Patricia Muñoz Garcìa

Patricia Muñoz Garcìa
Departamento Nacional Profesores Jubilados DEPROJ
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viernes, 28 de abril de 2017

A pasos de la Plaza de Armas en Santiago En huelga: Trabajadores y estudiantes de “Colegios Matte” se manifestaron en frontis de corporación











La movilización fue respaldada por Mario Aguilar, máximo dirigente del gremio docente. Hizo un llamado a que la corporación SIP "deje de lado la lógica empresarial y se pongan en una educativa", luego de que fallara el proceso de negociación colectiva con el sindicato.

En horas de la mañana de este jueves un grupo de estudiantes, profesores y administrativos de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), red de colegios perteneciente al Grupo Matte, se manifestó en la calle Phillips, a pasos de la Plaza de Armas, lugar donde están ubicadas las oficinas de esta corporación.
El hecho sucede en el segundo día de huelga legal que encabeza el sindicato Nº1 de trabajadores, que agrupa a 650 funcionarios de los establecimientos educacionales. Rosa Godoy, la presidenta de la organización, habló con El Ciudadano TV y explicó las principales demandas a las que no se llegó a acuerdo en la negociación colectiva.

Las demandas

“Solicitamos un ajuste salarial de 6% para este 2017 y un 4% para 2018, considerando que el contrato tenga una vigencia de dos años”, dijo, en alusión a la precariedad que sufren los docentes al contar con contratos a plazo fijo.
Además, declaró que “tenemos un bono asociado, el de Navidad, y estamos pidiendo que sea un 100% del sueldo base. Por otro lado tenemos el bono de fiestas patrias y queremos que sea parejo o igual para todos los trabajadores (por un total de $100.000), que no se marque diferencia entre unos y otros”.
Por último, se exige el bono de término de conflicto luego de terminada la huelga, que afecta a más de 20 mil estudiantes de los 17 colegios sostenidos por el Grupo Matte con aportes del Estado.

La respuesta de SIP y la voz del Colegio de Profesores

SIP, a través de un escueto comunicado publicado en su página de Facebook, aclaró que la negociación colectiva, con la Dirección del Trabajo como intermediaria, no llegó a buen puerto y eso desencadenó esta movilización. “Para SIP Red de Colegios es fundamental destacar que la última propuesta entregada a los trabajadores respondió al máximo esfuerzo posible, dada nuestra condición de corporación sin fines de lucro que financia su operación a través de subvención estatal”, dicen, aunque no ofrecen el detalle de la contrapropuesta entregada al sindicato Nº1 de trabajadores.
Uno de los que estuvo presente en la manifestación fue Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Destacó a esta como una de las huelgas más grandes que se da en el sector particular subvencionado. “Este sector por años ha sacado enorme cantidad de recursos del Estado y eso no se traduce en mejores condiciones de trabajo de los profesores”, advirtió.
Para concluir, hizo un llamado a la corporación SIP a “que deje de lado la lógica empresarial y se ponga en una lógica educativa”.

domingo, 17 de enero de 2016

Estudiantes exigen que el gobierno evite los embargos por deudas del crédito universitario

La petición va dirigida a Michelle Bachelet para que cumpla sus promesas en cuanto a terminar con las deudas en la educación de los créditos CAE, Corfo y los otros. Hoy los alumnos creen en que la educación es un derecho social y no un bien de mercado
El Ciudadano
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Cerca de 50 estudiantes de educación superior fueron hasta La Moneda para entregar una carta en donde solicitan que la Presidenta Michelle Bachelet evite el embargo por las deudas que acarrean los alumnos desde el crédito universitario.
Según el coordinador de la organización “Deuda educativa”, Juan Pablo Rojas, la cifra de los universitarios endeudados por créditos como el Corfo, el Crédito con Aval del Estado (CAE) y Fondo Solidario son más de un millón 490 mil estudiantes.
La carta solicita que el Estado se responsabilice por las notificaciones de embargo que a diario están llegando a las casas de los estudiantes, porque según Rojas, la Presidenta no podría estar hablando de gratuidad si todavía están estos asuntos en donde los jóvenes seguirán pagando por 20 años en circunstancias que espera sean en un periodo de educación gratuita.
Sandra Godoy es deudora del CAE por cerca de tres millones de pesos tras estudiar Contabilidad en Inacap el 2010, ella es una de las afectadas que recibió una notificación de embargo a la casa de su madre por el arancel que dejó de pagar cuando se retiró de la carrera por un embarazo.
Godoy señaló a que no tenía idea de la brusca forma de actuar del crédito cuando llegaron a sacar las cosas de la casa de su mamá, que de hecho espera que puedan condenarle la deuda ya que está dispuesta a pagar pero en estos minutos se encuentra ganando el sueldo mínimo por lo que tiene la sensación de estar siendo estafada.
La Moneda estuvo llena de lienzos desplegados por los estudiantes durante la manifestación que organizó Carolina Figueroa, presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Diego Portales y vocera de las universidades privadas en el CONFECh.

domingo, 17 de mayo de 2015

Los profesores como nuevos proletarios

Los profesores como nuevos proletarios

profesor-jirafales



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“En las instituciones de enseñanza […] para el empresario de la fábrica de conocimientos los docentes pueden ser meros asalariados”.
Karl Marx, El Capital, Libro I, capítulo VI (inédito), Ediciones Signos, Buenos Aires, 1971, p. 89.

La proletarización es un tema de vieja data en el análisis social y político, que durante el siglo XX llamó la atención de sociólogos y economistas, así como de teóricos revolucionarios. En términos etimológicos el vocablo proviene de proletario, una palabra de origen latino (proletarius, derivado de proles, hijos), que en la antigüedad se refería a quien carecía de bienes, era un desposeído, no tenía propiedad y cuya única función se reducía a engendrar hijos para abastecer las tropas imperiales. El término fue actualizado por Karl Marx en la década de 1840 al catalogar de proletario al obrero moderno, carente de propiedad privada de los medios de producción y con su fuerza de trabajo como lo único que tiene para venderle al capitalista, a cambio de un salario, así como ofrecerle su prole para permitir la reproducción del capitalismo. Cuando se habla de proletarización, se alude a que una determinada fracción de clase, distinta en principio a la clase trabajadora, se transforma en miembro de esta última. Tal proceso lo han vivido campesinos, artesanos y otras clases sociales, y también diversas fracciones de la pequeña burguesía –denominada en forma imprecisa como “clase media” –, algunas de cuyas capas se deslizan hacía el proletariado, como sucede en la actualidad con los miembros de lo que antes se consideraban “profesiones liberales”, entre los cuales se encuentran los profesores.

UNA DOBLE PROLETARIZACION

Existen dos tendencias predominantes en el análisis de la proletarización: las teorías de la “descualificación laboral” y de la “proletarización ideológica”. La descualificación laboral fue estudiada por Harry Braverman, en el libro Trabajo y capital monopolista, publicado en 1974. Según este autor, la búsqueda de ganancias por parte de los empresarios conduce a la descualificación laboral, mediante la implementación de mecanismos de control que afectan tanto a los trabajadores fabriles de la industria, como a los trabajadores de “cuello blanco” en las oficinas. Esta descualificación busca aumentar la productividad, y reducir los costos de producción, mediante el control directo de los trabajadores. Debido a este énfasis se le ha bautizado como la teoría del control patronal.Braverman estudió con detalle el taylorismo como el principal modelo de organización capitalista en la producción, en el que se implementaron las formas más “sofisticadas” de control laboral, mediante la introducción del cronometro y el registro de tiempos y movimientos de los operarios. Esto se inició en las fábricas de los Estados Unidos, pero después continuó en las oficinas y en los servicios, colonizando a las “profesiones liberales”, que quedaron sujetas a la fragmentación productiva y al control patronal.

Para Braverman el capitalismo avanza en el control de los trabajadores mediante la fragmentación de un proceso en múltiples operaciones simples, que se asignan a operarios diferentes. Con esto se incrementa la división técnica del trabajo, con tres mecanismos complementarios: separación de la concepción y ejecución en el proceso productivo, como resultado de lo cual el trabajador se limita a efectuar tareas que la gerencia le impone; la descualificación significa una pérdida de conocimientos y habilidades que le permitían al operario planificar, comprender e intervenir en la producción; y, se pierde el control sobre el propio trabajo, que ahora queda en manos del capital y sus gerentes, lo que dificulta la organización y resistencia de los obreros.

La gerencia se dedica a monopolizar y sistematizar los conocimientos sobre el proceso de trabajo que les han sido expropiados a los trabajadores, quienes se limitan a ejecutar órdenes. En esto consiste la descualificación real de los trabajadores, la cual se facilita con la incorporación de la ciencia y tecnología a la producción, a través de las máquinas, en las que se concentran conocimientos y saberes que antes reposaban en los operarios. Dichos procesos de degradación cobijan a los obreros de la industria y a las demás actividades, como las de oficina, en la medida en que se expanden las relaciones capitalistasi.

