"Acudí a la Plaza de la Dignidad
(ex Plaza Italia), donde fui testigo de cómo la fuerza pública no se
está ejerciendo para controlar el orden público y garantizar el derecho
de manifestación, sino para dañar, herir y lesionar a quienes ejercen su
derecho a la libertad de expresión", señala Garzón en su misiva.
Queridas chilenas y chilenos:
Escribo de nuevo y esta vez me dirijo al pueblo de Chile, tras la
carta abierta para al presidente Piñera publicada el pasado 23 de
octubre sobre la que, por cierto, no he recibido respuesta.
En esa misiva expresaba mi dolor y profunda preocupación por lo que
estaba ocurriendo en Chile, país con el que me une un vínculo perenne y
por el que siento un especial afecto. Me parecía entonces, y me sigue
pareciendo ahora, que la respuesta del Gobierno al estallido social ha
sido absolutamente desproporcionada, contra un pueblo que se manifiesta
en la calle expresando que no soporta más tanta desigualdad, tanta
injusticia, abusos y corrupción.
Dije en aquella misiva, además, y lo he dicho en otros foros, que el
ejército no está preparado para controlar el orden público sino para
hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo y que cuando sale
a la calle, las cosas solo empeoran. Pero con estupor he podido ver
cómo Piñera ha intentado una y otra vez la intervención de los
militares. Parece no entender que el pueblo no es el enemigo sino la
víctima, y que al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas
de excepción.
Es paradójico que este estallido social haya tenido lugar en un país
que – se decía – era un oasis en América Latina y que pretendía
exhibirse ante el mundo como garante del medioambiente para liderar una
respuesta global coordinada frente a la emergencia climática en la COP
25 de la que Chile tenía que haber sido anfitrión. No fue así porque
Piñera y su gobierno no podían permitir que los mandatarios del resto
del planeta vieran cómo el ejecutivo era incapaz de gestionar las
demandas sociales, dando como única respuesta represión y más represión
contra sus propios compatriotas, sin pudor alguno.
Seguramente sabrán que después de aquella carta he viajado a Santiago
de Chile para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos
Humanos, celebrado entre los días 23 y 25 de enero. Me reuní con
asociaciones de víctimas, organismos de derechos humanos y sociedad
civil para conocer sus impresiones de lo acontecido desde el 18 de
octubre. Les confieso que fue una jornada muy dura en lo personal y lo
que he conocido ha aumentado mi grado de indignación. Una indignación
que se me ha ido acumulando durante estos tres meses, pero que ya ha
llegado a un nivel de estupor ante tanta crueldad, desidia e
incompetencia.
Represión sin sentido
Durante mi breve estancia en Santiago, acudí a comprobar
personalmente lo que la sociedad civil me había transmitido a través de
cientos de mensajes llegados desde Chile, pero también desde muchos
otros países y desde la propia comunidad chilena en España. Acudí a la
Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), donde fui testigo de cómo la
fuerza pública no se está ejerciendo para controlar el orden público y
garantizar el derecho de manifestación, sino para dañar, herir y
lesionar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Los
componentes de Primera Línea, con los que tuve ocasión de hablar en el
edificio histórico del Senado me habían expuesto su desesperación y
miedo a la represión desplegada y sostenida por el Estado. En el acto
reivindicativo, me prestaron un casco, me rodearon y me protegieron para
que yo mismo no resultara lesionado, durante el tiempo en el que
temerariamente, me empeñé en comprobar la realidad de lo que me habían
denunciado.
Debo reconocer que no sabía lo que era el guanaco aplicado a una
protesta hasta que vi volar por los aires a un chico con su bicicleta
por el impacto del agua a presión; ni pensé que la carcasa del tubo de
gases lacrimógenos produjera un impacto tal sobre el rostro hasta que lo
comprobé en una de las jóvenes que me acompañaba; o que la grasa y el
ácido de su composición, irritara tanto; ni que los balines que vacían
ojos inocentes, eran mostrados como trofeos siniestros para no olvidar
el dolor… Frente a ello, escudos de madera o plástico, la rabia
contenida de la impotencia y la certeza de que había que estar allí,
entre mujeres y hombres de todas las edades que mostraban su
determinación de afrontar los riesgos contra su seguridad, con una
fortaleza ejemplar. Evoqué allí en La Alameda a Pablo Milanés señalando
los crímenes de la dictadura en su canción, “Yo pisaré las calles
nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado…”.
