Reforma tributaria: Un dramático llamado al Congreso

EXPERTO DE LAS UNIVERSIDADES DE CHILE Y DE MARYLAND:

Por : Ramón E. López

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Ramón López fue uno de los autores de un estudio que el año pasado calculó que el 1% más rico en Chile acapara un tercio del ingreso del país. Ahora estima que la reforma tributaria es un paso en la dirección correcta para intentar disminuir esa desigualdad, pero cree que es un paso muy modesto. En esta columna explica qué medidas de la reforma son a su juicio equivocadas y sugiere a los parlamentarios cuatro cambios para enmendarla.

La actual reforma tributaria nos ofrece una oportunidad única, que tal vez no se presentará nuevamente por mucho tiempo, para mitigar en parte la brutal desigualdad de ingresos en Chile, donde el 1% más rico se apropia de casi un tercio del ingreso nacional. El estudio “La Parte del León: Nuevas Estimaciones de la Participación de los Súper Ricos en el Ingreso de Chile”, que publiqué junto a Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez en la serie Documentos de Trabajo del Departamento de Economía de la Universidad de Chile (marzo, 2013), demuestra que el real problema de la distribución de ingresos consiste fundamentalmente en las altísimas rentas del 1% más rico, mientras que la distribución de ingresos entre el 99% restante de la población no es particularmente desigual comparada con países de la OCDE (ver columna anterior y nota de CIPER).

Políticamente esta reforma podría llegar a ser una suerte de redención parcial para los políticos y economistas que lideraron los cuatro gobiernos de la Concertación, durante los cuales las políticas públicas ciegamente se centraron en satisfacer las insaciables demandas de las elites económicas del país, ignorando el masivo problema de la desigualdad.

La actual reforma, tal como está concebida, es un modesto paso en la dirección de aminorar este flagelo distributivo. La eventual eliminación del ignominioso Fondo de Utilidades Tributable (FUT) que ocurriría recién en 2018, y el alza gradual del impuesto de primera categoría sobre las utilidades contables de las empresas de 20% a una tasa de 25% (a la cual también recién se llega en el año 2018) son pasos en la dirección adecuada. Los impuestos “verdes”, aun cuando muy insuficientes en su cobertura y niveles, son también un primer tímido paso para reconocer que no se puede continuar creciendo a costa del medio ambiente, y que las utilidades de los grandes empresarios no debieran continuar nutriéndose de la destrucción del medio ambiente, que conspira contra el bienestar de todos los chilenos. Estos son los aspectos más rescatables de la reforma propuesta.

UNA REBAJA EQUIVOCADA

Sin embargo el proyecto de reforma tributaria peca de serios errores, por acción y omisión. Entre los primeros, el problema más serio consiste en la propuesta de rebajar de 40% a 35% la tasa marginal máxima de impuesto a la renta, lo cual favorece exclusivamente a los 25.000 contribuyentes más ricos del país, quienes están entre el 0,3% más rico de la población. Si un objetivo fundamental de la reforma es contribuir a reducir la concentración del ingreso, esta medida va exactamente en el sentido contrario. Beneficia al 1% más rico que es justamente el corazón de la desigualdad. No se sabe a ciencia cierta cuál es la motivación de esta medida. Algunos economistas de gobierno, o proclives a él, han declarado que tal vez subir los impuestos sobre las utilidades a 40% (una vez que se acabe el FUT) sería demasiado y afectaría la inversión y el empleo. Comparando con los países OCDE cuando tenían ingresos per cápita similares a Chile, éstos en realidad tenían tasas de impuesto a las empresas menores que 40%. Sin embargo, muy pocos países tienen un sistema integrado de impuestos como el chileno. En la mayor parte de los países OCDE las empresas pagan un impuesto a sus ganancias que es adicional e independiente de los impuestos personales que deben pagar los accionistas por su participación en las utilidades de la empresa.

Por lo tanto, para comparar peras con peras debemos considerar la tasa total de impuestos pagados por las empresas y sus propietarios en los países sin el sistema integrado con el impuesto total pagado, como es en el contexto del sistema integrado que rige en Chile. Si se hace esta comparación vemos que una tasa de 40% en el sistema chileno sería bastante menor que la tasa total de impuestos pagados por empresas y sus dueños en países OCDE. Por ejemplo en el caso de EE.UU, que posee uno de las tasas tributarias más bajas entre los países de la OCDE, el impuesto total que afecta a los accionistas puede llegar a 60%, alrededor de 25% efectivo sobre las utilidades mismas, más un 35% aproximadamente de impuestos personales (incluyendo impuesto federal y estatal).