Una segunda explicación es la de la proletarización ideológica, formulada por el investigador estadounidense Charles Derber en Professionals as workers: mental labor in advanced capitalism,publicada en 1982. Este autor diferencia entre la proletarización técnica y la ideológica. En la primera, el trabajador pierde el control sobre el proceso de trabajo y dicha proletarización se concreta cuando la dirección subordina a los trabajadores a un plan técnico de producción y con un ritmo e intensidad determinados, en ninguno de los cuales pueden intervenir los operarios. En la segunda, la proletarización ideológica, el asunto se centra en la pérdida de control no sobre los procesos técnicos como tales, sino en los fines del trabajo. Esta proletarización se “refiere a la pérdida de control sobre los fines y los propósitos sociales a los que se dirige el trabajo de cada uno. Constituyen elementos de la proletarización ideológica la capacidad de decidir o definir el producto final del trabajo de cada uno, su disposición en el mercado, sus usos en la sociedad en general, y los valores o política social de la organización que compra la fuerza de trabajo”ii. En ese caso, “los aspectos morales, sociales y tecnológicos son sutilmente situados fuera del alcance del trabajador, así como éste pierde el control de su producto y su relación con la comunidad”iii.

Como norma dominante, los profesionales afectados por la proletarización ideológica no responden con rebeliones directas o resistencia masiva, sino que utilizan mecanismos defensivos o acomodaticios, es decir, se pliegan a las transformaciones en marcha, como forma de proteger sus intereses. Al respecto existen dos formas acomodaticias: la desensibilización ideológica, que consiste en no reconocer que “el área en que se ha perdido el control tenga algún valor o importancia”, con lo cual se abandona cualquier compromiso con los usos y fines sociales de su trabajo. En otras palabras, se niega el contexto ideológico del empleo, puesto que no se enfatiza en su dimensión moral y social, sino que se aceptan los criterios técnicos que se implantan desde afuera; la segunda forma es la cooptación ideológica, con la que se redefinen los fines y objetivos morales de una profesión para que se “vuelvan compatibles con los imperativos de la organización”. Esto significa que un trabajador identifica su labor con los propósitos morales que otros definen por él y se los imponen, en sentido estricto El Estado o los empresarios capitalistas. Estos dos aspectos indicarían, según el autor mencionado, que existen diferencias entre la proletarización de los trabajadores clásicos y los profesionales, porque estos últimos tienden a aceptar y adaptarse en forma rápida y relativamente pasiva a las nuevas condiciones. En definitiva, la proletarización ideológica se constituye en un “emergente sistema de control organizativo”, con la intención de integrar a los profesionales, concediéndoles en apariencia cierta autonomía, lo que supondría que a la larga permanecerían lejos del proletariado industrial.

En cuanto a la proletarización técnica relacionada con la descualificación, múltiples aspectos indican que ese proceso está en marcha en muchos lugares del mundo en el sector docente, incluyendo a los profesores universitarios. El aspecto central es el referido a la pérdida de control del profesor de importantes aspectos del proceso de trabajo, porque ya no decide sobre el tipo y la forma de evaluaciones, que vienen dictados desde fuera y por arriba –por las autoridades educativas, por los rectores y gerentes–, no es dueño del tiempo que se le destina a una asignatura, porque hay una meticulosa programación de tiempos y contenidos (acorde con el taylorismo) y en general el currículo está fuera de su control y se le impone desde el exterior en forma autoritaria. Además, tiene que dedicarse a realizar tareas que antes no efectuaba y en las que invierte gran parte del tiempo que le destinaba a sus labores pedagógicas, tales como las de llenar papeles y formularios, desempeñar labores administrativas y, en muchos casos, de tipo empresarial, como vender cursos fuera de la escuela.

Los profesores están siendo proletarizados porque se descualifican sus procesos de trabajo, puesto que se introducen formas de control técnico del currículo en las instituciones escolares, lo que genera una separación entre concepción y ejecución. Esto se expresa en el uso de materiales educativos que son diseñados para los docentes, sin que ellos participen en su elaboración. Esto se agrava con la implementación de materiales que vienen incluidos en los artefactos tecnológicos, como sucede con los textos que traen las tabletas que se suministran a los estudiantes, y sobre los cuales el profesor no tiene el más mínimo control y, en forma frecuente, ni idea del contenido que se le suministra. En este caso sí que se ha dado un salto en el proceso de descualificar al profesor, porque éste pierde por completo el control del proceso educativo.

Se introducen mecanismos de control técnico externo que convierten a los profesores en ejecutores de procedimientos y administradores más que en pedagogos. De todo esto se deriva que en la escuela ya no cabe la labor artesanal, en la que los profesores controlaban gran parte del proceso de trabajo y tenían una visión global sobre el mismo, puesto que la educación se convierte en una empresa con labores de administración y supervisión en la que los profesores vienen a ser una parcela de la cadena de producción. Estos hechos llevan a Michael Apple a decir que los profesores pertenecen a la vez a dos clases, porque comparten los “intereses de la pequeña burguesía como los de la clase obrera”iv.

La proletarización ideológica de los docentes es una noción que ayuda a entender la modificación sobre la concepción misma de la educación, sus objetivos y sus fines, que se ha impuesto en los últimos años. Dicha proletarización ideológica prevalece sobre la proletarización técnica, porque en el ámbito docente resulta difícil la descualificación absoluta. Tampoco es fácil implementar en forma plena los procesos de racionalización capitalista, por las peculiaridades del proceso de trabajo educativo. En ese sentido, la proletarización ideológica resulta más importante que la descualificación técnica, por la pérdida de sentido ético del trabajo docente, lo que se traduce en una desorientación ideológicav.

Existiría una diferencia fundamental de los profesores con respecto a los trabajadores industriales, porque los primeros no sólo se descualifican sino que se recualifican mediante la adquisición obligada de nuevas habilidades, ligadas a las transformaciones que conlleva la racionalización del trabajo educativo: se incrementa el control disciplinario por parte del profesor, lo que modifica su conducta, y se ve obligado a implementar otras estrategias organizativas en el aula. En tal perspectiva, en lo propiamente instructivo se presenta una notable descualificación, puesto que el capitalismo transforma los procesos de enseñanza-aprendizaje y los reduce a una medida de carácter cuantitativo.

Incluso, en el terreno de la disciplina en el aula se reduce el control que pueden ejercer los profesores, sobre todo en las escuelas urbanas, dada la interferencia permanente de los aparatos microelectrónicos, empezando por el omnipresente teléfono celular. El profesor ya no controla el tiempo del estudiante dentro del aula, porque ya ni siquiera logra que su cuerpo esté en clase, porque aquél usa sus manos y sus sentidos para juguetear con el móvil o el computador portátil. Para completar, en muchos lugares del mundo existen reglamentos que les prohíben a los profesores que restrinjan el uso de los teléfonos celulares entre sus estudiantes, con lo que se garantiza la interrupción perpetúa de las clases y de cualquier actividad académica medianamente seria y rigurosa. Ni siquiera este aspecto disciplinar de tipo elemental en cuanto el control del aula se refiere lo puede manejar el docente, que está sometido a la dictadura del mundo electrónico.

PROLETARIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN LABORAL

Resulta pertinente examinar algunas nociones que se relacionan de manera directa o indirecta con la proletarización docente, aunque no son sinónimas, como las de empobrecimiento, pauperización, precarización… Cuando se habla de empobrecimiento de los profesores se alude al hecho de que se estanca o reduce su salario real y, en forma correlativa, disminuye su nivel de vida. A esto hay que agregar que la feminización laboral es un componente central del empobrecimiento, puesto que una mayor porción de mujeres se incorporan como fuerza de trabajo docente y sus ingresos se convierten en el sostén principal de las familias. Esto representa un cambio importante porque, hasta hace unas cuantas décadas, los ingresos de las profesoras eran un complemento al ingreso de sus maridos, que tenían, por lo general, otras profesiones “liberales”. El empobrecimiento en sí mismo no es sinónimo de proletarización, puesto que es posible que existan sectores del proletariado clásico que tengan mejores ingresos salariales y un mejor nivel de vida que los profesores.

El empobrecimiento puede entenderse como sinónimo de pauperización, lo que se refiere a la degradación en la condición social que proporciona una profesión y el ingreso y estatus que a ella corresponde. Históricamente, esto acontece en diversos lugares del mundo, donde la docencia perdió el respeto y honorabilidad que en otro tiempo tenía como profesión y como vocación. La proletarización se refiere a un cambio cualitativo, porque se transita de una clase a otra, mientras que la pauperización significa un cambio cuantitativo, en el sentido de producir la pérdida de ingresos y de nivel de vida. O dicho de otro modo: “La pauperización implica el cambio de un grupo poblacional, dentro de una misma clase social, desde las capas más acomodadas a las más pobres, mientras que la proletarización implica un cambio de clase, de la propietaria a la proletaria”vi.

La proletarización no es sinónimo de pauperización, aunque en las últimas décadas es lo que se ha impuesto en forma correlativa, porque los trabajadores asalariados en forma mayoritaria se han deslizado hacia la pobreza, en lo que se identifican con diversos sectores sociales, incluso que no son asalariados y que están al margen de cualquier proceso productivo.

