El
2 de noviembre de 2005 ingresaba al Congreso el proyecto de ley que
creaba la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Sus impulsores, según
consta en el Parlamento, fueron el Ministerio de Educación (Mineduc),
liderado por Sergio Bitar (PPD), y el ministerio de Hacienda, encabezado
por el próximo ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD).
Gracias a esta ley –promulgada en 2008
durante el gobierno de Michelle Bachelet y mientras era ministra la
recién electa diputada Yasna Provoste (DC)–, se institucionalizó la
entrada al mundo educacional de las agencias de Asistencia Técnica
Educativa (ATE), convirtiéndose en un nuevo actor del amplio abanico de
negocios vinculados a la Educación.
En términos simples, la Ley SEP promueve
que los sostenedores de escuelas subvencionadas contraten servicios ATE
para prestar apoyo técnico pedagógico, que entre otros puntos busca
impulsar el mejoramiento de los puntajes del Sistema de Medición de la
Calidad de la Educación (SIMCE), compromiso que va de la mano de la
entrega de mayores recursos.
El nexo con este negocio es justamente
uno de los flancos que han puesto en una compleja situación a la
recientemente designada subsecretaria de Educación,
Claudia Peirano, que es fundadora y,
hasta la semana pasada, socia de la ATE Grupo Educativo.
Desde el Mineduc anunciaron regulaciones
para este sector, lo que hasta hoy no habría sucedido. Pese a que este
medio consultó hace más de una semana el estatus de esta medida, desde
la cartera liderada por Carolina Schmidt no hubo respuesta.
Mundo ATE
La red tras el negocio de las ATE es
transversal e incluye figuras de la política y la elite nacional, así
como importantes sostenedores de colegios.
Según el investigador del Centro de
Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Cristián
Bellei, “las políticas educacionales de las últimas tres décadas han
abierto múltiples espacios de participación de agentes privados en
diferentes aspectos de la educación. Las ATE son un componente más de
esas políticas”.
Bellei agrega que “tradicionalmente la
supervisión y apoyo técnico a las escuelas eran hechos por supervisores
del Ministerio de Educación, pero siempre ha habido algún tipo de
participación de académicos y profesionales externos, ligados
principalmente a las universidades y centros académicos. Lo que la ley
SEP hizo fue expandir radicalmente este espacio, mediante la provisión
de una enorme cantidad de recursos a las escuelas. Esto implicó que los
proveedores de servicios ATE no sólo aumentaran sino se diversificaran
enormemente, para cubrir también empresas privadas de consultoría de
reciente creación, y otras ligadas a la venta de materiales didácticos,
textos y pruebas”.
El ex candidato presidencial Claudio Orrego (recién nombrado Intendente
de Santiago), que es cercano a Claudia Peirano, quien lo apoyó en la
primaria interna de la DC, tiene un vínculo familiar con las ATE: su
hermana. Se trata de Veomás, dirigida por Valentina Orrego. En su página
definen su actividad como “coaching social de y para la zona sur del
país”.
De esta forma, el mercado de las ATE fue
creciendo: de las poco más de 100 agencias inscritas en el registro
público de las ATE en 2009, hoy superan las 800.
En el libro Asistencia Técnica Educativa: de la Intuición a la Evidencia
(2010), elaborado por Cristián Bellei, Alejandra Osses y Juan Pablo
Valenzuela, se aborda en profundidad la evolución de las ATE en los
últimos años. También describe el costo promedio de contratación de una
ATE para un establecimiento.
“En promedio, los contratos de servicios
ATE tienen un costo de 15 millones de pesos, siendo los servicios
prestados por instituciones los de mayor cuantía; mientras que éstos
tienen un valor de aproximadamente 19 millones, en el caso de un
consultor individual el monto asciende a poco menos de 3 millones.
