Patricia Muñoz Garcìa

Patricia Muñoz Garcìa
Departamento Nacional Profesores Jubilados DEPROJ

domingo, 11 de octubre de 2020

EN LOS TRIBUNALES CHILENOS CADA VEZ AUMENTA MÁS EL NEPOTISMO

 

 

 

 

La Gran Familia: un tercio de los magistrados de cortes superiores tiene parientes en el poder judicial

Camilo Solís
Camila Higuera

 

 

Hijos, hijas, hermanos y hermanas, esposos, esposas y parejas. De los 69 ministros que se desempeñan en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la de San Miguel, al menos 23 tienen familiares directos con cargos profesionales en el poder judicial u otras instituciones afines, como notarías y conservadores y fiscalías.

La Constitución señala que la Corte Suprema debe componerse de 21 ministros. Pero hasta ayer sólo tenía 19 integrantes. Esto debido a las vacantes que dejaron Hugo Dolmestch, quien se jubiló en noviembre de 2019, y Lamberto Cisternas, quien pasó a retiro en marzo de este año.

Desde enero el puesto de Dolmestch ha sido duramente disputado por numerosos jueces de larga trayectoria. En agosto, el magistrado Raúl Mera Muñoz estuvo a tan solo un voto en el pleno del Senado de convertirse en ministro de la Suprema. Ayer, en cambio, el Senado aprobó de manera unánime el ascenso al tribunal superior de Adelita Ravanales Arriagada, hasta ahora ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Más allá de ser los nombres que el ministro de Justicia Hernán Larraín escogió como candidatos para ascender a la Suprema, hay otra cosa que une a Mera y Ravanales: ambos tienen familiares que también se desempeñan en altos cargos del poder judicial.

Nuestro medio publicó parte de esos vínculos en los artículos "La red de familiares que el juez Raúl Mera tiene en el poder judicial" y en "Nominación de jueza Ravanales muestra los lazos de amistad y favoritismo en la Corte Suprema".

INTERFERENCIA indagó en las redes familiares de los ministros de la Corte Suprema y de las dos Cortes de Apelaciones de la Región Metropolitana -Santiago y San Miguel-, para encontrar que de los 69 ministros vigentes, al menos 23 tienen cónyuges, hijos o hermanos desempeñándose en el poder judicial o instituciones afines, como notarías y conservadores de bienes raíces.

A continuación mostramos esos casos para esos tres altos tribunales.

La Corte Suprema

El actual presidente de la Corte Suprema Guillermo Silva Gundelach ha trabajado en el poder judicial desde 1972. Inició su carrera como secretario del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles y llegó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Talca y de Concepción. En noviembre de 2008 se integró a la Corte Suprema y en enero de este año asumió la presidencia del máximo tribunal. 

El magistrado Silva está casado desde la década de los setenta con Sonia Quilodrán Le-Bert, la cual se desempeña actualmente como jefa de la Secretaría Civil de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es funcionaria de planta y asumió ese cargo en agosto del año 2011. Además, su hermano Darío Silva Gundelach es ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán.

Otro caso es el de la ministra Rosa Egnem Saldías. Ella llegó a la Suprema en diciembre de 2009 y tiene dos hijos que forman parte del poder judicial en calidad de jueces. Paulina Sariego Egnem, la hija mayor, era en 2009 jueza titular del Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional y hoy se desempeña como magistrada del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal en Santiago, según datos de Transparencia. Otro hijo de la ministra es Fernando Sariego Egnem, juez del 6° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y además figura como docente en las capacitaciones que realiza el Instituto de Estudios Judiciales en conjunto con la PDI. La ministra también tiene un hermano -Abraham Egnem Saldías- que actualmente es juez del Segundo Juzgado de Familia de San Miguel. 

La ministra Gloria Ana Chevesich ingresó al máximo tribunal en agosto del 2013 y en diciembre de 2019 se convirtió en la primera mujer en ejercer la vocería de la Corte Suprema. Se hizo conocida por su papel en la investigación del caso MOP-Gate, por haber redactado el fallo de desafuero de Pinochet y por haber sido la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Una de sus hijas, Francisca de la Maza Chevesich, se desempeñó como secretaria del Primer Juzgado de Letras de Quilpué entre 2010 y 2014, y luego como relatora de la Corte de Apelaciones de Valparaíso hasta 2017. Entre marzo y julio de 2019 fue abogada auxiliar de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, según indica su perfil de LinkedIn. Además de esto, fue de conocimiento público la relación de pareja que Gloria Chevesich ha tenido con el ex ministro Carlos Gajardo Galdames, quien se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

El abogado Manuel Antonio Valderrama Rebolledo es ministro de la Suprema desde agosto de 2015. Su paso por ese tribunal no ha estado exento de complicaciones, puesto que en 2018 enfrentó una acusación constitucional por abandono de labores –junto a los ministros Carlos Künsemüller y Hugo Dolmestch– luego de haberle otorgado la libertad condicional a siete reos de Punta Peuco. El ministro Valderrama está casado con Myriam Escobar Díaz, quien desde julio de 2017 se desempeña como notaria, conservadora de minas y archivera en la localidad de Buin.

