Loreto Soto
Con distintos planteamientos y énfasis, los estudiantes universitarios, secundarios y el Consejo de Rectores han levantado una agenda que logró convocar las más masivas manifestaciones desde el regreso a la democracia. El objetivo es uno solo: la recuperación de la educación pública. Conozca en detalle cada una de las propuestas que pretenden llegar a esa meta.
Si bien las demandas de los principales actores – los universitarios, los secundarios y el Consejo de Rectores – presentan diferentes matices, el planteamiento de fondo es uno solo: la recuperación de la educación pública.
Y es que de cara a lo que el Gobierno había anunciado como el año de la Reforma a la Educación Superior, tanto estudiantes como académicos coincidieron en que esta era la coyuntura perfecta para lograr cambios profundos a un sistema heredado de la dictadura, cuyas principales críticas pasan por la consolidación de la competencia y el lucro y la falta de calidad y equidad en el acceso.
Por lo mismo, más allá de las manifestaciones y de los respaldos desde un sector a otro, existen tres petitorio concretos que han sido discutidos con el Gobierno pero que, hasta el momento, no se han podido consensuar.
La demanda universitaria: Por la revitalización de los planteles públicos
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) presenta sus demandas partiendo desde una postura fundamental: “La recuperación de la educación pública como piedra angular del sistema en su conjunto, fortaleciendo y expandiendo las instituciones públicas y regulando las instituciones privadas para orientarlas a las necesidades del país y no a los intereses de sus propietarios.
Por lo mismo, sus demandas están enfocadas en tres puntos: Aumentar el financiamiento público en educación superior como porcentaje del PIB, democratizar el sistema y el acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula.
Dentro del primer ámbito se incluyen aspectos como el aumento de los aportes basales de libre disposición para financiar los costos reales y el desarrollo de las universidades públicas; la prohibición efectiva del lucro y la creación de un Centro de Formación Técnica de carácter público y nacional.
Además se incluye un fondo de revitalización para los planteles tradicionales que se entregaría por una vez con prioridad a las instituciones estatales, de regiones y aquellas que recogen estudiantes más vulnerables. También la reestructuración del sistema de becas, asegurando beneficios para los tres primeros quintiles que cubran la totalidad de sus aranceles y para el cuarto y quinto quintil diferenciado según su capacidad de pago. También la eliminación del Aporte Fiscal Indirecto y la tarjeta nacional estudiantil única y estatal, válida los 365 días del año, en todo el territorio nacional.
A un nivel estructural, se exige la implementación de una Reforma Tributaria que tenga como finalidad prioritaria otorgar el financiamiento adecuado para realizar estas políticas en el marco de una profunda reforma educacional.
Para la democratización del sistema, los universitarios proponen derogar DFL 2 2010, artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 letra e) y garantizar el derecho a la participación triestamental en los cuerpos colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones de todas las instituciones de Educación Superior. Por otro lado, piden la garantía de la libertad de cátedra.
Finalmente, con miras a mejorar el acceso y la equidad, la Confech solicita que se elimine la PSU y se creen mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, mantención y titulación. También piden garantizar el acceso y las condiciones de estudio para las personas con discapacidad en la educación superior. “El acceso debe asegurarse hacia instituciones de calidad, que posibiliten no sólo una formación de profesionales y técnicos de excelencia académica, sino de ciudadanos íntegros, en el marco del pluralismo, la tolerancia y los valores de justicia e igualdad”, concluye el texto.
Infraestructura y cambios legislativos: Lo que buscan los secundarios
Inconformes quedaron los estudiantes secundarios con la implementación de la LGE, iniciativa que se gestó luego de la ‘Revolución Pinguina’ de 2006. Hoy vuelven a la carga y exigen nuevos cambios a la institucionalidad y abogan por establecimientos más dignos.
En este sentido, el petitorio secundario tiene cinco pilares fundamentales: El fin a la municipalización y al sistema de subvenciones, aumento de la cobertura de la Tarjeta Nacional Estudiantil; mejorar la infraestructura; regular los colegios técnicos y rechazo a las reformas educativas.
Para terminar con la municipalización y la subvención, los secundarios proponen cambios en la administración financiera y en los requerimientos mínimos educativos para la existencia de colegios por responsabilidad del Estado.