Respecto del monto que se invierte por cada escuela que recibe un
servicio ATE, los datos disponibles nos indican que, en promedio, éste
asciende a los 3 millones 600 mil pesos. Además, los sostenedores
municipales invierten en promedio, casi 46 millones de pesos por
contrato, mientras que los particulares subvencionados poco menos de 4
millones; la diferencia estaría dada por la cantidad de escuelas que se
incluye en cada contrato: mientras en el mundo municipal se incluirían
cinco o seis escuelas al mismo tiempo, los particulares sólo incorporan
una o dos”, señala la investigación.
Para el académico de la Facultad de Humanidades de la USACH, Jaime Retamal, “hay
muy poca evidencia –por no decir ninguna– que muestre que el negocio de
las ATE, asesorando a las escuelas más vulnerables, las ayude a mejorar
sus calidad, y eso entendiendo calidad desde los estrechos parámetros
del SIMCE. Las ATE no crean procesos autónomos de mejoramiento en las
escuelas, no instalan procesos sostenibles de aprendizaje ni en los
profesores ni en los alumnos, y tampoco, me atrevo a decir, son empresas
que busquen necesariamente eso, pues el ideal del negocio es crear
justamente lo contrario: dependencia”.
Esto, porque según explica Retamal, “las
ATE entregan un producto 1.0 que necesariamente necesitará su reemplazo
por uno nuevo 2.0, lo que asegura un círculo de dependencia
extremadamente rentable desde el punto de vista de los negocios, más aún
si la plata proviene del ‘gran Estado’. Algunos dicen que si las ATE se
quedan al menos 4 años en una escuela, pueden ayudar en algo, pero
también hay otros que cuestionan ese dato, pues cuando la ATE deja la
escuela, la intervención se diluye”.
Más allá de esto, según el académico,
“se sabe que las ATE de corte privado son un club corporativo muy
poderoso e influyente. Hay que pensar que los dueños de una ATE o sus
proveedores más directos pueden llegar a percibir muy buenos ingresos al
mismo tiempo que maduran una extravagante autocomprensión de bondad y
virtud. Esto no sólo porque misionan entre los más pobres, sino, sobre
todo, porque desde ellas se pontifica sobre lo que las escuelas deben o
no deben hacer, pero siempre –esa es la clave– desde la torre de marfil
de los papers. Las ATE están llenas de pontífices que las más de
las veces no son pedagogos o, lo que es peor, pontífices que ni siquiera
tienen la experiencia acumulada de hacer clases en esos contextos”.
LAS ATE DE ELITE
Una de ellas es Mariana Aylwin (DC), que tiene una ATE bajo el nombre de
Centro de Capacitación Aprender Limitada. La ex ministra de Educación de Ricardo Lagos, es la directora ejecutiva de
Corporación Educacional Aprender, que
pese a tener un nombre distinto, comparte personalidad jurídica y directorio con aquella ATE. Entre sus miembros se encuentra
Pablo Piñera Echeñique (DC), hermano del Presidente, y Sergio Molina Silva (DC), ex Ministro de Educación durante el gobierno de Eduardo Frei.
Otro nombre en el directorio es
Rafael Guillisasti,
ex MAPU, ex presidente de la Confederación de la Producción y del
Comercio (CPC), además de ex financista y miembro del comando de Andrés
Velasco. Guillisasti es el actual consejero electivo de la Sociedad de
Fomento Fabril (Sofofa), como asimismo representante del Presidente de
la República, Sebastián Piñera,
en el Consejo de CORFO.
Dagmar Raczynski, que también firmó la carta en 2011, tiene una ATE llamada Asesorías para el Desarrollo
y, según consigna la página web, tiene “un prestigio construido en base
a su perspectiva ciudadanizante e inclusiva, a la seriedad de su
trabajo y rigurosidad metodológica”.
La Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), red de 18 colegios creada por
Patricia Matte, no se queda fuera. La ATE de Matte, quien firmó la misiva enviada a
El Mercurio, es el
Centro Arturo Matte Larraín, cuya representante es
María de la Luz Boetsch, secretaria y miembro de la mesa directiva de SIP.
Boetsch es además prima del ya señalado próximo ministro de Energía de
Michelle Bachelet, Máximo Pacheco, y de la ex Ministra de Vivienda y
Urbanismo de Sebastián Piñera, Magdalena Matte.
En tanto,
Educa UC,
cuya directora académica es María Domeyko Matte, es parte de Ventana
UC, iniciativa que unió a la PUC con Prospectus Development S.A.,
sociedad del actual ministro de Hacienda,
Felipe Larraín, junto a Raúl Labán y Alexis Camhi.
Educa UC es un proyecto en el
que los capitales privados se unen con el mundo académico y entran de
lleno en el “mercado” de la educación. Hoy el grupo tiene 11 colegios,
además de prestar servicios como ATE.
Asimismo, Educa UC es apoyada financieramente por el fondo de inversión Expertus,
creado por el programa de capital de riesgo que tiene CORFO. Los
nombres detrás de este grupo tienen vasta trayectoria por directorios de
empresas.
Está Andrés Lyon (Hogar de Cristo, Fjord Seafood Chile y Sociedad de Inversiones Antar Chile); Marco Cariola (ex senador y ex director de Iansa, Gasco, Metrogas y Nestlé, entre otras); Alberto Hurtado
(socio y presidente de Representaciones Grainco, director de Financo
–empresa ligada a ABN Tanner Bank– y socio controlador de Embotelladora
Andina); y José Antonio Garcés Silva (ex presidente de Embotelladora Andina, entre otras).
Otra ATE de elite es la
Fundación Educacional Barnechea, fundada por el fallecido historiador y ex ministro de Educación durante la dictadura,
Gonzalo Vial Correa, junto a su esposa
María Luisa Vial Cox. La representante de esta institución es
Loreto Vial Vial, hija de la pareja.
ATE PARA TODOS
El negocio de las ATE también cuenta entre sus filas a diversos personajes del mundo político y de la Educación.
Es el caso de la próxima subsecretaria, Claudia Peirano, socia de Grupo Educativo junto a Paulina Araneda. Esta última trabajó como directora de la Dirección de Educación de la municipalidad de Peñalolén entre 2004 y 2008, municipio liderado por el próximo intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC).
El ex candidato presidencial (recién
nombrado Intendente de Santiago), que es cercano a Claudia Peirano,
quien lo apoyó en la primaria interna de la DC, tiene un vínculo
familiar con las ATE: su hermana. Se trata de Veomás, dirigida por Valentina Orrego. En su página definen su actividad como “coaching social de y para la zona sur del país”.
En tanto, Violeta Arancibia Clavel,
hermana del agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel, fue directora
del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP) del Mineduc, entre el 2011 y el 2013.
Aparte de su trabajo como funcionaria de la administración piñerista, Arancibia Clavel es directora del PENTA UC, que a través de su ATE, Programa de Estudios y Desarrollo de Talentos Académicos PENTA UC, realiza asesorías educacionales a establecimientos.
También está la ATE Edecsa, del psicólogo Pablo Torche,
quien es miembro de Revolución Democrática (RD). Torche fue coordinador
de contenidos de RD y actualmente es miembro del directorio de “Hay que
crear para creer”, la fundación que tiene el movimiento.
El psicólogo señala que Edecsa
es una pequeña empresa consultora familiar, y que hace 5 años se
acreditó como ATE. “Diseñamos varias asesorías a colegios, pues nos
parecía una buena forma de contribuir al mejoramiento de la educación
del país, pero nunca nos resultó mucho, pues era muy difícil ganar
licitaciones. Ganamos un par de licitaciones hace unos 4 años y, desde
entonces, por distintos motivos, he abandonado un poco el rubro”, dice.
