Marca 40,8%, lo que implica una baja de 18 puntos desde 2009
Publicado: 19.06.2013
Todos
los años el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de
la U. Diego Portales realiza una encuesta nacional que, entre otras
materias, mide la confianza de los chilenos en sus instituciones. Un
dato que este año que llamó la atención de los investigadores fue el
fuerte descenso de la confianza en Carabineros, la que se situó en
40,8%, marcando una baja de 18 puntos porcentuales desde 2009. El
director de ICSO indica que esto se debe a la acción policial frente a
las movilizaciones sociales y agrega que la desconfianza es mayor en los
segmentos socioeconómicos más vulnerables, debido a que, a su juicio,
en Chile operan “dos policías”: una “preventiva” para los grupos altos y
otra “represiva” para el sector medio-bajo.
Como todos los años,
la Encuesta Nacional de Opinión Pública de la Universidad Diego Portales
entrega cifras sobre la apreciación ciudadana en materias como la
economía, la desigualdad, participación electoral, intención de voto en
primarias y elecciones presidenciales, además de la percepción sobre la confianza en instituciones del país. Este año una de las cifras que ha llamado la atención a los investigadores es la baja sostenida que ha sufrido Carabineros, una tendencia que se arrastra desde antes, pero que se ha acentuado.
A pesar de seguir siendo la institución con mayor percepción de
confianza por parte de la ciudadanía, con un 40,8%, Carabineros ha ido
experimentando un constante descenso en los últimos cinco años. Desde
2009, momento en que la confianza sobre la policía uniformada se elevaba
a 59,1%, hasta ahora, ha descendido 18 puntos.
La percepción de confianza en la institución policial tiene matices,
dependiendo del nivel socioeconómico, edad, y región. Como consigna la
encuesta del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de
la UDP, en estratos más bajos (36,7 %) la confianza en carabineros es
menor que en sectores altos (47,7%).
Así
también lo entiende Claudio Fuentes, director de ICSO: “La policía
funciona segmentadamente. Para los sectores medios-altos el control es
preventivo de robos en casas particulares. Para los sectores populares
los controles son los viernes en las calles por tráfico de drogas,
operativos por control de delincuencia. En Chile hay dos policías, una
asociada a la prevención y otra que es para lo punitivo, que son la que
experimentan los sectores medios-bajos. Y eso tiene la repercusión en
que la gente la percibe como una policía represiva”.
Respecto a los jóvenes, resulta revelador que en el grupo entre los
18 a 29 años sólo un tercio (33,1%) confía en carabineros. Mientras que
en los mayores de 61 años, el 45% dice confiar en la institución. En
regiones la confianza llega a un 37%, mientras que en Santiago la
confianza asciende a 49%.
La fuerte baja que exhibe la confianza en Carabineros es sólo
comparable con la crisis que en esta materia está viviendo la Iglesia
Católica desde que se empezaran a conocer decenas de casos de abusos
sexuales, sicológicos y de autoridad a menores y feligreses. Desde el
2009 hasta hoy la Iglesia Católica vio mermada la confianza de la
ciudadanía en 23 puntos porcentuales, bajando desde 47,2% a 24%,
prácticamente a la mitad.
Fuentes explica que “la sociedad requiere que ciertas instituciones
sean materia de confianza, quiere confiar en el Estado o en
instituciones permanentes que trascienden gobiernos”.
Estos resultados coinciden con las fuertes críticas que enfrenta la
institución policial chilena por su forma de operar el jueves 13 de
junio, a través de una polémica y violenta irrupción a la Casa Central
de la Universidad de Chile y por la detención de un estudiante
secundario quien tuvo que ser socorrido tras quedar inconsciente en el
procedimiento. El operativo policial tuvo lugar durante la llamada
“Marcha Nacional por la Educación”, en conmemoración de la jornada del
16 de junio del 2011, que contó con cerca de 100 mil personas y que
marcó un hito en la respuesta a las demandas estudiantiles por ser una
de las manifestaciones más masivas en democracia.
El ingreso de la policía a la casa central de la Universidad de Chile fue rechazado por el rector de dicho plantel, Víctor Pérez,
quien sostuvo en radio Bío Bío que esa acción no fue autorizada por la
rectoría: “Rechazamos esta invasión y solidarizamos con las demandas
justas de nuestros estudiantes por una educación pública, equitativa,
para todos los chilenos y chilenas”, señaló. Al mismo tiempo, rechazó la
violencia de quienes agredieron con proyectiles y bombas molotov a los
uniformados.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, respaldó el actuar de Carabineros y se comprometió a entregar un informe
al rector Pérez por el proceder de la Fuerzas Especiales. Chadwick
argumentó también que no era necesario pedir permiso para ingresar a la
universidad, puesto que Carabineros se vio en la obligación de hacerlo
ante la presencia de un delito flagrante.
La situación, según el ministro, se originó cuando “la policía fue
víctima de agresiones a través de el envío desde el interior (de la casa
central) de artefactos explosivos y material para producir daño”.
Al violento ingreso de la policía a la casa central de la U. de Chile
se sumó la denuncia sobre una brutal detención de un alumno del Liceo
Manuel Barros Borgoño, quien habría sido golpeado por personal de
Fuerzas Especiales. El hecho quedó registrado en fotografías que exhibió El Dínamo y videos
que circularon en las redes sociales, donde se aprecia que el
estudiante queda inconsciente mientras es arrastrado por los policías,
por lo que debió ser liberado y recibir atención médica en el lugar.
RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
En su última edición, el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012 (ver informe),
elaborado desde hace 10 años por el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad Diego Portales, decidió abordar el tema de la “violencia
policial” como un capítulo aparte (ver capítulo),
debido al polémico contexto generado por la actuación policial durante
las manifestaciones por la educación y derechos civiles de 2011.
