Lo mejor de la prensa en Chile y el extranjero, recomendado por CIPER
El Mercurio
en su edición de hoy recoge la decisión tomada por el Ministerio de
Educación de iniciar procesos de investigación a cuatro universidades
privadas: U. de las Américas (UDLA), U. Gabriela Mistral, U. Andrés
Bello (UNAB) y U. Iberoamericana, a partir de la información recopilada
por el Consejo Nacional de Educación (CNED) durante los procesos de
certificación de dichas instituciones. Estas investigaciones se suman a
las ya iniciadas a mediados de 2013 a la U. San Sebastián y U. La
República.
El matutino señala que la UDLA y la UNAB, ambas dependientes del
grupo Laureate, “tanto la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) como
el CNED manifestaron dudas respecto de los contratos que las casas de
estudio tienen con sus controladores y el uso concreto de los servicios
que presta la entidad internacional”.
El director de la CNA, Matko Koljatic, en entrevista con El Dínamo en
enero pasado, señaló que remitieron al ministerio la información en la
cual se consignaban las transacciones que la UDLA realizaba a Laureate,
las que representaban “más del 20 por ciento de los gastos de la
universidad lo que pone en riesgo la sustentabilidad del proyecto
educativo”.
Cabe recordar que estas universidades se vieron envueltas en los
escándalos de acreditación liderados por el ex presidente de la CNA,
Luis Eugenio Díaz, tal como lo reveló una investigación de CIPER a fines de 2012.
Antes de que se anunciaran las nuevas investigaciones, ayer el rector
de la U. de Chile, Víctor Pérez, en entrevista con el diario La Segunda,
criticó la supuesta inacción de la ministra Carolina Schmidt con
respecto a la situación de estas universidades: “El silencio de la
ministra Schmidt no es bueno para el país, podría verse como sospechoso
y, con todo respeto, quiero saber si estamos en presencia o no de algo
que le impida o inhiba a ella ordenar el inicio de una investigación
formal del Ministerio de Educación respecto de la compra-venta de la
marca y de los estudiantes”.
De acuerdo a El Mostrador,
el impedimento que tendría la ministra para manifestarse sobre la
situación de Laureate, y al que alude el rector Pérez, es el vínculo que
su marido, el abogado Gonzalo Molina, tiene con el grupo Laureate a
través del estudio jurídico Barros & Errázuriz, del cual es socio.
Este bufete ha asesorado legalmente al grupo educacional desde el año
2008.
El día que Schmidt asumió la cartera de educación, su marido envió un
correo interno a los socios del estudio jurídico en el cual señalaba
que se desvincularía de todas las causas que tuviesen relación con el
grupo Laureate, para evitar posibles conflictos de interés debido al
nuevo rol de su esposa.
La titular de educación, en El Mercurio de hoy, respondió a
las críticas del rector de la U. de Chile asegurando que estas son una
campaña en su contra y tendrían su origen en las exigencias de
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que le ha
hecho el gobierno a Pérez. Añadió que le llama la atención que el rector
les pida investigar a las universidades privadas cuando a él le “han
solicitado que rinda los más de $5 mil millones que le entrega el estado
anualmente para la PSU y ha habido una negativa reiterada de su parte”.
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