La Contraloría ordenó la realización de un sumario administrativo en
el ministerio de Educación, luego que descubriera una serie de anomalías
en la comisión evaluadora que aprobó el programa para realizar una
prueba estandarizada de inglés y su posterior medición, licitación
adjudicada por el Instituto Chileno Británico de Cultura, por más de
1.885 millones de pesos, según consta en el portal Chilecompra.
La decisión del organismo fiscalizador obra en un documento del
pasado 28 de noviembre, firmado por el titular Ramiro Mendoza, donde la
empresa Seminarium reclamó porque la mentada comisión fue conformada,
en una primera instancia, por empleados contratados a honorarios que
redactaron un acta. Posteriormente la autoridad conformó otra comisión
evaluadora, esta vez con funcionarios a contrata -como siempre debió
ser-, que redactaron un segundo documento con la misma fecha. “El
ministerio de Educación se encuentra en el imperativo de disponer la
instrucción de un procedimiento disciplinario con el objeto de
determinar y hacer efectiva la eventual responsabilidad administrativa
del personal que intervino en esas actuaciones, de lo cual deberá
informar a la brevedad a este ente fiscalizador”, señala el documento al
que accedió The Clinic.
Por esta razón, Seminarium recurrió al Tribunal de Compras Públicas
para revocar la decisión de la cartera de Harald Beyer, proceso que está
actualmente en curso. Básicamente, el reclamo consiste en que el
Chileno Británico ofreció un programa para enseñanza básica y no
secundaria como lo necesitaba el Mineduc, cuestión que haría nula la
licitación, toda vez que no se respetaron las bases.
En todo caso, el organismo revisor declinó pronunciarse sobre el tema
de fondo, atendido que el caso es de un “ámbito litigoso” y se
encuentra bajo la supervisión de los tribunales de justicia.
Sumario chanta
La Contraloría le hizo un severo llamado de atención a la
Superintendencia de Servicios Sanitarios (Susesan) por la falta de
rigurosidad en un sumario administrativo que determinó sobreseer a los
funcionarios responsables de fiscalizar la grave contaminación provocada
por la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Temuco y Padre Las
Casas, ocurrida el 7 de septiembre de 2010, donde se vertieron desechos
tóxicos en el río Cautín. “El fiscal del proceso no efectuó una
investigación exhaustiva para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas… limitándose sólo a solicitar
información acerca de la normativa aplicable a la planta… sin indagar
respecto de la responsabilidad de esa índole que podría afectar a los
funcionarios a cargo del control de dicho proyecto”, señala el dictamen
al que accedió The Clinic. Por esta razón, la Contraloría devolvió al
expediente para que la Susesan haga la pega como corresponde.