Claudio Fuentes coincide en que “la ola de desconfianza que hay hacia
la policía tiene mucha relación con los movimientos sociales emergentes
que desde 2006 ha vivido nuestro país”. Y argumenta que es necesario
modificar los procedimientos de Carabineros en las manifestaciones
sociales y que el decreto de autorización para éstas debería dar paso a
una reglamentación más acorde con el sistema democrático.
El capítulo menciona que, en los últimos años, diversos organismos
internacionales le han recomendado al Estado de Chile implementar una
agenda respecto a los abusos policiales. Desde la movilización de los
“pingüinos” en 2006, el Comité de Derechos Humanos
mostró su preocupación por los malos tratos al momento de realizarse
detenciones a personas vulnerables. Las sugerencias vertidas se han
hecho ante la violación en Chile de las normas establecidas en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por
Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigencia una década después.
En función del no cumplimiento de las normas que Chile se comprometió
a respetar, el comité le propuso al Estado de Chile “tomar medidas
inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y
cuando proceda, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía
que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables. El
Estado parte debería hacer extensivos los cursos de derechos humanos a
todos los integrantes de las fuerzas del orden”. Esas recomendaciones
coincidieron con las realizadas por el Comité de Derechos del Niño
(2007) (ver documento) y el Comité Contra la Tortura (2009), ambos ligados a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Una de las últimas evaluaciones a los estándares de derechos humanos
de la realidad chilena se realizó en 2009 por el Examen Periódico
Universal (EPU),
un nuevo y único mecanismo de las Naciones Unidas que se inició en
abril del 2008 y que consiste en examinar las prácticas en derechos
humanos de todos los estados del mundo cada cuatro años y medio.
Como se explica el informe de la UDP, las recomendaciones entregadas
al Estado de Chile respecto a aplicar mayor “preocupación por los abusos
cometidos con ocasión de la detención, con la posibilidad de imponer
sanciones ante los excesos y con la necesidad de fortalecer la formación
en derechos humanos de las Fuerzas de Orden y Seguridad”, no han
generado respuestas que den cuenta de avances significativos.
Un diagnóstico similar es el de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), la cual expresó especial preocupación por los
graves hechos de violencia ocurridos en la manifestación del 4 de
agosto de 2011, “que habrían significado la detención y uso
desproporcionado de la fuerza en contra de centenares de manifestantes,
entre ellos estudiantes secundarios y universitarios”.
Las cifras que entregó en Informe Anual sobre Derechos Humanos 2012
permiten entender la baja en la percepción de confianza en la policía
uniformada. “Al periodo enero-febrero de 2011, se tramitaban 1.777 casos
de violencia innecesaria denunciados en el segundo juzgado militar de
Santiago (cuya competencia cubre la mayor cantidad de casos vigentes en
la justicia militar)”. En el mismo periodo del presente año, “se
acumulan 2.657 casos, representando un aumento de aproximadamente un 50%
en la carga de trabajo de este juzgado militar”.
Una arista reveladora de las cifras oficiales es la que incluye el
Informe Anual de Derechos Humanos respecto a los casos que efectivamente
llegan a la justicia militar: aquellos que incluyen pruebas evidentes
de maltrato policial, como videos, certificados médicos, radiografías,
etc. De allí que, se señale en el informe, “es muy plausible que la
cifra real sea muy superior a las denuncias presentadas ante los
tribunales o a las denuncias realizadas a nivel administrativo. Del
mismo modo, el grado de desconfianza en relación al sistema
institucional encargado de la persecución de estos delitos constituye un
factor determinante de esta “cifra negra”.
Respecto a lo anterior, Claudio Fuentes explica que uno de los ejes
para considerar en este tema es que tanto en Chile como en América
Latina los casos de abusos policiales son vistos por la justicia
militar, lo que incide directamente en la confianza que la ciudadanía
tiene por Carabineros. “Chile es uno de los países que tiene más amplio
nivel de cobertura de la justicia militar. Cuando un policía es acusado
de violencia innecesaria, es juzgado y sentenciado por tribunales
militares. Eso es una anomalía en América Latina y en el mundo. Esto es
totalmente parcial y tiende a favorecer a la policía”, señala.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2012, además,
presenta sugerencias al Estado de Chile, tales como cumplir con las
recomendaciones internacionales para el resguardo de los derechos y
libertades individuales frente a la acción de carabineros, instalar los
criterios que usa la fuerza policial en el debate público para revisar
que se cumplan las normas legales y constitucionales, facilitar el
acceso a documentación pública, reformar la estructura de la justicia
militar o, mientras eso no ocurra, promover el debido proceso para que
no sea tan engorroso para las víctimas probar los delitos cometidos por
funcionarios policiales, mejorar el entrenamiento de la policía para que
sean garantes de los derechos ciudadanos y optimizar las respuestas
institucionales del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros.
Para Fuentes, las imágenes de carabineros entrando a las
universidades y colegios, o del uso excesivo de la fuerza son
determinantes en la confianza de los ciudadanos hacia la institución.
“Ese tipo de acciones de Fuerzas Especiales, ya sea en el sur o en
protestas sociales, generan una imagen de una autoridad que usa de
manera excesiva la fuerza para controlar a los manifestantes. Y no es
sólo la imagen de cinco policías arrastrando un joven que está
inconsciente, sino que también incide el tipo de vestimenta que tienen y
lo que pasa con esos jóvenes adentro del carro policial. Esas imágenes a
la gente le generan asimetrías muy fuertes”.
