Para el plan estrella de combate al narcotráfico, el gobierno adquirió densímetros y fibroscopios para detectar drogas, por un total de $ 1.834 millones. Por cada densímetro canceló $ 23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $ 4,3 millones. Las adquisiciones son parte del Plan Frontera Norte, que dirige el ex fiscal Alejandro Peña, y se suman a otras dos compras polémicas: hornos para incinerar drogas y furgones equipados con escáner que no funcionan como estaba previsto. El monto global involucrado en estas adquisiciones se eleva a $ 4.104 millones.
El combate contra el narcotráfico en que está empeñado el Ministerio del Interior ha significado en los últimos años una millonaria partida presupuestaria para su proyecto estrella: el Plan Frontera Norte cuenta para 2012 con $10 mil millones. Su última adquisición tecnológica fueron 52 densímetros, un escáner portátil, instrumento clave para la detección de droga. La licitación involucró un gasto de $1.218.540.960. CIPER investigó el proceso de compra descubriendo que el pago a un intermediario –Tecnodata, de propiedad de Alfredo Giacoman- significó un sobreprecio de 400 por ciento.
CIPER rastreó la ruta de los densímetros, hasta llegar a su fabricante en Estados Unidos: SAS R&D Services Inc, y constató que esa empresa vende cada unidad en US$ 9 mil (unos $ 4,3 millones) en su mercado local. Evidentemente, el costo del transporte a Chile e internación, además de la garantía y servicio técnico, aumentan el precio. Los proveedores del rubro indicaron a CIPER que esos costos extras bordean el 10% del precio original. Pero en este caso, el incremento fue claramente desproporcionado. El Ministerio del Interior pagó a Tecnodata $23,4 millones por cada equipo.
La licitación de los densímetros fue acompañada de otra adquisición tecnológica para el combate contra el narcotráfico: 52 fibroscopios, equipos flexibles que permiten revisar ductos y compartimentos de difícil acceso, como los estanques de combustible de los vehículos. El Ministerio del Interior compró cada unidad a un precio de $11,8 millones, en circunstancias que en el mercado chileno hay una empresa –SID Solution- que vende equipos similares un 30% más baratos. La compra significó un gasto total de $615.706.000.
Ambas adquisiciones se suman a otras dos polémicas compras para el mismo Plan Frontera Norte, ejecutadas en 2011. Se trata de tres hornos incineradores de droga y tres furgones provistos de escáner de Rayos X. Ambos sofisticados equipos no han logrado, hasta la fecha, ser habilitados para su funcionamiento normal. Los hornos y los furgones escáner ya en febrero pasado presentaron fallas técnicas e incumplimiento de normas medioambientales, tal como lo informó un reportaje de CIPER publicado en marzo.
Los tres hornos incineradores costaron $253.361.400. Se adquirieron luego de que se descubriera que 100 kilos de marihuana incautados no fueron destruidos en el crematorio del Cementerio General y volvieron al mercado ilícito. Un problema que persiste a pesar de esta alta inversión, como quedó en evidencia la semana pasada con el arresto del sargento segundo del OS-7, Luis Contreras González , cuando intentaba vender 735 gramos de marihuana a un narcotraficante de La Legua Emergencia. La droga le fue proporcionada por Viviana Vega, funcionaria de la Unidad de Decomiso de Drogas del Servicio de Salud, encargada de la destrucción de los narcóticos incautados por la policía.
Fuentes policiales y del Ministerio de Salud indicaron a CIPER que los hornos todavía no cuentan con autorización sanitaria, debido a que dejan residuos o emiten gases en niveles que pueden afectar la salud de quienes los operan y de los residentes cercanos a la quema (ver recuadro).
El año pasado también se gastaron $ 2.016.600.000 en los tres furgones escáner a los que hasta hoy no se les ha podido dar el uso que estaba previsto: revisar vehículos e inmuebles por sorpresa, con el escáner desplazándose por calles y carreteras. Las autoridades sanitarias no permitieron exponer de manera indiscriminada a la población a la radiación de estos equipos móviles.
Sumando los hornos, los furgones escáner, los densímetros y los fibroscopios, las adquisiciones para el Plan Frontera Norte que presentan problemas técnicos o sobreprecio suman un total de $ 4.104.208.360, equivalentes a unos US$ 8 millones. A cargo de este ambicioso proyecto del Ministerio del Interior está el ex fiscal Alejandro Peña, el mismo que estuvo al frente de la controversial investigación del “caso bombas”. El coordinador de las compras de dicha unidad de la Subsecretaría del Interior, es otro ex fiscal: Felipe Baeza.

