Infracciones reiteradas, problemas en infraestructura y
administración, son algunas de las razones esgrimidas por la autoridad
para no entregar reconocimiento oficial a los establecimientos.
En total serán 14 colegios particulares subvencionados:2 en la
Región Metropolitana, y los demás en Arica y Parinacota, Coquimbo,
Valparaíso, Biobío, cuatro en La Araucanía y Los Lagos; 14
establecimientos sin reconocimiento oficial del Gobierno.
Según el superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva, las
infracciones se cursaron por reiteradas faltas a la normativa; problemas
de infraestructura y no pago de cotizaciones o remuneraciones a los
profesores.
Entre otras, la autoridad detalló que los colegios no contaban “con
autorización del Servicio de Salud para entregar alimentación, problemas
en la información del registro de asistencia, problemas de seguridad o
servicios higiénicos insalubres y no contar con planes de gestión para
la convivencia escolar”.
Casanueva explicó que la reubicación de estudiantes será a través de
un trabajo coordinado con los apoderados: “Este trabajo se va a realizar
contactando a los apoderados a través de los Centros de Padre y
diciéndoles cuáles son las alternativas. Este es un trabajo que hace
directamente el ministerio de Educación, nosotros trabajamos en conjunto
con ellos, y la idea es que cualquier apoderado que tenga una consulta
respecto de dónde podría matricular a sus hijos, se acerque a la
respectiva Seremi o Departamento Provincial de la región
correspondiente”.
Además, este año por primera vez la Superintendencia determinó la
inhabilidad perpetua para ser sostenedor al jefe de la Dirección de
Administración de Educación Municipal (DAEM) de Copiapó, Región de
Atacama, Raúl Ortiz, debido a graves irregularidades con el manejo de la
subvención escolar.
Manuel Casanueva detalló que son al menos tres razones graves que provocaron la decisión.
“Pudimos ver que el establecimiento, en este caso el DAEM, no
utilizaba –necesariamente- la subvención con el propósito que se ha
establecido por la ley. El DAEM no entregó toda la información exigida
por la Superintendencia en distintos ámbitos y, por último, aquí hay
algunos datos realmente impresionantes: de las 158 fiscalizaciones que
hicimos a los establecimientos municipales de Copiapó, 112 obtuvieron
observaciones graves”, informó.
Ante el cierre de colegios, la vocera de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (ACES), Isabel Salgado, llamó a las comunidades a
empoderarse de los establecimientos.
“Nuevamente se ve el cómo la institucionalidad, el gobierno, las
municipalidades están en desmedro de la educación pública y en vez de
cambiarla y mejorarla y transformar el sistema, lo único que hacen es
destruirla y seguir con la lógica de una educación de mercado, en donde
se fomentan los colegios particulares y subvencionados para lucrar con
la educación. Para nosotros es bastante complejo este tema, creemos que
es necesario que las comunidades se empoderen de sus establecimientos”,
afirmó la vocera.
Cabe recordar que en casos similares, como el Colegio República
Dominicana de La Florida, las comunidades decidieron hacerse cargo, de
manera autónoma del funcionamiento para que los alumnos rindieran a fin
de año exámenes libres.
