Colegas,entrego una serie de puntos importantes del análisis del proyecto "Carrera docente",realizado por el dirigente nacional Darío Vásquez,Secretario General del Colegio de Profesores.
Datos para tener en cuenta:
1.- Se ingresa el Proyecto sin que haya habido una participación del profesorado,
principal interesado en que se establezcan condiciones salariales y laborales que junto con mejorar el ejercicio de la profesión, permita que se reviertan los malos resultados actuales.
2.- No se preocupa de la formación inicial docente. La razón es que hoy, dentro de la
economía de mercado, el Estado no tiene las atribuciones para obligar a que las
entidades formadoras de docentes establezcan el perfil del docente que Chile necesita y por lo tanto cada universidad o instituto profesional puede establecer la malla curricular que mejor le acomode.
3.- El Estado pretende controlarla la calidad de la formación inicial docente a través de consagrar requisitos habilitantes para ejercer la profesión, a saber: Prueba de
conocimientos denominada INICIA, haber estudiado en una universidad acreditada y
haber rendido la PSU o su equivalente.
4.- Inquieta que al Estado no le importe cómo se forma el profesional docente y que no responsabilice a la entidad formadora de la buena o mala formación que se detectará a través de la prueba Inicia.
Para aquel profesor que fracase en la prueba, será una estafa haber estudiado cinco años en la educación superior, en la mayoría de los casos, porque los estudiantes son de familias de clase media, media baja y baja y han cursado estudios con crédito otorgados por el estado o por bancos, egresando con deudas considerables.
Entre los años 2003 y 2005, el gremio docente participó en una comisión tripartita
MINEDUC- RECTORES Y DECANOS- GREMIO DOCENTE y de ella emanó una propuesta acerca de la formación inicial docente que se cumpliría con plazo al año
2.015. Nunca más el MINEDUC trató el tema.
5.- No establece la preocupación por el perfeccionamiento permanente y necesario.
Nuevamente priman las pocas atribuciones del estado para con las entidades
formadoras. Si se quiere un profesor de excelencia la preocupación por su
perfeccionamiento no debe quedar supeditada a la iniciativa privada del sostenedor o del profesor; debe ser una responsabilidad del Estado.
5.- La carrera profesional será aplicable sólo a los profesores del sector municipal que entren a partir del año siguiente a la promulgación de la ley. Los profesores antiguos podrán optar a ingresar a la carrera o a mantenerse en el estatuto docente. Si las cifras indican que los profesores nuevos ingresan principalmente al sistema particular subvencionado y que hay un éxodo permanente de estudiantes hacia el sector privado, posiblemente en poco tiempo no haya educación municipal y por tanto tendremos una ley que será muy debatida pero que tendrá poca vida.
El gobierno cae en una tremenda contradicción, porque en su mensaje indica que el
objeto es mejorar la calidad de la educación y que se necesitan profesores de excelencia.
Tal argumento no resiste análisis y es sólo una falacia, porque alguien podría interpretar que los malos profesores están en el sector municipal y por eso se necesita implementar una carrera profesional.
Todos sabemos que los resultados de la prueba SIMCE indican que en los sectores bajos la educación municipal sigue siendo mejor que la privada. Entonces, ¿cuál es la razón por la cuál el gobierno sólo sesga la aplicación de carrera a los profesores del sector municipal? La respuesta es que como la educación se rige por las reglas del mercado, el estado no puede imponer otras reglas a los privados que no sean las del código del trabajo.
6.- Ratifica que podrán ejercer la profesión docente profesionales que acrediten ocho
semestres de estudios superiores, permitiendo que ocupen cargos de dirección dentro del sistema municipal.
El gobierno demuestra un desinterés por la importancia que la profesión la ejerzan los pedagogos y con ello establece una desconfianza y una crítica fuerte a la formación docente realizada en las últimas décadas por las instituciones formadoras.
Es una pésima señal hacia los profesores en ejercicio y hacia la ciudadanía, porque por un lado han creado incentivos especiales para atraer a los mejores alumnos de educación media para estudiar pedagogía y por otro, incentivan a otros profesionales a ingresar a la enseñanza.
Cualquier buen estudiante podría decidir estudiar otra carrera mejor remunerada y mejor considerada socialmente y a partir de ahí, si no le va rápidamente bien en la vida laboral, optar por hacer clases, ya que la ley lo puede habilitar teniendo los requisitos exigidos.
Santiago, 30 de marzo de 2012.