DENSIMETROS BAJO LA LUPA

Los densímetros y fibroscopios fueron vendidos al Ministerio del Interior por Tecnodata, la única empresa que pudo cumplir los requerimientos de las dos licitaciones que fueron abiertas por esa cartera el pasado 18 de mayo. El proceso se cerró tres semanas después: el 7 de junio.
Representantes de otras dos firmas del rubro -Sectrade y SID Solutions-, dijeron a CIPER que el tiempo que estuvo abierta la licitación, sólo tres semanas, fue insuficiente para conseguir los montos que el ministerio pidió como garantía del “fiel cumplimiento del contrato”, un 20% del negocio total, lo que para Tecnodata significó acreditar más de $366 millones. La ejecutiva de SID Solutions, Rocío Martínez, explicó que en licitaciones anteriores para equipos similares, abiertas por otras entidades públicas, esa garantía oscila entre el 5% y el 10% del valor total de la oferta.
El proveedor beneficiado en estas licitaciones de densímetros y fibroscopios, Alfredo Giacoman, gerente general de Tecnodata, explicó a CIPER que él quiso comprar los equipos directamente a su fabricante en Estados Unidos, la empresa SAS R&D Services Inc., pero que le respondieron que no podían venderle ni darle una cotización de precios porque tenían un representante exclusivo en Chile: Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada. Una empresa gastronómica dedicada a la importación de productos gourmet, de propiedad de Daniel Weinberger.
Giacoman asegura que, por esa razón, debió entenderse con Santa Victoria, empresa que le vendió cada densímetro en US$ 24.564 (unos $ 11,6 millones) y cada fibroscopio en US$14.125 (cerca de $ 6,7 millones). El total de la compra habría sido de US$ 2.011.867 (alrededor de $955 millones). Para probar que ese fue el precio que pagó por los productos exhibe una factura proforma extendida por Santa Victoria con esos valores. Lo curioso es que ese documento mercantil está fechado el 6 de julio de 2012, el mismo día en que su empresa –Tecnodata- se adjudicó la licitación.
Si efectivamente Giacoman canceló a Santa Victoria $ 955 millones por los densímetros y fibroscopios, aún así obtuvo un generoso margen de utilidades al venderlos al Ministerio del Interior, pues cobró en total $1.834 millones, lo que da una diferencia de $ 879 millones.
CIPER contactó por correo electrónico a Ted Sas, propietario de la firma norteamericana SAS R&D Services Inc. y le consultó por el precio al que comercializa en Estados Unidos su densímetro K910B, que es el modelo que Tecnodata vendió al Ministerio del Interior. Para evitar que Ted Sas respondiera que debíamos contactar a su representante en Chile, la consulta se formuló indicando que los equipos eran requeridos para el servicio de aduanas de Uruguay, país donde SAS R&D Services no tiene representación. La respuesta de Ted Sas está fechada el 4 de septiembre pasado y en ella indica que el precio del equipo K910B es de US$ 9 mil (unos $4,3 millones).
Asimismo, CIPER solicitó a Procomex -empresa especializada en compras por encargo y transporte hacia Chile de productos fabricados en el exterior-, que cotizara en la casa matriz de SAS R&D Services el precio del densímetro K910B. Ted Sas respondió a Procomex que si el equipo era para Chile, debía entenderse con su representante en nuestro país.
Si el ministerio hubiese comprado directamente a la firma de Ted Sas, los 52 densímetros le habrían costado US$ 468 mil, equivalentes a unos $ 222,3 millones. Es decir, cerca de $990 millones menos de lo que pagó a Tecnodata.
Una fuente de la PDI que ha participado en la compra de equipos similares para la policía civil, dijo a CIPER que los fabricantes se niegan a vender directamente y obligan a las instituciones públicas interesadas en estos productos a entenderse con sus representantes en Chile, los que ponen sobreprecios altísimos.

