesto de Educación en Cuarta Subcomisión del Congreso

Publicado el 25 de octubre del 2010

Los legisladores de las diversas bancadas políticas manifestaron discrepancias en torno a los recursos propuestos, la continuidad de ciertos programas y la fecha de despacho de la partida.

Entre intensos debates se analizó al interior de la Cuarta Subcomisión de Presupuesto la partida correspondiente al Ministerio de Educación, materia que inicialmente iba a ser despachada en la jornada de hoy pero finalmente quedó en gran parte postergada para el próximo miércoles 27.

Justamente esta diferencia generó en la mañana de este lunes un entredicho entre el presidente de la Subcomisión, el diputado Carlos Montes (PS), y la senadora Evelyn Matthei (UDI). La diferencia surgió cuando el representante de la Cámara planteó postergar la votación de los recursos para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), situación que impugnó la legisladora, argumentando un acuerdo previo en sentido de sesionar hasta total despacho.

El diputado Montes restó importancia al hecho y destacó que, en el caso del Presupuesto, hay un acuerdo mayor que permite reabrir la discusión de todos los aspectos tratados anteriormente.

Montes informó que en el día de hoy no se aprobó prácticamente nada nuevo, salvo algunas indicaciones que recortaban los excesivos gastos a honorarios, funciones críticas y aquellos que no estaban bien especificados. Aclaró que en la medida que se entregue la información apropiada la medida será modificada y los recursos se aprobarán.

Especificó que en relación a la Junji, donde se solicitan más dineros para inversión en salas cunas, así como en materia infraestructura educacional, la votación quedó postergada hasta que el Gobierno acceda a un aumento presupuestario y aclare los criterios con que se emplearán los recursos.

“Ahí viene un cheque en blanco muy grande. Eso es imposible que lo aprobemos tal como está, no seríamos oposición si fuera así. Pero no lo votamos porque le dimos la oportunidad al ministro (Joaquín Lavín) de traer la información hasta la discusión en la Comisión Mixta”, precisó.

Montes dijo que detrás de todo este debate está el hecho de que “en Educación hay muy pocos recursos”, constituyéndose el de 2011 en el presupuesto más bajo en los últimos 20 años en este ámbito. Explicó que al aumento de 722 millones de dólares hay que descontarle 480 millones que son para la reconstrucción y otro tanto para el pago de la subvención preferencial. “Lo que han hecho, para tratar de hacer ciertas cosas, es reasignar. Han disminuido y terminado por lo menos con 20 programas, entre otros el maletín literario”, criticó.

Finalmente, opinó que sería preciso sincerar los recursos del impuesto específico a la gran minería que entren a presupuesto y se cambie el análisis del déficit estructural, porque son dineros de este año, lo cual permitiría incrementar los recursos para vivienda, educación y regiones, que es lo que está pidiendo la oposición.

Sin embargo, para el diputado Nicolás Monckeberg (RN) la actitud del sector opositor es lamentable, estimando que sólo se busca obstruir y ponerle problemas al Presupuesto en vez de cooperar para mejorar la educación de Chile. “Da la impresión que ellos quieren mantener todo lo que venía de los gobiernos anteriores y no reconocen jamás que es necesario cambiar ciertas cosas que están funcionando mal”, enfatizó.

Respecto de la posibilidad de que algunas de las materias sean rechazadas, el diputado llamó a los legisladores de oposición a recapacitar y pensar en los estudiantes, dando su voto favorable a estos recursos.

El ministro Lavín destacó que el debate de hoy fue muy “intenso y acalorado”, aunque reconoció que es natural que en el contexto del Presupuesto algunas materias sean más discutidas que otras. Dijo que están dispuestos al diálogo y que se buscará acuerdo para la aprobación de estos recursos.

PROFESORAS JUBILADAS ENVÍAN CARTA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE LA MUJERES EN EL SISTEMA PREVISIONAL

