“Las comunidades escolares demandan una acción
decidida de la autoridad en contra de las continuas interrupciones del
proceso académico, cuyos efectos nocivos afectan a todos los
estudiantes. La participación estudiantil en los grandes temas
nacionales es deseable, pero ello no puede implicar la vulneración del
derecho a la educación, menos aun cuando se reclama calidad educativa”,
se lee en el editorial.
A través de su principal espacio editorial de este lunes, El Mercurio
advierte, ante lo visto la semana pasada en la toma del Internado
Nacional Barros Arana (INBA), que hay un nocivo impacto en este tipo de
movilizaciones.
El medio que pertenece a la familia Edwards habla del “terremoto de
salvajismo que azotó a la institución durante la toma protagonizada por
sectores del alumnado”.
Ante ellos, recuerda que ha habido un “rechazo transversal de los ex
alumnos, apoderados, profesores y estudiantes”, el cual “ha sido
acompañado de demandas judiciales por parte de las autoridades”.
“La presidenta del Centro de Padres del INBA interpeló a los
apoderados por su falta de compromiso e incapacidad para poner límites a
los jóvenes. Por su parte, los profesores rechazaron la escalada de
violencia que ha afectado a las movilizaciones estudiantiles, mientras
que los alumnos han prometido recabar fondos y organizar actividades de
reparación”, se lee en el artículo.
El Mercurio sostiene que “desde que comenzara el llamado movimiento
estudiantil -hace ya una década- se ha extendido la práctica de la
ocupación de los establecimientos, situación que deriva en prolongadas
interrupciones de la actividad académica y pérdidas cuantiosas de
recursos”.
El editorial afirma al respecto que hay un “efecto nocivo”, pues las
continuas tomas atentan contra “el normal curso de la vida escolar,
causando vacíos irrecuperables en la formación académica de los
jóvenes”.
“Las comunidades escolares demandan una acción decidida de la
autoridad en contra de las continuas interrupciones del proceso
académico, cuyos efectos nocivos afectan a todos los estudiantes. La
participación estudiantil en los grandes temas nacionales es deseable,
pero ello no puede implicar la vulneración del derecho a la educación,
menos aun cuando se reclama calidad educativa”, cierra.
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