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“Claramente el diálogo va a tener que seguir siendo a través de las calles,”
declaró Gabriel Boric, presidente de la FECH, al conocer el informe de
la “comisión de expertos,” convocada por el gobierno para proponer una
solución al tema del financiamiento de los cobros a los alumnos de
educación superior. No es para menos.
El informe no atiende la demanda casi unánime de la comunidad
educacional superior, apoyada por expertos calificados, en cuanto a
rebajar sucesivamente los cobros a los estudiantes, reemplazándolos con
creces por aportes directos a las instituciones públicas de calidad.
Por el contrario, sugieren aumentar el gasto fiscal destinado a
subsidiar el endeudamiento de los estudiantes con los bancos, para pagar
cobros insostenibles de un sistema de educación superior que, al ser
financiado por esta vía, se privatiza y degrada cada vez más.
Propone extender aún más el desacreditado “Crédito con Aval del
Estado (CAE),” eliminando el actual crédito solidario. Reemplaza este
último por un “sistema único” de CAE emitidos por los bancos, con una
tasa de dos por ciento anual, que cubra el arancel de referencia y se
pague en 20 años, con una cuota máxima equivalente al 10 por ciento del
ingreso de los futuros profesionales.
Podrían acceder al mismo todos los alumnos de todas las instituciones
de educación superior, exceptuando el 10 por ciento de mayores ingresos
y quienes tengan menos de 500 puntos en la PSU o promedio inferior a 5
en la enseñanza media.
Adicionalmente, reemplazan todas las becas actuales por una “beca de
excelencia” que pague el 100 por ciento del arancel de referencia para
los alumnos cuyas familias pertenezcan al 40 por ciento de menores
ingresos y la mitad del mismo para el 20 por ciento que les sigue hacia
arriba.
Las instituciones que cobren aranceles mayores al de referencia,
deberían financiar ellas mismas la diferencia con becas o créditos con
su aval, gradualmente eso sí, puesto que se les otorgan cinco años para
ofrecer este complemento.
El actual crédito solidario lo proporciona directamente el Estado, se
paga en un máximo de 15 años y con una cuota equivalente al cinco por
ciento del ingreso y exige 475 puntos en la PSU.
Es decir, para los beneficiarios de este sistema, la
propuesta significa subir los requisitos, duplicar los cobros anuales y
extender los años de pago en una cuarta parte. Claramente
quedan peor que ahora. En cuanto a los que hoy disponen de CAE,
quedarían más o menos en las mismas condiciones que les ofrece la ley
actualmente en tramitación en el parlamento, es decir, sin grandes
cambios.
Las universidades del CRUCH quedan peor, puesto que se destinan
todavía más fondos del presupuesto de educación superior a financiar el
CAE, que actualmente ya absorbe el 30 por ciento del mismo. Los
“expertos” estiman el costo de su propuesta en 1.155 millones de dólares
anuales, es decir, más del 70 por ciento del presupuesto de educación
superior del 2012, que alcanzó a 1,600 millones de dólares.
Las instituciones privadas son las grandes beneficiadas, puesto que
actualmente las que no pertenecen al CRUCH absorben más del 87 por
ciento de todos los fondos del CAE,
especialmente las tres privadas de dudosos antecedentes que actualmente consiguen la mitad de estos fondos. Ahora se beneficiarían asimismo con las becas.
Los “expertos” apuntan en una dirección equivocada. La cuestión no es
como se financian los cobros a los estudiantes, sea mediante créditos o
becas, sino como se financia la educación superior. La propuesta de
financiar los pagos con más CAE agobia aún más a los estudiantes y
privatiza y degrada sucesivamente a las instituciones.
Los primeros han alcanzado un nivel evidentemente insostenible. Una
familia del quintil más acomodado debe destinar un mes de ingresos por
cada hijo o hija que estudie en la universidad, en una carrera con
arancel promedio, que es de aproximadamente dos millones de pesos. Las
carreras más caras triplican ese monto.
Las familias del quintil que sigue deben destinar tres meses
de ingresos para pagar el arancel promedio de cada hijo o hija. Los que
siguen hacia abajo mejor ni verlos. Esos niveles de cobro deben reducirse gradualmente, en la perspectiva de la gratuidad.
El resultado de este sistema de financiamiento sobre las
instituciones es aún peor: las degrada, al estimular que se conviertan
en impartidoras exclusivas de docencia, con cuerpos académicos en
condiciones precarias. Aún a estos niveles insostenibles, las
instituciones superiores de calidad reconocida no alcanzan a financiar
la tercera parte de su presupuesto mediante cobros a los estudiantes,
como ha escrito el Rector de la Universidad Católica.
En cambio, las empresas privadas que se dedican exclusivamente a
impartir docencia con cuerpos académicos precarios, no solo se financian
con dichos cobros, sino que retiran utilidades tan jugosas, como
ilegales en el caso de las universidades.
Mientras las primeras, que no son más de cinco o seis, se debaten
para mantener contratados a más de la mitad de los académicos a jornada
completa y una proporción mayor de aquellos con grado de doctor y
producir casi toda la investigación científica.
La verdadera solución consiste en reemplazar gradualmente el
financiamiento de la educación superior mediante cobros a los
estudiantes, con creces, por financiamiento fiscal directo a las
instituciones que acrediten verdadera calidad.
Esta debe considerar el que efectivamente no tengan fines de lucro,
que reduzcan sus aranceles gradualmente en una perspectiva de gratuidad,
que realicen investigación y extensión además de docencia, que
mantengan una planta creciente de académicos a jornada completa en
condiciones adecuadas de contrato y trabajo, que no discriminen por
ningún concepto y garanticen libertad de cátedra.
Los estudiantes agregan que deben garantizar todo lo anterior
mediante formas de cogobierno interno democráticas con participación de
toda la comunidad.
Solo eso permitirá aliviar a las familias y promover la elevación de
todas las instituciones de educación superior existentes a la
condiciones de establecimientos públicos de buena calidad.
No solo los estudiantes, académicos y autoridades de las
universidades respaldan esta sugerencia, sino también instituciones como
la OCDE y el CEP y hasta el propio ministro de Educación, que
recientemente ha esbozado ideas parecidas.
