“He empezado a recibir de distintas fuentes desde el punto de vista
de la política que no hay un apego al CAE muy grande, no lo quieren
mucho”. Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el
pasado martes 12 de julio frente a la comisión de Educación de la Cámara
de Diputados.
Fue un chiste que sacó pocas sonrisas entre los parlamentarios
presentes en esa sesión, tras la primera ronda de preguntas de la
presentación de los aspectos financieros del proyecto de reforma a la
Educación Superior que presentó el gobierno a principios de este mes.
El punto no es menor dadas las críticas que había recibido de parte
de los sectores más progresistas de la Nueva Mayoría la mantención del
Crédito con Aval del Estado en el formato de transición del nuevo
sistema.
Está política pública fue aprobada en 2005 cuando el ahora ministro
Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, era jefe de la
billetera fiscal. Y a pesar del aumento explosivo de cobertura en 10
años de aplicación, hoy es visto como un elemento clave de la
mercantilización del sistema, del endeudamiento excesivo de jóvenes y de
un gasto fiscal que comprende más del tercio de los recursos destinados
por presupuesto a la educación superior.
La cifras del terror del CAE
Una de las más fuertes críticas al proyecto, cuando apenas se conoció
un resumen ejecutivo del texto original, fue el de la mantención del
Crédito con Aval del Estado. Diputados, senadores y sobre todo
estudiantes endeudados y por endeudarse levantaron la voz porque
nuevamente su problema no fue abordado.
Las cifras hablan por sí solas. Según la información revelada en la
última cuenta pública de la Comisión Ingresa -la Comisión Administradora
del Sistema de Créditos para Estudios Superiores- al 2015 ya van
718.581 las personas que pidieron CAE para estudiar una carrera
profesional o técnica por un monto total de 2.76 billones de pesos,
según un estudio de la Fundación Sol. La cifra de deudores se triplicó
en los últimos cinco años, tomando en cuenta que en marzo de 2010 habían
cerca de 270 mil jóvenes que habían hecho uso de este mecanismo por un
monto total de 894 mil millones de pesos.
De esas cifras, el CAE, instrumento declarado por este Gobierno como
imposible de retirar del sistema según el proyecto para reformar la
educación superior, representa el 85% de la deuda total.
“Efectivamente la cantidad de alumnos endeudados, hoy día está en más
de 700 mil estudiantes, sólo por el banco, porque además están los del
crédito solidario y otros créditos que seguramente debe superar una
cifra de un millón de endeudados. Lo que va a pasar y está pasando es
que es una mochila muy difícil de cargar. Para optar al CAE sólo basta
con que la institución esté acreditada y ya sabemos lo que pasó con la
CNA”, dice Marco Kremerman, investigador responsable del estudio de la
Fundación Sol.
Ese mismo informe señala que un 22% del universo de 3,9 millones de
deudores morosos en Chile son jóvenes entre 18 y 29 años. Y según cifras
entregadas por el Injuv, el 68% de esos jóvenes entre 18 y 29 años que
declara tener una deuda, habría accedido a un crédito para optar a un
título universitario o técnico.
“Con esto hablamos de hipotecar el futuro. Cuando tú ingresas al
mercado del trabajo con una gran mochila y sabes que tienes que
responder todos los meses, los grados de libertad tanto para optar a un
empleo distinto como para, por ejemplo, pensar en hacer un sindicato,
son menores porque al cargar una deuda eso va hipotecando el futuro, vas
teniendo una generación que no tiene capacidad de gobernarse y, en ese
sentido, es una mochila que los puede atar de por vida y que les impide
-contrario a lo que de dice de modo positivo del crédito- a muchos no
poder optar, por ejemplo, a un crédito hipotecario. Por lo tanto, están
hipotecando su futuro. Es una paradoja interesante”, dice el economista.
Lo peor de todo, agrega Kremerman, es que los argumentos para
mantenerlo se derrumban por sí solos. Según explicó el ministro Valdés
en el Congreso, pensar en el término del crédito es imposible porque no
se puede dejar sin ayuda a las instituciones que no accedan a la
gratuidad en el futuro y en lo más inmediato porque “el tratamiento de
créditos versus gastos es muy importante respecto de su efecto fiscal.
Más allá de la tasa de cobro, de la que podrá haber alguna mora, es
completamente diferente porque uno es un préstamo y el otro es un
gasto”.
Sin embargo, el gasto fiscal, según los mismos datos que ha revelado
Ingresa,
no ha parado de subir y hoy representa prácticamente la mitad de los
recursos para mantenerlo. De los más de 4.700 millones de dólares que se
han invertido en esta década, 2.500 millones han venido de la banca y
los otros 2.166 millones de dólares los ha aportado el Fisco.
¿Por qué? Porque cuando se creó este mecanismo el Estado se
comprometió a recomprar un porcentaje de los créditos para disminuir el
riesgo de no pago. Sin embargo, el Fisco pasó de recomprar un 18% de los
préstamos nuevos en 2006 a adquirir en 2015 el 42% de ellos, con un
peak de 43% durante 2014. Y con respecto a los “beneficiarios
renovantes”, la cifra bajó de 58% en 2014 a 51% el año pasado.
