DICIEMBRE 2010 NOVIEMBRE 2011
SANTIAGO, OCTUBRE DE 2010
Las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público , representados por:
Agrupación de Empleados Fiscales. ANEF
Asociación Nacional de Trabajadores de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. AJUNJI
Agrupación Nacional de Trabajadores de las Universidades Estatales. ANTUE
Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile. ASEMUCH
Colegio de Profesores Asociación Gremial
Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada. CONFUSAM
Confederación Nacional de Asoc. de Funcionarios de Educ. Municipalizada de Chile. CONFEMUCH
Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud. CONFENATS
Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile. FENAFUCH
Federación Nacional de Asoc. de Funcionarios Universidades Estatales de Chile. FENAFUECH
Federación Nacional de Asociación Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud. FENTESS
Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. FENPRUSS
Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública. FENFUSSAP .
Todas ellas coordinadas y dirigidas por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y sin perjuicio de la autonomía de cada organización para mantener el desarrollo y presentación de sus agendas específicas con los Ministros o autoridad que corresponda, presentan a las autoridades de Gobierno las reivindicaciones centrales de los Trabajadores del sector para ser tratadas en la Negociación del presente año.
PRESENTACIÓN.
DEMANDAS DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO.
Este es el primer proceso de negociación que las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector público realizarán con la actual administración del Presidente Sebastián Piñera Echenique, en un año marcado por el terremoto y tsunami del 27 de febrero y el grave accidente ocurrido en la mina San José en la región de Atacama y que significó que 33 trabajadores estuvieran atrapados a setecientos metros por setenta días, dejando de manifiesto las precarias condiciones de seguridad laboral en las empresas nacionales, sobre todo las medianas y pequeñas.
En estos primeros meses de la actual administración se han generado un número importante de despidos en distintas instituciones públicas, sobre todo a nivel de la administración central del Estado, afectando gravemente la calidad de vida laboral de miles de trabajadoras y trabajadores, creando incertidumbre y climas laborales que necesariamente afectan la calidad de los servicios entregados a los millones de usuarios a nivel nacional.
Por otro lado, los efectos de la crisis financiera internacional fueron menos permanentes de lo previsto, lo que ha permitido que las expectativas económicas para este año y el próximo sean notablemente mejores de lo esperado, en proyección de crecimiento, en tasa de inflación y desempleo, a esto hay que agregar el buen precio del cobre, las estimaciones realizadas por analistas, señalan que este metal podría llegar a un valor de cinco dólares por libra los próximos años.
Es momento que el Estado chileno asuma su deuda con las y los trabajadores, particularmente por la pérdida del poder adquisitivo de sus remuneraciones, y la desigualdad permanente presentada en la distribución del ingreso, situación que después de los resultados de la encuesta Casen 2010, dejaron de manifiesto que tiene su principal foco de inequidad, en la mala distribución que se da en el puesto de trabajo, es decir la valoración económica del trabajo. Llamamos a que se sigan los ejemplos como el de Brasil, que en los últimos años ha logrado enfrentar de buena forma esta situación con políticas activas dirigidas a mejorar los ingresos de los trabajadores.
Resulta también fundamental que se mejoren las condiciones laborales, que en general, no dan cuenta con los criterios establecidos por la OIT, en cuanto a avanzar en la consecución de un Trabajo Decente, es decir un empleo con remuneración adecuada, seguridad social, estabilidad laboral, con espacios para el desarrollo profesional y personal y el cumplimiento de los convenios de la OIT.
Las organizaciones que representamos a las trabajadoras y los trabajadores del sector público, concebimos al Estado como en ente activo, interviniente, que se la juegue por un proyecto de país que incorpore de manera prioritaria un compromiso inalienable con la justicia y la equidad para todas y todos los chilenos, reconociendo la participación fundamental de la sociedad civil, que en conjunto con las entidades gubernamentales asuman el diseño e implementación de programas y políticas públicas que superen las carencias sociales y económicas aun presentes en nuestro país, nuestro rol como trabajadoras y trabajadores públicos es colaborar a que dichas políticas sean implementadas de buena manera, con efectividad, pertinencia y calidad, esto no será posible sin cambios sustanciales en las relaciones laborales existentes hasta hoy en la administración pública, principalmente generando mayores espacios de participación y deliberación, y aumentando la valoración que se da a nuestro trabajo y el respeto por todas y todos los trabajadores en su condición de tal.
I.- REMUNERACIONES, SUELDOS MINIMOS Y BONOS.
1.1 Reajuste a las Remuneraciones.
La crisis económica mundial afecto de manera importante nuestra economía nacional durante los años 2008 y 2009, esto significó aumento de las tasas de desempleo y nulo crecimiento, nuestras organizaciones asumieron dicha situación colaborando con propuestas que apoyaran los procesos de reactivación, que el gobierno pasado desarrollo a través de políticas contra cíclicas.