Por su parte, la precarización laboral se deriva del empeoramiento y degradación en las condiciones de trabajo. Esto lo soporta un amplio sector de profesores en el sector público y privado, que experimentan en carne propia el deterioro de la infraestructura física, el aumento de estudiantes por aula de clase, la carencia de materiales e instrumentos de trabajo, el enrarecimiento del ambiente escolar, la agresividad en el contexto circundante… A ello debe agregársele la inestabilidad laboral, la contratación a tiempo parcial, la movilidad de los trabajadores de una escuela a otra, el pago por horas… La precarización laboral en sí misma no supone que se haya perdido la estabilidad en el puesto, porque muchos docentes tienen contratos indefinidos, pero al mismo tiempo se han hecho muy difíciles las condiciones para desempeñar su trabajo.

En síntesis, los docentes soportan una triple crisis: frustración de sus expectativas de desarrollo profesional, la pauperización y el creciente desprestigio de la labor que ejercen, lo cual está relacionado con un acelerado proceso de proletarización técnica, de pérdida del control sobre su proceso de trabajo y sometimiento a la gerencia educativa y a los intereses del capital educativo. A diferencia de lo que todavía se podía decir hace 30 o 20 años en que el principal proceso observable en el seno de los profesores era la proletarización ideológica, ahora podemos sostener que también se presenta con fuerte impacto la proletarización técnica, por las razones arriba mencionadas.

En muchos lugares del mundo, los profesores tienden a ser proletarios y pobres, un hecho que ha dado origen a usar la categoría del pobretariado. Este no es un juego de palabras, sino un término que denota y sintetiza lo que viene sucediendo con los profesores en las últimas décadas, puesto que soportan en forma paralela un deterioro de sus condiciones de vida, que los lleva hacia la pobreza, y de otro lado un tránsito hacia el proletariado, tanto en términos de descualificación como ideológicos. Se ha modificado la posición y reconocimiento social de los profesores, por el empobrecimiento de la gran mayoría de ellos, lo cual afecta sus condiciones de vida y tiende a acercarlos a la situación socio-económica de grandes masas de la población.

FORMAS DE RESISTENCIA DE LOS “PROLETARIOS DEL AULA”

Los profesores pueden ser definidos como los “trabajadores del aula”, a partir del análisis de seis aspectos: la relación funcional de su trabajo con el capital; su lugar en la división técnica del trabajo, es decir en términos de su ocupación; su relación social con la producción, respecto a si son o no propietarios de medios de producción; su lugar en la división social del trabajo, en el que se incluye la división sexual del trabajo; su función en el mercado como consumidores de acuerdo a sus ingresos; y su estatus social.

El “trabajador del aula” –que, por supuesto, no es el único espacio en donde se desenvuelve el profesor, pero sí es el más importante– mantiene una relación directa con el capital por lo menos en dos sentidos: de un lado, porque su labor es fundamental para la preparación y reproducción de la fuerza de trabajo; y de otro lado, porque en la medida en que la educación se convierte en una empresa, la fuerza de trabajo de los profesores valoriza el capital educativo y es la fuente de ganancias de esa empresa singular. Al mismo tiempo, el profesor ocupa un lugar en la división técnica del trabajo, en la que su actividad sigue desempeñándose en forma dominante de la misma manera que se ha desarrollado desde que existe la profesión docente, vale decir, con tiza, tablero y libros.

Aunque se haga tanto ruido con relación a la tecnificación de la labor docente, con la introducción de computadores, internet y otras innovaciones, en lo fundamental esto no modifica la forma convencional de enseñanza-aprendizaje. Y esto les confiere un particular poder de negociación a los profesores, puesto que su labor no ha podido ser sustituida por las máquinas, como sí sucede en otras profesiones “liberales”.

En cuanto a la propiedad se refiere, los profesores no cuentan con ningún medio de producción en el espacio escolar –salvo que se vuelvan empresarios o sean socios de alguna empresa educativa, lo cual es más bien raro y marginal– y en ese sentido, como los proletarios, lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Podría considerarse, superficialmente, que los libros o el computador portátil de un profesor son medios de producción, pero éstos son más bien una propiedad personal, porque no se utilizan para explotar trabajo ajeno o para generar un producto que se le va a vender a otro. Los medios de producción básicos que ellos utilizan (instalaciones escolares, salones, laboratorios, instrumentos, biblioteca si la hay, campus…) pertenecen a otros, al Estado o al capital privado.

En cuanto a la división social del trabajo, los profesores ocupan un lugar ambivalente puesto que la mayoría se desempeña en el terreno intelectual de manera exclusiva, pero otros están ligados directamente a la formación de fuerza de trabajo técnica o profesional, que va a desempeñar labores manuales. Respecto a la división sexual del trabajo, cada vez es mayor la participación de fuerza de trabajo femenina en la actividad docente, aunque es menor su incursión en la investigación, en la que sigue predominando el patriarcado. Esto indica que la feminización del trabajo es una característica del nuevo proletariado docente que se está configurando en diversos lugares del mundo.

Respecto a los dos últimos aspectos, puede decirse que por su nivel de ingresos, sobre todo en la educación terciaria, los profesores muestran una clara segmentación interna, puesto que hay un sector minoritario con elevados salarios y una gran mayoría precarizada, sin trabajo fijo y con reducidos ingresos. Pese a estas diferencias, en lo que si se identifica la casi totalidad del profesorado, por lo menos en el mundo periférico y dependiente, es en la pérdida acelerada de estatus, tanto profesional, como social, puesto que el desempeño de esa actividad se hace en condiciones muy difíciles y la sociedad en general los mira con desprecio, como inútiles o pertenecientes a una casta privilegiada.

A eso debe agregarse que cuando se trata de encontrar responsables sobre la pésima educación que se imparte como resultado de la mercantilización, los profesores siempre suelen ser señalados de incompetentes, como si eso fuera un diagnostico original, y no una vieja letanía que se remite, como en Estados Unidos, al siglo XIX. Este diagnóstico venía acompañado de la recomendación de depositar en los estudiantes los mejores libros de texto, y con esto se librarían de los malos profesores. En 1924 se decía en Kentucky (Estados Unidos): “Cuanto peor es el profesor, más necesarios se hacen los libros de texto”. Algo que se repite en la actualidad, simplemente hay que cambiar la palabra libros por ordenadores, tabletas y otros cacharros electrónicos.

Esta culpabilización de los profesores requiere volver a defender la dignidad docente, pero no solamente como una reivindicación gremial –que es necesaria– sino también para construir otra educación pública y del común, que responda a los requerimientos y necesidades de la sociedad y, sobre todo, de las clases subalternas.

En las actuales circunstancias de pérdidas de derechos, de incremento de la explotación y de expropiación generalizada de los bienes comunes, es indispensable un movimiento de los trabajadores, porque es lo único que “puede desafiar la locura económica que amenaza el futuro de amplios sectores de la humanidad”. Pero, “ese movimiento es imposible a menos que se desmonten varios mitos: que todos somos esencialmente de clase media; que la clase es un concepto anticuado; y que los problemas sociales son en realidad los fallos de un individuo”ix.

Es en este marco que adquiere relieve la situación de los profesores a escala mundial. Como lo hemos mostrado antes, se han proletarizado desde el punto de vista técnico e ideológico y comparten en el plano material los mismos problemas que el resto de los trabajadores. Sin embargo, en términos de conciencia, no sucede lo mismo, porque están fuertemente atomizados, divididos y predomina la lógica individualista y competitiva. Ante tales circunstancias, pueden plantearse algunas reivindicaciones de los profesores, que solo se obtendrán mediante su organización y lucha.

Para ello se requiere, en primer lugar, que los profesores dejen de creer que son de una pérdida “clase media” y que están muy distantes por su pertenencia de clase del resto de los trabajadores. Es indispensable un acercamiento con otros sectores de trabajadores para emprender acciones conjuntas por reivindicaciones comunes, tales como la defensa de la educación pública como un bien común que le atañe al conjunto de las clases subalternas. En este sentido, los profesores deben defender a la enseñanza pública como el escenario en el que se tiene que construir un saber que le sirva a las vastas mayorías de un país y que no tenga un fin mercantil, lo cual supone enfrentar la homogenización del pensamiento y de la vida por la que propugna el capital. Este proyecto se puede llevar a cabo, siempre y cuando los profesores no sigamos encerrados en nuestros cubículos, y concentrados en una isla de saber y eludiendo las agresiones directas que soportamos a diario.

Hay que volver a pensar en una educación pública con adecuada financiación estatal para su funcionamiento, sin que ese compromiso signifique se mengüe la independencia y autonomía de la institución. Esa financiación es imprescindible para que se contraten profesores en condiciones dignas, se mejore la infraestructura escolar y se faciliten las labores básicas de docencia e investigación que le competen.

En el caso de las universidades, una reivindicación prioritaria y urgente para empezar a desmercantilizar el saber, algo que se ha impuesto en la universidad pública, radica en oponerse a esa segregación interna de los profesores a partir del reconocimiento salarial por puntos, para que en su lugar se impulse un mejoramiento general del salario de todos los profesores universitarios y se suprima la lógica del puntismo. Con esto se enfrenta uno de los aspectos centrales de segregación de la universidad y de fragmentación interna. Esto no quiere decir que se eliminen, por ejemplo, las categorías que existen de acuerdo a estudios, experiencias y otros factores, pero esto no debe quedar al vaivén de la esquizofrénica carrera por mejorar salario en concordancia con las publicaciones en revistas indexadas, asistencia a seminarios, o consecución de constancias.