Mauricio Silva Cancino es miembro de la Corte Suprema desde enero de 2019, luego de haber estado en la Corte de Apelaciones de Santiago por 17 años. Su hija Marta Silva Palmieri, ocupa el cargo de Oficial Cuarto del 24º Juzgado Civil de Santiago desde 2015.

La ministra María Angélica Repetto integró durante 17 años la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En agosto de 2019 ascendió al máximo tribunal, luego de que la candidatura de Dobra Lusic fracasara por acusaciones de tráfico de influencias. Repetto está casada con Eduardo González Lara, quien fue relator de la Corte Suprema antes de que su esposa llegara a ser ministra en dicho tribunal.

El ex presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, también tiene familiares en el poder judicial. Su hija, la abogada Paula Brito Castro, se desempeñó como jueza del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, y en octubre de 2011 llegó al Primer Juzgado de Garantía de Santiago. Actualmente, según datos de Transparencia Activa, se encuentra en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. Además, es conocida la relación de pareja que Brito tiene con Lya Cabello Abdala, la cual se desempeña desde 2016 como Fiscal Judicial de la propia Corte Suprema. El Mostrador publicó en 2014 una nota en la que revelaba el "intenso lobby" que Brito hizo para que Cabello se quedara con ese cargo.

El ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar llegó al máximo tribunal en 2011, luego de haber sido el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y de una carrera de más de 30 años en el poder judicial. Hoy por hoy preside la primera sala del máximo tribunal, la que concurrió con los votos de sus cinco miembros para escoger el nombre de Adelita Ravanales para rellenar la quina tras la fracasada nominación de Mera. Fuentes y Ravanales viven en el mismo condominio y el magistrado fue en 2002 el padrino de boda de la nueva magistrada de la Suprema. Su hijo Juan Eduardo Fuentes Garrido, abogado, ingresó al poder judicial en 2005, y hoy se desempeña como presidente del Juzgado de Familia de Arica. Además, su hija Carolina Fuentes Garrido es jueza en el Primer Juzgado de Familia de San Miguel.

El ministro y ex presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz Gajardo, también tiene una hija en el poder judicial. Graciel Muñoz Tapia fue nombrada jueza titular del 12º Juzgado de Garantía de Santiago en 2016, donde continúa ejerciendo. 

La Corte de Apelaciones de Santiago

Este tribunal es la primera Corte de Apelaciones en la historia de Chile, la que se estableció en la Constitución de 1823. Dada su tradición, muchos la consideran la audiencia de justicia más prestigiosa después de la Corte Suprema.

En esta corte se desempeña desde 2011 el ministro Miguel Vázquez Plaza, quien exhibe una carrera de 40 años en el poder judicial. Su esposa Sandra Marcela de Orúe Ríos también ha ejercido por años en este poder del Estado. Desde 2014 se desempeñó como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Rancagua y en 2015 intentó, sin éxito, ser nombrada ministra de esa audiencia. En mayo de este año Sandra de Orúe consiguió el nombramiento, convirtiéndose en ministra del tribunal de alzada de Rancagua.

Dobra Lusic Nadal, que el año pasado era considerada la favorita para integrar la Corte Suprema, tiene una hermana abogada cercana al poder judicial. Se trata de Yelica Lusic, quien en 2001 ingresó a la Defensoría Penal Pública y actualmente se desempeña como abogada asesora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.

El ministro Hernán Crisosto Greisse, actual presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, tiene numerosos familiares vinculados con instituciones afines al poder judicial. Su hija Alicia Crisosto Borzone es desde 2018 fiscal adjunta de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Su hijo Rafael Crisosto Borzone, según consta en el portal de Transparencia del Ministerio Público, figura como profesional en la Fiscalía Regional de Tarapacá; y Marcela Crisosto Borzone se ha desempeñado como defensora penal juvenil en la Defensoría Penal Pública de Puerto Montt.

Juan Cristóbal Mera Muñoz forma parte de esta corte desde hace 15 años y es el hermano del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y fallido candidato a la Suprema, Raúl Mera. Renata González Carvallo, la ex esposa de Juan Cristóbal Mera de quien se divorció en 2009, es desde mayo de 2015 la titular de la 23º Notaría de Santiago. Además, la hermana de Mera, Liliana Mera Muñoz, es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El magistrado Fernando Ignacio Carreño Ortega, que inició su carrera en el poder judicial en 1987, llegó a esta corte en agosto de 2018. Su hijo Fernando Carreño Colima trabajó como Administrativo de Actas en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago entre 2015 y 2016.

