Zúñiga
fue hasta el año pasado, uno de los controladores de la Universidad del
Mar a través de dos sociedades: Centro de estudios de negocios Ltda. y
Menzu Inmobiliaria e Inversiones Ltda. También fue rector y durante su
periodo la UDM vivió su máxima expansión (22 mil alumnos en 2007) pero
también inició su actual crisis. Zúñiga firmó el cuestionado contrato
con Eugenio Díaz -ex presidente de la CNA- para que éste ayudara a
acreditar a esa institución. Ese contrato está siendo investigado hoy
por la fiscalía como “cohecho”. Héctor Zúñiga accedió a responder un
cuestionario escrito de CIPER.
Usted ha
declarado públicamente que ya no es controlador de la Universidad del
Mar. ¿Quiere decir eso que vendió las sociedades con que participaba en
la Corporación (Centro de estudios de negocios Ltda. y Menzu
Inmobiliaria e Inversiones Ltda.)?
Efectivamente no soy parte del grupo controlador de la Universidad
desde el año pasado, pero no porque haya vendido las sociedades que
indica. A mayor abundamiento, puede investigar en el Registro de
Comercio y corroborar que tales sociedades no se han vendido.
Entonces, ¿cómo es que dejó de ser controlador de la Universidad del Mar?
Simplemente por renuncia voluntaria de tales sociedades a su calidad de socias como está previsto en los estatutos.
¿Tenemos que entender que usted renunció al control de una
universidad que tiene un activo de más de $50.000 millones sin recibir
nada a cambio?
Insisto. No ha habido beneficios.
Nos han dicho que el señor Sergio Vera se vio beneficiado con
su salida pues adquirió el control que usted cedió. ¿Es eso efectivo?
A mi retiro quedaron menos socios en la Universidad como en cualquier
Corporación sin fines de lucro en que no hay acciones a traspasar.
$50 MIL MILLONES
Hoy la universidad tiene cerca de $50 mil millones en
documentos por cobrar de créditos internos entregados a alumnos. ¿Cómo
se generó esa deuda?
No es una deuda sino un activo de la universidad .Tales $50.000 millones
o bastante más, son los verdaderos “desvíos” de fondos que generaron
las dificultades financieras agravadas con la sicosis, corridas
bancarias y morosidad cercana a 50% generada por el desprestigio
mediático de los interesados en destruir la Universidad y no los
arriendos pagados a Inmobiliarias.
¿Qué entidad daba el crédito a los alumnos y qué intereses tenían esos créditos?
Los préstamos se hicieron siempre con los fondos de la propia
universidad proveniente de economías en gestión eficiente, baja
publicidad, cero gastos de representación y lobby y altísima
productividad de sus comprometidos trabajadores que en un 80% eran
multipropósito. Ninguna empresa externa se benefició con pago de
intereses. Los alumnos pactaban pago a larguísimo plazo. $ 27.000
millones se prestaron a cero interés y el resto siempre cercano al
crédito de las universidades tradicionales.
CASO DÍAZ
Hoy se investiga a Eugenio Díaz, ex presidente de la Comisión
Nacional de Acreditación (CNA), a raíz de un contrato que firmó con
usted, para que ayudara a acreditar la universidad. Este contrato ha
despertado unánime rechazo desde el ministro de educación hasta el
propio ex rector de la UDM Raúl Urrutia. La fiscalía habla de cohecho.
¿Cómo explica usted ese contrato, tan cerca de la acreditación que
consiguieron en 2010?
El contrato no es simulado. Los pagos hechos respondieron a merecidos
servicios recibidos. Las actividades de Eugenio Díaz no se hicieron a
escondidas sino a la vista de cientos de académicos. Sus informes
fueron periódicos y de amplia difusión, muchos de ellos mostrando su
decepción frente a la posibilidad de subir la acreditación a 4 años. La
proximidad de la fecha del contrato se explica porque inmediatamente
después del resultado de la acreditación me reuní con él en un café,
como ocurrió cada vez que se tomo un acuerdo en la CNA respecto a
nosotros y como supongo lo hacían muchas universidades privadas que lo
habíamos elegido, para explicarme en qué habíamos sido objetados y
recomendarme estrategias de superación. Así mismo lo hicimos cuando no
nos dieron la acreditación. Lo nuevo en esta oportunidad fue conocer
que el acuerdo había sido por unanimidad positivo, que las acciones a
realizar para conseguir cuatro años eran acreditar más carreras e
idealmente el área de “vinculación con el medio” y además me
contó que había terminado su contrato con la Andrés Bello y estaba libre
para asesorarnos en estas materias, pero necesitaba antes de salir de
vacaciones, cerrar con alguna institución. Obviamente me apresuré a
cerrar el compromiso antes que lo hiciera con otra, dado que
conocía de sus competencias, de la claridad respecto a lo que había que
hacer y la escaza disponibilidad de asesores competentes y actualizados
como él. No podía dejar pasar tal oportunidad para esta universidad tan
vapuleada y que nunca antes había sido observada como posible sujeto de
asesoría.
