Empresas de alimentación impugnan nueva licitación de Junaeb ante la justicia

Autor: Flor Guzmán y Camila Mardones

Presentaron recurso de amparo económico, alegando multas desproporcionadas en dicho proceso, entre otras cosas. Pese a esto, 28 proveedores están participando. Algunos de ellos son indagados por irregularidades.

Comenzó la licitación para el período 2017-2021 del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y 30 empresas postularon, aunque 28 fueron aceptadas y continuarán en concurso. El proceso partió con varias modificaciones en sus bases, luego de descubrirse una serie de presuntas irregularidades de la administración anterior que, incluso, tienen a la institución y a varias empresas bajo la lupa de la fiscalía por presunto fraude al Fisco, entre otros delitos indagados.

Sin embargo, a sólo días de que se resolviera la nómina de firmas aceptadas en la licitación, un nuevo conflicto judicial rodea a Junaeb: las empresas del PAE presentaron un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago. ¿Qué significa esta acción judicial? “El recurso de amparo se interpone cuando alguien ve amenazado algún tipo de actividad económica. En este caso consideramos que las bases de la nueva licitación van a generar problemas a los concesionarios. Queremos que de verdad la autoridad entienda estos problemas”, señaló Darío Calderón, abogado y presidente de Nutre Chile, organismo que agrupa a las empresas concesionarias de la alimentación escolar.

Este recurso fue interpuesto por distintas empresas que participan en el PAE y no exclusivamente por las que están en Nutre Chile, según explicó Calderón, quien agregó que el recurso se sustenta en tres razones. La primera de ellas es que la nueva licitación establecería, según las empresas, “multas abiertamente arbitrarias, desproporcionadas respecto del hecho infractor. Por lo tanto, conspira contra la ley de bases generales de la administración del Estado, que señala que las multas deben ser proporcionales al acto que se inflige”, manifestó Calderón.

El segundo argumento para este amparo es que los proveedores denuncian que el sistema biométrico, herramienta que identifica a los alumnos con su huella digital antes de ingresar al casino, tiene dificultades de implementación: “Tenemos serias aprensiones de que esto pudiera funcionar”, dijo el presidente de Nutre Chile. “Hay un desconocimiento lamentable de la realidad donde se prestan estos servicios y se afecta un tema muy serio a la protección de datos personales de menores de edad. Para armar una base de datos a partir del control debiera ser necesaria la aprobación de los padres. ¿Qué va a ocurrir si el padre se niega? ¿Se le negará el almuerzo?”, agregó.

En tercer lugar, los proveedores acusan que la licitación les exige un 5% de compra de frutas, verduras y hortalizas a agricultores locales, lo que, según ellos, es muy difícil de cumplir. “Genera una discriminación entre distintas regiones, porque no todas tienen las mismas condiciones de producción agrícola”, dijo Calderón.

Según Nutre Chile, la Corte de Apelaciones ya declaró el recurso de amparo económico como admisible, por lo que se abre con esto una nueva etapa en la que Junaeb deberá presentar sus descargos.

Por su parte, la Junaeb negó que existieran problemas con la licitación. El director nacional del organismo, Cristóbal Acevedo, aseguró que “no hemos sido notificados formalmente del recurso”. Además, defendió el sistema de multas que está establecido en las bases. “Para nosotros, el concepto central es la transparencia del proceso y garantizar lo más importante, que es que los niños reciban la alimentación, por eso se establece el sistema de multas”, dijo Acevedo, y explicó que “si a un niño no le llega alimentación o resulta intoxicado, nosotros tenemos que aplicar drásticas sanciones a las empresas (…). Eso en ningún caso podrá ser una desproporción”.

También señaló que el control biométrico es una medida que beneficiará a los estudiantes, ya que permitirá certificar tecnológicamente la cantidad de niños y jóvenes que se alimentan con el programa, algo que hasta ahora se hacía manualmente por un profesor a cargo, siendo un proceso más lento. Además, de esta forma, las empresas podrían ajustar las raciones en base a la asistencia real. “La certificación biométrica es simplemente verificar que la alimentación que las empresas dicen que sirvieron sea efectivamente lo que sirvieron, no tiene ningún otro objetivo. Son sistemas simples de asistencia que se utilizan en muchas empresas. Acá la novedad es poder utilizar bien los recursos públicos”, dijo.

Acevedo también manifestó que a través de la verificación de la asistencia de los alumnos se pueden ir adecuando los menús según la aceptabilidad. Por ejemplo, analizando por qué con una determinada comida menos alumnos asisten al casino.

Ejes de la licitación

La nueva licitación entrará en vigencia en marzo de 2017 y cuenta con un presupuesto de $ 210 mil millones, siendo una de las más grandes a nivel país. Abarcará a cerca de 560 mil estudiantes de las regiones de Atacama, O’Higgins, Aysén, Biobío y un tercio de la Metropolitana, ya que cada año se licita la alimentación de los tercios restantes a nivel nacional.

Además de la incorporación de nuevas tecnologías con el control biométrico, las nuevas bases también apuntan a mejorar la transparencia, la calidad de la alimentación, el control de recursos fiscales y las condiciones laborales para las manipuladoras de alimentos (ver recuadros).