Ley de Inclusión había establecido cuota de selección de un 30% de los mejores alumnos provenientes de colegios fiscales. Parlamentarios de oposición critican que la medida es una estrategia del gobierno para aumentar la matrícula estatal.
La ministra de Educación, Adriana Delpiano, presentó hoy ante la
Comisión de Educación de la Cámara el proyecto que crea el Sistema
Nacional de Educación Pública, que proyecta una transición de seis años
para que los colegios municipales sean administrados por el Estado.
Además, incluye una disposición con respecto a la selección en los
liceos emblemáticos: “Los establecimientos de especial o alta exigencia
académica (…) podrán implementar un mecanismo de admisión adicional (…)
para proveer hasta el 20% de sus vacantes entre aquellos postulantes que
pertenezcan al 20% de alumnos de mejor desempeño” y agrega que esto es
posible sólo si provienen de un colegio del servicio local.
Así, se suma esta cuota de selección al 30% que permite la Ley de
Inclusión, quedando así en un 50%. Pero, el 20% extra que incluye este
proyecto apunta exclusivamente a estudiantes de colegios públicos.
Según la ministra esto responde a que había un compromiso del
gobierno de que “mientras no se empareje toda la cancha en el país, los
liceos emblemáticos, que han formado una parte importante de la clase
dirigente del país, puedan por un tiempo tener un espacio de selección
dentro de los colegios públicos y eso es lo que está planteado en el
proyecto”, explicó Delpiano.
A juicio de la oposición, “esta es una nueva discriminación contra
estudiantes cuyos padres legítimamente han elegido otros proyectos
educativos”, sostuvo la senadora Ena vonBaer. Y resaltó que “están
intentando aumentar de manera artificial la matrícula de los colegios
del Estado porque los padres hoy no los eligen”.
La propuesta tampoco fue bien recibida en toda la Nueva Mayoría: “No
soy partidaria de la selección en la admisión. Fue una discusión
profunda que dimos en la Ley de Inclusión. A los emblemáticos se les dio
una gradualidad y se les permitió exclusivamente a ellos mantener un
porcentaje de selección, entendiendo que necesitaban un período de
adaptación”, criticó la diputada del PC Camila Vallejo, presidenta de la
Comisión de Educación. Y remarcó que esto “puede ser modificado en el
transcurso de la discusión, los establecimientos tienen que avanzar
hacia no tener ningún tipo de selección”.
El traspaso de los establecimientos se producirá seis meses después
de que comience a funcionar el servicio local de educación (SLE).
Para resguardar las mejoras educativas, las atribuciones de la
Agencia de Calidad de la Educación serán modificadas para que pueda
evaluar a los servicios educativos. Así, el SLE deberá prestar apoyo
técnico pedagógico a los colegios que obtengan un desempeño calificado
como “deficiente”.
Sin embargo, los parlamentarios no quedaron satisfechos con esto. “No
veo recursos para lograr cambios en la calidad. Aquí hay una promesa
incumplida”, dijo el diputado Giorgio Jackson.
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