En efecto, el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) está basado en la capitalización individual de los imponentes; excluye completamente a los trabajadores organizados en la administración de dichos fondos; proporciona las bases ideales para que sus inversiones sean controladas por grandes conglomerados económicos nacionales o transnacionales, con una lógica que conduce a una mayor concentración del ingreso; les permite a dichos conglomerados tener la seguridad de contar en el futuro con grandes subsidios del Estado para complementar los escuálidos fondos de los trabajadores de menores ingresos, de modo de completarles una pensión mínima (según algunos cálculos perfectamente hasta el 50% de los trabajadores puede eventualmente entrar en dicha categoría); y les permitió no responder en absoluto por la transferencia de los trabajadores del antiguo al nuevo sistema el que lo asumió íntegramente el Estado a través de un “Bono de reconocimiento”, así como de los pagos de jubilaciones y pensiones del sistema antiguo. (Ver Jaime Ruiz-Tagle.- Evaluación del Funcionamiento del Sistema Previsional en Chile. 1981-1999. Ponencia del Seminario Salud y Seguridad en la América Latina del Siglo XXI; Ciudad de México, 11 y 12 de octubre de 1999)
Evidentemente que este sistema no cumple para nada con “la doctrina de la Seguridad Social, que se ha ido constituyendo desde hace un siglo y que es defendida por la OIT” que sostiene que “los sistemas de pensiones deben ser solidarios dentro de cada generación y entre las generaciones” y que “debe existir un pacto intergeneracional, de tal manera que los trabajadores activos financien a los pasivos, conjuntamente con los empleadores y el Estado”. (Ruiz-Tagle; p. 20) De este modo, en el caso de Chile “una vez otorgadas las jubilaciones solo se reajustan de acuerdo al IPC… Esto significa que el sector pasivo se va quedando atrás, y no participa de los aumentos de remuneraciones que reciben los trabajadores activos. En el sistema de reparto, las pensiones se suelen reajustar en forma paralela al aumento de la masa salarial, lo que permite un progreso relativamente equitativo de los trabajadores activos y de los pasivos”. (Ruiz-Tagle; p. 20)
Además, “otro efecto muy negativo del sistema de AFP ha sido el daño previsional sufrido por el millón y medio de chilenos que –obligados o engañados, o ambas cosas- se cambiaron del sistema antiguo en 1981. De acuerdo con recientes estudios del INP, ellos recibirán como pensión un monto aproximado al 50% de su último sueldo, lo que está muy lejos de lo que se les prometió al cambiarse de sistema. En el caso de los 200 mil empleados públicos que están en esa situación, ello se agrava por el hecho conocido de que se les subcotizó durante varios años, solo por su sueldo base. En todo caso, el daño previsional es bastante más general, puesto que los bonos de reconocimiento y las cotizaciones de los años 1978, 1979, de la década del 80 y de la primera mitad de los años 90, correspondieron a niveles de remuneraciones generales muy deprimidos”. (Manuel Riesco.- Trabajo y previsión social en el Gobierno de Lagos; en Hugo Fazio y otros.- Gobierno de Lagos: Balance crítico; Edic. Lom, 2005; p. 65)
Por otro lado, ya a fines de los 90 se podía contrastar los resultados que el sistema otorgaba a los trabajadores y a quienes les administraban sus fondos: las AFP: “El retorno de las AFP sobre su patrimonio llegó a un 17,5% en 1997 y a un 20,5% en 1998, a pesar de que en este último año la rentabilidad global del Fondo fue negativa: -1,1% (y la de las cuentas individuales aún mucho más negativas). Ahora bien, en 1998 las cuatro Administradoras más grandes tuvieron utilidades superiores al total, ya que otras tuvieron pérdidas, alcanzando a $40.825 millones (cerca de 90 millones de dólares). Las ganancias del sistema están todavía más concentradas que la administración de los fondos provisionales”. (Ruiz-Tagle; p. 25) Y en el curso de la década de los 2000, las AFP consolidaron su rentabilidad sobre su patrimonio en más de un 20% anual. (Ver Marcel Claude.- El retorno de Fausto. Ricardo Lagos y la Concentración del Poder Económico; Edic. Política y Utopía, 2006; p. 68)
También a fines de la década se podía constatar la “internacionalización” de las AFP: “La mayoría de las AFP pertenecen en parte a capitales internacionales, de consorcios que tienen una fuerte presencia en el mismo rubro también en otros países latinoamericanos”. (Ruiz-Tagle; p. 25)
Pese a los profundos cuestionamientos efectuados por los entonces opositores partidos de la Concertación al sistema de AFP impuesto por la dictadura; su liderazgo se preocupó de consolidarlo en sus veinte años de gobierno. Recordemos que más allá del oculto regalo de la mayoría parlamentaria que aquel le hizo a la derecha en 1989, para evitar siquiera tener la oportunidad de modificarlo (junto con el conjunto del modelo económico); cuando los gobiernos de Lagos y Bachelet obtuvieron mayoría parlamentaria en ambas cámaras -entre agosto de 2000 y marzo de 2002, el primero; y en su primera mitad, el segundo- no hicieron nada en ese sentido. Es más, el gobierno de Bachelet concordó con la derecha en la consolidación legal de todos los rasgos esenciales de dicho sistema, incorporando a cambio el otorgamiento de una pensión “básica solidaria” universal de $75.000 a cargo del Estado, que cubrirá a la gran cantidad de personas con edad de jubilar que no tienen las cotizaciones mínimas para hacerlo
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