Con un fallo fotográfico muy parecido al de una carrera hípica terminaría hoy la votación del informe del lucro en la Educación Superior en la Cámara de Diputados, con una definición en la que va a importar -y mucho- la cantidad de parlamentarios en sala.
Ese es el cálculo que hacen los impulsores del informe, con la diputada Alejandra Sepúlveda (PRI) a la cabeza y que tiene a todo el bloque oficialista alineado para rechazar el documento, y un resultado que amarraría por apenas un par de votos el respaldo del pleno que le daría el empujón definitivo a las denuncias de lucro en al menos siete universidades privadas.
Un informe vilipendiado incluso antes de que se hiciera público por los diputados oficialistas y por el propio gobierno a través de varias intervenciones del ministro de Educación, Harald Beyer, y que, sin tener muchas sorpresas; podría llevar al paredón político a cuatro ministros y otros funcionarios de Estado.
Horas antes del GANE
Con la firma de 52 diputados y justo en medio de un acalorado escenario por las marchas estudiantiles, el martes 5 de julio del año pasado se presentó la moción para crear una comisión investigadora que pretendía determinar “la legalidad del instrumento utilizado por las universidades para lucrar con la educación terciaria”.
Fue sólo horas antes que el Presidente Piñera anunciara el GANE, el primer pronunciamiento oficial del empresario para descomprimir el ambiente generado por los estudiantes, en el que prometía 4.000 millones de dólares, más becas y créditos, la creación de una Superintendencia de Educación Superior y la posibilidad de abrir el debate para distinguir entre las universidad con y sin fines de lucro.
A esas alturas, lucro ya era una palabra instalada en el seno familiar y apuntaba directamente al ministro de Educación de ese entonces, Joaquín Lavín, quien un par de meses antes sacaba cuentas alegres en las encuestas presidenciables, apenas superado por el rescata-mineros Golborne.
En ese contexto fue que partió la comisión, que trabajó por más de siete meses y que contó con declaraciones clave como la del también ex ministro de Educación Felipe Bulnes, quizás una de las más importantes que hoy contiene el informe.
Con el testimonio de los rectores y jefes de departamentos del Mineduc, la comisión fue recabando antecedentes conocidos y obviados por los encargados de fiscalizar en cada época. La prensa, metida con lupa desde entonces en el tema, comenzó a destapar lo que María Olivia Monckeberg había denunciado hacía ya varios años y que hasta entonces nadie había estado dispuesto a mirar con detención.
De ahí que parte del informe tenga su columna vertebral en los libros de la ganadora del premio nacional de periodismo, más otras denuncias de cómo se retiran excedentes a través de inmobiliarias y arriendos altamente superiores a los normales, y que terminó en manos del Fiscal Nacional para iniciar una investigación preferente a siete universidades privadas creadas post 1981 que habrían lucrado, infringiendo la ley.
Con el informe redactado, el bloque oficialista apareció el mismo día que se anunció el documento, tirándolo a la basura y tildándolo de un show mediático. Cómo no, si el documento final, entregado al jefe de gabinete del Mineduc hace algunas semanas ante la sorpresiva ausencia de Beyer en el ministerio, salpicaba a varias figuras del oficialismo y específicamente a tres ministros de la actual administración.
Ministros a declarar
A las 10:30 de esta mañana, el informe de la instancia parlamentaria va a ser votado y se especula que solo dos diputados estarán ausentes de la sala. Durante la sesión, la presidenta de la comisión investigadora, la diputada del PRI Alejandra Sepúlveda emitirá un discurso en el que promete sacarle punta a la responsabilidad política de los tres ministros de Estado en universidades que lucran:
Joaquín Lavín y Cristián Larroulet por la inmobiliaria Ainavillo, calificada como sociedad espejo de la Universidad del Desarrollo, y Teodoro Ribera, ministro de Justicia que fue rector y es hijo de uno de los dueños de la Universidad Autónoma.
Aludidos en el informe, el cálculo de la derecha es que de prosperar la investigación y validación del informe es más que probable que los tres ministros, junto con Harald Beyer, sean llamados a declarar por su responsabilidad en esos planteles. Una imagen de secretarios de Estado desfilando ante la jsuticia es algo que el gobierno y la derecha en bloque buscará impedir con un rechazo generalizado al documento.
Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguramn que todo el resto de los diputados estarían alineados para sacar adelante el informe y así hacer que un poder del Estado respalde las denuncias. Con la Concertación alineada para votar, encausando responsabilidades políticas hacia las figuras del lucro en el actual gobierno, y la bancada independiente liderada por la misma Sepúlveda para seguir adelante con las investigaciones, el informe sería aprobado por una nariz.
Ese es el cálculo que comparten en el ala opositora y que desde el movimiento estudiantil esperan no traiga sorpresas. Para ellos todo puede pasar: aún está fresca la desilución de noviembre del año pasado con la discusión del presupuesto 2012. Precisamente el diputado René Alinco, uno de los protagonistas de esa historia, es una de las interrogantes para la votación de esta mañana.
Por eso tampoco se descarta que el informe sea rechazado y con ello, el empuje político de las denuncias que ya están siendo investigadas por la Fiscalía Oriente se comiencen a devaluar. Se espera la ausencia de los diputados Miodrag Marinovic y Pedro Velázquez, los que podrían desbalancear la votación a última hora.
De todas maneras, la sorpresa de una denuncia nueva en boca de la diputada Sepúlveda -la que emitiría durante su discurso- podría remover las aguas mañana en el hemiciclo. Y por otra parte, la investigación que llevan adelante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena ya comenzó sus diligencias esta misma semana con una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Lavados de Activos de la PDI.
Por su parte, los estudiantes aglutinados en la Confech ya anuncian un giro en su estrategia política y callejera de no prosperar el informe. En ese documento está parte de lo que más indigna a los universitarios y simpatizantes del movimiento: la cita del ex ministro Bulnes reconociendo que no hay ninguna garantía de que se haga valer la ley que impide el lucro.
Una declaración que confirma la tesis de que el sistema está “diseñado para hacer vista gorda”, el murallón fundamental a derribar por los estudiantes que vienen denunciando desde hace un año y medio en las calles lo que todo el mundo vio pasar frente a sus ojos durante los últimos 30 años.