Cambiar la Constitución: La fórmula contra la indiferencia ciudadana

Francisco Mardones

Expertos aseguran que la actual Constitución Política - promulgada durante la dictadura - es lo que impide que las demandas ciudadanas sean escuchadas. Por lo mismo, insisten en la necesidad de desarrollar un proceso de cambio a través de una asamblea constituyente donde participen las voces de todos los sectores.

La reciente renuncia de la ex ministra de Vivienda, Magdalena Matte, se suma a otras crisis por las que ha pasado el actual gobierno que hablan de un claro desprestigio de las instituciones públicas.
Otros problemas de la política criolla saltan a la palestra, como las críticas que recibió la creación de una Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad de la Educación que, cuando eran proyectos de ley, fueron fuertemente rechazadas por organizaciones estudiantiles y de profesores –sin ser escuchadas.
Además, en los últimos años se ha evidenciado una falta de políticas públicas concretas en diversas materias como justicia, cárceles, medioambiente, salud, participación ciudadana, probidad y transparencia, entre otras.
Todos estos factores hablan de una crisis política profunda en nuestro país. Una crisis que logra esconderse en medio de las siempre superficiales discusiones entre gobierno y oposición y que se quedan solo en los dimes y diretes entre coaliciones, pero que nada sirven para avanzar en un problema de fondo: la actual Constitución Política que rige al país.

¿Es necesario cambiar la Constitución?
Salvador Muñoz, analista político y presidente del Partido Izquierda País, asegura que después de más de 20 años de terminada la dictadura, aún no se puede hablar de justicia social ni buenas políticas públicas, lo que representa un problema ético-democrático y práctico en materia social, por la omnipresencia de una carta fundamental deficitaria.
Para el analista, esta situación es la que ha desembocado en la actual crisis que provoca descontento entre la ciudadanía y una casi nula identificación política de las personas, pues la actual Constitución fue hecha con el objetivo de coartar la participación.
Según explica Salvador Muñoz, la única forma de revertir esta realidad es a través de un proceso que emerja desde las bases, desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, las federaciones estudiantiles, los pueblos originarios y otros movimientos ciudadanos.
Cómo se organiza el pueblo
Gustavo Ruch es coordinador del Comité Iniciativa por una Asamblea Constituyente que realiza actividades en todo el país junto a organizaciones sociales de todas las esferas, credos y ocupaciones para encontrar fórmulas que permitan llegar, desde las bases ciudadanas, a una instancia que permita cambiar la Constitución Política que hoy rige nuestro país.
Ruch recuerda que esta idea se viene gestando desde el año 1980, cuando el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en plena dictadura, propuso la idea de una crear una nueva carta fundamental.
Hoy, sin embargo, los intereses ciudadanos han cambiado desde aquel entonces. Gustavo Ruch indica que entre las principales preocupaciones están la necesidad de contar con el derecho universal de la autodeterminación.
Según explica este dirigente, la única forma de llegar a este nuevo texto fundamental es a través de una asamblea 100 por ciento representativa de la ciudadanía de nuestro país, con delegados regionales, religiosos, políticos, obreros, estudiantiles, profesionales, de pueblos originarios y minorías sexuales, entre otros grupos –elegidos de manera democrática a través de las urnas- que trabajen en ideas para fundar un nuevo cuerpo legal que sea respetado por las autoridades.
Otros argumentos
El abogado Roberto Garretón, uno de los principales impulsores de la creación de una Asamblea Constituyente, recuerda que en países vecinos como Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y Paraguay se han vivido procesos de este tipo que han desembocado en la elaboración de nuevas constituciones mucho más representativas.
Un ejemplo es el proceso vivido en 1990 en Colombia, en el que, durante las elecciones generales, más de dos millones de votantes agregaron una papeleta en las urnas en la que exigían al gobierno una Asamblea Constituyente.
La diferencia, según el abogado Garretón, es que en Chile, la política es hecha por el que llama “El club de los 200”, compuesto por el Presidente, sus ministros, diputados, senadores, además de representantes de los empresarios.
De estos, la mayoría, indudablemente, forma parte del grupo protegido por la Constitución Política de 1980: los que Garretón llama “los pinochetistas” o los representantes de los partidos políticos de derecha, a quienes no les conviene cambiar las reglas de un juego que, por ahora, los beneficia.
Es por eso que bajo la actual Constitución, esta fórmula es impracticable, por lo que se necesitaría de una ley especial para llamar a un plebiscito o referéndum, para recién, después de escuchar la voluntad popular, comenzar a trabajar en una nueva Constitución.
Por eso, Garretón advierte que es imposible hacer un cambio de Constitución sin tomar en cuenta a los dirigentes políticos, por lo que ve fundamental que haya voluntad política de hacer un cambio profundo que parta por permitir que los chilenos puedan marcar en su voto la voluntad de tener una Asamblea Constituyente o una nueva carta fundamental.
La idea se está trabajando hace un par de años en nuestro país y quienes están en torno a esta propuesta aseguran que la única forma de conseguir un nuevo texto fundamental es logrando que la ciudadanía se vuelque a las calles y se manifieste a favor de una nueva Constitución.
Según opinan los expertos entrevistados, los ciudadanos están tan preparados como en su tiempo lo estuvieron bolivianos, venezolanos, brasileños, colombianos o ecuatorianos. De todas formas, advierten que se trata de un proceso largo de, al menos, varios meses, después de un eventual referéndum.