Protestar en Chile bien te puede costar la vida o un ojo de la cara,
como de hecho lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero me
emociona pensar que a pesar de este alto precio, cientos y miles de
personas salen a exigir garantías de un futuro mejor. El pueblo chileno
es un ejemplo de coraje y dignidad para el mundo entero. La emoción al
escribir estas frases se me hace presente de nuevo, como en la Alameda,
al abrazarme y ser abrazado por cientos de ustedes. Tienen todo mi
respeto y mi admiración.
No habrá impunidad
Reitero mi solidaridad con todas las víctimas, con las familias de
los fallecidos y los desaparecidos, con las mujeres agredidas
sexualmente, con los que han sido torturados, con los heridos, con
quienes han perdido un ojo y, por supuesto, también con Gustavo Gatica y
Fabiola Campillay a quienes han arrebatado la visión por completo. No
caerán en el olvido. No habrá impunidad. Tienen mi palabra. Es mi
compromiso.
Nunca pensé que volvería a Chile para ser testigo de un momento de
emergencia social tan grave. Tampoco imaginé que en pleno siglo XXI un
Gobierno, supuestamente democrático, iba a recrear de nuevo lo peor de
los tiempos pasados más feroces. Lo he vivido en primera persona y –
debo decirles – también es lo que se está viendo desde fuera. Piñera,
Rozas, Chadwick, Blumel y Guevara están en la mira de la comunidad
internacional. La historia no les absolverá.
No por nada el apoyo popular del gobierno es de un escaso 4%, cifra
lo suficientemente baja como para renunciar y convocar a elecciones o
para llevar a cabo un cambio de rumbo en la dirección que la ciudadanía
pide. Pero no. Prefieren aferrarse al poder, no les importa cuántas más
muertes se produzcan, no les importa cuántos más ojos haya que cegar;
cuántos más cuerpos haya que torturar; cuántas más mujeres haya que
vejar y cuántas más personas más haya que encarcelar. Desafortunadamente
no se atienden estas denuncias y se recurre, otra vez, a la dureza para
preservar unos privilegios caducos; a sembrar de trampas el proceso
constituyente, limitando todo lo posible la necesidad de cambio profundo
que el pueblo chileno demanda. Las nuevas normas, en vez de garantizar
libertades, las restringen y anteponen el código penal a cualquier otra
opción con lo que se propicia la impunidad de quienes las reprimen.
Se equivocan. El esfuerzo tiene que estar orientado a generar
espacios de encuentro y dinámicas de diálogo social que no se han
producido hasta ahora, devolviendo a la ciudadanía el protagonismo que
debe tener en toda democracia.
Su jefe es el pueblo, presidente
Me dirijo nuevamente a usted presidente Piñera para decirle:
Es usted es un mandatario, es decir, un mandado, su jefe es el pueblo de
Chile. No puede gobernar como si el país fuera una más de sus empresas.
No puede exigir que le aplaudan y le apoyen. La ciudadanía tiene todo
el derecho a estar en desacuerdo con usted y manifestarlo, porque el
país pertenece al conjunto de los chilenos, no a usted ni a las cinco o
seis familias que se creen sus propietarias, que se lucran mes a mes con
el dinero de las pensiones y privan del agua a hombres, mujeres, niñas y
niños.