La otra posible motivación para reducir la tasa máxima de impuesto por parte de los economistas de gobierno es que aparentemente comparten ciertas ideas “zombies” (esto es, ideas que existen simplemente porque se repiten y tienen una apariencia de plausibilidad, pero que no tienen ninguna justificación real) que la derecha en Chile se ha encargado de propalar histéricamente para asustar a los chilenos con los efectos catastróficos que tendría un alza de impuestos sobre la inversión y el empleo.

Lo anterior es una falacia; el sistema tributario chileno es extraordinariamente generoso al permitir para efectos de calcular la base imponible deducir todos los costos de producción de las empresas, incluyendo materiales, mano de obra, energía, pago de intereses, y permite además deducir los costos de capital a través de un sistema de depreciación acelerada que se descuenta de las utilidades (esto por lo demás no cambia con la reforma propuesta). Es decir, los impuestos se aplican sobre una base tributable muy reducida, sólo aquellas empresas que tienen utilidades extraordinariamente altas por encima de utilidades normales estarían sujetas a una tasa mayor que el 20% actual. En jerga de economistas, esto implica que las empresas pagan impuestos no sobre sus utilidades normales sino que sobre las “rentas económicas”, las cuales no se originan en valores creados por la empresa, sino que en valores de los cuales se apropia la empresa o el inversionista. Esto se sabe por mucho tiempo. Hace exactamente 50 años un famosísimo economista, Paul Samuelson público en el Journal of Political Economy un también famoso artículo, donde demuestra que sistemas parecidos al chileno, son aproximadamente neutrales, es decir la tasa de impuesto corporativo que se aplique no tiene efectos sobre la inversión o el empleo. Muchos estudios inspirados en este artículo han subsecuentemente corroborado este descubrimiento.

Más aun, estudios empíricos usando datos de Chile han demostrado precisamente este resultado, cambios en las tasas de impuesto no afectan la inversión de las grandes empresas, como el estudio de Bustos, Engel y Galetovic publicado en 2004 en el Journal of Development Economics. Y sorprendentemente, el propio ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien se ha jugado por la tesis catastrofista sobre la inversión de un alza de impuestos, en un artículo publicado en Cuadernos de Economía en 2005, en conjunto con Rodrigo Cerda, encuentran… ¡exactamente este mismo resultado!

¿Por qué se ignora esta importante literatura en Chile?

Ejemplos de rentas económicas: una parte importante de las ganancias de las empresas que explotan los recursos naturales son valores que ya existen en el mineral u otro recurso natural que extraen. En realidad, son valores provenientes de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos de los cuales las empresas extractoras se apropian. Rentas provenientes de posiciones monopólicas o semi monopólicas como las farmacias, bancos, cadenas de supermercados, AFPs y muchos otros, que les permite explotar al consumidor, así apropiándose de ingresos de los consumidores que se ven obligados a pagar más del valor real del producto o servicio; rentas provenientes de información privilegiada que le permite a ciertos individuos de gran poder económico apropiarse de rentas de otros inversionistas de menor poder económico obligados a competir en un mercado sesgado. Son estas rentas las que permiten a empresas tener ganancias muy superiores a la rentabilidad normal del capital, alcanzando tasas de retorno sobre sus capitales muy altas de 40% – 45% anual (bancos, supermercados, farmacias, etc.) hasta tasas anuales de retorno de 80% como en la gran minería en Chile, durante los últimos 12 años. Si en el sistema vigente estas empresas pagan impuestos de 20%, implica que su retorno sobre el capital invertido después de impuestos baja a 32% y 64%. Si el impuesto sube a 40%, aun obtendrían retornos supra normales entre 26% y 48% anual. ¿Dejaría de invertir una empresa porque sus retornos bajan a 26% – 48% anuales?  Obviamente que no, y si alguna desea retirarse, habrá otras empresas dispuestas a invertir a estas tasas que son muy superiores a los retornos normales del capital exigidos en el contexto internacional dado el pequeño riesgo país de Chile.