Es prioritario que se luche por la dignificación del trabajo de los profesores a todos los niveles, sin excluir, como si no formaran parte de la comunidad académica, a los profesores que están sometidos a los contratos basuras. Debe plantearse al respecto que todos los profesores tienen derechos y se les deben respetar, empezando por un contrato digno, con un salario adecuado y con todas las garantías de seguridad social que requiere cualquier trabajador. Eso supone que se rompa con esa diferenciación interna que divide y segrega entre profesores de planta y profesores contratados y entre docentes e investigadores.

Si la gran mayoría de los profesores hemos sido proletarizados en el doble sentido aquí considerado (proletarización técnica y proletarización ideológica), ya no nos podemos seguir reclamando como un sector privilegiado perteneciente a una “profesión liberal”, y con ese argumento mantenernos distanciados del resto de trabajadores. Esa reivindicación de una “profesión liberal” sólo tiene sentido para una exigua minoría de profesores-investigadores-negociantes que se han lucrado con la conversión de la universidad en un centro mercantil y con la producción de mercancías cognitivas, porque el grueso del profesorado vive en carne propia el proceso de proletarización, despojo de saberes, y nuevas formas de control, que desde que surgió el capitalismo industrial en Inglaterra hace más de dos siglos han soportado en forma sucesiva distintos sectores de trabajadores. Muchos de esos sectores, como los artesanos de la naciente industria textil a finales del siglo XVIII, no se resignaron a aceptar su nueva condición sin antes librar memorables luchas, que llegaron incluso a arrinconar al capital. Algo similar nos corresponde a nosotros los profesores, como “artesanos del saber” y como “trabajadores del pensamiento”, para enfrentar el capitalismo académico y evitar la liquidación de la escuela pública.

