Semana de negociaciones:Paula Correa
Entre navidad y año nuevo, los parlamentarios prepararán sus argumentos para tomar una resolución a principios de enero sobre el proyecto de ley sobre Calidad y Equidad de la Educación. Si bien, el Gobierno espera repetir el éxito que tuvo la iniciativa en la Cámara de Diputados, la comunidad escolar instó a los senadores a rechazar el texto por considerar que no ataca los problemas de fondo que mantiene la enseñanza en nuestro país.
Es por eso que el ministro del ramo, Joaquín Lavín, hizo un llamado a la Concertación a tener una “negociación unificada” y comentó que “en la Cámara de Diputados hubo parlamentarios de diferentes bancadas que apoyaron esta reforma y nos gustaría que en el Senado haya un acuerdo más amplio con toda la oposición”, dijo Lavín.
Una postura a la que se mostró abierto el presidente de la DC, Ignacio Walker, quien señaló que gracias a las indicaciones presentadas por el bloque opositor, el texto legal ha modificado considerablemente su contenido.
“Este proyecto ya no es lo que era. Más allá de la parafernalia, de la suma urgencia, era básicamente atraer a los mejores directores y docentes para las escuelas. Hoy gracias a las trece indicaciones que presentamos como Concertación se logrará ese objetivo, pero enfocado hacia los establecimientos vulnerables y esperamos mejorar esta iniciativa legal aún más en el segundo trámite legislativo”, comentó el parlamentario.
Walker añadió que, al ser mayoría en el Senado, buscarán consolidar un “acuerdo marco en materia a de calidad y equidad”. El senador afirmó que el rechazo de la ciudadanía a este proyecto de ley se debe a que fue “inflado artificialmente”, al ser presentado como una “revolución comparable a la de Frei Montalva”, siendo que muchas de estas iniciativas ya existían durante el Gobierno de Michelle Bachelet, como el llamado a retiro a los profesores, la creación de la prueba INICIA, la subvención escolar preferencial, entre otras.
Sin embargo, este proyecto de ley ha sido sumamente criticado por profesores, estudiantes y académicos, quienes señalan que no apuntaría a las medidas de fondo necesarias para reestructurar nuestro sistema educativo, justamente, en busca de mayor calidad y equidad.
En esa línea, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, afirmó que estas leyes no son más que un “broche de oro” de un proceso de privatización y mercantilización, iniciado en dictadura y continuado y profundizado por los gobiernos de la Concertación.
Los estudiantes aseguraron que existe un criterio economicista detrás de estas las medidas, muchas de ellas ejecutadas a través de decretos, e hicieron un llamado a los parlamentarios a presionar a las autoridades a retirar esta reforma.
“Son decretos que no sólo carecen de apoyo de la ciudadanía sino que de todo tipo de respaldo técnico como en la reducción de las horas de historia. Llamamos al ministerio de Educación a un pie atrás con esta medida y también con el tema de los semáforos de la educación y sobre los liceos de excelencia.
Son iniciativas muy segregadoras, por lo que instamos a los senadores a presionar para que estas medidas de decreto queden fuera de ejecución”, sostuvo Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Los estudiantes añadieron que es urgente cambiar el marco regulatorio del sistema educacional chileno, así como también el sistema de financiamiento a la demanda, que trae como consecuencia una profunda segmentación, reproduciendo las desigualdades.
Una postura a la que se mostró abierto el presidente de la DC, Ignacio Walker, quien señaló que gracias a las indicaciones presentadas por el bloque opositor, el texto legal ha modificado considerablemente su contenido.
“Este proyecto ya no es lo que era. Más allá de la parafernalia, de la suma urgencia, era básicamente atraer a los mejores directores y docentes para las escuelas. Hoy gracias a las trece indicaciones que presentamos como Concertación se logrará ese objetivo, pero enfocado hacia los establecimientos vulnerables y esperamos mejorar esta iniciativa legal aún más en el segundo trámite legislativo”, comentó el parlamentario.
Walker añadió que, al ser mayoría en el Senado, buscarán consolidar un “acuerdo marco en materia a de calidad y equidad”. El senador afirmó que el rechazo de la ciudadanía a este proyecto de ley se debe a que fue “inflado artificialmente”, al ser presentado como una “revolución comparable a la de Frei Montalva”, siendo que muchas de estas iniciativas ya existían durante el Gobierno de Michelle Bachelet, como el llamado a retiro a los profesores, la creación de la prueba INICIA, la subvención escolar preferencial, entre otras.
Sin embargo, este proyecto de ley ha sido sumamente criticado por profesores, estudiantes y académicos, quienes señalan que no apuntaría a las medidas de fondo necesarias para reestructurar nuestro sistema educativo, justamente, en busca de mayor calidad y equidad.
En esa línea, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, afirmó que estas leyes no son más que un “broche de oro” de un proceso de privatización y mercantilización, iniciado en dictadura y continuado y profundizado por los gobiernos de la Concertación.
Los estudiantes aseguraron que existe un criterio economicista detrás de estas las medidas, muchas de ellas ejecutadas a través de decretos, e hicieron un llamado a los parlamentarios a presionar a las autoridades a retirar esta reforma.
“Son decretos que no sólo carecen de apoyo de la ciudadanía sino que de todo tipo de respaldo técnico como en la reducción de las horas de historia. Llamamos al ministerio de Educación a un pie atrás con esta medida y también con el tema de los semáforos de la educación y sobre los liceos de excelencia.
Son iniciativas muy segregadoras, por lo que instamos a los senadores a presionar para que estas medidas de decreto queden fuera de ejecución”, sostuvo Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica.
Los estudiantes añadieron que es urgente cambiar el marco regulatorio del sistema educacional chileno, así como también el sistema de financiamiento a la demanda, que trae como consecuencia una profunda segmentación, reproduciendo las desigualdades.
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