La iniciativa quita la exclusividad al Servicio de
Impuestos Internos en la acción penal en casos de delitos tributarios.
Hasta la Comisión de Constitución
concurrieron el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y el Director del
Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para entregar su
postura en relación al proyecto de ley, iniciado en moción, (boletín 9954) que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios.
Ante la instancia, el Fiscal Nacional señaló que lo que se está reclamando, por parte del Ministerio Público, es la igualdad ante la ley, en virtud de la persecución penal. “Nos parece que no es posible que un órgano de la administración central tenga la exclusividad en la investigación y la persecución penal, porque se produce una discriminación entre los ciudadanos, puesto que las decisiones se toman en base a criterios puramente económicos y no a criterios objetivos, como lo puede tomar una institución autónoma que tiene como atribución, precisamente, la investigación y la persecución penal”, describió.
En esa línea, Abbott agregó que es deber del Ministerio Público instar y reclamar porque no existan trabas para el inicio de las investigaciones en esta materia.
Por su parte, el director del SII defendió el rol recaudador del organismo y argumentó que su postura es mantener en el Servicio la decisión de denunciar los delitos tributarios. “Nosotros con el Ministerio Público en general trabajamos muy mancomudamente, tenemos un trabajo diario a nivel nacional con las distintas causas, pero eso no significa que estemos de acuerdo con que la acción penal la compartamos con el Ministerio Público (…) en definitiva obstaculizarían la eficiente labor que realiza el Servicio de Impuestos Internos a la hora de cumplir con su misión final que es recaudatoria”, argumentó.
Con respecto a los dichos sobre una eventual vulneración, por parte del SII, al principio de igualdad ante la ley en estos tipos de delitos, Barraza argumentó que el Servicio no lo hace en absoluto, solamente existen delitos donde es mucho más eficiente actuar por la vía infraccional y donde además se pueden recuperar multas, una vez recuperados los impuestos, sobre el 50%, cosa que no ocurre en el caso de la sanción penal.
Cambios en la materia
El presidente de la Comisión, diputado DC Fuad Chahin, sostuvo que la diferencia entre ambos organismos es una muestra de que se deben hacer cambios en esta materia. “En la sesión de hoy quedó claro que no podemos mantener al director de una institución tan importante para el país como el SII, sometido a posibles presiones políticas respecto de iniciar o no una acción penal en contra de determinados contribuyentes, ni tampoco expuesto a la crítica política respecto a la eventual arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", acotó.
En tanto, el diputado Jorge Tarud (PPD), autor de la moción, valoró el respaldo entregado por el Fiscal Nacional y la Corte Suprema en esta materia y manifestó que es inaceptable la discriminación que existe hoy en casos en los que habiendo un delito de por medio sea un funcionario designado políticamente, por el gobierno de turno, quien se querelle o no. “Esto tiene que terminar en este país de una vez por todas y espero que la Comisión vote este proyecto el próximo martes para que pase a la Sala”, enfatizó.
La instancia continuará el estudio del proyecto el próximo martes 9 de mayo, con el propósito de aprobar la iniciativa y poder remitirla de inmediato a la Sala.
Ante la instancia, el Fiscal Nacional señaló que lo que se está reclamando, por parte del Ministerio Público, es la igualdad ante la ley, en virtud de la persecución penal. “Nos parece que no es posible que un órgano de la administración central tenga la exclusividad en la investigación y la persecución penal, porque se produce una discriminación entre los ciudadanos, puesto que las decisiones se toman en base a criterios puramente económicos y no a criterios objetivos, como lo puede tomar una institución autónoma que tiene como atribución, precisamente, la investigación y la persecución penal”, describió.
En esa línea, Abbott agregó que es deber del Ministerio Público instar y reclamar porque no existan trabas para el inicio de las investigaciones en esta materia.
Por su parte, el director del SII defendió el rol recaudador del organismo y argumentó que su postura es mantener en el Servicio la decisión de denunciar los delitos tributarios. “Nosotros con el Ministerio Público en general trabajamos muy mancomudamente, tenemos un trabajo diario a nivel nacional con las distintas causas, pero eso no significa que estemos de acuerdo con que la acción penal la compartamos con el Ministerio Público (…) en definitiva obstaculizarían la eficiente labor que realiza el Servicio de Impuestos Internos a la hora de cumplir con su misión final que es recaudatoria”, argumentó.
Con respecto a los dichos sobre una eventual vulneración, por parte del SII, al principio de igualdad ante la ley en estos tipos de delitos, Barraza argumentó que el Servicio no lo hace en absoluto, solamente existen delitos donde es mucho más eficiente actuar por la vía infraccional y donde además se pueden recuperar multas, una vez recuperados los impuestos, sobre el 50%, cosa que no ocurre en el caso de la sanción penal.
Cambios en la materia
El presidente de la Comisión, diputado DC Fuad Chahin, sostuvo que la diferencia entre ambos organismos es una muestra de que se deben hacer cambios en esta materia. “En la sesión de hoy quedó claro que no podemos mantener al director de una institución tan importante para el país como el SII, sometido a posibles presiones políticas respecto de iniciar o no una acción penal en contra de determinados contribuyentes, ni tampoco expuesto a la crítica política respecto a la eventual arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones", acotó.
En tanto, el diputado Jorge Tarud (PPD), autor de la moción, valoró el respaldo entregado por el Fiscal Nacional y la Corte Suprema en esta materia y manifestó que es inaceptable la discriminación que existe hoy en casos en los que habiendo un delito de por medio sea un funcionario designado políticamente, por el gobierno de turno, quien se querelle o no. “Esto tiene que terminar en este país de una vez por todas y espero que la Comisión vote este proyecto el próximo martes para que pase a la Sala”, enfatizó.
La instancia continuará el estudio del proyecto el próximo martes 9 de mayo, con el propósito de aprobar la iniciativa y poder remitirla de inmediato a la Sala.
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