“Es un negocio atractivo: el Fisco le ofrece recomprarle los créditos
en un promedio 25% de créditos al año. Si existen 100, el Fisco
recompra 25, con un sobreprecio del 6%. Pero en la práctica lo que
terminó sucediendo es que se ha recomprado casi la mitad de los créditos
y con un sobreprecio que es 5 veces lo prometido, que es de un 27 o
28%. Entonces, el Fisco en estos últimos 10 años ha gastado 2,1 billones
de pesos en comprar créditos y pagarlos con este sobreprecio, una
locura”, dice Kremerman.
De esta forma, tal como lo han alertado expertos, estudiantes y
rectores -sobre todo los representantes de universidades del Estado- los
recursos destinados al CAE ahora superan con creces otras partidas del
Mineduc. Este año, sin ir más lejos, representó 36% del presupuesto para
Educación Superior destinado en el presupuesto 2016.
Desde el Gobierno, en tanto, defienden la mantención del sistema, a
pesar de las críticas públicas de parlamentarios que aseguraron a este
diario haber visto una propuesta de crédito estatal en un borrador del
proyecto a inicios de año, el que finalmente no llegó a puerto.
Desde el Mineduc, en tanto, no se alteran con los números ya que
señalan que el peak de deuda provocado por el CAE está llegando “a
régimen”, tomando en cuenta la cantidad de alumnos que lo han requerido
en esta última década.
Según la ministra de Educación, la disminución de los recursos del
CAE será proporcional al aumento de la cobertura de gratuidad, que en el
proyecto de educación superior recién ingresado al Congreso sólo
asegura la cobertura hasta el sexto decil en 2018. El resto quedará
sujeto al cuadro que recoge el aumento del PIB tendencial elaborado por
Hacienda.
Junto a eso, sigue dando vueltas la idea de que sea una institución
estatal la encargada de administrar los créditos, idea que mencionó la
propia ministra Delpiano
los días de presentación de la reforma en el Congreso.
Sin embargo, las proyecciones ideales –a pesar de lo refutado por el
mismo ministro Valdés- son de 20 años plazo como mínimo para alcanzar la
gratuidad universal, a cumplirse en el mejor escenario en 2036. Las
expectativas ya se han visto mermadas con la estimación de crecimiento
modificada, aunque algunos expertos señalan que el cálculo es demasiado
conservador y que se puede apelar a otros recursos para avanzar más
rápido hacia la cobertura universal gratuita.
La promesa incumplida
Fue el 21 de mayo de 2014, en la primera cuenta pública de su segundo
período presidencial, que la Presidenta Michelle Bachelet prometió
armar una comisión de expertos para revisar el tema del endeudamiento
provocado por los créditos en la educación superior en Chile.
“También esta reforma se preocupa de lo inmediato. Y junto a la ya
mencionada ampliación en el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil
(TNE), quiero señalar que conformaré un equipo de expertos que estudie
la viabilidad de distintas alternativas que permitan aliviar la
situación de aquellos que ya tuvieron que endeudarse para estudiar”,
dijo al terminar sus referencias a la reforma a la Educación Superior,
uno de los puntos más esperados de ese discurso ante el Congreso pleno.
Dos años después de ese discurso, con el debate instalado en el
Congreso, el ítem prometido sigue sin ser abordado. Juan Pablo Rojas,
vocero del movimiento Deuda Educativa, recuerda haber escuchado esa
parte del discurso en la radio, camino a marchar en Valparaíso, y hoy es
uno de los que más insiste en cobrar la palabra. Sobre todo después que
el año pasado el Ministerio de Educación les habría reconocido
compromisos no cumplidos sobre este asunto, pero después de recopilar
antecedentes para una presentación formal al equipo de asesores de
Nicolás Eyzaguirre -entonces titular del Mineduc- la carpeta no fue
recibida y no hubo respuesta a sus demandas.
Pero el movimiento no se quedará ahí, dice Rojas. Ya presentaron una
demanda contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de
Derecho Humanos en Washington, Estados Unidos, por la situación de los
exalumnos estafados de la carrera de Criminalística impartida por la
UTEM entre 2003 y 2007 y para las semanas siguientes tienen
presupuestado demandar contra cada uno de los bancos con cartera de
clientes CAE por cláusulas abusivas.
Entre ellas están, afirma, el no poder adelantar pagos del crédito,
como sí ocurre con el Crédito Solidario. En el caso del CAE, la
obligación es someterse a pagar la deuda completa o las cientos de
cuotas en las que se reparte el pago del crédito.
La organización también aboga para que los endeudados por educación
sean sacados del boletín comercial, ya que en las instituciones
financieras son considerados como deudores de créditos de consumo y
finalmente, terminar con la cobranza de devolución de impuestos de la
Tesorería General de la República.
