De tanto en tanto, aparece un documento que más que un
papel, parece una bomba. Que se firma, se mete en un sobre, se envía al
destinatario, se publica y entonces explota. La Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) recibe todos los días comunicados de las
empresas que operan en el mercado de valores indicando cambios de
directorio, aumentos de capital, giros en sus líneas de negocio o
cualquier otra cosa que a juicio de la compañía, sea importante de
informar. Esos son los “hechos esenciales”: cualquier información que
sea relevante para que los accionistas tomen decisiones informadas antes
de invertir. La información que le envían a la SVS suele ser de
importancia, pero rara vez es explosiva. Muy pocas veces puede poner en
jaque la continuidad de una inversión tan millonaria y polémica como la
que Hidroaysén tiene en curso para instalar y operar cinco centrales
hidroeléctricas en la Patagonia. Pero el documento que la SVS recibió ayer, lo hizo.
Bernardo Larraín Matte firmó la carta en su calidad de presidente del
directorio de Colbún. Y en ella decía que la empresa del Grupo Matte,
que posee el 49% de las acciones de Hidroaysén S.A., “estima que no
están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de
esta magnitud y complejidad”. Que recomienda suspender de forma
indefinida el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del
proyecto de transmisión de energía, ese que ya se había atrasado y que
supuestamente estaría listo a fines de 2012.
Después de seis años batallando para sacar adelante una inversión de
aproximadamente US$ 4.000 millones, Colbún decidía pararla. Porque
aunque la construcción de las centrales ya está aprobada desde el año
pasado (vea el especial sobre su aprobación en Cooperativa.cl) y ratificadas desde abril de 2012 por la Corte Suprema,
sin un sistema de transmisión que les permita integrar al Sistema
Interconectado Central (SIC) los 18.430 GWh de energía media que
Hidroaysén produciría al año, el proyecto completo carece de sentido.
En la decisión nada tienen que ver los miles de chilenos que se
plegaron a un movimiento social que, apenas supo de la existencia del
proyecto, le hizo la guerra con marchas masivas en todo el país y
acciones legales que intentaron –sin éxito– detener la inundación de
5.910 hectáreas de terreno virgen en la Patagonia. En ninguna parte de
la carta se habla del rechazo ciudadano que hace un año, según una
encuesta de IPSOS, era de un 61%.
Nada de eso. Las razones esgrimidas en el texto que Colbún envió a la
SVS se refieren directamente al gobierno y a los parlamentarios por su
incapacidad de consensuar lineamientos que aseguren la viabilidad de
proyectos como el de Hidroaysén. En otras palabras, por la ausencia de
una política energética clara en Chile.
La Asociación Gremial de Empresas Eléctricas respaldó la crítica,
diciendo que los problemas para el desarrollo de la transmisión de
energía no sólo tienen detenidos proyectos de cualquier envergadura,
sino que además “implican un aumento en los costos de generación y un
aumento en los costos que están viviendo los chilenos”. Ya antes lo había dicho el millonario brasileño Eike Batista,
quien se está enfrentando a los mismos escollos que Hidroaysén con su
gigantesco proyecto termoeléctrico Castilla. En esa ocasión, declaró: “A
nosotros nos gusta invertir en países que tienen reglas claras”.
El gobierno, en cambio, respondió desestimando la opinión de la
empresa de los Matte. Ayer, el ministro de Energía, Jorge Bunster, defendió la estrategia que ha seguido el gobierno en materia energética. Y esta mañana, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, dijo en una entrevista:
“Tenemos un comité asesor que elaboró una estrategia 2012-2030, y
queremos solucionar el problema de la energía, no para este Gobierno,
sino que para Chile”.
Fuera de las declaraciones cruzadas, lo cierto es que con la decisión
de Colbún, el gobierno quedó entre la espada y la pared.
Particularmente –como lo menciona el periodista Nibaldo Mosciatti en su columna para CNN Chile–,
porque en una de sus promesas de campaña el Presidente Piñera aseguró
que se haría cargo de los problemas energéticos: que diversificaría la
matriz y allanaría el camino para los inversionistas. Y precisamente lo
que ha ocurrido con ese último punto es lo que llevó al socio
minoritario de Hidroaysén (el mayoritario es Endesa, con el 51% de las
acciones) a pedir que se congele el proyecto.
En una nota publicada esta mañana en El Mostrador,
se cita una entrevista que el gerente de estudios de Celfin, César
Pérez, dio a Bloomberg. En ella, Pérez afirmaba que la crítica de Colbún
apunta a la incertidumbre que genera esa falta de política para el
clima de inversión en el país. “Lo que busca Colbún es una garantía de
que el Estado va a proteger su inversión”, dijo Pérez. Una preocupación
que para Hidroaysén resulta imperiosa, especialmente ahora que, debido
al incremento de sus costos (pasó de US$ 4 mil millones a cerca de US$
10 mil millones), está negociando el ingreso de nuevos socios al proyecto.
En todo caso, no se ha dicho la última palabra. La carta de Colbún es
una recomendación que el directorio de Hidroaysén S.A. aún debe
evaluar. Minutos después de que el documentos de Colbún se viralizara en
las redes sociales, Hidroaysén emitió un comunicado
explicando que su directorio tomó conocimiento de la recomendación de
la empresa del Grupo Matte, pero que “no ha adoptado acuerdo en esta
materia, acordando analizarlo en sesiones futuras”. Y al final de la
declaración, la empresa concluye: “El proyecto de las centrales, que
cuenta con aprobación ambiental, continúa con su plan de trabajo”.
La
ley SEP, que busca mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los
alumnos más pobres y entrega más de US$ 650 millones al año a las
escuelas publicas, enfrenta hoy su más duro cuestionamiento: Contraloría
detectó que cerca de 1/3 de los recursos entregados a los municipios
que ellos fiscalizaron fueron desviados a otros gastos. Gonzalo Muñoz,
investigador de Fundación Chile, ahonda aquí en los éxitos y fracasos de
una de las más importantes políticas públicas diseñadas por la
Concertación para terminar con la desigualdad. Insiste que pese a los
problemas, la ley SEP está dando los resultados esperados y que el
problema no es su diseño sino la precariedad de los municipios y la
falta de fiscalización.
Imagen: Patagonia sin Pepresas en Facebook