Así, esta justificación para reducir las tasas de impuesto máximas no es válida. No me voy a referir aquí mayormente a la Pymes, las cuales si obtienen utilidades netas de $75 millones anuales o menos por socio, simplemente pagan como máximo 20% sobre sus utilidades netas y si el impuesto de primera categoría sube a 25% o 40% no van a pagar un peso más en la medida que las tasas de impuestos de los tramos menores no suban, lo cual es el caso de la reforma propuesta. La razón es clara: personas con ingresos menores a $75 millones anuales no alcanzan a llegar al nivel de ingreso que gatilla la tasa máxima de 40%, lo que les da una tasa media de impuestos igual o menor al 20%.

EXTRANJEROS, IVA Y DEPRECIACIÓN

La posible baja de la tasa máxima tiene otra consecuencia grave: El actual sistema impositivo increíblemente discrimina en favor del inversionista extranjero por sobre el nacional. La tasa máxima para las utilidades distribuidas de empresas extranjeras es solo 35% y no 40%, como lo es para los inversionistas locales. Por otro lado, los gobiernos anteriores han adquirido compromisos legales de invariabilidad tributaria con las grandes empresas mineras que amarra al país a no cambiar impuestos específicos a la minería como el royalty hasta el año 2024.  Esto por supuesto le brinda otros 10 años de bonanza tributaria a las grandes empresas mineras con relativo bajo beneficio para el país.

Sin embargo, este convenio de invariabilidad no afecta cambios tributarios que no sean específicos a la minería. Por lo tanto, si se mantiene la tasa máxima de 40%, bastaría con derogar el estatuto legal que le otorga el privilegio de una tasa máxima de 35% a las empresas extranjeras para permitir que las mineras y otras empresas extranjeras empiecen a pagar el 40% sobre utilidades distribuidas en lugar del 35%. Esto podría generar un ingreso adicional al estado sin violar el estatuto de invariabilidad de alrededor de US$800 millones por año, o aproximadamente 10% de lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria. Si se baja la tasa máxima al 35% obviamente que este recurso se hace inefectivo.

Un segundo problema de la reforma tributaria es la mantención del IVA en 19%, una de las tasas más altas del mundo. El IVA es altamente regresivo, ya que fuerza a toda la población, incluyendo los más pobres y la clase media, a pagar casi el 20% de su ingreso en este brutal impuesto. En estudios anteriores he demostrado que este impuesto no es solo un instrumento regresivo que amplifica la desigualdad, sino que también es altamente ineficiente puesto que reduce la inversión en capital humano de las familias afectas a restricciones de crédito (ver Política fiscal en Chile: ¿Promoviendo un crecimiento faustiano?, 2011, que ha sido posteriormente publicado en el libroDemocratic Chile, the Politics and Policies of a Historic Coalition, 1990-2010, LynneRienerPublisher, 2014).

Así, la mantención de esta extraordinaria tasa IVA conspira contra los dos objetivos centrales de la reforma tributaria: una mejor distribución de ingresos y una mayor inversión en capital humano, particularmente en educación. Una propuesta más lógica es que en lugar de bajar el impuesto a la renta del 40% al 35% se baje el IVA para productos de primera necesidad, incluyendo alimentos y cultura, del actual 19% a un nivel muy inferior.  Esto aumentaría el ingreso disponible de las familias permitiendo así que las familias destinen mayores recursos a la educación de sus hijos. De esta manera, el esfuerzo de las familias complementaría el mayor esfuerzo del gobierno por mejorar la educación a través de la reforma educacional que se viene.

Finalmente, otro aspecto preocupante del proyecto de reforma tributaria es la idea de reemplazar la regla actual de depreciación acelerada (que permite a las empresas depreciar la mayor parte de sus inversiones en 3 años para fines tributarios) por una que les permita a las grandes empresas depreciar todo el valor de la inversión en el primer año cuando se invierte. Si bien esta regla se aplicaría solo por un año, su aplicación podría tener consecuencias graves por varios años. Si las empresas aprovechan esta bonanza de depreciación completa en el año en que aplique aglutinando inversiones, es posible que no solo terminen pagando cero impuestos en ese año, sino que también en los periodos siguientes, ya que el fisco quedaría con una “deuda” hasta que las utilidades para efectos tributables se hagan positivas. Este es un juego peligroso y no se entiende su razón de ser.

LLAMADO FINAL

En resumen, el parlamento tiene la histórica oportunidad y la responsabilidad de introducir modificaciones que realmente hagan de este proyecto un instrumento que ayude a mitigar la extrema desigualdad, y que al mismo tiempo contribuya a facilitar la efectividad de la reforma educacional.  Son solo cuatro simples medidas que podrían engendrar una reforma tributaria que realmente cumpla sus objetivos:

1. Rechazar la baja de la tasa máxima de impuesto personal manteniéndola en 40%.

2. Reformar el estatuto tributario de la inversión extranjera para que se termine la discriminación en favor del inversionista extranjero vis-à-vis del nacional, de tal manera que la tasa máxima a las utilidades de las empresas extranjeras sea también de 40% en lugar de la actual 35%.

3. Rebajar sustancialmente el IVA para alimentos, cultura y otros artículos de primera necesidad, de tal forma que los hogares de clase media y pobres puedan retener una mayor proporción de su ingreso y lo puedan usar para solventar una mejor educación de sus hijos. Lo que esta última lograría sería que el esfuerzo para mejorar la educación venga no solo del gobierno sino también de las familias.

4. Eliminar la regla de depreciación instantánea para las grandes empresas.

En esta segunda columna sobre la reforma tributaria, el experto de la Universidad de Maryland sugiere algunas de las características que deben tener los cambios impositivos para que funcionen sinérgicamente con la reforma educacional, magnificando el efecto de ésta. Entre otras cosas, la estrategia implicaría bajar un impuesto regresivo como el IVA, eliminándolo completamente de los gastos relativos a educación, y subir hasta 50% los cobros a las rentas de los “súper ricos”.

¿Qué es una reforma tributaria efectiva y eficiente?

a) Efectiva es aquella que recaude suficiente para financiar reformas sociales importantes, particularmente la reforma educacional, y que al mismo tiempo mejore substancialmente la distribución del ingreso.

b) Eficiente, implica que no afecte los incentivos para invertir en capital físico, que sí provea de incentivos para aumentar la inversión en capital humano por parte de las familias y que a la vez mitigue la destrucción del medio ambiente.

¿Qué características mínimas debe tener una reforma tributaria  para cumplir estos requisitos?

1) Que sea una reforma focalizada.
Enfocada fundamentalmente en aumentar la carga tributaria del 1% más rico de la población evitando afectar otros segmentos de ingresos moderadamente altos, cómo son aquellos individuos que se ubican en los tramos 5%-2% más ricos.  La razón para esto es la siguiente: Los ingresos del 1% más rico contienen una alta incidencia de rentas económicas puras, es decir de apropiación de valores ya creados por otros, que se logran como consecuencia de su posición de alto poder económico y político en la sociedad (¿puede alguien generar ingresos de $100 millones mensuales o más, como ocurre entre el top 1%, sin apropiarse de valores generados por otros?).

Los súper ricos se benefician, a través de sus empresas, de rentas monopólicas provenientes de la explotación de los consumidores, quienes deben pagar precios a veces exorbitantes por los bienes y servicios producidos por los bancos, AFP, supermercados, farmacias, y muchos otros, todos sectores de gran concentración monopólica. De la misma manera, estos súper ricos usufructúan de rentas originadas en la apropiación de recursos naturales de propiedad de todos los chilenos, pero que han sido arbitrariamente asignados por el estado a unas pocas empresas que los explotan (la gran minería, las industrias salmoneras, pesca, etc.). También ellos se benefician de rentas originadas en la capacidad de individuos de gran poder económico de acceder y utilizar información privilegiada, lo que les permite explotar a otros inversionistas menos poderosos económicamente, incluyendo gente común que ahorra en los mercados de valores como parte de sus planes de pensión.

A diferencia de los súper ricos del top 1%, los grupos del 5%-2% por lo general gozan de ingresos generados por ellos mismos, no están en posición de explotar y así apropiarse del ingreso de otros. En estos grupos se encuentran, entre otros, profesionales calificados de altos niveles de educación que han sido capaces de obtener elevados retornos a su propio capital humano y esfuerzo.

Esta diferencia entre sus ingresos que son en realidad retornos al capital humano, a su talento y esfuerzo, y los ingresos del top 1% que incluyen una alta dosis de rentas apropiadas, es fundamental al momento de diseñar una reforma tributaria. La reforma debe obligar a los oligarcas del top 1% a compartir sus ingresos apropiados (las rentas económicas) con el resto de la sociedad  a través del pago de mayores impuestos, mientras que los grupos que no se nutren de las rentas económicas no debieran sufrir alzas de impuesto. Esto no solo por razones de justicia, sino también  por razones de eficiencia económica. Las rentas económicas apropiadas generan artificialmente altísimas tasas de retorno al capital, muy por encima de las tasas normales de retorno. Esto quiere decir que al gravar estas rentas no se causa ningún efecto negativo para la inversión, solo se permite al estado participar de esas rentas sin efectos de asignación de recursos (ver artículo anterior en CIPER).

Por el contrario, gravar altos ingresos que constituyen retornos a la inversión en capital humano, sí puede tener efectos negativos de eficiencia al reducir las tasas de retorno en dicho capital, lo cual puede disminuir los incentivos de los individuos para invertir en capital humano, y puede también reducir su esfuerzo productivo.

2) Que sea una reforma complementaria con la reforma educacional.
Aparte de generar recursos para financiar la reforma educacional, la reforma tributaria debiera estimular directamente la inversión de las familias en la educación de sus hijos. Es decir, debe generar incentivos para que las familias puedan contribuir a mejorar la educación de sus hijos, de tal forma que se genere un alto nivel de complementariedad entre el esfuerzo del gobierno y de las familias.

Sin una mayor participación de las familias, el esfuerzo solitario del gobierno puede ser insuficiente para lograr los objetivos educacionales buscados. La reforma tributaria puede por sí misma posibilitar y aumentar los incentivos de las familias para incrementar la inversión en capital humano de sus hijos.

Un instrumento tributario para lograr esto es una drástica reducción del IVA, un impuesto grotescamente elevado (entre los más altos del mundo) el cual además de ser regresivo, es ineficiente porque reduce casi en 20% los recursos financieros de las familias, que en parte podrían ser invertidos en capital humano. El IVA ha sido un factor importante en disminuir la inversión en capital humano para las familias pobres y de clase media al reducir su capacidad de financiamiento de esta inversión. Por lo tanto, la reforma tributaria debiera eximir del pago de IVA a todos los útiles escolares (libros, uniformes, etc.), y además reducir significativamente la tasa IVA para otros gastos esenciales como los alimentos y la cultura.

Esta reforma del IVA podría causar un aumento instantáneo del ingreso disponible de las familias de bajos ingresos y clase media del orden de un 5%-10%, lo cual es de gran significación. Si el ingreso de estos sectores crece a la misma tasa que el ingreso nacional per cápita (alrededor de 3% anual), este aumento de 5%-10% que se lograría en un año, equivaldría a casi 3 años de crecimiento. O sea, desde el punto de vista de las familias pobres y de clase media, una rebaja del IVA como la aquí propuesta significaría lograr un aumento de bienestar instantáneo, que sin la reforma tomaría 3 años en lograrse (asumiendo un crecimiento del ingreso nacional per cápita de 3% por año).

Un aumento del ingreso disponible de esta envergadura induciría un significativo aumento de los recursos que las familias destinan a la educación. Este efecto es particularmente importante sobre todo para las familias que tienen restricciones de liquidez para financiar inversiones en capital humano, que son la gran mayoría. Esto posibilitaría un efecto sinérgico entre el esfuerzo del gobierno y el de las familias, facilitando así la mejora en la educación.

La característica 1  discutida anteriormente es también importante desde esta perspectiva. Protegiendo a los sectores de ingresos moderadamente altos de las alzas tributarias permite mantener una alta rentabilidad de la inversión en capital humano y por lo tanto, mantener los incentivos de los grupos de más bajos ingresos para invertir en capital humano.

3) Que contribuya a detener la destrucción ambiental.

Impuestos verdes concentrados en las grandes empresas, que son las principales fuentes fijas de polución y destrucción de los recursos naturales renovables (como el aire, los bosques, las fuentes de aguas, los glaciares y los peces) son necesarios. Esta es la manera más eficaz de hacer que las utilidades de los grandes empresarios dejen de nutrirse de la destrucción ambiental y de los recursos naturales renovables, y al mismo tiempo poder generar mayores recursos tributarios. Una parte importante de las rentas económicas apropiadas por los súper ricos está asociada con el hecho que las grandes empresas han utilizado y destruido estos recursos sin pagar por estos usos y daños.

El medio ambiente ha sido, en la realidad, utilizado como un insumo más (como un receptáculo gratuito de productos tóxicos, derechos de extracción de agua otorgados gratuitamente, derechos de uso del mar y lagos para acuacultura también gratuitos, etc.) para magnificar las utilidades de las grandes empresas, un insumo que ha sido gratuito para ellas, porque su costo ha sido cubierto por todos los chilenos. Es decir, mientras las utilidades son privadas los costos de producción ambientales se han socializado. Muchas de las empresas que causan esta destrucción son grandes empresas (como la gran minería del cobre, las plantas de celulosa, productoras de acero, refinerías, etc.) de propiedad de los súper ricos nacionales y extranjeros.

Una de las consecuencias más importantes de la degradación ambiental y la polución, ampliamente documentados en la literatura, es su efecto negativo sobre la capacidad de aprendizaje de los niños.  Mejorar la calidad ambiental no solo hace la vida más amena, sino que además contribuye importantemente a prevenir deterioros de la capacidad cognitiva y de la salud general de la población. Si se logra una mejora ambiental los esfuerzos en educación van a rendir mucho mejores frutos en términos de ampliar el valor económico y social de ella.

Si bien empresas de menor envergadura también contaminan, es importante empezar por introducir cargos ambientales significativos dirigidos fundamentalmente a las grandes empresas. Esto por varias razones: primero porque son las grandes empresas las que producen la mayor parte de la destrucción ambiental, segundo porque por ser grandes y relativamente pocas sus descargas y daños ambientales son más fáciles de monitorear, y por lo tanto estos impuestos son más factibles de aplicar, y tercero, porque estos cargos ambientales a las grandes empresas de propiedad del 1% más rico cumplen con la premisa básica de este análisis, que es extraer el máximo posible de las rentas económicas de los súper ricos sin afectar la eficiencia económica. Los impuestos verdes, lejos de causar ineficiencia, son un factor que conduce a una mayor eficiencia económica, al permitir que los costos ambientales externos sean internalizados por aquellos que los generan.

IMPLICACIONES PARA LA REFORMA TRIBUTARIA

La implicancia más importante de las tres características discutidas es que la mayor recaudación de impuestos sería suficientemente grande, no solo para proveer los recursos para financiar la reforma educacional, sino que también para financiar las rebajas del IVA, y para hacer una contribución significativa para reducir la desigualdad y mejorar el medio ambiente. El alza de impuestos tiene que recaer en lo posible exclusivamente en el 1% más rico de la población.

Esto significa que los niveles de impuestos a las grandes empresas (y por ende a sus propietarios de altísimos ingresos), incluyendo impuestos ambientales o verdes, deben aumentar de una manera drástica. El hecho de que una parte importante de las utilidades de este tramo incorpora una alta proporción de rentas económicas (o ingresos apropiados) da un colchón importante para subir estos impuestos sin afectar la inversión o el empleo generado por las grandes empresas. Se sugiere bajar el impuesto personal que es actualmente de 40% a 35% para tramos de ingreso moderadamente altos, tal vez entre $60 y $150 millones anuales, pero crear un nuevo tramo para las súper rentas por encima de $150 millones anuales, aplicándole una tasa marginal de impuesto de 50% (esta tasa no debiera asustar; al término de la dictadura la tasa máxima de impuesto personal era precisamente 50%).

Esta medida, junto con el fin del FUT y la introducción de importantes impuestos verdes, permitiría al gobierno aumentar la recaudación desde el top 1% de manera más drástica, capturando así una proporción mucho mayor de las rentas económicas apropiadas por estos grupos.

Así, la estrategia tributaria lograría cuatro efectos que son mutuamente sinérgicos: Por una parte lograría una mayor recaudación tributaria para financiar la inversión pública en educación, por otra incrementaría los retornos después de impuesto a la inversión en educación, lo cual implica que la inversión en educación sea aún más atractiva y deseable para las familias, además aliviaría las restricciones de financiamiento que limitan la inversión en educación por parte de las familias, y finalmente, contribuiría a mejorar el medio ambiente con la consiguiente mejora de la salud (una parte obviamente importante del capital humano), lo cual en el largo plazo va a mejorar la capacidad cognitiva de los niños, redundando en una mayor efectividad de los esfuerzos educacionales.

El efecto neto de estas importantes complementariedades sería un masivo aumento de la inversión, tanto pública como privada en educación, acompañada de una mejora en la efectividad cognitiva de la educación, con los consecuentes efectos positivos sobre el crecimiento y desarrollo económico de largo plazo, junto con una substancial reducción del flagelo de la desigualdad.