CHILE
MERECE UNA MEJOR EDUCACIÓN PÚBLICA
El
gobierno ha ingresado al parlamento su proyecto de Nueva
Institucionalidad en cumplimiento con su propuesta programática de
desmunicipalizar el sistema escolar.
En
este propósito, el gobierno ha sostenido reuniones no vinculantes y
por separado con diferentes organizaciones, el Colegio de Profesores
entre otras, para dar a conocer su visión sobre la educación
pública que quieren implementar.
En
estas instancias hemos entregado nuestras opiniones, construidas por
los docentes a partir del Congreso Nacional de Educación del año
1997, sobre los alcances del proyecto. Lo mismo hemos hecho con todos
los anteriores gobiernos.
Creemos
necesario reiterar ante el gobierno de la presidenta Bachelet y a la
opinión pública del país, algunas de esas propuestas que a nuestro
juicio debieran ser consideradas ineludiblemente en cualquier
proyecto de nueva institucionalidad, porque son fundamentales para
que Chile tenga una verdadera educación pública
Propiciamos
una Educación Pública que termine con la actual educación de
mercado que ha provocado segregación y desigualdad y que la
reemplace por una educación, preocupada del desarrollo integral de
nuestros estudiantes.
Una
educación pública que sea capaz de integrar a los diferentes
sectores sociales y que establezca definitivamente la educación como
un derecho social, en la que el quehacer docente sea efectivamente un
acto de colaboración entre pares y que asegure la participación
efectiva y real de toda la comunidad educativa.
Una
educación pública que recupere la escuela democrática que Chile
nunca debió perder y que supere definitivamente la escuela-empresa
imperante.
Para
lo anterior creemos que el proyecto de Nueva Institucionalidad a lo
menos debe considerar lo siguiente:
-
La nueva institucionalidad debe terminar con el actual sistema de financiamiento por “voucher” o subvención por asistencia de alumnos en la escuela pública: Mantener este sistema de financiamiento significa seguir sometiendo a la educación pública a una competencia desleal con el sistema privado, lo que ha provocado el éxodo masivo de alumnos del sistema municipal, el que hoy atiende solo a un 35% de la matrícula.
Estamos convencidos que la recuperación de
la educación pública y la confianza de la ciudadanía en ella, no
será posible mientras la escuela pública no cuente con el
financiamiento adecuado y justo. Es nuestra convicción que esta debe
ser financiada directamente en base al presupuesto de la nación, de
acuerdo a las reales necesidades de cada escuela para atender al
conjunto de estudiantes a su cargo.
-
La Nueva Institucionalidad debe ser garantía absoluta de que las escuelas y liceos pasarán al Estado: El proyecto debe asegurar la desmunicipalización efectiva de la educación pública y devolver el rol del estado al Ministerio de educación. Es éste el que debe hacerse cargo de esta función y supervigilar y garantizar lo necesario para el buen funcionamiento del sistema, no obstante el carácter moderno, descentralizado de la nueva educación pública.
Tal como se propone, la Dirección de
Educación Pública que se creará muestra una excesiva debilidad
respecto de las funciones y atribuciones que tendrá el Estado en su
relación con los Servicios Locales de Educación, los que gozarán
de plena autonomía y financiamiento propio.
Si hacemos una comparación entre la
educación en manos de los municipios y la nueva en manos de
Servicios Locales, no encontramos mucha diferencia en el quehacer y
en sus atribuciones.
-
La Nueva Institucionalidad debe devolver la calidad de funcionarios públicos a los profesores que laboren en la escuela pública: La Ley de Desarrollo Profesional Docente no es sino una reforma al actual Estatuto Docente, Ley Nº 19.070, y considera supletorio al Código del Trabajo en todo aquello que este no contemple. Esto ha acarreado innumerables problemas al ejercicio de la profesión. Por ello, estimamos justo y necesario que la normativa supletoria sea el Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios públicos. Exigimos volver a tener la calidad de Funcionarios Públicos, y que se haga efectiva y real nuestra calidad de profesionales de la educación.
-
La Nueva Institucionalidad no puede implementarse si hay deudas de arrastre del sistema municipal: Exigimos que el gobierno asegure que la Nueva Institucionalidad de Educación Pública comenzará a regir solo cuando las deudas contraídas por los municipios y que son de larga data, sean completamente saldadas.
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La Nueva Institucionalidad debe asegurar que la escuela pública debe volver a ser una escuela democrática: Exigimos que la actual escuela-empresa imperante sea cambiada por una escuela democrática, en donde la participación de la comunidad y en especial la de los docentes y asistentes de la educación sea permanente. Se debe terminar con el odioso quiebre que impone la Ley Nº 20501, de Calidad y Equidad de la educación, entre planta docente directiva y docente de aula, la que en la práctica somete al docente e impone un constante agobio. Para ello, exigimos la restauración del carácter resolutivo de los Consejos de Profesores en todas las materias atingentes a la buena marcha de la escuela pública.
DARÍO VÁSQUEZ SALAZAR
COLEGIO
DE PROFESORES DE CHILE A.G.
Santiago,
noviembre 3 de 2.015
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