La promesa del Mineduc de pagar las deudas de los municipios por no
haber pagado las cotizaciones previsionales y los descuentos voluntarios
de los trabajadores del área de educación, entre los cuales están los
profesores, abrió un nuevo frente de debate en el marco del proyecto de
Nueva Educación Pública.
La iniciativa contempla que el Estado se haga cargo de estas deudas
generadas hasta diciembre de 2014. Los montos impagos que hayan surgido
con posterioridad deben ser asumidos por los municipios. Eso sí, cuando
la ley entre en vigencia, existirán planes de transición para evitar
nuevas morodisdades y solucionar las existentes.
“Las obligaciones previsionales y descuentos voluntarios no pagados a
quien correspondía por parte del empleador municipal serán asumidas por
el Fisco a través de los convenios de ejecución que establece el Plan
de Transición”, dice una minuta entregada por el Mineduc a la Comisión
de Hacienda de la Cámara.
¿A cuánto ascienden los montos impagos? Según información entregada
en diciembre por el Mineduc a la Comisión de Educación, la deuda total
ascendía a $ 79 mil millones, de los cuales $ 49 mil millones
correspondian a cotizaciones impagas. Consultados en esta ocasión,
Rodrigo Roco, secretario general del proyecto, explicó que “los datos
reportados por Superintendencia de Pensiones y la Subdere en el primer
semestre de 2014, difieren entre sí, por lo que no es posible saber cuál
es la deuda exacta por municipio”.
Roco agregó que “a diciembre de 2014, 341 municipios (99%) mantenían
algún tipo de deuda con sus trabajadores. Pero, existen diferencias
importantes. Por ejemplo, más de 20 municipalidades tenían una deuda
previsional a julio del 2014 superior a $ 350 millones, mientras otras
223 (65%) acumulaban deudas por menos de $ 50 millones”.
Según el secretario ejecutivo de la iniciativa, los municipios han
ido saldando los montos impagos gracias al Fondo de Apoyo a la Educación
Pública (Faep). Con todo, las estimaciones de los alcaldes son
superiores a las del Mineduc. La Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM) calcula una deuda de $ 125 mil millones que bajó a $ 87 mil en
2015.
Pero esta idea no les parece buena a todos los alcaldes. “Esto es un
perdonazo a quienes no han tenido una buena gestión y ni han logrado
ponerse al día con el pago de cotizaciones. Se premia a los que han sido
ineficientes”, criticó el alcalde de Colina y presidente de la Amuch,
Mario Olavarría (UDI). “El acumular deudas por un factor estructural
como el sistema de financiamiento ocurre en muy pocos municipios”,
agregó
Similar es la opinión del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN).
“Nosotros hemos sido responsables y no tenemos deuda previsional. Me
preocupa que la política del gobierno central sea cubrir las
ineficiencias de los que no han cumplido con la ley”, señaló.
Para Gonzalo Navarrete (PPD), alcalde de Lo Prado y presidente de la
Comisión de Educación de la AChM, la deuda tiene un fuerte componente
estructural porque “por muchos años la subvención regular no ha
alcanzado a cubrir los gastos fijos que tiene la educación”. Esto, por
ser un financiamiento que varía dependiendo, principalmente, de la
matricula y asistencia de los alumnos. Pese a ello, no descarta el
factor administrativo. “Hay problemas de gestión. Hay municipios que
tienen deuda porque no han adecuado sus plantas de profesores al número
de alumnos y se mantiene una sobredotación”, explicó Navarrete.
El alcalde de Talagante, Raúl Leiva (Ind), considera que la deuda
municipal se ha generado “por múltiples factores, principalmente por el
financiamiento. A los municipios se les entregó la educación sin mayores
recursos. Es inconcebible que una actividad que tiene costos fijos se
supedite a ingresos variables como la asistencia de los alumnos”.
El edil de Talagante subrayó que “el traspaso es inviable con ese
nivel de deuda. Habrá continuidad laboral y al asumir el Estado bajo su
cargo a los trabajadores va a tener que hacerse cargo de eso antes o
después”.
Para Felipe Guevara (RN), alcalde de Lo Barnechea, pensar de ese modo
es una excusa: “Los alcaldes que deben dinero tienen que pagarlo. No
pagar las cotizaciones es delito y no puede ser que el Estado con
recursos de todos los chilenos vaya a perdonar eso”.
Rodrigo Roco agregó que “el proyecto no hace un ‘perdonazo’ en donde
el Fisco se hace cargo de cualquier deuda sin importar su origen y
propósito. Estamos hablando sólo de deudas ocasionadas por la prestación
del servicio educacional, cosa que el municipio debe acreditar”.
Además, subrayó que “es fundamental tener en cuenta que no todas las
deudas y déficits tienen su origen en una mala gestión o en un uso
indebido de los recursos que el Estado entrega para la educación.
Ciertamente, hay casos y casos, pero finalmente tenemos un problema
sistémico”.
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