jueves, 12 de marzo de 2015

Discriminación: Denuncias por homofobia y transfobia aumentan 240% en Educación


Se trata de 237 atropellos, entre esos 5 asesinatos. Sólo en el campo educacional, la discriminación aumentó un 240%. Cifras contrastan con 66 avances ocurridos el 2014, un año donde el mayor debate sobre las minorías sexuales versó sobre las familias homoparentales y los positivos cambios en las FFAA y de Orden. El Ranking Anual de la Homofobia es encabezado por el Tribunal Constitucional, la UDI y variados colegios católicos.
Un total de 237 denuncias y casos por discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género se registraron el 2014, lo que implica un aumento de 65%, la mayor cifra conocida hasta ahora y que contrasta con históricos avances para la diversidad sexual alcanzados en el último año, reportó el XIIIInforme Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual.
El estudio; elaborado por el Movilh y que es comúnmente fuente de Naciones Unidas, de la OEA y de países que realizan informes mundiales de derechos humanos; expresó preocupación por el incremento de los atropellos, denunciando insensibilidad del Estado en la mayoría de los casos que afectaron a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) el 2014.
“Es efectivo que mientras avanzan los derechos de la diversidad sexual; en especial en los niveles legislativo, judicial y gubernamental, los sectores discriminador multiplican sus acciones homofóbicas y transfóbicas. También es verdad que a mayor apertura sociocultural cada vez son las personas LGBTI dispuestas a denunciar abusos. Esa es una tendencia de la última década”, explicó el Movilh.
Sin embargo, añadió el organismo, “el explosivo aumento de abusos durante el 2014 es un hecho sin precedentes y que  además obedece, en buena medida, a la sensación de impunidad con la que gozaron los sectores discriminadores, pues el Estado se relajó frente a este tipo de abusos y no los reprobó públicamente, a diferencia de lo ocurrido en años previos”.
En efecto, “mientras desde el 2010 hasta el 2013, y especialmente tras la muerte de Daniel Zamudio, el Estado reaccionó con fuerza y públicamente contra todos los asesinatos de odio, o crímenes sospechosos de estar motivados por la homofobia y la transfobia, en el año analizado las autoridades sólo se pronunciaron sobre un homicidio, de un total de un 5. Frente al resto de los abusos hubo casi tota silencio, pasando por el alto el aprendizaje tras el caso Zamudio”, indica el informe financiado por la Delegación de la Unión Europea y la Embajada del Reino de los Países Bajos.
El estudio añadió que el “tema es particularmente sensible en el campo educacional, donde se registró el mayor incremento de casos homofóbicos y transfóbicos, un alarmante 240% más que el 2013, lo cual se dio en medio de un total silencio del Mineduc, en la mayoría las ocasiones, o de deficiente reacción, en la minoría de las oportunidades”.
“Sin duda hubo un retroceso de parte del Estado en materia de abordaje de los casos de discriminación y, en este plano, no hay justificación alguna, pues el avance o éxitos en los campos legales o de políticas públicas, que efectivamente ocurrieron. No pueden ser jamás una excusa para abandonar la labor de condena frente a delitos de odio que dañan la dignidad de personas LGBTI”, apuntó la investigación.
Las crudas cifras
Los 237 casos del 2014 se dividen en 5 asesinatos; 29 agresiones físicas o verbales; 3 atropellos policiales; 12 casos de discriminación laboral; 17 hechos de discriminación educacional; 43 movilizaciones contra los derechos de las personas LGBTI; 26 intentos de exclusión de leyes o políticas públicas; 13 atentados contra la libertad de expresión; 9 hechos de discriminación familiar y 80 declaraciones de odio.
De las 11 categorías de discriminación analizadas, en siete aumentaron las denuncias. En el caso de los atropellos más graves, los asesinatos, hubo un penoso incremento del 25%, mientras que las agresiones físicas y verbales perpetradas por civiles subieron un 124% y la educacional, como se indicó, incrementó en un alarmante 240%.
Las movilizaciones homo-transfóbicas, en tanto, subieron un 126% y las declaraciones de odio un 90%. La discriminación laboral subió un 20% y los atentados contra la libertad de expresión en espacios públicos o privados aumentaron un 10%,
La discriminación en cultura y espectáculos registro sólo dos abusos, al igual que el 2013, mientras que la exclusión comunitaria (familia, amigos) y los abusos policiales fueron las únicas categorías que disminuyeron, un 47% y un 50% menos, en forma respectiva.
Del total de 237 atropellos, el 13% afectó a personas gays, el 8% a lesbianas, el 7% a transexuales y el 72% a la población LGBTI como conjunto.
Con todo, los abusos o denuncias de la población trans subieron un 54% en relación al 2013.
Responsables de los abusos y distribución geográfica
A nivel nacional se identificó a 50 instituciones y 157 personas como responsables de los 237 abusos contra la diversidad sexual, siendo los victimarios mayoritariamente los mismos de años anteriores, “lo cual refleja la persistencia homofóbica y transfóbica de las iglesias, de la UDI, de gran parte de los parlamentarios de RN y de establecimientos religiosos y movimientos ultra católicos, instancias que pese a sus esfuerzos no han logrado sumar a nuevos actores en sus cruzadas contra la población LGBTI”, indica el estudio.
En el plano institucional encabezaron el Ranking de la Homofobia el Tribunal Constitucional, seguido por la UDI. En el tercer lugar se ubicaron el Colegio Cumbres, el Colegio Mixto Inmaculada Concepción de Talcahuano, el Colegio Alberto Hurtado Segundo de Valparaíso, Colegio El Valle de Casablanca, el ColegioAdventista de Calama, Colegio Diego Velásquez de Santa Julia y la Universidad San Sebastián.
En el cuarto lugar quedaron variados referentes evangélicos, entre esos la Mesa Ampliada Unión Nacional Evangélica, y en el quinto la Conferencia Episcopal, seguida por la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago, la multitienda París, Energy Fitness Clubs, Carabineros y Xinergia, entre otros.
En tanto, en el ranking de personas ocuparon el primer lugar tres asesinos y un atacante de personas LGBTI, así como la presidenta del el TC Marisol Peña, y los ministros Raúl Bertensen, Francisco Fernández, Iván Aróstica, Domingo Hernández y José Romero.
En el segundo lugar quedaron varios senadores, diputados y dirigentes de la UDI y de RN, mientras que en el tercer puesto está el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Ezzati, junto a otros obispos de laIglesia Católica.
Los ministros de la Corte Suprema, Pedro Pierry, Héctor Carreño, Rosa Egnem y María Eugenia Sandovaly los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Pilar Aguayo, Christian Le-Cerf Raby, y Adelita Ravanales Arriagada, quedaron en el quinto lugar.
Siguieron pastores y obispos evangélicos, como Hédito Espinoza y Emiliano Soto, el Alcalde de Punta Arenas Emilio Boccazzi (PPD) y los concejales de esa comuna, Vicente Karelovic (RN) y David Romo, y de Temuco, Solange Carmine (RN), entre otros.
En cuanto a la distribución geográfica, la región Metropolitana concentró el menor número de casos discriminatorios de su historia (30%), aun cuando aumentó en relación al 2013, mientras que Valparaíso y, en menor grado el Biobío aglutinaron el mayor porcentaje de atropellos conocidos a la fecha, con 20,2% y un 6,3%, en forma respectiva.
“La descentralización de los reportes y de la ocurrencia de episodios homo-transfóbicos resalta como una de las características del 2014. Sin embargo, el fenómeno pareciera estar relacionado a procesos coyunturales, antes que a una transformación estructural”, indica la investigación.
Explica que “Valparaíso fue escenario de gran parte de los abusos debido a las discusiones sobre la unión civil y la ley de identidad de género ocurridas en el Congreso Nacional, a lo que se sumaron acciones contra el cuento “Nicolás tiene dos Papás” en tribunales de la región, homofobia también apreciada en el Biobío y en buena parte del país”
Así, por ejemplo, en Magallanes y Tarapacá; que en forma respectiva concentran apenas el 1,7% y el 1,3% de los casos a nivel nacional; fueron las regiones donde más aumentaron los abusos, un 300% más que el 2013, debido a la movilización contra el mencionado cuento infantil.
Principales características del 2014
Mientras la lamentable indiferencia del Estado frente a los casos de discriminación fue un negativo rasgo del 2014, la discusión sobre las familias homoparentales, la apertura cultural de las FFAA y de Orden, los mayores avances por igualdad en los terrenos legislativos y jurídicos en el plazo de un año y un excelente desempeño a nivel internacional fueron las principales características positivas del período analizado
En efecto, “la temáticas sobre diversidad que más se discutieron el 2014 fueron los derechos de las familias homoparentales, a un punto que todas las semanas hubo debates al respecto, lo cual nunca antes había ocurrido” indica la investigación
Añade que el 2014 partió con el recurso presentado por una familia homoparental contra la homofobia de parlamentarios, siguió con las primeras movilizaciones y marchas por la adopción y con los pronunciamientos de variados órganos gubernamentales a favor de madres y padres lesbianas y gays.”
El avance de la unión civil, en tanto, tuvo como debate más relevante y difícil la custodia de los hijos/as, mientras que la publicación de “Nicolás tiene dos papás” extendió la discusión a nivel social, llegando a cada uno de los sectores del país, tanto políticos, como culturales, sociales, legales y económicos, terminando el año con un inédito fallo de la justicia a favor de las familias homoparentales”, indica el estudio.
En tanto, “el Congreso Nacional tuvo el mejor desempeño en el plazo de un año al cumplir con antiguas deudas y generar pasos para los futuros caminos hacia la igualdad plena”
“En este terreno, el Gobierno se lució, pues fue un motor imprescindible de las trasformaciones en el Congreso Nacional, efectuando una labor de incidencia y monitoreo elogiable”, añade la investigación.
Precisó que en “menos de un año se aprobaron dos nuevas leyes que hacen positiva y explícita referencia a la diversidad sexual. Por un lado, el proyecto de unión civil experimentó sus principales avances, hasta ser aprobado el 2015, mientras que la reforma a la Ley que crea que el Consejo Nacional de Televisión vio luz verde con garantías de no discriminación por orientación o identidad de género”
“A la par fue aprobado un proyecto de acuerdo a favor de la igualdad de la población trans, la ley de identidad de género continuó su debate y se presentaron dos proyectos: uno de matrimonio igualitario y otro que deroga un homofóbico artículo que asocia a la homosexualidad con delitos”, redondea el informe.
En el terreno de las FFAA y de orden, y tras eliminadas las normas discriminatorias el 2012, “la Armada se lució el 2014 al apoyar que uno de los suyos, Mauricio Ruiz, saliera públicamente del armario e hiciese historia en Chile y en el extranjero”
A la par “la Fach, el Ejército y Carabineros sancionaron además en forma inédita a uniformados, dando una potente señal interna. Carabineros mermó además en un 50% los abusos a personas LGBTI y el Ejército solidarizó con el movimiento LGBTI tras al ataque a una de sus sedes sociales”
“Todo ha ido acompañado de procesos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos, destacando las charlas organizadas por Carabineros, Gendarmería y la Policía de Investigaciones en alianza con el movimiento LGBTI”, apuntó el estudio.
En el campo jurídico, en tanto, aparecieron voces disidentes a la mayoritaria homofobia en tribunales. “Se trata jueces de nuevas generaciones que cuestionaron la homofobia, internalizada en leyes y prácticas de privados y del Estado, y que dictaron inéditos fallos a favor de la diversidad sexual”, indicó la investigación
“Ejemplos históricos de estos bienvenidos cambios en tribunales fueron dos fallos que validaron la distribución de “Nicolás tiene dos papás”; pronunciándose uno de estos a favor de los derechos de las familias homoparentales; el cuestionamiento de una jueza a componentes discriminatorios de la Ley de Matrimonio, un fallo contra una multitienda (París) por homofobia, una medida cautelar de una magistrada en beneficio de una joven lesbiana discriminada por sus padres y una sentencia que posibilitó a una mujer transexual cambiar su nombre y sexo legal sin cirugía de por medio, mientras que por primera vez se logró aplicar el agravante de la Ley Zamudio, tras una golpiza a una pareja de mujeres. Es decir, se trató de 7 hitos positivos ocurridos en tribunales en el plazo de un año, situación sin precedentes”.
Por último, el “Estado de Chile se lució a nivel internacional, pues por primera vez en su historia lideró una resolución contra la homofobia y la transfobia en la ONU, además de apoyar similar avance en la OEA y rechazar en Naciones Unidas un homofóbico texto que consideraba sólo como válida a la familia tradicional”, indicó el estudio.
“De esa manera la Cancillería, junto al Ministerio secretaria General de Gobierno que lideró la lucha por la unión civil, se perfilaron como las carteras que más aportes hicieron a la igualdad de derechos para la población LGBTI el 2014”, puntualizó el estudio.
Desafío y otros hitos
El informe plantea que los contrastes del 2014 refuerzan la necesidad de una institucionalidad antidiscriminatoria “que prevenga y enfrente la exclusiones, ayude a las víctimas y fiscalice y coordine la correcta aplicación de derechos ya conseguidos”.
Junto a los positivos cambios ya expuestos en los puntos anteriores, en el sistema educacional las protestas y denuncias del movimiento LGBTI consiguieron el desbloqueo en los colegios a sitios web de organizaciones de la diversidad sexual, la eliminación de contenidos homofóbicos en dos diccionarios (Zig-Zag y Ghio) y el término a la recomendación en los liceos de un violento libro, Juventud en Éxtasis II.
En este plano brilló el lanzamiento del primer libro infantil sobre diversidad sexual, Nicolás tiene dos papás, el cual fue patrocinado por la Junji.
En el ámbito de la salud, destacó la primera cirugía de readecuación corporal desarrollada en el norte de Chile, mientras que los derechos laborales avanzaron cuando la Dirección del Trabajo actualizó una circular antidiscriminatoria.
Las empresas destacaron por la unidad de variadas firmas para hacer frente a la discriminación, mientras que la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y Anglo American firmaron un convenio que extendió variados derechos laborales a los convivientes del mismo sexo.
En el terreno político, el Sename y Consejo Nacional de la Infancia se pronunciaron a favor de la adopción homoparental, el Gobierno organizó un seminario donde debatió sobre en forma inédita esta realidad mientras que RN y la DC crearon Comisiones de Diversidad Sexual y, por primera vez, una autoridad de Derecha, el concejal de Quilaco, Cristián Loyola, salió públicamente del armario.
En la movilización social brilló la inédita exposición del movimiento LGBTI chileno en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la primera marcha por la diversidad sexual en Viña del Mar y el surgimiento de Fuerza Trans, un conglomerado de organizaciones unidas por la igualdad legal para la población transexual.
En el mundo uniformado, en tanto, el Ministerio de Defensa creó un Grupo de Trabajo Asesor sobre Políticas de Inclusión y no Discriminación.
El 2014 fue además uno de los años de mayor visibilidad de la realidad LGBTI en los espacios públicos.
Hitos de visibilidad fue la inauguración del Primer Memorial por la Diversidad, el izamiento de la bandera de la diversidad sexual 25 municipios, seis embajadas y tres intendencias izaron la bandera de la diversidad sexual, y la alianza entre Metro y el movimiento LGBTI que lanzó la campaña comunicacional contra la homofobia más masiva desarrollada hasta ahora en Chile, llegando a unas 2 millones de personas. A la par, el Ministerio de Bienes Nacionales contribuyó a la visibilidad al instalar en el frontis de su edificio central una gigantografía con una familia lesboparental, mientras que el Injuv por primera auspició el evento más masivo organizado por la diversidad sexual, la Gay Parade.
En el campo internacional, la ONU y la UE exigieron a Chile medidas contra la homofobia tras ataque a grupos de derechos humanos. Además, la Unión Europa se transformó en el primero órgano internacional en movilizarse a terreno por un caso de homofobia, tras ataque a la sede del movimiento LGBTI.
Por último, la sociedad civil, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Chile se reunieron por primera vez para dialogar sobre el matrimonio igualitario y explorar estrategias para el avance de dicha legislación en nuestro país.

lunes, 2 de febrero de 2015

Proyecto de Gratuidad en la Educación Superior podría no ser ingresado este año al Congreso


