¿Por qué movilizarse una próxima vez, si no se obtiene nada o casi nada como rédito?, ¿No será mejor aceptar una fórmula o “regla salarial” que evite transitar por una negociación larga y agotadora y que además expone a considerables descuentos?.
Es cierto que el movimiento sindical del Sector Público ha perdido la batalla del 3,2% de reajuste, cabe reconocerlo sin ambigüedades. Ganar esta batalla era posible, pero requería algo más que desplegar la fuerza propia: requería que terceros, situados más allá del campo social, en la esfera de la institucionalidad política, se alinearan con los intereses de las y los trabajadores. Algo que evidentemente no ocurrió.
Haber perdido esta batalla conlleva el riesgo de que un importante número de trabajadoras y trabajadores del Sector Público termine concluyendo que resulta inútil movilizarse, a la luz de la nula movilidad del factor de reajuste, tempranamente puesto en la mesa por el Gobierno a través de su Ministro de Hacienda. ¿Por qué movilizarse una próxima vez, si no se obtiene nada o casi nada como rédito?, ¿No será mejor aceptar una fórmula o “regla salarial” que evite transitar por una negociación larga y agotadora y que además expone a considerables descuentos?
Pretendo analizar esta situación, dada las profundas implicancias que una reflexión como esta puede tener en el movimiento social y que además es claramente aplicable a lo sucedido con la huelga del BCI o antes con la de Scotiabank, o incluso al posible desenlace de la huelga de Homecenter Sodimac.
La lucha de la Mesa del Sector Público, a pesar de que movilizó a más de medio millón de trabajadores a lo largo del país durante dos semanas, no logró subir el 3,2%. Este hecho devela los límites de la lucha gremial, nos enseña los nocivos efectos de la escisión impuesta entre la lucha social y la lucha política, donde a las fuerzas sociales, en este caso las y los trabajadores, se les concede un espacio de participación no determinante, a la vez que se les priva el acceso al campo de efectiva resolución donde otros deciden por ellos: los partidos, el parlamento y el Gobierno, muchas veces también los empresarios, como quedó de manifiesto en la cocina de Zaldívar. Este espacio político requiere de las y los trabajadores pero como votantes, como adherentes, como participantes que delegan en terceros su derecho a decidir para que estos resguarden sus intereses. Intereses que ineludiblemente entran en contradicción con el modelo neoliberal vigente, expresados en este caso como anulación de la política fiscal, rígida convergencia hacia el balance estructural. Puestos ante la disyuntiva, entre los intereses de sus votantes y los propios, los representantes políticos electos optan por la sumisión ante la ofrenda presentada a los dioses del mercado por el sumo sacerdote Valdés, que responde por cierto a una iglesia mayor y de varios colores, pero con un solo credo.
En esta línea, el Gobierno y la derecha se proponen avanzar en la creación de una regla salarial, mecanismo muy funcional a la alternancia bi-coalicional que rige en el país. La Nueva Mayoría, con ello, alcanzó los votos que no logró cuadrar en su propio seno y la derecha, a través de este mecanismo, pretende bypasear la lucha sindical de la Mesa del Sector Público en el periodo presidencial siguiente. Este mecanismo lo que busca es sacar de la escena a los trabajadores, borrarlos de toda participación en la fijación de sus salarios e imponer el imperio de la tecnocracia, donde los de arriba, “los ilustrados” vuelven a sentenciar cuánto deben ganar los trabajadores y cuanto debe disciplinarse la política fiscal para recibir la venia del capital financiero.
Si fuera tan fácil definir y consensuar una fórmula o regla salarial conveniente para todas y todos vale preguntarse: ¿cuál habría sido ese número mágico que habría emanado de la regla y que nos hubiera dejado contentos a todos, gobi
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