Contrastes en educación escolar y superior

Contrastes en educación escolar y superior

Se ha promulgado la ley que permite allegar más recursos a la educación de los estudiantes más vulnerables y posibilita un uso más flexible de los mismos. La subvención escolar preferencial (que en su formulación anterior se introdujo en 2008) es un instrumento que hace mucho tiempo venía siendo demandado por los expertos y que incluso estuvo entre las propuestas programáticas tanto de Ricardo Lagos como de Joaquín Lavín en la campaña de 1999 -lo cual refleja las dificultades para abrirse paso que enfrentan las ideas en educación, aunque sean compartidas-. El actual gobierno planteó en su campaña la necesidad de elevar esta subvención, particularmente para los estudiantes más vulnerables, e introducir un aumento gradual de ella para los sectores medios emergentes; extender este beneficio a la educación media, que había quedado excluida en 2008, y flexibilizar el uso de los recursos. En suma, refinar el diseño del sistema de subvenciones para abordar las distintas realidades socioeconómicas de los estudiantes.
La nueva normativa es coherente con los demás esfuerzos que el Gobierno está haciendo en educación escolar, algunos de los cuales ya se han convertido en ley y están en su fase de implementación. Destacan los esfuerzos para profesionalizar la selección de directores, para flexibilizar el Estatuto Docente y atraer a un grupo de jóvenes de más altas habilidades a la profesión docente, y la creación de un sistema de aseguramiento de la calidad escolar, que debe supervisar los desempeños de los establecimientos, exigir estándares mínimos, resguardar el buen uso de los recursos públicos en el sistema y los derechos de estudiantes y sus familias. Además, próximamente se conocerá un proyecto para fortalecer la educación pública y, en algunos meses, otro que crea una nueva carrera profesional docente. Cabe esperar que ellos puedan avanzar, en vez de quedar atrapados en la coyuntura, como ha sucedido con otras iniciativas.
Más allá de algunas carencias -poca claridad respecto de la educación técnico-profesional y del nivel preescolar, objetivos no particularmente ambiciosos, pese a que este último es fundamental para el logro de una mayor calidad y equidad educacional-, en el ámbito escolar el Gobierno tiene un horizonte claro, que supone reformas que responden a varios de los problemas existentes en la actualidad, de modo que se puede ser moderadamente optimista respecto de los logros que se alcanzarán.
En educación superior, en cambio, el horizonte aparece difuso. En lo inmediato, el presupuesto de esta área, particularmente para becas e investigación, está creciendo en forma importante. Es indudable que estas dos partidas apuntan a necesidades del sistema, pero en el caso específico de las becas no es evidente que desde el punto de vista de la equidad sean el instrumento más adecuado para aliviar la carga financiera de las familias, sobre todo si el receptor de este beneficio resulta ser, tras titularse, una persona de altos ingresos. La respuesta a muchas de las exigencias que se han planteado en estos meses supone trazar más definidamente una visión del futuro de la educación superior, de la que derive una agenda más amplia de transformaciones que, obviamente, deberá ocurrir de modo gradual.
Sobre ese futuro hay diferencias, como ha quedado claro en estos meses, pero incluso así poner el foco en él puede ayudar a resolver los conflictos y reducir las tensiones. Las instituciones paralizadas necesitan comenzar a normalizar sus actividades si no quieren pagar costos de imagen tan elevados como el Gobierno y el mundo político. Si se produce un deterioro en ella -hay mucha preocupación, por ejemplo, en cuanto a las matrículas de estas instituciones para 2012-, su desarrollo quedará afectado. Sería una paradoja, porque más allá de los resultados de corto plazo de las actuales movilizaciones, no cabe duda de que los próximos años depararán cambios significativos en la educación superior.