Marisol Andrea Rojas Moya juró como ministra de esta Corte de Apelaciones el 11 de septiembre de 2012, luego de una carrera que también se inició en 1987 y tras haber sido relatora de la Corte Suprema. Su esposo es Iván Abelardo Covarrubias Pinochet, el cual ocupa el cargo de Oficial 1° del 30° Juzgado Civil de Santiago. Figura como funcionario de grado 11, contratado como personal de planta. 

Otra ministra de este tribunal de alzada es Paola Loreto Plaza González, quien asumió en mayo de 2018. Su esposo es Nicolás Fernando Arrieta Concha, abogado que se desempeña como notario en la Sexta Notaría de Antofagasta.

Otro ejemplo es el de Mireya Eugenia López Miranda, jueza de esta corte desde noviembre de 2012. Su esposo Manuel Hazbún Comandari figuró como candidato a la Corte Suprema en 2013 tras el fallecimiento del ministro Roberto Jacob. Durante años se ha desempeñado como abogado integrante del poder judicial, con pasos por la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel. 

Además está el caso de Adelita Inés Ravanales Arriagada, la que es ministra de la Corte de Apelaciones desde julio de 2007 y que fue confirmada por el Senado ayer para ser la próxima integrante de la Corte Suprema. Está casada con Luis Federico Werner Medina, el cual se desempeña como Administrador del 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Werner es funcionario de grado 7, y al igual que su esposa, figura contratado como personal de planta. 

La Corte de Apelaciones de San Miguel

Este tribunal se creó en 1978 para alivianar la carga de la Corte de Santiago, y está a cargo de supervisar las causas correspondientes a las comunas de Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Miguel, San Joaquín, La Cisterna, San Ramón, La Granja, El Bosque y La Pintana; además de las correspondientes a las provincias de Cordillera, Maipo, Melipilla y Talagante.

También en esta corte varios ministros tienen vínculos familiares con distintos funcionarios del poder judicial, así como de otros organismos públicos relacionados a la administración de justicia. 

Es el caso de Liliana Deyanira Mera Muñoz. Ella integra la Corte de Apelaciones de San Miguel desde de mayo de 2013, llegando a ser presidenta de esta audiencia en 2019. Como ya se mencionó, su hermano es el abogado Juan Cristóbal Mera Muñoz, el cual se desempeña como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago desde diciembre de 2005. Además, también es hermana de Raúl Mera Muñoz, ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y fallido candidato de La Moneda para ocupar un puesto en la Corte Suprema.

La ministra María Teresa Díaz Zamora es esposa de José Luis Pérez Calaf, quien se desempeña como jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. Antes de ingresar al Ministerio Público, Pérez Calaf hizo carrera en el poder judicial donde desempeñó diversas labores, entra estas ser juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago.

Roberto Ignacio Contreras Olivares es ministro de la Corte de San Miguel desde noviembre de 2002. Fue presidente del tribunal entre 2008 y 2009. Está casado con Erika Viviana Puelles Galindo, la cual trabajó en el Poder Judicial como administrativa. Puelles se acogió a la ley de incentivo al retiro voluntario en 2019, mientras ocupaba el cargo de Administrativo 1° del 2° Juzgado de Familia de Santiago. El hijo de ambos, Roberto Ignacio Contreras Puelles, fue fiscal adjunto especializado en delitos económicos del Ministerio Público entre enero de 2007 y noviembre de 2018. Contreras Puelles es actualmente abogado asesor de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, territorio que coincide, precisamente, con la jurisdicción en la que su padre tiene competencia como juez. 

La magistrada María Teresa de Jesús Letelier Ramírez, quien lleva ejerciendo 36 años en el poder judicial, es madre de Bárbara Quintana Letelier, la cual se desempeña desde octubre de 2005 como jueza, principalmente en el 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. En 2019 ejerció también como ministra suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Diego Gonzalo Simpertigue Limare es ministro desde 2002, cuando ingresó a la Corte de Apelaciones de Concepción. Fue nombrado ministro del tribunal de San Miguel en junio de 2014. En agosto de 2017 el medio digital El Líbero publicó un artículo en que se daba cuenta de una serie de irregularidades en los nombramientos de algunos notarios. Gilda Miranda Córdova, pareja del magistrado, se desempeñaba como notaria de la comuna de Curacaví. Cabe destacar que la notaría de Curacaví depende precisamente de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Gilda Miranda sigue siendo notaria, sin embargo, desde junio de 2018 cumple esa función en la 2ª Notaría de Colina, la cual depende de la Corte de Apelaciones de Santiago.


lunes, 5 de octubre de 2020

15 preguntas incómodas para la vuelta presencial a clases

 

15 preguntas incómodas para la vuelta presencial a clases

La pandemia aún no ha terminado. Lo dicen las cifras, lo confirman las estadísticas. Luego del desconfinamiento del casi 80% de la gente en la capital y regiones, hemos visto no solo un aumento sostenido de contagios, también descontrol en algunas regiones y ciudades de Chile.