“Esa plata al final termina de nuevo donde los bancos, los mismos que
nos imponen esas cláusulas abusivas”, dice el vocero. “El Sernac nunca
tomó las riendas de este asunto, pero lo que buscan estas demandas es
que las cláusulas sean declaradas abusivas y de esa forma, no tendrán
validez. Eso lleva a que los bancos pierdan el título ejecutivo y no
puedan cobrar ni al deudor ni al Estado como aval”, agrega Rojas.
De todas formas, el vocero dice que todo esto se podría evitar si el
Gobierno dejara de hacer vista gorda. “Desde 2013 hemos buscado el
diálogo con el gobierno y pensamos que íbamos a ser convocados cuando la
Presidenta dijo eso. Yo hablé personalmente con Andrés Palma
(secretario ejecutivo de la Reforma) y después no nos contactó. Hemos
presentado cientos de cartas y ninguna tiene respuesta. En la cuenta
pública del Mineduc de este año, en la Biblioteca de Santiago, yo fui y
encaré a la ministra Delpiano, pero a pesar de que tomaron mis datos y
mi tarjeta, nunca más llamaron”, señala Rojas.
Alejandra Díaz, por su parte, es otra de las representantes de
estudiantes endeudados que sigue esperando el llamado masivo a mejorar
los problemas de los endeudados. Desde la Coordinadora de la Agrupación
de Estafados Crédito CORFO, reconoce que ha habido algunos avances, pero
son muy puntuales y no van detrás de una política pública real de apoyo
a los estudiantes estafados por estos créditos.
Según Díaz, abogada endeudada con un crédito Corfo que, -según sus
cálculos- terminará pagando 3,2 veces el dinero que pidió para estudiar
su carrera, sólo hubo una mesa de ayuda con Corfo y el Mineduc para
resolver el problema de quienes fueron estafados con créditos de consumo
disfrazados de créditos Corfo, pero nada más hasta la fecha.
“Yo no creo que sea tan importante para el gobierno de Bachelet
terminar con el endeudamiento porque no están desbancarizando. Lo que
están haciendo es seguir manteniendo el negocio de los bancos y que es
bastante grave que a la gente se le venda la pomada de que esta reforma
va a terminar con el lucro y el endeudamiento. Los bancos ganan por
hacer nada”, dice.
Yo no pago
Mientras el tema recién comienza a abordarse en el Congreso, a la
espera de una sesión especialmente dedicada al CAE en la comisión de
Educación de la Cámara, hay algunos grupos que han llamado a no seguir
pagando. Entre ellos está la organización de “Deudores educacionales de
Chile” quienes en junio pasado hicieron un llamado “todas las
agrupaciones familiares que tengan los créditos Cae, Corfo y Fondo
Solidario, a sumarse a la ofensiva estudiantil y no pagar la deuda
educativa”.
Desde el Confech, en tanto, ayer se impulsaron jornadas
triestamentales para reposicionar sus demandas, las que incluyen la
condonación de la “deuda educativa” junto con el término del CAE, además
de la expansión de la matrícula de las universidades estatales y el fin
al lucro. Este sábado en la Universidad Austral de Chile será la
próxima reunión de los universitarios, quienes insistirán en este punto
en sus próximas movilizaciones para que el tema se discuta a fondo en el
Congreso.
Pero ya hay algunas cifras preocupantes en el mismo sistema. En
septiembre pasado la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras reveló que 54.976 de los créditos otorgados tienen morosidad
superior a los 90 días por montos y que el aumento del no pago se debe,
entre otras cosas, a la expectativa de gratuidad en la educación
superior.
“Hay una expectativa de muchos estudiantes de que van a cambiar las
condiciones financieras y de que eso podría beneficiarlos, pero hay
otros que simplemente han perdido sus trabajos o no tienen condiciones
para pagar. Lo mas probables es que se una combinación de ambos”, dijo
Andrés Bernasconi, director del Centro de Políticas en Educación de la
UC y miembro del Consejo Consultivo para Educación Superior convocado
por el Mineduc, en el diario El Mercurio.
Por otra parte, lejos de terminar con los dolores de cabeza del
Gobierno, la diputada Camila Vallejo ya anunció el envío de un proyecto
de acuerdo para que el tema del endeudamiento se vea durante el debate
recién abierto de la Reforma a la Educación Superior.
“No puede ser que el Estado, por las complejidades legales, jurídicas
o financieras, no quiera tocar el CAE. No puede ser que el Estado esté
amarrado a la banca por un crédito que creó un gobierno, y por lo tanto
lo puede desmantelar otro gobierno”, señaló.
Su idea es que el Gobierno proponga una modificación al proyecto
original donde se establezca con certeza que se eliminarán los
mecanismos de crédito y endeudamiento educativo, independientemente si
el estudiante está en una Institución del Estado, privada con gratuidad o
privada sin gratuidad ni aporte del Estado.
“No sólo para quienes vienen, sino también para los estudiantes que
hoy viven la esclavitud de estar endeudados con la banca y muchos de
ellos además en Dicom”, dijo la diputada comunista.
