Autor: M. Bustos
Rodrigo Antilef, vocero de Apoderados Subvencionados del Norte, señaló que "“Esta ley fue pensada para Santiago, está hecha con un centralismo terrible que afecta al resto de las regiones”.
Preocupación e incertidumbre por los
cambios que introduce la Ley de Inclusión. Esas son las razones que
llevaron a una agrupación de apoderados de colegios subvencionados, en
Antofagasta, a manifestarse en contra de la iniciativa que lleva poco
más de un año en vigencia.
De acuerdo con Rodrigo Antilef, vocero de Apoderados Subvencionados
del Norte, alrededor de 5 mil personas participaron de la marcha.
Según él, los padres apoyan la idea de que los colegios pasen a ser
fundaciones sin fines de lucro. Sin embargo, sostiene que la forma en la
que se debe llevar a cabo el proceso perjudica a los establecimientos.
En ese sentido, el apoderado explicó que las transformaciones no se
pueden hacer en las condiciones que impone la ley. “Los sostenedores
están dispuestos a ser fundaciones, el problema es la participación de
la banca y que la venta de los colegios se hará a precios bajos, porque
el avalúo fiscal que se usará es mucho más reducido que el comercial”.
En la región, alrededor de 17 colegios cerrarán y otros 15 pasarán a ser
particulares pagados, según Antilef. “Esta ley fue pensada para
Santiago, está hecha con un centralismo terrible que afecta al resto de
las regiones”, dijo.
Respecto a la molestia de los padres, el senador Pedro Araya (Ind.),
señaló a Radio Carnaval de Antofagasta que la mayoría de los
sostenedores del país quedaron de acuerdo con las modificaciones que se
hicieron a la iniciativa y que el problema es que “acá se cobra el
copago más alto del país y hay problemas con los valores de los
inmuebles. Me he reunido con los apoderados y sostenedores, y vamos a
presentar propuestas al gobierno para tratar de dar una solución”.
En tanto, en Iquique, más de 300 familias se manifestaron frente al
colegio Hispano Británico, que hace algunas semanas anunció que el
establecimiento dejará de ser subvencionado a partir del próximo año y
pasará a ser particular pagado, aumentando la colegiatura de $ 106 mil a
$ 280 mil. La noticia sorprendió a los padres. Andrea Jiménez, vocera
del Centro General de Apoderados, señaló que “esto no es contra el
sostenedor, tiene que ver con una ley que no consideró la realidad de
todas las regiones”, dijo la apoderada, quien agregó que el gobierno
debe reestudiar la legislación.
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