Paula Correa A. | L
Comienza un nuevo proceso de admisión y los estudiantes deben
comenzar a elegir sus casas de estudios. La certificación de las casas
de estudio es uno de los factores a considerar pero, ¿qué tan válida es
esta referencia después de los cuestionamientos que se gatillaron a la
Comisión Nacional de Acreditación?, ¿cómo ha cambiado el escenario desde
entonces?
Hace pocos días se conoció el rechazo por parte de la Comisión
Nacional de Acreditación a la Universidad de las Américas, cuando restan
pocos meses para la rendición de la PSU y comienza un nuevo proceso de
admisión. La institución fue notificada formalmente recién este lunes y
tiene un plazo de cinco días hábiles para apelar. Si aun así rechazan su
acreditación, la UDLA puede recurrir a la Comisión Nacional de
Educación buscando una nueva oportunidad.
Son más de una veintena las universidades que deben acreditarse este
año. Se espera que sigan los procesos del INACAP, instituciones
regionales como la Universidad de La Frontera o la de Los Lagos, así
como la UTEM y la Gabriela Mistral. Pero aún ronda una sombra de dudas
sobre el proceso de acreditación después de que se hiciera público el
llamado caso coimas en 2012, donde se descubrió que algunos de los
integrantes del organismo habían recibido estímulos económicos para
aprobar las solicitudes de certificación.
Luego de esto la comisión fue reformada y se le dio una nueva
conducción a manos de Matko Koljatic, quien inició un proceso de
trasparencia activa. La Fundación Pro-Acceso ha seguido de cerca el
cambio, dando fe de que los procedimientos se han refinado, a través de
la creación de un manual de ética dirigido a los consejeros para la
detección temprana de conflicto de interés, la publicación de todas las
actas, la fijación de canales de denuncia, entre otros procedimientos.
Sin embargo, el Director de Estudios del organismo, Felipe Ibarra,
sostuvo que, desde que se generaron estos cambios, como fundación
solicitaron datos sobre los expedientes de acreditación de cinco
universidades (Pedro de Valdivia, Universidad del Mar, Las Américas,
Santo Tomás y UNIACC) y no les fueron entregados en su totalidad, por
lo que afirmó que lo ideal sería que toda la información de los
expedientes estuviera disponible.
Lo mismo debiera ocurrir, afirmó, con los estándares de
transparencia, los criterios con los que se toman las decisiones para
evitar que ocurran casos como, por ejemplo, el de la Universidad
Bernardo O’Higgins, donde la CNA rechazó la acreditación, pero al
apelar, el Consejo Nacional de Educación la reestableció en junio de
este año. Con todos estos antecedentes, Ibarra afirmó que efectivamente
hay avances pero no son tan de fondo como se requiere.
En este sentido, Director de Estudios de la Fundación Pro-Acceso
explicó que “lamentablemente la comisión puede establecer buenas
prácticas, lo que está haciendo canales de denuncia, manuales, pero acá
lo que tiene que haber es un cambio institucional y eso ya requiere una
modificación natural del sistema de acreditación, o sea, evitar los
conflictos de interés más allá de sean considerado en el manual de
buenas prácticas debe estar establecido en una ley. Los tiempos de
ingreso, por ejemplo, que tienen los consejeros que no pueden
desempeñarse luego en otras funciones relacionadas con la agencia
acreditadora, luego ser consejero debería ser más largo”.
El directivo añadió que se podría también abrir posibilidad a las
agencias de acreditadoras institucionales, para evitar que las
universidades se acrediten con unas agencias y no otras, lo que genera
una serie de vicios, entre varias otras reformas necesarias.
Pero recordemos que está en pleno proceso de tramitación la Agencia
Nacional de Educación, proyecto que el Gobierno envió al Parlamento a
inicios de año y que está en pleno trámite. La iniciativa establece un
nuevo sistema de acreditación que pretende asegurar el cumplimiento de
los estándares de calidad de las instituciones y sus carreras.
No obstante hay quienes se oponen al proyecto. Ente ellos está el ex
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
Patricio Basso.
Por esto, el ex Secretario Ejecutivo del organismo de acreditación
afirmó que “el proyecto de ley entregado por el Gobierno mantiene la
idea del mejoramiento de la calidad, es decir, medir en cuanto aumenta o
decrece el autocontrol que la institución ejerce sobre la calidad, pero
sigue sin medir la calidad. Lo que se requiere hacer es una ley que se
aplique de forma transitoria durante un período de 10 años al menos que
permita medir en términos absolutos a través de indicadores objetivos la
calidad de las instituciones y las carreras, de modo de ir
paulatinamente cerrando todas aquellas instituciones que no cumplan
estos requisitos mínimos”.
Basso añadió que hacerlo de otro modo “es seguir engañando a la opinión pública, los estudiantes y las familias chilenas”.
Basso añadió que hacerlo de otro modo “es seguir engañando a la opinión pública, los estudiantes y las familias chilenas”.
Según indicó, ocupando parámetros objetivos que consideren los
recursos conforme al número de estudiantes, se podría fácilmente cerrar
el 30 o 40 por ciento de las carreras existentes e iniciar el proceso de
clausura de muchas universidades “de dudosa reputación”.
Además, puso la alerta sobre la necesidad de investigar los sistemas
de lucro en las universidades que están blanqueando el robo continuo de
recursos de los estudiantes y del Estado a través de las sociedades
espejo, las inmobiliarias y otras tácticas. “Lamentablemente cuando se
dicte una ley puede ser demasiado tarde”.
En ese sentido, afirmó que es ese el tema que hay que enfrentar para
que un sistema de acreditación sea realmente creíble y se pueda
constituir en la herramienta válida que debe ser para las familias y
toda la sociedad en procesos tan importantes como la admisión.