Convertido en Ley el proyecto de Inclusión Escolar que pone fin al lucro, copago y selección, los próximos proyectos que deberá enfrentar el Mineduc son el Plan Nacional Docente, la Desmunicipalización y la Gratuidad de la educación superior. A propósito de este el último punto y a partir de una entrevista hecha a Nicolás Eyzaguirre donde señaló que por economía legislativa no ingresarían los 3 proyectos este año, se generaron distintas reacciones al respecto.
JIMENA COLOMBO· HOY 10:02
CHILE, EDUCACIÓN, PORTADA
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Tras la aprobación de la primera parte de la Reforma Educacional -el proyecto de Inclusión Escolar que pone fin al lucro, copago y selección- los próximos proyectos que deberá encarar el Mineduc son la Desmunicipalización, Plan Nacional Docente y Gratuidad en la Educación Superior.
Sobre este último punto y a partir de una entrevista al ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirrepublicada en La Tercera, se abrió la polémica respecto de la gratuidad en estudios superiores, pues a través de los dichos de Eyzaguirre quedó de manifiesto que este año no se ingresarían los tres proyectos, pues según aseguró el ministro “Está por definirse, pero por economía legislativa, no pueden ingresar los tres, pero por lo menos dos, uno por cada Cámara”.
Sobre esto, la presidenta de la Fech, Valentina Saavedra manifestó su preocupación sobre la materia que ya había despertado críticas cuando se planteó que la gratuidad se aplicaría sólo para cuatro años. En esta ocasión, Saavedra dijo que “nos parece grave que cualquiera sea el proyecto que quede fuera porque significa no responderle a uno de los actores de la educación y eso afecta a todos los que nos hemos movilizado”.
En tanto, el presidente de la Feuc, Ricardo Sande aseguró que “no hay que apurar las cosas, más que los plazos lo importante es que en ese contenido estén plasmadas las visiones de muchos actores sociales y no sólo los de la Nueva Mayoría”.
En cuanto al apoyo del movimiento social y los actores que no fueron considerados para la elaboración de la Reforma recién aprobada, Eyzaguirre sostuvo que “El movimiento estudiantil de 2011 encabezado por, entre otros, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, fue supercrítico de la Concertación de la cual yo fui orgullosamente parte. Hoy día, ellos se la jugaron, se comprometieron y apoyaron la reforma prácticamente en su integridad. Hoy ellos, que nos criticaron a nosotros, son criticados por la Confech. Posiblemente, esta Confech, si más adelante se involucra en políticas públicas, va a ser criticada por una nueva generación”.
Sin embargo, a través de una columna publicada hoy, Valentina Saavedra y Gabriel Boric hacen un llamado a la unidad de las fuerzas sociales por sobre la unidad del Gobierno. La columna consigna “en lugar de cocinas privadas con Gutenberg Martínez, Ricardi Ezzati o Jorge Awad, diálogo abierto con estudiantes, profesores, rectores y apoderados”. Por ello, los miembros de la Izquierda Autónoma llaman a todos quienes se movilizaron el 2011 a construir una reforma a la educación pública y superior que la ciudadanía pueda celebrar el 2015.
Quedaremos a la espera de ver cuál de los 3 proyectos queda fuera del trámite legislativo durante este año y de cómo -si es que sucede- el Mineduc incorporará las posturas de los estudiantes y de la ciudadanía, pues como dicen Boric y Saavedra la primera parte de la reforma no fue celebrada como la aprobación del Acuerdo de Unión Civil, pues no representó las demandas de los sectores que pusieron la problemática de la educación en ojo público.
Jimena ColomboEl Ciudadano

lunes, 8 de diciembre de 2014

El guiño de la DC al sector disidente del Colegio de Profesores


Paro docente

El guiño de la DC al sector disidente del Colegio de Profesores

En el marco del paro de profesores, diputados falangistas se reunirán con el ministro de educación para plantear las criticas del sector disidente. Esta instancia que podría constituir un respaldo al sector opositor a la presidencia de Jaime Gajardo responde a una intervención que los demócrata cristianos consideran necesaria para resolver el conflicto.
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Como un guiño al sector disidente del colegio de profesores, mañana los diputados de la DC se reunirán con el ministro de educación Nicolás Eyzaguirre. Esta iniciativa responde a que los falangistas pusieron atención en la ruptura al interior del magisterio y pretenden buscar soluciones al conflicto. La reunión se llevará cabo en el Congreso de Valparaíso el martes 9 de diciembre.
El conflicto de más de un mes, aún tiene casi 1.200 establecimientos paralizados en cerca de 120 comunas del país. Además de 40 mil profesores movilizados y 350 mil alumnos afectados por la falta de clases. Sin embargo, la ausencia de consenso radica en lo que el sector disidente ha subrayado como la ilegitimidad de los acuerdos alcanzados por Gajardo y el Mineduc, toda vez que estos no han sido consultado a la bases o han sido rechazados por las mismas.
El grupo de parlamentarios demócrata cristiano ha decidido interferir en la situación y poner oído a las demandas del sector disidente. En relación a esto, e jefe de la bancada falangista, Matías Walker señaló: “Esta semana, los diputados de la DC hemos estado desplegados en las regiones, conversando con las bases de los profesores, aunque respetamos la institucionalidad del Colegio de Profesores. Hemos recogido opiniones y el sentimiento de ellos respecto a la agenda corta y a la agenda larga, especialmente en lo referido al fortalecimiento de la carrera docente. Y eso es lo que le vamos a transmitir al ministro Eyzaguirre”.
Por su parte, Darío Vásquez secretario general del Colegio de Profesores ha subrayado la necesidad de escuchar y considerar la postura y opinión de las bases. Ante ello, indicó que están dispuestos a reunirse con parlamentarios de distintos sectores. Esto en respuesta al respaldo que tiene la directiva y el sector más cercano a Jaime Gajardo con la Nueva Mayoría, puesto que el jueves Gajardo se reunió con personeros de la coalición oficialista, quiénes sumaron su apoyo a su gestión como presidente.
Por tanto, esta reunión agendada por la DC viene a ser una suerte de intervención política que dará un poco de respaldo a la disidencia y planteará la necesidad de escuchar al sector para terminar con el conflicto que ya lleva cerca de 6 semanas.
Cabe señalar que además de no considerar legítimos los acuerdos del colegio firmados con el Mineduc, la disidencia demanda mejoras a estos documentos. Piden reestructurar los sistemas de evaluación de los profesores; un bono de de incentivo al retiro cercano a $24 millones y que no se limite la cantidad de profesores que serán beneficiados por la Titularidad Docente, medida que busca que quienes  hoy trabajan  “a contrata”  pasen “a planta”.
Jimena ColomboEl Ciudadano

lunes, 1 de septiembre de 2014

TEMA VIGENTE HASTA AHORA,COMO PUEDEN VER SE HA DENUNCIADO SIEMPRE PERO HAY"DE CAPITÁN A PAJE" INVOLUCRADOS EN EL LUCRO


La ‘libertad de enseñanza’ es el concepto usado por los patrocinadores de la Ley General de Educación, LGE. Se argumenta que aceptar el fin al lucro, demandado por estudiantes, profesores y un sentido común mínimo, sería el fin de la educación de más de la mitad de niños y jóvenes. Una revisión a los dueños de colegios en Chile y algunas de las prácticas e indicadores de su calidad en los últimos años, arroja una compleja telaraña que une a políticos, empresarios y delincuentes. Son poderosos los intereses para que no exista una educación pública de calidad.
Partamos planteándonos algunas interrogantes: ¿Quiénes son los sostenedores de la educación particular subvencionada? ¿A quién beneficia que se mantenga la actual institucionalidad? ¿A qué sector social, empresarial o político podría perjudicar el fortalecimiento de un sistema educativo estatal, con sentido público, laico y gratuito?

