En el debate en torno a la Educación Superior en Chile y su financiamiento, se han abierto interesantes derroteros para el análisis de algunas hipótesis que se difuminan en la marea de entelequias y clichés a los que estamos acostumbrados.
Entre los 40 países con mayor PIB en el mundo –nuestro país incluido–, no hay ninguno que tenga más del 40% de su población concentrada en una sola ciudad como Chile. Ello nos lleva a la pregunta: ¿es posible, en las actuales condiciones, que una universidad de regiones pueda proveer la mejor educación del país?
Sabemos que la universidad debe estar en directa simbiosis con la generación de valor que se produce en el mercado. Cuando las 100 empresas más importantes de Chile tienen sus oficinas principales en Santiago, ¿se puede romper dicho círculo vicioso o es una tarea de antemano perdida?
Tomemos como ejemplo paradigmático el caso de la Universidad de Concepción. Es la que más patentes obtiene al año en Chile –y se entiende que en la economía del conocimiento, patentar es sinónimo no sólo de provisión de bienes públicos sino de generación de valor para el mercado nacional e internacional–. Sin embargo, en cualquier ranking, siempre antes que ella tenemos la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica. Si bien siempre se afirma que la eficacia de lo que se ha dado en llamar modelo chileno estaría dada porque dentro de las 10 mayores fortunas del país, la gran mayoría son inmigrantes (Luksic, Matte y Paullmann lo son) lo que se omite es que al momento del arribo de dichas familias de extranjeros a Chile las condiciones eran radicalmente diferentes a las actuales: la universidad era gratuita, la educación pública se encontraba en un notorio mejor estado que el actual y la sociedad chilena estaba imbuida por un espíritu comunitario muy distinto al individualismo actualmente imperante.
Se observa por parte del legislador una deliberada intención en el espíritu tanto de la LOCE como de la LGE por demoler la educación pública, bajo la engañosa premisa de que el Estado, al apuntalar a los establecimientos públicos, estaría distorsionando la sana competencia que debiera existir entre éstos últimos y los establecimientos privados. Asimismo, la respuesta neoliberal de connotados intelectuales como José Piñera a la problemática educacional es falaz, dado que traspasar la inversión en educación a las familias en forma de un voucher (lo que en parte se realiza hace más de 30 años con el sistema de co-pago) y eliminar por completo la provisión estatal derivaría de todas maneras en mayor segregación: las familias de mayores ingresos añadirían al voucher estatal su propio aporte, contribuyendo aún más al verdadero apartheid encubierto que vivimos en Chile, donde mucho antes que pelear por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer o por los derechos civiles de los homosexuales, deberíamos luchar por abolir la discriminación de facto en las entrevistas de trabajo según color de piel, colegio de procedencia y pertenencia a algún grupo religioso de élite o club privado.
Hemos asistido en el último tiempo a una verdadera pirotecnia intelectual, donde se lograron instalar diversas ideas-fuerza, algunas de ellas con mayor o menor correlato en la realidad. Se esgrime que antes la educación universitaria era elitista, de baja penetración en la población y extremadamente cara, pero esta idea olvida la circunstancia de que las universidades estatales que verdaderamente funcionan en el mundo lo hacen con economías de escala y teniendo 100.000 ó 200.000 alumnos.
Dado el panorama actual en nuestro país, habría que cuantificar en términos del impacto que tendría eso sobre las universidades estatales de regiones –hay varias decisiones interesantes que podrían desprenderse de esa arista, por ejemplo si por la vía de crear universidades el Estado podría influir en la distribución demográfica a largo plazo o en levantar economías alicaídas regionales, etc.–. También tener en cuenta el espinudo asunto referente a que la Universidad de Harvard –modelo de universidad puesto como el epítome del triunfo de una universidad privada por sobre las universidades estatales en Estados Unidos– no recibe ni un solo peso del Estado y si en dicho esquema las universidades privadas del actual sistema chileno serían viables (más allá de la Universidad Gabriela Mistral y la Universidad de los Andes). Y habría que debatir qué mecanismo es el más adecuado para garantizar un correcto uso de los recursos públicos y cautelar que los alumnos que actualmente se instruyen en las universidades privadas no queden a la deriva. Por ejemplo, en caso de que la provisión del sistema universitario chileno fuera estatal: ¿habría que expropiar la PUC, la UDP y otras?
Ojalá a futuro no suceda que, si tuviéramos que graficar el aporte del Estado por nivel etario, nos encontremos con la sorpresa de que éste fuera una pirámide invertida, cuya base representaría el gasto en educación universitaria y cuya minúscula cúspide representaría el gasto en educación pre-escolar. Fortalecer la educación universitaria no puede significar descuidar la educación pre-escolar, puesto que las familias de escasos recursos adolecen de capital cultural, lo cual coloca a esos niños en evidente desventaja desde un principio. Las desigualdades no se corrigen al final, sino desde el origen.