DECLARACIÓN PÚBLICA A PROFESORES, ESTUDIANTES, ORGANIZACIONES SOCIALES, ACADÉMICOS E INVESTIGADORES, AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y POLÍTICAS
El gobierno ha ingresado en el parlamento el proyecto de ley que crea las “Agencias Públicas de Educación Local”, justo cuando el país conoce los resultados de la última encuesta Adimark que indica que las demandas estudiantiles cuentan con un significativo porcentaje de un 71% de apoyo.
La contradicción entre la política oficial y el sentir ciudadano evidencia una tozudez extrema de parte del gobierno en su afán de mantener y consolidar un modelo educativo de mercado que, de aprobarse el proyecto, tenderá a aumentar la enorme brecha entre ricos y pobres, a aumentar la carga económica de la familia para educar a sus hijos y por ende a que el sistema educativo siga segregando, discriminando y seleccionando.
La propuesta de mantener la educación en manos de los municipios por un lado y al mismo tiempo crear las agencias locales por otro, es intentar construir algo sobre las ruinas de un sistema probadamente fracasado, sobre todo si se asentará sobre las deudas de arrastre y sobre un déficit crónico que tanto daño ha hecho a la buena enseñanza en la escuela estatal.
Estas agencias tendrán giro único y patrimonio propio y no dependerán del Ministerio de Educación, sino que serán fiscalizadas a través de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad y tampoco plantea alguna apertura a la participación efectiva de la comunidad educativa.
La administración de las escuelas estatales implica ahondar en la precarización del trabajo y asimilar la contratación de docentes al sistema privado al pasar a regirse por las normas del código del trabajo. Junto a ello, nada incluye acerca de cambios sustanciales en la malla curricular que apunte a la formación integral de los educandos.
Aún más, la forma de financiamiento que se propone es la misma, que a todas luces es y ha sido insuficiente. La subvención por asistencia seguirá siendo el modo de financiar la educación pública, sumándose a ello la apertura para el cobro a las familias, a través del financiamiento compartido y la libertad que tendrán estas agencias para realizar convenios de todo tipo con empresas privadas.
En definitiva, desoyendo las evidencias y propuestas internas e internacionales de la OCDE, de Educación 2020, de las Universidades, del Colegio de Profesores, de intelectuales, de Centros de Investigación, el proyecto de gobierno asimila el funcionamiento del sistema escolar estatal al funcionamiento del sistema particular subvencionado, sistema que nunca ha demostrado ser mejor que el sistema público; o sea, se propone, a como dé lugar, aquello que anticipábamos: privatizar la educación
El gobierno ha ingresado en el parlamento el proyecto de ley que crea las “Agencias Públicas de Educación Local”, justo cuando el país conoce los resultados de la última encuesta Adimark que indica que las demandas estudiantiles cuentan con un significativo porcentaje de un 71% de apoyo.
La contradicción entre la política oficial y el sentir ciudadano evidencia una tozudez extrema de parte del gobierno en su afán de mantener y consolidar un modelo educativo de mercado que, de aprobarse el proyecto, tenderá a aumentar la enorme brecha entre ricos y pobres, a aumentar la carga económica de la familia para educar a sus hijos y por ende a que el sistema educativo siga segregando, discriminando y seleccionando.
La propuesta de mantener la educación en manos de los municipios por un lado y al mismo tiempo crear las agencias locales por otro, es intentar construir algo sobre las ruinas de un sistema probadamente fracasado, sobre todo si se asentará sobre las deudas de arrastre y sobre un déficit crónico que tanto daño ha hecho a la buena enseñanza en la escuela estatal.
Estas agencias tendrán giro único y patrimonio propio y no dependerán del Ministerio de Educación, sino que serán fiscalizadas a través de la Superintendencia de Educación y de la Agencia de Calidad y tampoco plantea alguna apertura a la participación efectiva de la comunidad educativa.
La administración de las escuelas estatales implica ahondar en la precarización del trabajo y asimilar la contratación de docentes al sistema privado al pasar a regirse por las normas del código del trabajo. Junto a ello, nada incluye acerca de cambios sustanciales en la malla curricular que apunte a la formación integral de los educandos.
Aún más, la forma de financiamiento que se propone es la misma, que a todas luces es y ha sido insuficiente. La subvención por asistencia seguirá siendo el modo de financiar la educación pública, sumándose a ello la apertura para el cobro a las familias, a través del financiamiento compartido y la libertad que tendrán estas agencias para realizar convenios de todo tipo con empresas privadas.
En definitiva, desoyendo las evidencias y propuestas internas e internacionales de la OCDE, de Educación 2020, de las Universidades, del Colegio de Profesores, de intelectuales, de Centros de Investigación, el proyecto de gobierno asimila el funcionamiento del sistema escolar estatal al funcionamiento del sistema particular subvencionado, sistema que nunca ha demostrado ser mejor que el sistema público; o sea, se propone, a como dé lugar, aquello que anticipábamos: privatizar la educación
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