¿Consultó la contratación de Eugenio Díaz con otros socios? ¿O tomó la decisión solo?
Yo era el Rector Nacional, la máxima autoridad unipersonal de la
Universidad. Las decisiones no se tomaban en conjunto con los socios,
sino que como rector tenía el encargo de la Junta Directiva de obtener
la acreditación de la Universidad, luego me correspondía dar cuenta a
ella y así lo hice. Incluso conocieron de Informes de Eugenio Díaz. La
decisión la discutí con los Vicerrectores.
¿No le pareció que había un reparo ético al pagarle a alguien que tiene la obligación de ser ecuánime frente a su institución?
Reparos de ninguna manera pues en la CNA, siempre hubo al menos cinco
personeros que eran pagados por Instituciones de Educación Superior.
Obviamente ellos se inhabilitaban, como señala la Ley, al momento de
tratar la acreditación de aquellas. Ecuanimidad es lo menos que uno
podría encontrar en las votaciones de los acuerdos de la CNA, pues
siempre los aspectos subjetivos primaron. Incluso declaraban que aún
cuando el “informe de pares evaluadores”, que eran los técnicos que
visitaban y se formaban un juicio de realidad, recomendara la
“acreditación” la CNA podía denegarla, como ocurrió con nuestra
Universidad en el Acuerdo de 2007.
Más de 100 estudiantes se han querellado por estafa contra la
Universidad. ¿Qué puede decirles desde su posición de ex rector y ex
controlador de la universidad?
Que es legítimo que cuiden sus intereses, que existen situaciones
objetivas de perjuicios que los han afectado, pero su causa no está en
irresponsabilidad, descuido ni malos manejos de aquellos a quienes
están apuntando que más que nada lo que hicieron fue generar
oportunidades de movilidad social, sino que tienen su origen en la
generación de un círculo no virtuoso de situaciones cuya verdad pronto
se conocerá y que ojalá no tan tarde como para la recuperación. La
recuperación era absolutamente posible al momento que yo me retiré si
los alumnos se hubieren puesto al día de la morosidad cercana al 50 %
motivada por las desconfianzas en nuestro proyecto y perturbaciones
orquestadas por interesados en destruirlo. A los alumnos les diría que,
pase lo que pase, si han permanecido más de dos años en esta
universidad, es porque son personas de esfuerzo que siguen nuestro lema
“ Ad augusta per angusta” , y estoy seguro superarán las dificultades
frente a las cuales hoy todo se ve negro.
DOÑA TERESA
“Eugenio Díaz me contó que
había terminado su contrato con la Andrés Bello y estaba libre para
asesorarnos en estas materias, pero necesitaba antes de salir de
vacaciones, cerrar con alguna institución. Obviamente me apresuré a
cerrar el compromiso antes que lo hiciera con otra”.
Queremos aclarar un episodio que ocurrió en la sede de la UDM
de Iquique entre la inmobiliaria Doña Teresa (de la que usted es socio)
y la Universidad. En 2006 Doña Teresa –que es la propietaria del
inmueble de Iquique- subió el arriendo que le cobraba a la UDM de UF
1.000 UF a 1.700. Daniel Greenhill, que era rector de esa sede, aceptó
el alza. Y usted también, como rector nacional. ¿Por qué aceptaron ese
aumento?
La universidad manejaba descentralizadamente más de 40 contratos de
arriendo, 100 Contratos de Servicios mayores, 1100 contratos de trabajo,
5.000 contratos de honorarios. No correspondía al rector nacional
conocer de tales alzas. La justificación conocida con posterioridad es
el haberse construido una ampliación de la edificación y haberse hecho
ajustes de los precios de mercado.