Me dirijo también a las fiscales y los fiscales de Chile, a juezas y jueces y a la abogacía en general:
he podido comprobar con preocupación que las instituciones chilenas,
incluida la Fiscalía y el Poder Judicial, no están generando la
confianza necesaria en los ciudadanos, quienes no perciben que exista un
actuar de buena fe, sino que piensan se defienden otros intereses y no
las legítimas demandas sociales. Esta ausencia de nodos de conexión
entre la sociedad y las instituciones estatales provoca un nivel de
rechazo y confrontación que supone una deriva altamente peligrosa.
En este contexto, y, en la misma dirección que lo están haciendo
juristas que defienden los derechos humanos al tratar de poner límite
con sus denuncias a los excesos, les pido que no se dejen presionar, que
no permitan que se instrumentalice la justicia, que se mantengan
imparciales, que investiguen a fondo todas las violaciones a los
derechos humanos y que sin temor formalicen, acusen, juzguen y condenen a
quienes en derecho corresponda, sin importar su cargo y posición.
Ustedes son en estos momentos, en mi opinión, lo único que garantiza que
Chile siga siendo considerado como un país en el que se puede proclamar
el estado de derecho. El límite para sucumbir a la arbitrariedad está
muy cerca y con ello el desamparo más absoluto para un pueblo muy
castigado por la impunidad.
La justicia no es ni puede ser represiva contra ese pueblo, sino que
debe defender a quienes más la necesitan ante el quebrantamiento de la
ley y la violación de los derechos humanos, por parte de quienes más
obligación tiene de respetarla y protegerla. Es una exigencia de todo
Estado democrático de Derecho.
Cito aquí las palabras que me dijo un ciudadano: “El Estado de Chile se ha construido bajo la lógica de la impunidad.
Falta convicción del Estado. No va a haber justicia para las víctimas”.
¡Qué desesperanza denota esta frase! ¡Qué falta de fe en quienes
administran el país! Siendo esto así, se entiende la protesta, se
entiende que, cuando no hay más respuesta que la dura represión, el
pueblo que conoce sus derechos exija, en esta era de Internet y de
tecnología casi mágica, las libertades que les quieren arrebatar a golpe
de proyectiles en la cara o de gases lacrimógenos. Reflexionen sobre
ello.
Al General Rozas y al cuerpo de Generales de Carabineros de Chile les digo:
¿Creen ustedes lógico que se hayan producido más de 20 víctimas
mortales y cerca de 770 denuncias de tortura incluidas más de 150 de
connotación sexual? ¿Les parece bien que se hayan ocasionado 405
lesiones o traumas oculares en tres meses o que hayan acabado en prisión
más de 2.000 personas o que haya más de 3.600 personas heridas y entre
ellas más de 2.000 por disparos de balas, balines, perdigones y bombas
lacrimógenas? Todas estas son cifras oficiales del Instituto Nacional de
Derechos Humanos, cifras espeluznantes.
No se equivoquen, la perspectiva que se está dando hacia fuera es que
en Chile los derechos humanos se están violentando en este momento, que
quien tendría que defenderlos no lo está haciendo y una vez más son las
víctimas, es la sociedad, es el pueblo el que está exigiendo esa
protección que no le ofrecen las instituciones. Si Carabineros de Chile
controlara el orden público y a la vez permitiera que quien lo desee se
manifieste pacíficamente, no existiría la llamada Primera Línea.
A los coroneles, capitanes, mayores y tenientes, a los sargentos, cabos y a los simples carabineros les digo:
pertenecen a una institución jerarquizada, pero de acuerdo con el
derecho chileno y el derecho internacional, cuando un superior da una
orden manifiestamente ilegal (como es torturar, agredir o vejar
sexualmente, disparar al rostro, golpear para dañar y en general usar la
fuerza sin causa justificada), esa orden no puede ser atendida porque
si se acata se incurre en responsabilidad penal. No existe obediencia
debida respecto de órdenes manifiestamente ilegales.
A quienes forman parte del gobierno de Chile les digo: no es
propio de un gobierno democrático permitir tantos abusos y atropellos,
sino más bien tomar medidas preventivas y correctivas respecto de las
violaciones a los derechos humanos. A pesar de todos los informes, tanto
de organismos nacionales como internacionales, tales medidas no se han
adoptado o han sido insuficientes, mientras se respalda públicamente una
y otra vez al jefe de la policía, quien apoya a su vez a los
carabineros que violan derechos humanos, garantizando así la impunidad.