EL MERCADO DEL SOBREPRECIO

Según relataron a CIPER usuarios y proveedores de estos productos, el mercado en Chile estaba repartido entre tres empresas representantes de los fabricantes: Tecnodata, Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada y Sectrade. A ellas se sumó desde 2009 una cuarta empresa: Seguridad Geo.
Tecnodata, cuyo dueño es Alfredo Giacoman, le vende principalmente a Carabineros. Lo mismo ocurre con Sectrade, de propiedad de Fernando y Francisco Cordero, hijos del ex general director de Carabineros y actual presidente de los generales en retiro de dicha institución, Fernando Cordero Rusque. Esta empresa está vinculada a las irregularidades detectadas por CIPER en las millonarias compras realizadas por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (vea reportaje publicado por CIPER).
Asesorías e Inversiones Santa Victoria Limitada, de propiedad de Daniel Weinberger, tiene como cliente frecuente al Servicio de Aduanas, entidad que registra compras a esa empresa en 2006, 2008 y 2010. La última empresa llegada al club es Seguridad Geo, que tiene como único cliente a la Policía de Investigaciones (PDI). Su dueño es René Castellón Argota, ex subdirector operativo de la PDI y actual asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, con un honorario bruto de $ 2,8 millones. Seguridad Geo fue creada en 2009 con un capital de $7 millones.
Como la mayor parte de los densímetros y fibroscopios licitados recientemente por el Ministerio del Interior están destinados a Carabineros, para los proveedores del mercado era Tecnodata la empresa mejor posicionada para quedarse con el negocio. Y así fue. Un funcionario policial confirmó a CIPER que de los 52 densímetros, 37 serán para Carabineros, diez para la policía civil y cinco quedarán en manos del ministerio. Idéntica repartición tendrán los fibroscopios.
CIPER se contactó con la empresa Santa Victoria, que representa en Chile los productos del estadounidense Ted Sas, para saber qué factores hacen que suba tanto de precio un densímetro que ese fabricante comercializa en $ 4,3 millones y que ellos vendieron a Tecnodata en $ 11,6 millones. Roberto Weinberger, director comercial de Santa Victoria y hermano del dueño de la empresa, declinó informar al respecto.
Roberto Weinberger figura como representante de Santa Victoria en la licitación realizada en 2010 por el Servicio de Aduanas, en la que le vendió en $ 13,5 millones el densímetro K910, similar al que ahora Tecnodata ofertó al Ministerio del Interior en $19,6 millones (vea la orden de compra y la oferta económica que hizo Santa Victoria a Aduanas). Con este antecedente, ¿por qué el Ministerio del Interior no compró estos equipos directamente a Santa Victoria en vez de cerrar el trato con un segundo intermediario que cobró un 45% más caro? ¿Por qué en las bases de la licitación de los densímetros el Ministerio del Interior estimó como precio límite referencial cerca de $29 millones por equipo, en circunstancias que sólo dos años antes el mismo producto fue adquirido por Aduanas en $ 13,5 millones?
Respecto a la gran diferencia entre lo cobrado por Tecnodata y el precio de venta ofrecido por el fabricante en Estados Unidos, el Ministerio del Interior respondió a CIPER, a través de su oficina de prensa: “Este proceso -así como otros certámenes desarrollados a través del Portal Mercado Público- se inspiró en el principio de libre concurrencia por parte de los interesados. Asimismo, no corresponde a esta entidad instar a los proveedores, de una forma distinta a la señalada, a participar del proceso (…). Finalmente, este ministerio no cuenta con evidencia objetiva que permita verificar los valores aseverados por usted, por lo que no es posible pronunciarse sobre ese particular”.
“De acuerdo a nuestros antecedentes, existen dos proveedores -Sectrade y Tecnodata- en condiciones de ofertar equipos medidores de densidad como los que licitó este ministerio”, señala la respuesta de la cartera. Del último párrafo se desprende que los especialistas del Ministerio del Interior desconocían que Santa Victoria comercializa también estos equipos en Chile, que los había vendido a un precio sensiblemente más barato a Aduanas y que era, además, la proveedora de Tecnodata, la empresa que finalmente se adjudicó la licitación.

ORDEN DE COMPRA EN DOS MINUTOS

Las licitaciones de densímetros y fibroscopios realizadas por el Ministerio del Interior, según el registro de Chile Compra, figuran como adjudicadas a Tecnodata el día 6 de julio de 2012. Lo curioso es que tras la adjudicación, casi automáticamente se concretó la orden de compra en ambas licitaciones. La adjudicación de los densímetros quedó registrada a las 15:32 y la orden de compra se emitió sólo dos minutos después: a las 15:34. Respecto de los fibroscopios, la adjudicación fue a las 15:36 y la orden de compra se materializó a las 15:38. Un segundo dato extraño merece la atención: las órdenes de compra se emitieron antes de que se firmaran los contratos entre Interior y Tecnodata. No hay copia de los contratos en el portal de Chile Compra.
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio del Interior a CIPER, el contrato se habría firmado el 22 de agosto. La cartera se excusó de entregar una copia: “Es necesario precisar que el referido contrato aún no se ha subido al Portal Mercado Público pues se encuentra pendiente la total tramitación del decreto que lo aprueba. Por tal motivo, no es posible entregar, en esta oportunidad, copia del mismo”.
Alfredo Giacoman, gerente de Tecnodata, también se excusó de proporcionar el documento porque, según dijo, el ministerio no le entregará copia hasta que termine de revisarlo la Contraloría.
El abogado asesor de Chile Compra y encargado de Transparencia de ese organismo, Andrés Ruiz, dijo a CIPER que una orden de compra debe emitirse después de la firma del contrato: “Para todas las licitaciones, no solo para las de más de 1.000 UTM (unos $39,6 millones), la firma del contrato debe realizarse después de la adjudicación y antes de la orden de compra. Ahora bien, con licitaciones superiores a 1.000 UTM corresponde necesariamente la celebración de un contrato. Así viene estipulado en el Decreto Supremo 250 del 2004, del Ministerio de Hacienda”.