Hoy y desde el punto de vista económico, nuestro país se encuentra en un proceso de recuperación y con expectativas económicas positivas, esto se puede ver, en los indicadores que muestran un crecimiento potencial de la economía de un 5,5% para el 2010 y un 6,5% para el 2011, una moderada tasa de inflación para este año de un 3,9%, y un desempleo que al final de año debería llegar en torno a un 6%.
Estimamos que es necesario hacer el esfuerzo como país, para que los trabajadores y trabajadoras del sector público mejoren sus remuneraciones y colaboren a fortalecer el mercado interno de consumo.
Por lo anterior demandamos de parte del Gobierno un reajuste de un 8,9% nominal para el período diciembre 2010 noviembre 2011, cifra que deberá ser incrementada en un tercio para aquellos trabajadores y trabajadoras con remuneraciones más bajas.
Exigimos una redacción de la ley que asegure este aumento a todos los funcionarios públicos, indistintamente del marco laboral especifico que les rija, ya sea laboren en el sector centralizado, descentralizado, regidos por el código del trabajo en el sector público, municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados y de administración delegada por decreto 3166, funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, y en jardines infantiles sin fines de lucro con transferencia JUNJI, en todos los casos demandamos la transferencia integra de los fondos y asignaciones que financien el costo global de este reajuste y mejoras en la condiciones laborales.
Remuneración Mínima del Sector Público:
Es deber del Estado asegurar empleos con remuneraciones que asegure mínimamente condiciones de vida dignas por lo cual demandamos que a partir del 1 de diciembre del año 2010 ningún trabajador que se desempeñe en el Sector público, incluido los funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, que se desempeñe tanto en establecimientos de enseñanza municipal como particulares subvencionados y de administración delegada por decreto 3166.
En consecuencia, solicitamos que la ley garantice como ingresos mínimos por estamentos los siguientes:
| ESTAMENTOS | Ingresos Mínimos Propuestos |
| AUXILIARES | $280.000 |
| ADMINISTRATIVOS | $305.000 |
| TECNICOS | $330.000 |
| PROFESIONALES | $630.000 |
Para los efectos de lo dispuesto, otórgase al personal referido anteriormente y afecto a sistema de escalas de remuneraciones vigentes en el Sector Público, una bonificación mensual de un monto equivalente a la diferencia entre su remuneración bruta mensual y la cantidad mínima antes establecida, la que irá disminuyendo en la medida que la remuneración bruta mensual del funcionario se incremente por cualquier causa. Esta bonificación será imponible sólo para salud y pensiones y no será considerada base de cálculo para determinar cualquier otra clase de remuneraciones ni para ningún otro efecto legal. Se considerará, para los efectos de esta norma, que integran la remuneración bruta mensual respectiva los estipendios de carácter permanente o habitual, excluyéndose el pago de las diversas asignaciones de zona.
Valores de Beneficios Diciembre 2010 – Noviembre 2011.
| BENEFICIOS |
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| Aguinaldo Navidad | 60.500 |
| Aguinaldo Fiestas Patrias | 60.500 |
| Escolaridad (a partir de los 2 años) | 66.000 |
| Suplemento Escolaridad | 55.000 |
| D. Ley 249 Art. 23 (Bienestar) | 110.000 |
| Bono de Vacaciones | 220.000 |
Bienestar.
El aporte de Bienestar debe llegar al conjunto de los funcionarios públicos representados en esta negociación, ya sea laboren en el sector centralizado, descentralizado, regidos por el código del trabajo en el sector público, municipal, universidades estatales, servicios traspasados, colegios subvencionados y de administración delegada por decreto 3166, funcionarios regidos por en el artículo 2º de la ley Nº 19.464, y en jardines infantiles sin fines de lucro con transferencia JUNJI, en todos los casos demandamos la transferencia integra de los fondos y asignaciones que financien el costo global de esta medida.
1.5 Bono Término de Negociación
Al final del proceso se fijara un Bono de Término cuyo monto será concordado por las partes.
II. CONDICIONES LABORALES Y TRABAJO DECENTE.
Para nuestras organizaciones resulta de suma importancia el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector público, para asegurar el avance hacia a un Trabajo Decente, tal y como lo considera la OIT, esto es en condiciones de igualdad, seguridad, libertad y dignidad.
En ese marco entendemos la demanda de estabilidad laboral como una defensa de la función pública y de servicios públicos de calidad. Rechazamos el mal entendido concepto que la administración Pública sea parte del botín político electoral, defender ello sería una muy mala señal. Por eso es nuestra convicción de que un empleo decente con personal profesional, estable y permanente que dé seguridad en sus cargos a las trabajadoras y trabajadores, significa también garantizar la continuidad de los servicios y derechos que el Estado presta y reconoce a sus ciudadanos.
