Profesores: una negociación fallida
Es una sinfonía patética la que recorre el país, siete escuelas por aquí, un docente en paro comunal por allá, en un liceo emblemático cuatro docentes en paro y llamados desesperados para que se respete la institucionalidad gremial, son el reflejo de un malestar que si bien tiene una base real, también ha tenido un tratamiento inadecuado por parte de sus actores: la comisión negociadora del Colegio de Profesores y su contraparte del Ministerio de Educación.
Las manifestaciones sociales carentes de conducción no sirven a nadie, ni a los movilizados tras sus demandas más sentidas, porque éstas quedarán ocultas bajo los apetitos de poder de una disidencia cuyo único objeto es sacar a Gajardo de la presidencia del profesorado, ni al gobierno que insiste en consolidar un “no acuerdo” que sometido a consulta nacional sería nuevamente derrotado.
La habilidad de Gajardo para convencerlos de tratar una agenda corta, que resume 35 años de lucha del profesorado, revela que los emisarios no conocen la cultura docente.
La disputa al interior del colegio de profesores podrá tener como consecuencia un relevo de la actual directiva, pero en ningún caso significará mejorar la propuesta conseguida por Gajardo y se transformará en una derrota para todos los actores que han desencadenado un fenómeno de autodestrucción de la organización sindical más poderosa del país.
Pero si los temas de educación que animan el debate actual son principalmente el restablecimiento de una educación pública gratuita y de calidad, en un país que exhibe los más altos índices de segregación resulta disonante el abrir un proceso de negociación, con temas tan amplios y complejos que tras múltiples movilizaciones y paros no se han podido resolver. Dicho claramente no tiene sentido contraponer una demanda social y política de la envergadura de la reforma educacional con los intereses particulares de un sector por importante que sea.
El desorden existente en la representatividad gremial del profesorado que ha dejado “coja” la mesa de negociación no le sirve a la disidencia que ha quedado sin interlocutor ni al gobierno que cada paso que da por afirmar la posición de Gajardo termina debilitándolo más.
Ello ocurre porque la Comisión Asesora que a nombre del Ministerio de Educación estableció vínculos con su directiva con el exclusivo propósito de allanar el camino para una propuesta de carrera docente, respaldada por el profesorado, terminó abriendo un proceso de negociación que no estaba en la agenda de nadie para el presente año.
La habilidad de Gajardo para convencerlos de tratar una agenda corta, que resume 35 años de lucha del profesorado, revela que los emisarios no conocen la cultura docente. No saben cómo ella implica a sus organizaciones gremiales y sindicales, porque “las culturas no operan en el vacío. Están constituidas dentro de unas estructuras determinadas que las enmarcan. Estas estructuras no son neutrales. Pueden ser útiles o dañinas. Pueden reunir a los profesores o separarlos” (A. Hargreaves / 2005).
En este caso, no consideraron que para entrar a negociar no basta la simpatía y el codearse con la dirigencia, sino considerar que: “las demandas gremiales por reajustes salariales y mejores condiciones laborales han sido para el Colegio de Profesores uno de los ejes centrales de las negociaciones con el gobierno. Desde la segunda mitad de la década de los 90, tanto el equipo del Colegio de Profesores como del Ministerio de Educación comienzan a especializarse en estos procesos” (Inzunza y Assael / 2007), capital que se perdió y dispersó durante el anterior gobierno y que ahora ha quedado en evidencia que es necesario reconstruir.
Para dedicarnos al problema principal que es la tramitación del proyecto ley que pone fin al copago, al lucro y la selección, es necesario traer tranquilidad al sector docente, poner fin a una comisión negociadora que ha quedado sin piso y convocar al Directorio Nacional del Colegio de Profesores, instancia amplia y plural, e iniciar la discusión sobre un proyecto de carrera docente que no resiste más anuncios y que debe concretarse ahora.
En lo inmediato, apurar la ley que regulariza situación de profesores a contrata, incentivar el retiro de profesores con una indemnización que no signifique aumentar el déficit económico de la educación municipal, elevar el ingreso mínimo docente para el sector municipal (los subvencionados pueden negociar colectivamente) y considerar el “Estudio de la salud laboral de los profesores en Chile” para elaborar una propuesta frente al agobio laboral o analizar la posibilidad de asimilar la función de aula, como lo planteaba magistralmente María Rosas, a la ley de trabajo pesado.
Lo lamentable, es que la mayoría de los profesores están ajenos al clamor de la disidencia, miran con preocupación la división interna del Colegio de Profesores, preparan con entusiasmo los ritos anuales de graduación de sus alumnos, han comenzado a cerrar el proceso escolar del año 2014 y lejos de lo que piensan sus dirigentes, oficialistas u opositores, están plenamente conscientes que: “los pobres de Chile no tienen culpa alguna que los profesores sean maltratados y ganen tan poco”.