Resultados de la gratuidad en la educación superior

Autor: La Tercera

Para llevar a cabo la gratuidad, el Estado debió establecer limitaciones, que dificultarán consolidar un sistema de educación superior de calidad.

Se dieron a conocer los resultados del proceso de postulación a ayudas estudiantiles para el año académico 2017 donde destacó el número de alumnos que contarán con gratuidad para la educación superior, sumando casi 95 mil nuevos beneficiarios. Este incremento se debe fundamentalmente al ingreso de centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) que no fueron parte del proceso en 2016, a pesar de atender a la mayoría de los alumnos que actualmente ingresan a la educación superior y una proporción muy significativa de aquellos más vulnerables. Para este año, los CFT e IP pasaron a ser elegibles tras modificar sus estatutos y pasar a funcionar como instituciones sin fines de lucro, requisito necesario para ingresar a la gratuidad. Para poder llevar a cabo la polémica gratuidad, el Estado debió establecer limitaciones, previamente innecesarias, que dificultarán consolidar un sistema de educación superior de calidad.

En un contexto donde alumnos y familias no internalizan el costo de cursar sus estudios, esta variable se hace irrelevante. Las instituciones, conscientes de ello, podrían cobrar aranceles más altos, lo que terminaría por encarecer la política. Es por ello que era esperable que el Estado fijara aranceles y, para hacer efectiva la gratuidad, impidiera a las instituciones cobrar a los alumnos por encima de éstos. Por su parte, al no tener costo hay un alto incentivo por seguir estudios superiores y de las instituciones por abrir vacantes que atiendan esa demanda. En este caso, el Estado decidió limitar el crecimiento de la matrícula, la cual no puede crecer más de un 2,7% al año para alumnos de primer año (aunque el Ministerio de Educación puede incrementar dicho límite previa solicitud lo que, además, introduce discrecionalidad). Ambas son restricciones necesarias para paliar los efectos negativos de una política pública inconveniente y que generarán dificultades en el sistema de educación superior.

En el caso de las universidades adscritas a la gratuidad, el tope a los aranceles generó en la mayoría de las instituciones déficits significativos -el Estado no entrega la misma cantidad de recursos que antes recibían por concepto de aranceles-, lo que obligó a éstas a suspender inversiones y recortar presupuestos tal como se informó el año pasado. En el caso de los CFT e IP, la restricción más relevante parece ser el límite de crecimiento de la matrícula debido a que, producto de su tamaño, las posibilidades de crecimiento serán muy limitadas. De las 10 instituciones adscritas, solo tres podrán crecer en más de 50 alumnos, dificultando la consolidación de este tipo de instituciones, algunas de las cuales tienen menos de dos mil alumnos.

Las restricciones mencionadas no eran necesarias previo a la gratuidad. En efecto, no había límites al crecimiento más allá de los criterios necesarios para obtener la acreditación institucional, y si bien existían los aranceles de referencia, las instituciones eran libres para cobrar por sobre ellos. La existencia de un sistema de ayudas estudiantiles (becas y créditos subsidiados), aunque perfectible, aseguraba que ningún alumno quedara fuera de la educación superior por problemas económicos y evitaba restricciones que afectan la autonomía y los planes de desarrollo de las instituciones y que tendrán consecuencias importantes en el desarrollo del sistema de educación superior del país.