Narayan Vila
Parlamentarios y organizaciones de
consumidores concordaron en la necesidad de no aprobar la normativa que
permitiría el uso de registros históricos de información comercial de
las personas por parte de instituciones. La iniciativa, impulsada por el
ministro de Hacienda, se tramita en la Cámara Baja, donde ha provocado
un abierto rechazo por parte de algunos diputados.
El diputado Felipe Harboe sostuvo que existe un rechazo
transversal en la Cámara Baja y en la comisión de Economía, a legalizar
los registros históricos, mediante el proyecto de ley de deuda
consolidada.
Esto, luego de reunirse con el superintendente de Bancos e
Instituciones Financieras, Raphael Bergoeing, para manifestarle su
preocupación por el uso de información comercial caducada por parte de
algunas empresas.
El parlamentario sostuvo que el proyecto, iniciativa del Gobierno
alojada en la Cámara de Diputados, “no favorece a los clientes”, y
agregó que “la banca debe tener información actualizada, ya que la
capacidad económica de una persona es muy distinta a la de hace cinco
años atrás”.
Por ello es que el diputado emplazó al ministro de Hacienda, Felipe
Larraín, a modificar las normas para establecer un plazo de caducidad
para el uso de información comercial de las personas.
“Se lo manifesté al Gobierno, yo espero que el señor ministro de
Hacienda entienda que no vamos a legalizar los registros históricos, le
pido expresamente al ministro de Hacienda que modifique las normas del
proyecto que está hoy en la Comisión de Economía en el sentido de
ponerle un plazo final fatal para el uso de información comercial de las
personas”, detalló Harboe.
El presidente de la comisión de Economía de la Cámara, José Manuel
Edwards, rechazó la posibilidad que los bancos tengan datos históricos
caducos de personas que ya han pagado sus deudas.
Por ello adelantó que dicho organismo revisará la legislación para
asegurar penas de cárcel “a personas no naturales que manipulen bases de
datos que están fuera de la ley”, según señaló.
“Tiene que existir lo que se llama el derecho al olvido y es que una
persona que tuvo un problema para pagar hace más de cinco años, pero que
ya pagó y tiene todas sus cuentas al día, tiene todo el derecho a que
su información negativa no siga circulando en ninguna base de dato de
ninguna persona jurídica, ni banco, ni casa comercial, ni financiera”,
afirmó el diputado Edwards.
Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y
Usuarios de Chile (Odecu), subrayó que el proyecto sería una buena
medida, en tanto permite conocer los niveles de riesgos de los
consumidores y a aquellos calificados como “buenos pagadores”, pero no
en las actuales condiciones que ofrece el país.
En este sentido, el líder de la agrupación consumidores indicó que
“el escenario que se da hoy en Chile cuando no tenemos una agencia
nacional de protección de datos y cuando los datos se trafican y se
venden de un lado para otro, este remedio no va a ser un buen remedio.
Tenemos un escenario jurídico-institucional que no permite aumentar la
base de datos a lo que se llama deudor positivo. Hoy existiría un Dicom
para los que pagan y otro Dicom para los que no pagan en un escenario
donde no hay ninguna fiscalización sobre los datos personales de las
personas”.
El dirigente añadió que la norma sobre el uso de registros históricos
es un retroceso. Algo que, mientras se tramita el proyecto de ley,
estaría prohibido gracias a una circular emitida por el superintendente
de Bancos, quien deberá asistir a la comisión de Economía de la Cámara,
esta semana, para explicar el proyecto de ley de deuda consolidada.
