Sábado 21 septiembre 2013 | 21:30
· Actualizado: 21:30
Osvaldo Villarroel | Agencia UNO
Publicado por Catalina Díaz | La Información es de Lorena Cruzat
Un 43 por ciento de los jardines infantiles
particulares del país no cumplen con los mínimos estándares de calidad,
según un informe de la Junji, que este año ha fiscalizado mil 786
establecimientos.
Las autoridades ven como única salida para mejorar la calidad de los
recintos, el proyecto de ley que los regula. Sin embargo, parlamentarios
de oposición están en contra de la iniciativa porque significa el
cierre abrupto de muchos.
La infraestructura, el número de educadoras por niño, higiene,
alimentación, políticas de convivencia, prevención de abusos,
calificación de educadores y técnicos, fueron los criterios que la Junta
Nacional de Jardines infantiles, Junji, utilizó durante 2012 para
fiscalizar un total de mil 786 recintos, de los cuales un 43 por ciento
no cumplió con estos estándares mínimos.
Un 22 por ciento de los establecimientos, 397, incurren en
faltas graves porque no cuentan con patentes, ni con la cantidad
suficiente de educadoras y no presentan resolución sanitaria ni
recepción de obras.
También se observaron situaciones anómalas en cuanto a
infraestructura, vidrios y techumbres rotas, quedando en la calificación
medio bajo, con estándares de funcionamiento mínimo que alcanza al 43
por ciento de los casos.
Pese a estos indicadores, no existe la opción de sancionar o cerrar
este tipo de recintos, según la Directora Técnica de la Junji, María de
la Luz Cano, porque no cuentan con las herramientas legales para
hacerlo.
Resaltando, en este marco, la importancia del proyecto de ley en
trámite en el Senado, que permitirá regular la calidad de los recintos.
La Comisión de Educación del Senado aprobó este proyecto de
Ley impulsado por el Ejecutivo sobre Jardines Infantiles, que contempla
la fiscalización de los recintos por parte de la Superintendencia de
Educación Escolar que podrá aplicar sanciones en caso de incumplimiento
de normas, entre otras cosas.
Sin embargo, el senador del MAS, Alejandro Navarro, aseguró que este
proyecto de ley, que rechazó, no es la salida porque significa el cierre
de muchos establecimientos, adelantando que se deben realizar nuevas
indicaciones.
El parlamentario agregó que lo más grave y que se le plateó a la
ministra de Educación, Carolina Schmidt, es que no hay aportes del
Estado que permitan elevar la calidad de los recintos y no cerrarlos.