¿Y mientras tanto, quien respalda a las víctimas? ¿Quién da respuesta
real y no meramente burocrática desde las instituciones a la violación
de sus derechos? Las autoridades, solo se dedican a preservar la
tranquilidad de unos pocos, mientras que ciudadanos y ciudadanas la
pierden por exigir que se cambie de rumbo hacia un país más igualitario y
más justo.
He podido constatar que quienes protestan lo hacen porque carecen de
lo más esencial. Lo que piden son derechos humanos, son derechos
económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de Educación, Salud y
Vivienda, estamos hablando del derecho humano al agua, a vivir
dignamente. ¿Cómo no se va a justificar la reacción social cuando en
este país el agua está privatizada y se antepone su uso agrícola en
grandes plantaciones al suministro humano, como me denunciaban con
pruebas los diferentes colectivos, que también identificaban graves
conflictos de intereses en miembros del gobierno?
¿Señor presidente, qué medidas preventivas está adoptando su gobierno
para evitar que en los próximos meses haya que lamentar más muertos,
heridos, torturados, tuertos o ciegos? Meses que serán clave para el
futuro de Chile, con un proceso constituyente en marcha al que ya se
está tratando de dinamitar por la derecha más extrema que, de nuevo,
devela sus verdaderas intenciones.
El apoyo de la comunidad internacional
El panorama de los derechos humanos a nivel mundial hoy tiene dos
vertientes, una para desarrollarlos progresivamente, como producto de
una conciencia social cada vez más grande en defensa de los más
vulnerables. La otra es reaccionaria, impulsada por la extrema derecha
que busca precisamente la involución y el regreso a posiciones pasadas
que ya creíamos superadas, de intolerancia, discriminación y negación de
todo el que sea diferente o piense diferente a ellos. Esa inercia del
negacionismo de la extrema derecha, de la coacción, de la ausencia de
justicia, de la eliminación de derechos es un hecho que en Chile se está
viviendo. Es el fascismo que ha permanecido latente y que también
parece haber despertado en demasiadas partes del mundo.
Este es un momento histórico en el que la comunidad
internacional está muy atenta a lo que acontece en Chile y por ello
seguirá apoyando al pueblo en sus legítimas demandas sociales y
observando y denunciando las violaciones a los derechos humanos. Existe
una oportunidad única de construir en común un Estado verdaderamente
democrático que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, que no
discrimine a sus pueblos originarios sino que se sienta orgulloso de
ellos, que deje de tratar como terroristas a la etnia Mapuche por exigir
sus derechos, que proteja de verdad a la infancia, que eduque sin
diferencias de clase, que cuide de sus adultos mayores garantizando
pensiones dignas y salud de calidad, en fin, es momento de construir un
Estado que garantice el bienestar de todas y todos.
Aquella frase, ¡Nunca más!, que se hizo célebre en Argentina y Chile
por la lucha de las víctimas por tantos y tantos años, habrá que
acuñarla de nuevo aquí, porque no se puede consentir que la impunidad
vuelva a irradiar esta parte de Latinoamérica.
No lo olvide, señor Piñera: su responsabilidad política es
clara. Su responsabilidad penal está en proceso de investigación, tras
varias querellas por crímenes contra la humanidad. Esperamos que la
Fiscalía y los Tribunales chilenos mantengan su independencia e
imparcialidad, porque hay en Chile muy buenos juristas que saben
perfectamente que existe responsabilidad penal por la aquiescencia
frente a violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, y
que dicha responsabilidad corresponde al superior jerárquico y a toda la
cadena de mando sobre los que cometen directamente los hechos, incluido
quien tiene en último término el mando supremo del país. No lo olvide.
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Baltasar Garzón es jurista y miembro del Consejo latinoamericano de Justicia y Democracia.