A pesar de la evidente realidad y poca claridad en la entrega de las estadísticas por COVID-19, algunas autoridades del país insisten en volver a la “normalidad” como si el virus decidiera por si solo desaparecer de nuestro territorio.

Frente a la insistencia de que los niños y niñas de Chile
vuelva presencialmente a sus colegios, liceos, y escuelas, enumero una especie de “décalogo” de preguntas incómodas para aquellos que hoy tomarán la decisión de abrir las instituciones de educación en contextos de pandemia.

1.     ¿Será una decisión participativa y vinculante, que incluya la opinión de toda la comunidad escolar, el volver a clases presenciales en pandemia?

2.     ¿Se desarrollan mesas de trabajo territorial de carácter vinculante que incluyen estudiantes, padres y apoderados, transportistas, profesores, funcionarios,
municipalidad, sostenedores, y autoridades regionales para hablar sobre la pandemia?

3.     ¿Existe una coordinación cercana entre la Atención Primaria de Salud (APS) y los Departamento de Educación Municipal (DAEM) de cada municipio para coordinar la
prevención y mitigación del contagio en la comunidad escolar?

4.     ¿Presenta la vocería del MINEDUC y las SEREMíAS educacionales un nivel de credibilidad que fomenta el auto cuidado y el cuidado del otro a nivel de toda la
comunidad escolar en los distintos territorios de Chile?

5.     ¿Tiene el MINEDUC una mesa científica autónoma para el análisis de los datos COVID-19 relacionados con la comunidad escolar y que sistematiza la información
científica en el mundo?

6.     ¿Se considera la incorporación de una red chilena de investigadores en el extranjero que producen conocimiento y realizan recomendaciones para aprender de las experiencias en comunidades escolares en territorios que se asemejan a nuestra
realidad?

7.     ¿Tiene toda la comunidad escolar acceso al  internet y un computador para poder utilizar la red digital y así permitir la enseñanza distribuida e híbrida necesaria durante la epidemia y posteriormente durante la endemia?

8.     ¿Permite la infraestructura escolar una ventilación adecuada en climas calurosos y fríos de modo de impedir el riesgo de contagio aéreo del virus? Por ejemplo, ¿existe
acceso continuo a baños con agua potable para el lavado de manos? o ¿hay disponibilidad de mascarillas para su reemplazo para toda la comunidad escolar?

9.     ¿Hay un aumento del personal de apoyo para educar y monitorear la distancia física entre los alumnos de los distintos niveles de educación escolar?

10.  ¿Están coordinados el MINEDUC  y el MOP para desarrollar infraestructura escolar
conducente a la prevención y mitigación del contagio por COVID-19?

11.  ¿Existe un plan para facilitar una estrategia híbrida de asistencia a la clase presencial por grupos de riesgo? Por lo mismo, cabe preguntar, ¿están todos los grupos de riesgo (profesores y funcionarios) libres de presión para poder continuar su trabajo desde casa?

12.  ¿Conoce la población las cifras de contagio, trazabilidad, velocidad de contagio, y positividad real de la comunidad en que vive y las que atraviesa para llegar a la escuela, colegio o liceo?

13.  ¿Existe un plan de apoyo psicosocial para cada comuna e institución escolar para la probabilidad de un brote y/o la muerte de un escolar o personal de la escuela por COVID-19?

14.  ¿Están definidas las responsabilidades legales en caso de un brote de contagio y/o muerte de un alumno o alumna y/o trabajador de una escuela o liceo?

15.  ¿Si un niño o niña se enferma en el colegio por COVID-19, tendrán los padres una licencia médica especial para cuidarlo?

La evidencia científica internacional acerca de la vuelta a la escuela no es conclusiva, es incluso contradictoria. Sin embargo, es necesario responder a estas preguntas de modo profundo y serio. Los invito a discontinuar la discusión binaria anteponiendo primero la salud de toda la comunidad escolar y su impacto en la vida nacional.

Las respuestas no se basarán necesariamente en la evidencia que presente el Lancet o el New England of Medicine, tienen que estar ajustadas a la necesidad de planificar como volver a una educación saludable e inclusiva.

Gonzalo Bacigalupe