2 de oct. 2010.- Hasta la Superintendencia de AFP se dirigió un grupo de maestras jubiladas, para exigir explicaciones por la discriminación que sufren las mujeres en el sistema de pensiones. Una treintena de profesoras jubiladas se reunió en la sede nacional del Colegio de Profesores para firmar una carta dirigida a la Superintendencia de AFP, para solicitar explicaciones respecto de la grave discriminación de género existente en el cálculo de las pensiones. Esta acción realizada por las profesoras, es la primera iniciativa que buscará masificarse en otros gremios y sindicatos, como la Asociación de Nacional de Empleados Fiscales, y cuenta con el completo apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores. Olimpia Riveros, Dirigente Nacional del Colegio de Profesores de Chile, explicó que esta discriminación del sistema de pensiones se da por la fórmula de cálculo, pues lo hace sobre una proyección de vida que afecta arbitrariamente a las trabajadoras. “En el actual sistema de pensiones que hay en Chile, existe una manifiesta discriminación de género, pues calcula la pensión de las mujeres según una estimación de vida. Esta proyección resulta arbitraria, puesto que la condiciones de trabajo que ha tenido cada una es distinta según la localidad, las condiciones de trabajo, las condiciones de salud”, detalló la dirigente nacional. Riveros espera que la carta dirigida a la Superintendencia de AFP tenga respuesta sobre la razón de por qué se genera esta distorsión en el cálculo de las pensiones, que se traduce en las bajas pensiones obtenidas por las jubiladas. “vamos a hacer llegar esta carta a las Superintendencia, donde pedimos formalmente que se nos explique, porque una hombre con los mismos años de servicio y los mismos sueldos, recibe una pensión más alta que la que recibimos las mujeres jubiladas en las mismas condiciones”, agregó Olimpia Riveros. Según explicara la Vicepresidenta del Magisterio Nacional, Olimpia esta instancia es sólo un primer paso, pues de no existir respuesta, se buscará la forma para demandar al estado Chileno, como también no se descarta llegar a tribunales internacionales. De hecho, la directora nacional señaló que en caso de no fructificar esta acción en nuestro país, “ya estamos en contacto con distintos medios internacionales, de modo de que vamos a apelar al convenio que firmó nuestro país, contra la discriminación contra las mujeres”. Actualmente, existen casos en que profesoras que entregaron toda su vida a la docencia, jubilan con pensiones que apenas sobrepasan los 100 mil pesos, situación que genera graves conflictos personales de los docentes, especialmente de las profesoras, doblemente castigadas por la discriminación del sistema de pensiones.
PRENSA COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.

Abren postulación a programa de residencia familiar estudianti

La convocatoria está dirigida a estudiantes desde séptimo básico a educación superior. El plazo vence el 31 de diciembre.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abrió el periodo de postulación y renovación para el Programa de Residencia Familiar Estudiantil (PRFE). El plazo de la convocatoria vence el 31 de diciembre.

La garantía beneficia a estudiantes de escasos recursos, desde séptimo básico hasta la educación superior, que residen en lugares apartados del país y necesitan continuar sus estudios en ciudades que cuenten con oferta educacional, citó la Junaeb.

Los alumnos que reciben la beca serán ubicados en casa de una familia tutora parecida a la propia, durante el período escolar. Allí recibirán alimentación, alojamiento, afecto y cuidados que favorezcan su desarrollo integral y permanencia en el sistema educacional, según explicó el portal.

Los requisitos para acceder al beneficio son ser alumno (séptimo a cuarto medio) de establecimientos municipales o particular subvencionado. Los universitarios sólo podrán optar por la renovación de la beca.

CARICATURAS PREMIADAS EN EL CONGRESO DE EDUCACIÓN.

La educación en Chile / Education in Chile

Thursday, June 17, 2010

La educación en Chile / Education in Chile

Interesante análisis publicado hoy en el boletín electrónica, Oxford Analytica, de la condición actual de la educación en Chile, y las propuestas de Piñera.

Llama la atención:

1Puntajesclaramente bajos en las pruebas de lectura y matemática, inclusive en los colegios privados que sirven a las elites;

2)Alarmante brecha entre puntajes de alumnos ricos y pobres;

3 El SIMCE mide habilidades mientras el PSU (prueba para entrar a la universidad) mide conocimientos;

4)Piñera promete reducir la inamovilidad de los docentes;

5)Intención de promover la reforma pactada por Bachelet;

6 Propone establecer 50 escuelas publicas de excelencia;

7) Controvertida comparación de colegios por su rendimiento en las pruebas sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos; y

8) Sugerencia por el autor que el éxito de Piñera dependerá de su voluntad a “face down the Teachers' Union”.

Education remains obstacle to development

June 17, 2010

SUBJECT: Poor progress on educational standards.

SIGNIFICANCE: Over the past 20 years, while income has increased and poverty been reduced, educational standards have shown little improvement and are widely identified as the most important barrier to 's future economic and social progress.

ANALYSIS: In the 1990s, public expenditure on education in rose from 2.4% to 3.9% of GDP, financing an increase in coverage, which became virtually universal, and improvements in school infrastructure and equipment. Gains in pupil attainment were expected to follow but, as shown by the latest tests carried out under the System of Measurement of the Quality of Education (SIMCE), are proving elusive (see CHILE: 'Last mile' to development the hardest - March 11, 2009).

The tests, conducted in November, measured the reading and maths skills of fourth and eighth-year primary schoolchildren (approximately 9 and 13 year-olds, respectively) with disappointing results:

The average reading score of fourth-year pupils was 262 points on a scale where a benchmark of 281 points corresponds to the competence expected for their age. This represented an increase of only twelve points on the equivalent test in 1999 (although most of this increase occurred in the last two years, possibly indicating a change of trend).

