Martes 27 de diciembre de 2016
Mario Aguilar, futuro nuevo presidente del Colegio
de Profesores señala que “la irregularidad más grande es que los
profesores dieron la prueba sin conocer las reglas del juego, sin que
exista un reglamento, sin conocer las características de la prueba.”
Este 2016 que está a punto de finalizar, sin duda, fue un año en que el Ministerio de Educación (MINEDUC), encabezado por Adriana Delpiano –amiga de la Presidenta, Michelle Bachelet-,
estuvo marcado por un ir y venir de proyectos de ley cuestionados desde
diferentes frentes y cuyas críticas, al parecer, la Ministra de esa
cartera no escuchó, porque siguió empujando con un ímpetu increíble, sin
incluir ninguna de las críticas provenientes de los propios profesores.
¡Oídos sordos!, es el término que mejor ejemplifica el escenario.
En el ámbito de la educación, la carrera profesional docente, el
encasillamiento arbitrario por tramos de los docentes, la gratuidad, el
proyecto de inclusión y fin al lucro, la iniciativa en materia de
desmunicipalización escolar, son sólo algunos ejemplos de las propuestas
del Ejecutivo cuestionadas y puestas en tela de juicio desde su origen
y, ni hablar, de las modificaciones que, después, se introdujeron.
En conversación con EL MURO, Mario Aguilar (del
Partido Humanista) y quien el 9 de enero de 2017 asumirá como el nuevo
presidente del Colegio de Profesores –destronando el reinado de Jaime Gajardo
(PC)-, analiza lo que ha ocurrido este año en materia de educación, en
general, y habla en detalle de las irregularidades detectadas en la
prueba de conocimientos específicos y pedagógicos obligatoria a la que
estuvieron sometidos cerca de 20.000 docentes en diciembre: no existe
reglamento que defina los lineamientos para esta prueba ni la forma de
evaluación, más de una hora perdieron los profesores a lo largo del país
buscando la sala en la que debían rendir la prueba sin que nadie les
informara nada, con temarios que se entregaron y se incluyeron materias
adicionales. Un sinfín de anomalías, una vez más, protagonizadas por el
Ministerio de Educación que, hasta ahora, dirige Adriana Delpiano.
Cabe mencionar que esta prueba de conocimientos específicos y
pedagógicos, en la práctica, su resultado no es menor y no lo es, porque
de dicho resultado depende que el profesor que la hace clases a su hijo
pueda avanzar en el tramo de encasillamiento en el que fue designado y
aumentar su remuneración.
Mario Aguilar sostiene que un primer grupo dio la
prueba el pasado 17 de diciembre. Se trata de cerca de 20.000 profesores
que rindieron la Evaluación Docente este 2016. “La ley señala que esta
prueba debe tener un reglamento para establecer todos los detalles en su
implementación. La ley sólo hace una definición genérica de cómo es la
prueba, luego establece que el Ministerio de Educación debe promulgar un
reglamento que normará el proceso y ese reglamento no existe”. Agrega
que “el Ministerio de Educación señaló que no necesita el reglamento,
aunque la Ley Nº 20.933 lo señala, claramente, y así lo estipula en el
Artículo Nº 19”.
Según el dirigente del Magisterio, “la irregularidad más grande es que los profesores dieron la prueba sin conocer las reglas del juego,
sin que exista un reglamento, sin conocer las características de la
prueba, cómo se procede, cómo se evalúa, como cualquier prueba y, sobre
todo, considerando que es determinante para el futuro profesional. Las reglas del juego deben estar claras y, eso, no estuvo presente”.
-Estamos hablando de cerca de 20.000 docentes a lo largo de todo el país que rindieron la prueba en el aire…
Los profesores fueron a ciegas, sin conocer los procedimientos, ni
las reglas del juego que toda prueba debe contener. Sin saber qué tipo
de preguntas son, cómo se evalúa, quiénes evalúan, ni nada que, se
supone, tiene que estar normado. Esto fue un ejemplo del arbitrariedad
de la autoridad, donde el MINEDUC de manera unilateral fijó y determinó
cómo era la prueba, cómo se rendía, el horario, la extensión, el tipo y
cantidad de preguntas, por ejemplo.