VIEJO DEBATE
Cosas de la historia. Al igual que el entrampado esquema político que nos rige, el eje del actual debate educacional está circunscrito a la idea de ‘libertad de enseñanza’, revitalizando la discusión de mediados del siglo XIX, que confrontó al liberalismo político con el Estado Católico. Cabe preguntar: ¿Se materializa en realidad la ambición de la libertad de enseñanza?  ¿Es la ciudadanía la que ejerce este derecho? ¿Qué motiva la defensa corporativa de la clase política a las bases del actual modelo educativo?
A partir de la revisión del Directorio de Sostenedores de Colegios del Ministerio de Educación y el Diario Oficial, hemos compilado algunos datos que dan  pistas sobre los grupos sociales que están gestionando la educación de más de la mitad de los niños chilenos. Sólo en la Región Metropolitana el 32 % de la matricula de los colegios está en el sector municipal y el 56 % en el  particular subvencionado.
CORPORATIVISMO EDUCACIONAL
Entre los “honorables”, los diputados Eugenio Bauer (UDI) y Esteban Valenzuela (Chile Primero), de la Sexta Región, participan en dos proyectos educacionales: la Universidad de Rancagua y el Colegio Los Cipreses, propiedad del dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial, con quien ambos palamentarios han tabajado. Sin embargo, Valenzuela votó en contra de la Ley General de Educación, al igual que la diputada Clemira Pacheco (PS), quien hace poco cedió a su familia su participación en colegios de la Octava Región.
Por su parte, el senador Fernando Flores es uno de los dueños del Colegio Altamira, y el diputado UDI, José Antonio Kast,  si bien no está vinculado directamente a colegios, su  familia es benefactora de establecimientos educacionales.
El ex senador Marco Cariola (UDI) es uno de los inversionistas del proyecto Educa UC, de importante impulso expansionista, ya que planean llegar a una matrícula de 30 mil alumnos en 5 años, según anuncian en su página web1. Cariola ha sido un connotado empresario, presidente y gestor de la creación del grupo económico Inversiones Pathfinder S.A.; fue director de empresas como Iansa, Gasco, Metrogas, Nestlé, Carrefour, entre otras. Acompañan al ex senador en Educa UC otros empresarios, como Christoph Félix Schiess Schmitz, director CSAV; José Antonio Garcés Silva, miembro del Consejo Asesor Empresarial de la Universidad de los Andes (ligada al Opus Dei),  accionista de ESVAL y director de Embotelladora Andina; Alberto Hurtado Fuenzalida, socio y presidente de Representaciones Grainco, director de Financo, empresa relacionada a ABN Tanner Bank y socio controlador de Embotelladora Andina.   Andrés Lyon, director administrador del Hogar de Cristo, gerente de Finanzas de Fjord Seafood Chile y director de la Sociedad de Inversiones Antar Chile, también es inversionista de este proyecto educacional.
En el directorio de Educa UC, fundación ligada a la Universidad Católica, está Alejandro Weinstein poderoso empresario farmacéutico; y Raúl Laban, miembro del Consejo Ampliado de Expansiva,  centro de pensamiento de importante influencia y presencia en el actual gobierno.
Un núcleo concertacionista importante ligado a la educación es la Corporación Aprender, fundada y presidida por Sergio Molina, ex ministro de Educación de Frei. En su directorio figura además Mariana Aylwin (DC), ex ministra de Educación de Lagos y también parte del directorio de Belén Educa; y, en su momento, la actual ministra de Educación (ver recuadro).
Molina también figura en la Corporación Belén Educa, dependiente del Arzobispado de Santiago y que sostienen 8 colegios subvencionados. En su directorio está el último ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal; José Pablo Arellano, ex ministro de educación de Frei y actual presidente de CODELCO; y Roberto Angelini Rossi, heredero del conocido imperio económico.
A través de la Fundación Educando Juntos estos actores se vinculan en similares  proyectos de educación privada. En primer lugar a la familia Matte, que controla la Sociedad de Instrucción Primaria, administradora de 17 colegios subvencionados y al Opus Dei, a través de Eduardo Fernández León, financista de la Universidad de los Andes y  dueño de la segunda mayor empresa de seguros de vida en Chile: Consorcio S.A. Esta aseguradora sostiene el colegio Monte Olivo. En segundo lugar está la Fundación Nocedal, que administra dos colegios subvencionados orientados a niños de escasos recursos.
CURAS Y EMPRESARIOS
También en la educación hay importantes vínculos entre la iglesia católica y el poder empresarial. En la Región Metropolitana se conectan a través de la Corporación Emprender, ligada a la inmobiliaria SOCOVESA; la Corporación de Educación Popular, ligada a la familia Vial; La Corporación de Beneficencia Maria Ayuda, ligada al movimiento  apostólico de Schoenstatt; y al propio Arzobispado de Santiago. La respuesta en aquellos colegios a las movilizaciones ha sido contundente: La Fundación Pía Marta, dependiente de una congregación religiosa, expulsó a 45 estudiantes tras las movilizaciones del 2006.
Al corporativismo educacional hay que agregar las corporaciones empresariales que sostienen establecimientos técnico profesionales ‘traspasados’ a través del Decreto 3166 de 1980, a diferentes agrupaciones gremial-empresariales.
¿Qué interés hay en ellos en administrar este tipo de establecimientos?
Muchos: Dichas agrupaciones, además de disponer de una subvención especial, y haber recibido gratuitamente la infraestructura, son elegibles para donaciones en el marco de una ley que permite a las empresas privadas descontar hasta el 57,5% de sus aportes directamente de su impuesto anual. Entre 1994 y 1998 el total de recursos movilizado por esta ley sumaba poco menos que 10 mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales también fueron captados por el sector particular subvencionado2.
Este tipo de Corporaciones y Fundaciones, ligada a poderosos grupos religiosos, empresariales o a ambos, cada vez sostienen más establecimientos educacionales. Promoviendo similares proyectos educacionales, resisten los vaivenes del actual mercado educacional. Al estar vinculados a los sectores de mayor poder económico del país, logran acceder a todos los sistemas de financiamiento que garantiza la actual normativa. Estos son:
1.- La subvención del Estado que se entrega por alumno matriculado.
2.- Donaciones empresariales establecidas en la ley 18.681. Las empresas pueden donar parte de sus impuestos a los proyectos educativos de su propia elección.
3.- Las propias familias a través del financiamiento compartido.
Un caso: Educa UC utiliza el fondo Expertus de CORFO de más de 20 millones de dólares. Dicho fondo es administrado por inversionistas privados como Independencia S. A. Esta sociedad  de inversiones, especula con capitales de las principales AFPs del país3. Esta podría ser una nueva forma de financiamiento educativo, hasta ahora reservado para este tipo de sostenedores. Con la actual institucionalidad y normativa del financiamiento que perjudica la educación pública gestionada por municipios, serán estas Fundaciones y Corporaciones las que tendrán mejores condiciones para administrar establecimientos educacionales, y las que invariablemente preferirán los padres que no puedan pagar la educación privada tradicional.