The average score of this age group in maths, at 253 points, was 33 points below the benchmark and just three points up on 1999, a rate of progress at which, as Education Minister Joaquin Lavin pointed out, it would take a century to reach the benchmark score.

For eighth-year pupils, the average reading score was 252 as compared to a benchmark of 286, with a statistically insignificant increase of two points on 2000. In this group, only 26% of pupils showed the reading skills expected for their age.

However, the worst result was the maths performance of eighth-year pupils where the average score of 260, although ten points up on 2000, was 61 points short of the benchmark and only 13% of pupils demonstrated the expected level of skills for their age.

A separate study of the internet skills of 15 year-olds, carried out by the Education Ministry and the , found that 75% could find the answer to a question on the internet. However, only 35% were able to analyse a graph found on a website and draw a conclusion from it.

Social divide. In international rankings, even private schools catering for the best-off Chilean families perform poorly and, in the recent SIMCE test, 51% of their eighth-year pupils failed to reach the maths benchmark for their age. However, they perform better than the privately run, state-funded schools attended by middle-class children and far better than the municipal schools used by poor families:

The reading scores of fourth-year pupils in the top income group reached 302 points as compared to 240 in the poorest group and, on maths, the difference was even larger at 304 points for the top income group and 223 points for the poorest group.

By eighth year, this difference had widened. As well as reflecting the compound effect of early learning gaps, this is attributed to the increasing inability of parents with a low level of education to help their children as they move up through school.

This divide helps not only to lock in 's unequal income distribution but also to perpetuate geographical differences within the country (see CHILE: Regional potential yet to be fulfilled - August 6, 2009). is highly centralised and 59 of the top-scoring 100 schools are in the capital (where around 40% of the country's total population lives) and some of the lowest SIMCE scores are found in the areas with the highest poverty rates such as the Araucania Region of southern .

University entrance. In a further problem, only around half of the 100 schools that obtained the best scores in the eighth-year SIMCE test are among the 100 schools whose pupils obtain the best scores in the National University Entrance Exam (PSU). This reflects the fact that, while the SIMCE measures skills, the PSU measures knowledge, encouraging many schools to cram secondary pupils at the expense of skills that would stand them in better longer-term stead. As a result, universities often complain that students who obtained high scores in the multiple-choice PSU do not, for example, have adequate writing skills.

Pinera policy. On May 21 in his first annual speech to Congress after taking office in March, President Sebastian Pinera described Chile's educational results as a "scandal" and outlined a remedial plan for his four-year term (see CHILE: Pinera agenda shows more continuity than change - May 26, 2010):

He promised to tackle the virtually watertight job security of teachers in municipal schools and has created a panel of experts to propose how best to achieve this. Changes in this area -- shirked by previous governments because of the political costs -- would be fiercely resisted by the powerful Teachers' Union, but are widely seen as key to reducing inequality in pupil attainment (see CHILE: Educational inequalities curb development - July 17, 2006). In 2009, many municipal schools lost over a month of classes due to a teachers' strike, a factor blamed for impairing their SIMCE results.

Pinera promised a gradual results-tied increase, starting with schools in the poorest areas. Since 2008, additional funding has been available to these schools and, although not always spent to best effect, is seen as one of the reasons for a small improvement in the average performance of their fourth-year pupils in the recent SIMCE test.

Pinera will seek to complete a reform announced by his predecessor Michelle Bachelet, which would create a Superintendency of Education to supervise the use of resources by state-funded schools and a new government agency to evaluate their results. This reform is generally supported as promising more effective action than that currently provided by the cumbersome Education Ministry.

However, other points in his plan are more controversial:

A proposal to create 50 state 'schools of excellence' in 's main cities has been criticised as divisive. Experts maintain that it would create an elite within the state system, rather than helping to improve standards generally.

Similarly, a proposal to distribute a traffic-light leaflet to parents about the SIMCE results of schools in their area (red for under-performing schools, yellow for those close to the average, and green for those above) has been criticised as a gimmick. This initiative seeks to use parent choice to encourage schools to compete on results but ignores the fact that, according to different studies, up to 90% of pupil attainment is determined by parental education. Moreover, it would 'punish' schools in poor areas that are gradually improving their results, albeit from a very low base.

CONCLUSION: After successfully expanding educational coverage, is finding it more difficult to increase pupil attainment. Given the poor schooling of many parents, this is partly inevitable but, in the case of municipal schools, also reflects the reluctance of previous governments to face down the Teachers' . Whether Pinera is prepared to do this, while also increasing fiscal spending on education, will largely determine whether he fulfils his promise of setting on course to become a developed country by 2018