¿Estaban habilitados para tomar una decisión que cautelara
los intereses de la universidad si tanto usted como Greenhill eran
socios de Doña Teresa, (situación en la que también estaba Raúl Baeza)?
La firma de las modificaciones de los contratos de arriendo fue
objetada por el suscrito en defensa de la universidad en el juicio de
cobro de arriendos, no obstante el tribunal sentenció que, sin dar
mérito al documento firmado, el Contrato mismo se había perfeccionado
con el consentimiento en la no objeción de las facturas.
La universidad dejó de pagar el arriendo por Iquique y
durante 2008 Doña Teresa demandó por arriendos morosos. Logró embargar
las cuentas y pagarse. ¿En qué beneficio a la universidad el que usted
haya sido socio de Doña Teresa?
Sin la inmobiliaria y nuestra participación la sede habría sido lo que
en ese tiempo se criticaba “Universidades de tiza y pizarrón”
Doña Teresa también hacía de intermediaria en el arriendo de
la sede de Calama. Cobraba a la universidad cerca de $10 millones y a su
vez pagaba poco más de $2 millones al verdadero dueño. ¿Qué servicios
prestaba Doña Teresa a la Universidad que justifique el pago de $ 8
millones?
En diversos casos las inmobiliarias realizaron cuantiosas construcciones
en terrenos arrendados. Tal fue el caso de Calama, que justificaba un
sub arriendo por un plazo. Me parece si que, sin desconocer el
sobrearriendo, las cifras mencionadas no se ajustan a la realidad.
¿Hay sociedades que no están vinculadas con la Universidad del Mar?
Sí. Son las que arriendan las sedes Arica, Antofagasta, Copiapó, Quillota, Santiago y 3 de Maipú.
¿De qué nivel son los beneficios que usted ha recibido por su participación en Doña Teresa?
Nunca he recibido un dividendo.
¿Puede explicar por qué? ¿Se debe a que todas las utilidades
de Doña Teresa se invierten en el Fondo de Inversión Placeres (FIP
Placeres) y desde ahí se traspasan a Inversiones del Mar, tal como
ocurrió con las utilidades de Inmobiliaria del Mar?
No se ha recibido dividendos porque la Universidad dejó de pagar
arriendos, como ocurrió también en Inmobiliaria de La Serena. Doña
Teresa no ha invertido en el FIP Placeres.
¿Las utilidades generadas en el FIP Placeres proceden sólo de
inmobiliarias y sociedades que tienen contratos con la Universidad del
Mar?
No, las utilidades generadas en el FIP, provienen del negocio de construcción y venta de tres edificios en el Cerro Placeres.
¿Nos puede explicar en qué consiste la venta de la participación que Inmobiliaria del Mar tenía en el FIP Placeres?
El FIP Placeres fue un emprendimiento inmobiliario exitoso, que
evidencia las capacidades y visión de los gestores de la UDM, mismas
que también se emplearon con mucho éxito en la creación de un
patrimonio universitario separado, sin dueños, tres veces mayor que el
de las inmobiliarias que se cuestiona. Consistió en la inversión
trasparente y sin misterio en el formato de sociedad establecido en
nuestra legislación como “Asociación en cuentas en participación”,
cuando los inversionistas delegan la gestión de un emprendimiento en un
gestor experto quien asume la obligación de dar cuenta económica de los
resultados. La venta de derechos de Inmobiliaria del Mar al gestor
empresario de la construcción correspondió a un acuerdo de valoración
anticipada y pago a suma alzada de la liquidación que el socio gestor
debía rendir al término de la asociación en cuentas en participación
constituida para la construcción y venta de las “Torres del Cerro
Placeres”.
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La
nueva Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD) presentada
recientemente al Senado está –a juicio del diputado Burgos- lejos de
cumplir con condiciones mínimas. “La centralidad de las instituciones
militares se acerca peligrosamente al superado rol de garantes de la
institucionalidad que establecía la Constitución del ’80, esta vez en
versión postmoderna”, dice. Y afirma que “…la preservación de la
cohesión social y la identidad nacional”, que establece la ENSYD dentro
de los intereses nacionales ligados a la soberanía, los que por
definición son los más cercanos a la función militar, es un juicio de
alto riesgo a la hora de abordar los temas de orden público, todo lo
cual vuelve a poner en la palestra la competencia militar en asuntos
internos. 
