Es 19 de mayo de 2014. Quedan sólo dos días para el primer mensaje presidencial del segundo gobierno de Michelle Bachelet. La mesa de trabajo en la que participa el CONFECh para construir una reforma educacional está en un alto grado de tensión. Los estudiantes exigen que el negocio se termine en todo el sistema educativo, y que la gratuidad se materialice en financiamiento directo a las instituciones para que estas puedan colaborar entre sí en vez de competir.

El gobierno en cambio exige respeto a la “libertad de emprendimiento”, asegurando que el no entregar fondos públicos a las instituciones que lucran es más que suficiente. Asimismo, argumentan que lo que le debiera importar a los estudiantes es no pagar del propio bolsillo, pero que el cómo se entreguen las platas es problema del Gobierno. Cuando los estudiantes le recuerdan a la propia Presidenta que una sección de su programa tenía como título “Fin al lucro”, ésta se defiende señalando que un título es solamente un título, y el mismo contenido de la sección ponía el límite a esta idea (“con recursos públicos”).
Así, como tantas veces en la historia del movimiento estudiantil, el 21 de mayo se avizora como una fecha clave para definir los pasos a seguir…
La situación hipotética antes descrita es una de las muchas que nos puede tocar vivir el próximo año, dependiendo (entre otras cosas) de nuestras propias decisiones. Sin embargo, esta situación refleja también varios elementos que ya son verdades claras, que se consolidan con cada encuesta, cada debate e incluso cada polémica.
Sabemos que el próximo año la Presidenta de Chile será Michelle Bachelet, quien tendrá una forma de enfrentarse y relacionarse con el movimiento estudiantil será distinta a la que tuvo el gobierno de Piñera. Sabemos también, por su programa, por sus intervenciones recientes, y especialmente porque nuestras propias acciones lo han hecho inevitable, que se viene una iniciativa para hacer transformaciones en educación. Pero sabemos también que si dicha iniciativa es dirigida y procesada por los mismos viejos partidos y actores de la transición, es difícil esperar otra cosa que no sea un mero maquillaje del actual modelo, tal como lo fue la tristemente célebre LGE del 2008.
La posibilidad de que el desenlace de esta historia sea distinto, sin embargo, aún está en nuestras manos. Y lo está fruto de lo que han sido nuestras movilizaciones en estos años. El 2011 comprendimos que la educación debía ser un derecho, y que para serlo, no podía seguir siendo un negocio. Al mismo tiempo, en la medida que se fueron evidenciando los conflictos de interés presentes tanto en la Concertación como en la derecha, comprendimos que una iniciativa que cambie el sistema educativo desde su raíz no provendría desde el mundo político chileno.
Aquel 2011 el gobierno sólo apostó a resistir. El 2012 en cambio, pasó a la ofensiva con el nombramiento de Harald Beyer en la cartera de educación. Hijo pródigo de la elite y la tecnocracia chilena, Beyer llegó con una agenda de reformas tremendamente ofensiva, orientada a desactivar por completo el conflicto educacional y “resolverlo” dentro de los marcos del actual modelo; todo esto amparado en su estatus de “experto” que le permitía recubrir con una apariencia de “objetividad” el contenido profundamente neoliberal de sus propuestas. Sin embargo, dicha iniciativa fracasó: ninguna de sus reformas acabó siendo aprobada, y el mismo Beyer debió salir por la puerta trasera, engrosando la lista de ministro derribados por el movimiento estudiantil. A estas alturas, ya era impresentable seguir escondiendo el lucro en la educación.
Igualmente impresentable fue la represión que se vio en los desalojos a las tomas, cuestión que después se acabaría expresando incluso electoralmente: la caída de Zalaquett, Labbé, y por poco no la de Sabat, fue la de tres alcaldes emblemáticos en su despotismo y prepotencia frente a los estudiantes movilizados. Y si hoy la derecha está en tal nivel de crisis, ha sido en gran medida por no moverse un centímetro de su trinchera ideológica, defendiendo hasta hoy un modelo educativo fracasado y fundado en el endeudamiento y la precarización, en contrario a quienes la entendemos como un derecho que debe ser garantizado por el estado.
Este arrinconamiento ideológico también se ha visto en la propia Concertación. Michelle Bachelet al llegar a Chile asumió una postura no muy distinta a la que sostuvo la derecha todos estos años (“es regresivo que quienes pueden pagar la educación no paguen, yo puedo pagar la educación de mi hija”). Sin embargo, las movilizaciones sociales y el clima que vivía el país rápidamente la hicieron dar un giro, incorporando discursivamente algunas de las consignas principales del movimiento estudiantil.
Así, en un año electoral, cuando los expertos pronosticaban que el debate estaría protagonizado únicamente por los actores políticos tradicionales, cuando Enrique Correa nos decía que “la política regresó en plenitud” y nada teníamos nosotros que hacer ahí, el movimiento social por la educación demostró una vez más que nuestra democracia es demasiado estrecha como para suponer que se puede avanzar sin nosotros.
En este contexto, es fundamental comprender y constatar un hecho: la batalla por una nueva educación sigue plenamente en disputa. La llegada de Bachelet no significa que hayamos “ganado”: la ambigüedad de su programa y nuestra propia experiencia nos han enseñado que delegar es perder, que en la Nueva Mayoría pesan más las influencias de los Luksic y los conservadurismos de los Escalona, lo vimos en sus 20 años de gobierno y también en sus cuatro años de “oposición”. Pero tampoco significa haber “perdido”, pues después de estos 3 años y ante la urgencia de dar una respuesta la crisis educacional, están todas las condiciones para que exista una reforma, cuya profundidad y dirección en gran medida estarán determinados por nuestra vocación de construirla en nuestros términos.
Hoy el movimiento estudiantil tiene la legitimidad y la capacidad para exigir participación directa, para que no pueda existir reforma si esta no cuenta con la aprobación de los estudiantes. Frente a eso, no podemos simplemente entregarnos y “asumir la derrota”, pues sólo lograríamos una profecía autocumplida. El decidir simplemente restarse, por honorables y puras que sean las razones, es equivalente e igual de nocivo que delegar: significa entregar en bandeja la cancha para que sean los mismos de siempre los que definan los términos de una eventual reforma a la educación.
El 2014 será un año clave. Si perdemos nuestra autonomía o nos omitimos del debate, las movilizaciones abiertas el año 2011 pueden terminar igual que el ciclo abierto por los secundarios el 2006: con los representantes de los diversos partidos políticos levantando las manos para celebrar una LGE 2.0. Nuestro desafío como estudiantes será tomar el protagonismo, tener la iniciativa desde el comienzo, dejar en claro que no puede haber cambios sin que sean construidos por nosotros.
Se requerirá que el movimiento estudiantil maximice todo aquello que le da fuerza y poder: una gran voluntad de incidir y de construir en unidad, el aporte de todos para fortalecer nuestra organización, masividad, transversalidad y también una profunda reflexión, siempre en miras de construir con nuestras propias manos la nueva educación. Solo así, seremos los estudiantes y todas las familias chilenas las que estaremos festejando que hemos ganado la educación como un derecho para todas y todos.