En infraestructura solicitan “que se presente un proyecto de reconstrucción con los fondos suficientes para la realización de ésta y la adecuación de todos los colegios que no cumplan con los estándares de construcción estipulados en la ley”.
Para la regulación de los colegios técnicos plantean que las prácticas sean evaluadas y supervisadas directamente por los establecimientos educacionales y que los empleadores estén facultados para hacer observaciones al profesor que evalúa. Además piden mejores implementos para este tipo de establecimientos otorgados por el Estado y regular el derecho a sindicalización y a sueldo o apoyo monetario equivalente al 60% del salario normal”.
Dentro de la institucionalidad, los secundarios expresaron su rechazo a la Ley General de Educación (LGE) “por consolidar el sistema de competencia entre colegios, permitir que no-docentes ejerzan la docencia” y también fustigaron la Ley de Aseguramiento de la Calidad y la Superintendencia de educación “por apoyar el sistema de competencia en la enseñanza”.
Por último, piden una tarifa igual para todos los estudiantes de chile y en todos los recorridos de transporte público del primero de enero al 31 de diciembre y la gratuidad de la misma para todos los alumnos de enseñanza media.
CRUCH: Por más transparencia e inyección de recursos
Pese a que desde hace ya varios años el Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, ha advertido sobre la necesidad de un “Nuevo Trato” entre el estado y sus planteles de educación superior, hoy el Consejo de Rectores (CRUCH) ha adherido en pleno a esta petición y además exigen mayores regulaciones para el lobby y el lucro ilegal que presentan las casas de estudios del país.
En este sentido, piden establecer mesas de trabajo que definan a más tardar en septiembre de 2011 la Reforma a la Educación Superior, y que ésta esté contemplada en el Presupuesto 2012.
Además exigen Aporte Fiscal Directo los planteles del Consejo de Rectores para ser complementado por Aporte Basal del Estado a los planteles públicos. En ese sentido, el petitorio de los rectores señala que en un periodo de 10 años se debiera llegar del actual 0,3 por ciento del PIB de financiamiento a las Instituciones de Educación Superior y los estudiantes, al promedio de la OCDE, que se sitúan en un 1,3 por ciento del PIB.
Además establecen un agenda en pro de la transparencia y que se legisle para regular el lobby.
Sobre el financiamiento estudiantil el CRUCH afirma que es necesaria la reprogramación de deudores morosos del Fondo Solidario, el aumento en número y monto de becas y ayudas estudiantiles para alumnos vulnerables y de clase media, establecer un arancel de referencia, y “disminuir fuertemente” el costo del Crédito con Aval del Estado. Además, señalan que los beneficios debieran ampliarse a los deciles de clase media.
Respecto de la institucionalidad, los rectores plantean la necesidad de crear una Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y una Superintendencia del sector que sea “responsable de hacer cumplir la ley que rige el sistema de educación superior” y de su transparencia con el objetivo de que todas las instituciones hagan públicos sus estados financieros, propietarios, accionistas y sociedades inmobiliarias, cupos ofrecidos y llenados por carrera, con puntajes máximos y mínimos; espacios de participación de la comunidad universitaria, entre otros aspectos propios de la administración interna de las casas de estudios .
El CRUCH solicita además iniciar un proceso de desburocratización de los planteles tradicionales y permitir un endeudamiento de largo plazo, hasta 20 años y por el 70 por ciento del patrimonio. Además, indican que el aporte directo del Estado debe llegar “a lo menos al 50 por ciento de los actuales presupuestos de las universidades estatales, en un lapso de 10 años, definiendo rendición de cuentas. Este porcentaje es similar o inferior al que tienen universidades estatales de prestigio internacional de Brasil, México, y países europeos de la OECD.
La minuta contempla medidas para la enseñanza técnico profesional, la investigación académica, la innovación, la formación de capital humano avanzado a través de estudios de postgrado en Chile y el extranjero, convenios de desempeño, sistemas de aseguramiento de la calidad de la educación superior, mejoramiento del sistema de acreditación de los establecimientos, reformas a la PSU y los sistemas de admisión, además de iniciativas conjuntas para la formación de profesores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario