Cinco
universidades estatales crearon instituciones de educación técnica bajo
los conceptos de sociedad anónima o sociedad limitada, lo que les
permite sacar los excedentes sin vulnerar la ley. Estos planteles son la
Universidad de la Frontera, la Universidad de Tarapacá, la Universidad
de Los Lagos y la Universidad de Atacama y la Universidad de Valparaíso.
Esta última dice que esperan convertirse en fundación, pero la
inexistencia de una ley para ello no se los permite.
Cinco universidades estatales crearon instituciones de educación
técnica bajo los conceptos de sociedad anónima o sociedad limitada, lo
que les permite sacar los excedentes sin vulnerar la ley.
Según informa El Mercurio,
estos planteles son la Universidad de Valparaíso, la Universidad de la
Frontera, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Los Lagos y la
Universidad de Atacama.
El periódico también considera que la presidenta Michelle Bachelet prometió dentro de los primeros 100 días de su mandato el crear cinco nuevos centros de formación técnica en regiones, instituciones que también podrían hacer uso de sus excedentes.
El periódico también considera que la presidenta Michelle Bachelet prometió dentro de los primeros 100 días de su mandato el crear cinco nuevos centros de formación técnica en regiones, instituciones que también podrían hacer uso de sus excedentes.
Una de estas instituciones ya existentes, el CFT UV de la Universidad
de Valparaíso, es 100% propiedad de la misma universidad y busca
convertirse en fundación, según relata Luis Villarroel, director
ejecutivo del centro.
“La Universidad de Valparaíso no tiene ninguna exigencia de
rentabilidad sobre este (centro de formación técnica), por lo tanto,
descarta el tema del lucro”, insiste Villarroel, quien añade que si aún
no son fundación es por la inexistencia de una ley que permita realizar
aquella transición sin perder derechos.
Otro caso es del CFT de la Universidad de Tarapacá, propiedad de la
Sociedad Educacional UTA S.A., que pagó el año 2012 la suma de
$121.000.000 a la Universidad de Tarapacá, la cual aparecía como
“empresa relacionada”.
Durante el 2011, la cifra era de $239.572.545. El rector de aquel plantel no respondió a los llamados.
Entre las universidades privadas también hay algunas que poseen CFT o
IP, como la Universidad de Concepción y el Instituto Profesional
Virginio Gómez. “Perseguimos fines de lucro, pero quiero decir que las
utilidades se van a la reinversión en edificio, equipo y todo lo que
tenga que ver con mejorar la calidad de la formación”, aseguró Claudio
Sáez, rector de aquella institución.
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