Paula Correa
Nuevas diligencias se realizarán en el marco de la
investigación por soborno a la Comisión Nacional de Acreditación. Esta
semana se pedirá la extradición del controlador de la Universidad SEK.
Además, en mayo se formalizará a distintos planteles vinculados a la
causa. Esto cuando, la arista de “estafa”, en la que miles de
estudiantes se han querellado, sigue sin novedad alguna.
Esta semana se oficializará la petición de extradición de Jorge
Segovia, controlador de la Universidad SEK, por el caso de presuntos
sobornos de universidades privadas para obtener sus acreditaciones,
conocido como Caso CNA.
A partir de algunas declaraciones realizadas en la investigación, se
le imputa participación directa en el pago de coimas. Por eso, el
abogado Enrique Aldunate presentará esta solicitud en representación de
parlamentarios socialistas.
El presidente de la bancada PS, el diputado Fidel Espinoza, aseguró
que “tenemos antecedentes más que suficientes que demuestran su eventual
participación en un proceso de acreditación bastante anómalo con la
Universidad SEK, de la cual él forma parte en su directorio. El señor
Segovia, como todos saben, arrancó a España. Según él, fue a ver a su
padre, con quien todos sabemos que tiene serias desavenencias que han
provocado graves divisiones entre ellos mismos hace largos años. Por lo
tanto, creemos que su viaje ha sido para eludir a la justicia chilena y a
las investigaciones que se están desarrollando, más allá de que haya
prestado declaraciones vía video conferencia”.
La inquietud aumenta ya que el también ex vicepresidente de la ANFP
decidió quedarse en Europa y renunciar a todas las posiciones de poder
que tenía en nuestro país. Eso, al parecer, porque existirían
antecedentes concretos para demostrar su participación.
El 22 de mayo, en tanto, se formalizará por soborno a las
universidades SEK, Del Mar y Pedro de Valdivia, a través de sus
personalidades jurídicas. Esto, porque las entidades se habrían quedado
con recursos del Crédito con Aval del Estado que el Fisco concede a las
casas de estudio que están acreditadas.
El fiscal del caso, Carlos Gajardo, explicó que “la Fiscalía ha
solicitado lo que nos parece que corresponde, que es que se formalice
también a las personas jurídicas a partir de la ley 20.393. Nos parece
que es el paso lógico en esta investigación una vez que los delitos han
cedido en favor de esas personas jurídicas”.
Las universidades arriesgan la prohibición de celebrar contratos con
el Estado, la pérdida de bienes fiscales, una multa de hasta 800
millones de pesos y la cancelación de la personalidad jurídica, entre
otros.
Sin embargo, Mauricio Daza, abogado querellante en la arista
“estafa”, afirmó que esta acción es confusa, cuando, al menos, la
Universidad del Mar ya tiene su personalidad jurídica cancelada vía
administrativa.
Además, el abogado cuestionó que “la información por parte del
Ministerio Público es más bien confusa y lo más preocupante es que a
partir de este tipo de medidas, que es formalizar en una arista que ya
se encuentra investigada y formalizada, pretende tapar la ineficiencia y
dejación en que ha incurrido la Fiscalía respecto de la arista más
importante, aquella vinculada a la estafa que miles de alumnos reclaman
haber sufrido respecto de casas de estudios que por años se organizaron
de manera fraudulenta”.
El abogado añadió que aquí la finalidad era obtener recursos de forma
ilícita y repartirla a través de actos simulados que se contrataban con
sociedades satélite, lo que no ha sido investigado de forma rigurosa.
En ese sentido, afirmó Mauricio Daza, “lo relevante es poder investigar
el modelo que se ha establecido para defraudar a los alumnos y al
Estado”.