En el caso del Centro de Liderazgo Educativo (CLE), perteneciente a la Fundación Educación 2020, presidida por el académico Mario Weissbluth, esta forma parte de las ATE que dependen de fundaciones y que no pueden tener utilidades.
En la página de la organización
describen el “trabajo en terreno” del CLE como “una continuidad natural
del desenvolvimiento de la Fundación, a través de un acompañamiento
sistemático a directivos y sostenedores de establecimientos
educacionales del país”.
“Al aprobarse la ley SEP se crearon ATE
con y sin fines de lucro, que inicialmente se autorizaron casi sin
ningún requisito. Hay algunas, como, por ejemplo, la Fundación Chile,
APTUS, PIIE, Educación 2020, CHILEDUC, y Grupo Educativo, serias, de
estándar y presencia internacional. Hay otras que son francamente
cuestionables, pero no se puede ni debe meter a todas las ATE en el
mismo saco”.
Además, Waissbluth sostiene que, desde
el 2011, el panorama ha comenzado a regularse, a través de la
Superintendencia y por la supervisión del uso de los recursos que da la
ley SEP. “En mi opinión, y en esto coincido con el programa de gobierno,
el lucro no funciona bien en los sistemas educativos, pues tiene
demasiados incentivos perversos difíciles de controlar. Por ello, creo
que, a la larga, la misma legislación que se genere respecto al tránsito
gradual de los colegios con fines de lucro a sin fines de lucro,
debiera aplicarse a las ATE. Esto trasciende y va más allá de la Ley
SEP”, afirma el presidente de Educación 2020.
Sistema de voucher
Como un nicho de negocio dentro del
mercado de la educación chilena, así define el economista de la
Fundación Sol, Marco Kremerman, a las ATE. Para él, surgen debido al
“escuálido e inadecuado” financiamiento que existe para las escuelas.
“En vez de tener un financiamiento que
financie proyectos educativos, considerando el tamaño de las escuelas y
número de aulas, desde 1981 Chile tiene un esquema de financiamiento vía
subvención por alumno que asiste a clases, cuyo valor es totalmente
arbitrario y no tiene relación alguna con el costo que involucra
entregar una educación de altos estándares. Las políticas que se han
implementado posteriormente han tratado de remediar esta situación, pero
se han transformado sólo en parches que han profundizado el mercado de
la educación, como el Financiamiento Compartido, o políticas que aportan
más recursos, condicionados a la vulnerabilidad de los alumnos y su
rendimiento, como la Subvención Escolar Preferencial”, sostiene el
economista.
Con respecto a la SEP, señala Kremerman,
“las escuelas son categorizadas según su rendimiento y, en el caso de
las que presentan menor rendimiento, se disponen de recursos para que
Agencias de Asistencia Técnica Educativa las ayuden a revertir esa
situación, lo cual crea este nuevo nicho de mercado. La pregunta que
surge entonces es ¿por qué no crear de una vez por todas una política de
financiamiento a la educación chilena que contemple el costeo de todos
los aspectos que involucran una educación de primer nivel, tal como
ocurre en la mayoría de los países OCDE, trascender el sistema de voucher y dejar de desviar recursos a entidades privadas? La triada voucher,
pruebas estandarizadas y agencias privadas, termina reproduciendo un
sistema de mercado en la educación y desplaza la idea de la educación
entendida como un derecho. Por ello las demandas estudiantiles y la
desaprobación del nombramiento de la nueva subsecretaria de Educación,
refleja una plena coherencia con las posturas de los estudiantes, que
ven en las ATE otra clara expresión de la profundidad que ha alcanzado
el Mercado de la Educación en Chile”.
Cuba
es el país de América Latina y el Caribe con mayor Índice en el
Desarrollo de la Educación (IDE), señala el informe mundial de la
UNESCO 2013-2014 difundido este sábado 
Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Archivo | Agencia UNO