LOS MEGASOSTENEDORES
Este es otro sector que se ha favorecido con la actual precariedad de la educación pública. Estos empresarios, algunos provenientes de familia docente, aprovecharon las facilidades dadas por el gobierno militar y luego por la Concertación, para crecer alimentándose de la ampliación de la cobertura educacional.
Un típico caso de ellos es la familia Hormazábal Calderón, descendientes de Gladys Calderón Rojas y Hugo Hormazábal Espinosa, fundadores de CONACEP -Corporación Nacional de Colegios Particulares. Actualmente sostienen directamente sólo 3 establecimientos, por medio de las sociedades educacionales Los Navegantes y Mapocho. A mediados de ‘90 el directorio de la sociedad, constituida por miembros de la familia, acuerda traspasar la administración de casi todos sus colegios a sus profesores. No obstante, la administración de la infraestructura se mantuvo en manos de las inmobiliarias Cañadillas S. A., y El Trébol, a las cuales, 18 establecimientos sostenidos por sociedades que componen los profesores, pagan arriendo mes a mes por los inmuebles.
Otros casos similares son los de Filomena Narváez, dueña de la Universidad de Ciencias de la Informática; y la Familia Romo, dueña de la Universidad Gabriela Mistral.   El ex-presidente de CONACEP y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Walter Oliva Munizaga integra la Sociedad Educacional Dagoberto Godoy, una de las sociedades sostenedoras más grandes de la Región Metropolitana, junto con la Sociedad Educacional Boston College, de la familia Martínez Cárcamo; la Sociedad Annete González y Heinrich, de los conocidos colegios González Heinrich High School; y el grupo educacional Alcántara –Alicante, de los hermanos Silberstein, ligados, al igual que la mayoría de los mencionados, al negocio al inmobiliario. Esto les permite lucrar a pesar de tener giro único, tal como lo hacen las universidades privadas.
El perfil de estos establecimientos es eminentemente comercial y ven peligrar sus inversiones  comprometidas en mucho más que las ganancias que pueda darles la subvención educacional, la que al igual como apuestan a aumentarla ven que hace peligrar la estabilidad de su negocio, ello generado por el debate promovido por los estudiantes. El mismo presidente de CONACEP, Rodrigo Bosch, lo manifestó así a El Mercurio a fines de junio.
ENTRE DELINCUENTES E INESCRUPULOSOS
El tercer y más numeroso grupo son los sostenedores que poseen de uno a tres establecimientos educacionales. Unos son empresarios que buscan expandirse en el negocio, como los anteriores, y otros negociantes inescrupulosos, como Manuel Hidalgo, ex sostenedor del colegio Britania. Parte de este grupo han visto amenazado su negocio con las nuevas exigencias de regulación, como la empresaria educativa María Adriana Compagnon, sostenedora de un colegio básico y de media técnico profesional en Peñalolén, el Colegio York, además de socia en una serie de sociedades comerciales4. El establecimiento tiene el record de los peores indicadores de calidad de la comuna. Compagnon además es miembro de la directiva de la Asociación Gremial de Establecimientos Educacionales Privados, que se define destinada a “Promover, defender el desarrollo, progreso y la protección de la Educación Particular y en especial la Subvencionada por el Estado”.
Este grupo también lo integran personas como Franz Daniel Kachele Troncoso. Kachele es socio de la Sociedad Administradora de Establecimientos Educacionales Santa Bárbara, que sostiene la Escuela Básica particular Santa Bárbara. Además es socio de 2 inmobiliarias y de “Inversiones FDKT Limitada”. El director de esta escuela fue acusado de abuso sexual, y expulsado por ello el 2001, hasta que la corte lo dejó en libertad.
Otra lindura es Horacio Escobedo, socio de Servicios de Capacitación Ltda., sostenedora del Colegio de Adultos Sembrador San Benito. Escobedo es investigado por la arista del programa Chile Califica, pues se presume recibió cheques clonados de parte de Gladys de las Mercedes Audala, acusada formalmente por el escándalo subvenciones. Ambos aparecen vinculados en la Sociedad Educacional Forjando Futuro y Cía. Ltda. La imposición de estándares ligados a la subvención, y las dificultades que tendrán para extraer ganancia directamente de los fondos públicos, ciertamente amenazan a este tipo de sostenedores, quienes probablemente venderán o traspasarán sus colegios a los grupos de interés educacionales.
LOS PEQUEÑOS
Otros sostenedores, quizás los reales representantes de la manoseada libertad de enseñanza, poseen un sólo establecimiento, y como máximo dos. Sustentan proyectos educativos comunitarios y se financian por  medio de la subvención y/o financiamiento compartido -las familias. A diferencia de todos los grupos anteriores no los perjudica el fortalecimiento institucional y financiero de un sistema educativo estatal; no perderían estudiantes, pues éstos se hayan ligados estrechamente al proyecto educacional. Ejemplos de esto son el colegio Raimapu, de la Florida cuyo sostenedor es una sociedad compuesta por la comunidad de profesores y apoderados; o el Centro de Educación y Desarrollo Poblacional Casa Azul de La Granja, escuela particular y gratuita, focalizada en la educación de los niños que el sistema actual segrega. Ambas escuelas apoyaron y le dieron un sentido educativo a las actuales movilizaciones de estudiantes5.
Muchos nombres y quizás mayor información queda aún por encontrar, sin embargo lo expuesto permite  extraer algunas conclusiones relevantes para el debate actual.
1.- Según los datos, los sectores de mayor influencia económica,  política y cultural se encuentran en el campo de las Fundaciones y Corporaciones Educacionales, ligadas al mundo empresarial y religioso, marcado por un claro perfil ideológico sustentado por sus vínculos con la clase política. Tan enmarañada red de vinculaciones les arroga el rótulo de corporativismo educacional. Estas entidades cuentan con múltiples vías de financiamiento lo que les permite concentrar una mayor inversión por alumno y resistir de mejor manera los vaivenes del mercado educacional, manteniendo lo estándares y siendo la mejor alternativa para los niños de escasos recursos, frente a un sistema municipal pauperizado. La mantención de un sistema municipal de pésima calidad, implica para ellos altas expectativas de crecimiento en la matrícula.
2.- El grupo de los megasostenedores, de perfil esencialmente mercantil, ha aprovechado la pauperización de la educación municipal para captar su matrícula, y ante los cambios que propone la LGE, tendrán que convertirse en Fundaciones o Corporaciones para mantenerse en el sistema.
3.- El grupo de los inescrupulosos es el que parece tener más dificultades con el curso del actual debate, pues los nuevos mecanismos de control financiero, dificultaran sus tasas de ganancias directas, enajenadas de la subvención educacional. Por otra parte la presencia de agencias de calidad y la evaluación constante, les hará difícil acceder a aumentos en el financiamiento por medio de la ley de subvención preferencial.
4.- ¿A quién perjudica estratégicamente el fortalecimiento de la institucionalidad estatal? El reciente debate sobre fortalecer prioritariamente la institucionalidad educativa dependiente del Estado, ha provocado la oposición de los sectores empresarial y religioso, amparados en “la libertad de enseñanza”. Señalan que si el Estado focaliza sus recursos en la institucionalidad pública, los padres y niños que opten por la educación particular subvencionada serán castigados con menos recursos. No obstante: a) Más inversión en la institucionalidad estatal sólo buscaría igualar la inversión por alumno, extremadamente desigual entre el sistema particular subvencionado y municipal.
b) Con un sistema estatal fortalecido, es muy probable que los niños y familias opten libremente por asistir a él (sobretodo si es laico y gratuito); pues si hoy no lo hacen es debido a la pauperización del sector, producto de las actuales políticas educacionales.
c) Las actuales políticas educacionales no dejan otra alternativa a los padres que la educación particular subvencionada. Si ésta, por los vaivenes del mercado queda paulatinamente en manos del poderoso complejo religioso empresarial antes descrito ¿No se vulnerará gravemente la libertad de enseñanza de la ciudadanía?

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, OPECH
1 http://www.educauc.cl/
2 Cristina Bellei y Pablo González, Educación y Competitividad. FLACSO, 2003.
3 Ver pagina web http://www.independencia-sa.cl/
4 Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers Limitada, Polikemkoplas Comercializadora de Plásticos Limitada, Compagnon, Bernabé y Compañía Limitada, “Sociedad de Inversiones Radalco Limitada”, “Optimización de Sistema de Información Limitada”, “Sociedad Agrícola Compagnon y Compañía Limitada”, “Sociedad Constructora de Viviendas Económicas Santa Cecilia Limitada”, “Timoleon Angüita Ltda.”, entre otras.
5 Ver Declaración Publica Escuela Casa Azul en http://www.opech.cl/editoriales/2008_06/dec_ciud/COMUNICADO%20CASA%20AZUL.pdf.
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GALLINA CON PEDIGRÍ
Las ‘cualidades’ más destacadas por El Mercurio cuando Mónica Jiménez de la Jara asumió como ministra, es que a diferencia de la destituida Provoste, cuenta con un amplio abanico de contactos en las elites y grupos de poder. Pero el pedigrí no le ha servido mucho a la anciana ministra, quien ha demostrando nula experticia política en el manejo de crisis, debiendo salvarla en muchos debates los ministros Viera Gallo y Pérez Yoma. Si hasta el Canal 13 logró que se le hinchara la vena de la frente ante las cámaras, cuando se le preguntó por qué aún muchos colegios no reciben los textos escolares ministeriales. Claro que es improbable que Bachelet la saque del cargo, considerando las anteriores caídas de Zilic y Provoste.
Jiménez es asistente social; hermana del ministro de Salud de Aylwin, Jorge Jiménez; fue presidenta del directorio de la Corporación Participa; y desde 1992 es del consejo consultivo de Paz Ciudadana. Cercanos la definen como católica integrista y su participación en la Comisión Asesora presidencial fue siempre a favor de mantener el lucro.
MANO DE OBRA BARATA
La ministra también tiene vínculos con la Corporación Aprender, donde fue directora ejecutiva. La entidad atiende a cerca de 3 mil alumnos, desde prekinder a 4º Medio, a través de los colegios Polivalente de La Pintana, el Liceo Técnico Dr. Esteban Kemeny Harmos y el Centro Educacional Sagrado Corazón, ubicado en Lo Espejo.
En el directorio de Aprender figura como presidente Sergio Molina Silva, vice presidente Banco del Desarrollo; Jorge Cisternas Larenas, dueño de Cementos Bio-bio;  Mario Pavón Robinson, gerente general de Sonda;  Miguel Leonvendagar, gerente general de Redbanc; y Fernán Ibáñez, presidente de la Sociedad de Inversiones Profinde.
La corporación se financia en un 50% con subvención estatal, un 10% es aportado por los padres y 40% por empresas. Aprender les retribuye con las prácticas profesionales de sus alumnos, quienes son recibidos en Sonda y el Banco del Desarrollo, para desempeñar trabajo de administración y secretariado.

HUELLA EN TEMUCO
Antes de ser ministra, Jiménez fue rectora de la Universidad Católica de Temuco. Funcionarios de dicha casa de estudios, cuentan que “lo primero que hizo fue asignarse un sueldo líquido de unos 9 millones y medio de pesos, mientras despedían a otros muchos trabajadores que no ganaban mas de doscientos mil pesos. En cambio, sus allegados tuvieron sueldos de mas de cuatro millones de pesos”- según detalla Danae Prado en la web del Ceuch.
Jiménez expulsó a 26 estudiantes por participar en una toma. Wladimir Araya, alumno que cursaba tercer año de Trabajo Social cuenta que fue sumariado “por participar en una toma y a la comisión que analizó el hecho se designó autoritariamente un estudiante para representarnos sin que pudiéramos escogerlo”. Trascendió que entre las expulsadas había una estudiante que por su embarazo no cumplía con la asistencia.
Araya agregó que “cuando me llamaron a declarar por el sumario, me interrogó un fiscal de la universidad a puertas cerradas. No había nadie más. Me mostró un cuadro de fotos y me dijeron que delatara a mis compañeros que participaron en la toma. Yo no lo acepté”. Araya fue expulsado.
En la UCT aún hay miedo. Un funcionario que teme dar su nombre cuenta que desde que asumió el rector que sucedió a Jiménez, Alberto Vásquez Tapia, “los trabajadores hemos sido objeto de reiteradas amenazas. La situación se arrastra desde que llegó a la universidad Mónica Jiménez de la Jara, quien inició un clima poco sano y muy represivo”. El trabajador cuenta que el encargado efectuar esta represión fue el brazo derecho de la ex rectora, Cristián Valdés, quien habría creado un sistema de espionaje y control por medio de cámaras de vigilancia, además de manifestar una prepotencia que se encarnizaba en las funcionarias mujeres. Valdés y Jiménez viajaron juntos a diversos países dando conferencias sobre el proyecto educativo de la UCT.
MBR
Nota de la R: Franz Daniel Kachele Troncoso, nada tiene que ver con casos de DD.HH