-¿Los lineamientos que, de manera unilateral, como usted
plantea, fijó el MINEDUC fueron traspasados a los profesores que tenían
que rendir esta prueba de conocimientos específicos y pedagógicos?
Lo único que se entregó fue un temario y, además, ese temario ni
siquiera fue respetado, porque tenemos denuncias de muchos docentes que
dicen que surgieron preguntas que no estaban dentro del temario durante
la prueba que rindieron. Esta prueba no sólo es sensible, es decisiva
para el futuro laboral del docente.
-¿Cómo se explica que, de acuerdo a la ley, debe haber un
reglamento, pero el MINEDUC determina que no es necesaria esa normativa y
define los procedimientos de la prueba de conocimientos específicos y
pedagógicos?
Es muy sui generis la interpretación que hacen, en el
sentido de que para rendir la prueba se aplica todo lo demás. ¿Y ese
todo lo demás, qué sería? Es curioso. No estamos conformes con esa
respuesta que han dado y a nuestro entender la ley es clara y
contundente y, en este caso, hay un incumplimiento de la ley.
-¿Detectaron otro tipo de irregularidades en el proceso de esta prueba?
La prueba fue muy mal organizada. Tenemos denuncias de lugares en los
que no había información clara, los profesores llegaban al recinto
donde tenían que rendir la prueba y durante más de una hora tenían que
andar buscando cuál era la sala habilitada, nadie daba ninguna respuesta
y las personas a cargo no tenían mayor información, lo que demostró que
el proceso fue bastante improvisado. Hubo lugares donde el inmobiliario
era inadecuado, los profesores rindiendo la prueba en un curso de
primero básico con mesas pequeñas y estaban incómodos. Hubo preguntas
inadecuadas, además, para el nivel que se estaba rindiendo.
-¿A qué se refiere, por ejemplo, con niveles inadecuados o que no correspondían?
Hubo profesores que se inscribieron para rendir la prueba en un nivel
determinado y al llegar a rendir la prueba los sometieron a un nivel
distinto y no existía la alternativa de que se cambiara. No había ni
siquiera un lugar dónde reclamar, ni libro de reclamos, ni nada. Hay una
dimensión desconocida dónde no hay en qué instancia reclamar, lo que es
otra irregularidad y se debiera normar.
-¿Esto tiene que ver con el desorden y la desorganización que
ha caracterizado al MINEDUC, bajo el alero de la Ministra, Adriana
Delpiano?
Hay una muy mala organización. Uno tiene todo el derecho a
preguntarse si, acaso, no está la intención de que a los profesores les
vaya bien, porque al irles bien, mejoran de tramo, mejoran los sueldos
y, finalmente, eso implica mayor costo para el Estado.
¡Raya para la suma!
-Está a punto de terminar este 2016, ¿cuál es la evaluación
que usted hace de la gestión del Ministerio de Educación a la cabeza de
Adriana Delpiano?
Nosotros somos bastante críticos y, de alguna manera, en la elección
del Colegio de Profesores había una disputa entre ser complaciente con
el gobierno, más obsecuente, que representaba la directiva saliente y la
postura nuestra que somos los disidentes, mucho más críticos y
autónomos del gobierno y, por lo tanto, con mucha libertad para señalar
las críticas que nos parezcan. La Reforma Educacional que se está
implementando es, absolutamente, tibia, mantiene a la educación en la
lógica de mercado y no responde a lo que ha demandado el movimiento
social.
-A su juicio, ¿esto tiene que ver con una mala gestión del MINEDUC y la falta de competencia para abordar el tema educacional?
La gestión del Ministerio de Educación no tuvo el coraje ni con Nicolás Eyzaguirre
ni con Adriana Delpiano de cumplir la promesa de sacar a la educación
de la lógica de mercado. Ésa es la principal crítica que nosotros
hacemos. Finalmente, todo se ha quedado en un reclamo muy genérico y
superficial, y si uno revisa cada uno de los proyectos emblemáticos,
inclusión, carrera docente, gratuidad, desmunicipalización, por ejemplo,
son proyectos que, teóricamente respondían a las demandas del
movimiento social, pero se quedaron en una mera reforma superficial y,
en cada uno de esos campo,s la educación chilena sigue ligada a una
lógica de mercado, economicista, no como un derecho social, sino como un
bien de consumo.
Daisy Castillo Triviños/EL MURO
Foto: Agencia Uno
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