La inestabilidad laboral a la que está sujeto el personal a contrata y los funcionarios regidos por el Código del Trabajo y los a honorarios, atenta contra estos principios y debe ser superada.
El proceso de renovaciones de contrata que se da cada mes de diciembre, resulta innecesario y abre espacios a la arbitrariedad y discrecionalidad de las jefaturas de los Servicios. Para eso existen los instrumentos de evaluación del desempeño los que están legalmente acreditados y por ello, deben ser el factor determinante en dichos procesos.
La cimentación de Trabajo Decente en el Estado exige el término de las figuras contractuales precarias en la Administración Pública, particularmente de los contratos a honorarios para el personal regular y permanente de la administración, más allá de su dependencia funcional.
Entendemos que todas las trabajadoras y trabajadores a honorarios que han permanecido en funciones durante 12 meses, con jornada completa, son trabajadores/as que cumplen funciones permanentes y regulares en el Estado y por tanto deben ser incorporados a las dotaciones de los servicios.
Por ello Demandamos:
2.1 Iniciar un plan progresivo de traspaso de personal a contrata a cargos de planta, por medio de la ampliación y modernización de las plantas en los Servicios, dando cumplimiento en esta materia a lo prescrito por el Estatuto Administrativo, sobre porcentaje máximo de contratas, para calcular lo anterior debe considerarse el total de la dotación existente en cada uno de los servicios.
2.2 Establecer la Renovación automática de las contratas.
2.3 Establecer medidas que otorguen mayor estabilidad a los contratados por el Código del Trabajo.
2.4 Establecer un Proceso de Regularización de los actuales trabajadoras y trabajadores a honorarios que culmine en la plena incorporación de éstos a la contrata.
2.5 Desarrollar y/o profundizar, la Carrera Funcionaria, que esta incorpore un sistema de ingreso por mérito, programas de capacitación permanentes, de calificaciones justas y sistemas de promoción conocidos, objetivos, transparentes y fluidos.
III. ZONA.
3.1 Exigimos extender el beneficio de asignaciones de zona a todas y todos los trabajadores del sector público, incorporando a aquellos que por distintos motivos hasta hoy no lo tienen
3.2 Demandamos homologar la base de su calculo, respecto a las FFAA, para las trabajadoras y trabajadores de las regiones de Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes, las provincias de Chiloé, Palena y Juan Fernández y la comuna de isla de Pascua. Lo anterior sin perjuicio de las negociaciones sectoriales en curso.
IV. INCENTIVO AL RETIRO
Durante los últimos años se han logrado importantes acuerdos para implementar planes de incentivo al retiro para trabajadoras y trabajadores del sector público. Estos planes han demostrado un relativo éxito, tanto para las trabajadoras y trabajadores que logran mejorar en parte sus malas condiciones de jubilación y para el Estado, pues permite avanzar en los procesos de modernización.
Es por esto que demandamos:
4.1 Ampliar los planes de retiros a lo servicios que aun no los han implementado y a las trabajadoras y trabajadores que por distintas razones no les fue posible acogerse a ellos, esto particularmente por la grave situación que se vivió por la importante perdida de los fondos de capitalización individual de las Afps, consecuencia de la crisis financiera de los años anteriores.
4.2 Establecer planes de retiro permanentes, lo cual aseguraría un flujo conocido y constante, posible de cuantificar y presupuestar y que incentivaría a las trabajadoras y trabajadores a planificar su retiro en sus respectivas instituciones.
4.3 Ampliar las variables consideradas para efecto de acceder a dichos planes, pues hasta hoy se limita este derecho solo a quienes hayan cumplido la edad legal para jubilar. Proponemos incorporar a aquellas trabajadoras y trabajadores que jubilan por invalidez o enfermedades catastróficas y agregar otras variables para acceder a este beneficio, como enfermedades invalidantes y/o permanente y los periodos de trabajo pesado.
4.4 .Reactivar de manera inmediata los planes de incentivo al retiro en los distinto estamentos del Estado que han desarrollado procesos de negociación con sus trabajadores en años anteriores considerando como base, los planes vigentes o ya vencidos, y proceder a estudiar en conjunto con las organizaciones de los trabajadores, planes en aquellos servicios que no lo han realizado hasta el momento.
4.5 Considerar en los planes de incentivo al retiro como elementos básicos en su diseño, la voluntariedad de la decisión y la compatibilidad de este beneficio con otros adquiridos en leyes anteriores, particularmente demandamos modificar la ley 20.305 a fin de hacerla vinculante con los planes de incentivo al retiro vigentes y futuros.
V. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
Durante estos últimos meses se han realizado despidos arbitrarios que han afectado a mujeres en los períodos de fuero maternal, en los distintos sectores del empleo público, demandamos su reincorporación inmediata a sus puestos de trabajo. Que prevalezcan los derechos de protección a la maternidad por sobre la situación contractual.
Resulta fundamental establecer los mecanismos necesarios desde el gobierno para mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo público implementando políticas específicas que promuevan a las mujeres e impidan situaciones de discriminación en su trayectoria laboral en el Estado.
Por lo anterior demandamos:
5.1 En el ámbito de los derechos de Protección a la Maternidad:
Que las propuestas deben prioritariamente buscar las formas de extender la cobertura para el ejercicio de los derechos de protección a la maternidad a todas las mujeres trabajadoras. En el Estado se debe garantizar el ejercicio de estos derechos a todo evento para las contratas, honorarios y otras formas contractuales.
Postnatal de 6 meses compartido, manteniendo inalterables las 12 primeras semanas para la alimentación maternal. Que se extienda la licencia de postnatal a 6 meses resguardando el ingreso de mujeres y hombres mientras cumplen con su rol social de proteger a los hijos/as en su primera edad.
Que se aumente para las mujeres en 6 semanas y que se cree un postnatal masculino de 4 semanas.
Que se resguarde la totalidad de la extensión para las mujeres solas que no puedan contar la participación del hombre.
5.2 En relación al cuidado infantil:
Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir protección y bienestar brindado en las salas cunas cuando sus padres trabajan, esto independiente de la situación contractual de los mismos.
Los hijos/as de padres y madres en ministerios, servicios y todo tipo de reparticiones públicas tienen derecho a sala cuna después del postnatal.
El Estado debe cautelar por cubrir las necesidades de salas cunas de aquellos niños y niñas de madres y padres que se encuentren trabajando y que no cuenten con este derecho.
Promover cobertura para el cuidado de los niños/as en edad preescolar, entre los 2 y 6 años, optimizando el uso de las salas cunas institucionales.
El Estado debe mantener su rol preponderante en la tarea del cuidado de los hijos recién nacidos, en el cuidado de los niños/as en edad preescolar y escolar generando políticas concretas, no solo en cuanto a infraestructura sino que en la calidad de lo servicios que se entregan.
Se deben implementar un sistema más eficiente de sanción por incumplimiento de estas normas o trasgresión del fuero maternal.
5.3 Sobre Remuneraciones:
Que se genere a la brevedad un mecanismo que permita la implementación y seguimiento a la ley la ley de igualdad de remuneraciones en los términos que fue incorporado en el Estatuto Administrativo.
5.4 En el ámbito de las relacione laborales:
Que se revise la actual normativa para el seguimiento al acoso sexual en el Estado y se establezca un sistema ad hoc a la naturaleza del problema, como lo establece el Código de Buenas Prácticas Laborales
Que en todos los servicios centralizados y descentralizados, se incorporen reglamentos de prevención y sanción al acoso laboral como lo establece el mismo CBPL.
En cuanto a Violencia Intrafamiliar que se establezca sistemas de apoyo para personas víctimas y se realice una campaña de prevención a la violencia de género.
Que se instale una mesa bipartita Gobierno/Sector Público para optimizar el cumplimiento y seguimiento al CBPL que erradique todo tipo de discriminación en el Empleo Público.
5.6 En cuanto al fortalecimiento sindical femenino
Que se reponga el fondo que se asignaba desde el Gobierno para el incremento, desarrollo y fortalecimiento de la sindicalización femenina.
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COLEGIO DE PROFESORES A.G. JAIME GAJARDO ORELLANA
AGRUP. EMP. FISCALES ANEF RAÚL DE LA PUENTE PEÑA
ASEMUCH OSCAR YAÑEZ POL
CONFENATS ROBERTO ALARCÓN GÓMEZ
FENTESS SILVIA AGUILAR TORRES
CONFUSAM CAROLINA ESPINOZA TAPIA
AJUNJI JULIA REQUENA CASTILLO
FENPRUSS CLAUDIO GONZÁLEZ JARA
FENFUSSAP LORENZO GONZÁLEZ CABRERA
CONFEMUCH ARTURO ESCAREZ OPAZO
FENAFUCH CARLOS ABARCA GONZÁLEZ
FENAFUECH SERGIO ESPARZA URIBE
ANTUE EMELINA INZUNZA AGUAYO
MANUEL BRAVO MUÑOZ ARTURO MARTINEZ MOLINA
Consejero Nacional CUT Presidente Nacional CUT
Coordinador
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