-¿Es normal que en una licitación pasen dos minutos entre la adjudicación y la orden de compra? 
-Si es un contrato sobre 1.000 UTM, es algo que requeriría de mayor aclaración. La verdad es que… puede haber varias posibilidades: una, que efectivamente esté todo listo (se ríe). La otra, que la adjudicación se haya hecho antes en soporte papel, se publicó tardío y acto seguido se emite la orden de compra. En todo caso, faltaría el contrato… Es algo que, de todas maneras, requeriría una explicación por parte del servicio aludido. No necesariamente constituiría una irregularidad, pero ciertamente hay algo que requiere mayor explicación -señala el abogado Ruiz.

De acuerdo a testimonios de ejecutivos que trabajan en el rubro, muchas veces las órdenes de compra son utilizadas por las empresas beneficiadas con las licitaciones para conseguir créditos que les permiten financiar el negocio. En el caso particular de estas dos licitaciones, el dueño de Tecnodata, Alfredo Giacoman, reconoció a CIPER que su empresa requería crédito para pagar los equipos que compraría a Santa Victoria, representante de los productos de Ted Sas en Chile. La versión de Giacoman es que, como Sas se negó a venderle directamente, él le compró a Santa Victoria los densímetros y fibroscopios. De esta manera, Santa Victoria financió la operación y Tecnodata tramitó una carta de crédito de importación emitida por el Banco Santander para pagarle a Weinberger.
Las compras del Plan Frontera Norte están bajo la supervisión del jefe de la División de Estudios de la Subsecretaría del Interior, el ex fiscal Felipe Baeza, quien se hace asesorar por el subprefecto de la PDI, Iván Villanueva Berindiague. Y aunque las compras que han aprobado -los hornos incineradores, furgones escáner, densímetros y fibroscopios- han resultado controversiales, ambos viajaron en los últimos días a Finlandia para conocer la tecnología que usa ese país en el control de su extensa frontera con Rusia. El viaje tuvo lugar entre el 22 y el 29 de septiembre y los pasajes fueron financiados por la embajada chilena en Finlandia. Así lo confirma el decreto que autorizó la salida en comisión de servicio del coronel de Carabineros Gerardo Concha Ortega, quien integra el equipo que acompañó a Baeza, documento que lleva la firma del ministro Rodrigo Hinzpeter.

HORNOS SIN AUTORIZACION

El subsecretario Rodrigo Ubilla señaló a El Mercurio el pasado jueves 27 de septiembre que de los tres hornos portátiles para incinerar droga comprados con presupuesto del Plan Frontera Norte, uno fue destinado a Arica, otro a Antofagasta y el tercero quedó en Santiago. En la misma nota, Ubilla indicó que en el caso del horno destinado a la Región Metropolitana “durante el año pasado tuvimos una dificultad porque hubo una emanación superior de gases a los que están autorizados”.
CIPER consultó en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, donde está destinado el horno incinerador, cómo ha funcionado ese equipo. Los funcionarios, que pidieron reserva de sus identidades, indicaron que este aún no cuenta con autorización sanitaria para operar, porque deja residuos y emite gases que pueden afectar la salud de quienes manejan el sistema y de los vecinos que residen en las zonas aledañas. Las mismas fuentes señalaron que, aún cuando no cuenta con autorización sanitaria, se ha hecho funcionar el horno a nivel experimental. La última de estas demostraciones estaba programada con participación de funcionarios de la Seremi de Salud, que deben aprobar su funcionamiento.
Respecto del horno enviado a Arica, los departamentos de comunicaciones de la Seremi de Salud y del Servicio de Salud de esa región, respondieron a CIPER que “por razones de seguridad”, tenían instrucciones de no entregar información sobre la materia.
A diferencia de lo obrado en este mismo rubro por el Ministerio del Interior, el gobierno regional de Iquique compró un cuarto horno, similar a los tres adquiridos para el Plan Frontera Norte, pero como el aparato presentó fallas técnicas, fue devuelto al proveedor. Y la licitación quedó sin efecto. La directora del Servicio de Salud regional, doctora Adriana Tapia Cifuentes, indicó a CIPER que “el llamado a licitación que esta institución realizó para la adquisición de un horno incinerador de drogas, se hizo a través de fondos FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional), proceso que se cerró sin éxito ya que los productos ofertados no cumplieron con los términos de referencia exigidos por este servicio”.