Exigencia de resultados y carencia de recursos detona en salud mental de profesores

Juan San Cristóbal

El estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile que indica un 17 por ciento de docentes que trabajan en establecimientos municipales con problemas de salud mental producto de presión laboral. Especialistas indican que si bien el índice no guarda relación con los resultados, subraya en la necesidad de modificar los sistemas de evaluación profesional.

El estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile subraya en las condiciones psicosociales del entorno laboral como un factor en el desempeño de los profesores, situación que afecta la salud mental de docentes con mayores exigencias, lo que se grafica en un 17 por ciento de profesionales con algún tipo de trastorno el último año.
Patologías como depresiones, ansiedad o angustia tienen mayor incidencia en docentes que trabajan en establecimientos con bajo puntaje en mediciones de calidad como el Simce, donde la vulnerabilidad social se suma a las presiones de un profesional rodeado de carencias para desempeñarse, según apuntan autoridades del ramo.
El siquiatra Rubén Alvarado, director del proyecto, indicó que estos trastornos no exigen un retiro de los profesionales en su actividad como tampoco influye directamente en los resultados de dichas evaluaciones, las que son un detonante de mayores presiones laborales.
“No importa cuánto es el resultado que tengan en aspectos cognitivos, sino que nos interesan personas que finalmente contribuyan globalmente a la sociedad. Por lo tanto, la formación de los niños no va por el aspecto cognitivo, es lo importante pero no es lo único, una de las cosas que aparecen en nuestro trabajo es que los profesores ven una focalización excesiva de resultados de pruebas estandarizadas como estas en los alumnos” indicó.
Suplir el papel de los padres, carencias de material de apoyo y recursos humanos además de evaluaciones Semáforo son parte de la carga extra que tienen profesores que trabajan en escuelas vulnerables. Ante ello, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Guajardo, indicó que las modificaciones sobre el sistema de formación integral son urgentes.
El directivo declaró que “podemos aplicar muchos paliativos, pero tiene que haber una reorientación del sistema educativo, basado en evaluaciones más completas, no sólo en resultados, sino evaluar contexto, proceso y resultado, porque hay zonas donde llegar a nivel verde será muy difícil si no se modifica el sistema, es clave que se ponga acento en la formación educativa y no sólo en los resultados”.
El alcalde de Lo Prado Gonzalo Navarrete, director de la Asociación de Corporaciones Municipales, destaca que el aumento de las subvenciones es clave a la hora de atender alumnos vulnerables.
A su juicio, las carencias que afectan el entorno laboral de los docentes guardan relación con el escaso presupuesto que manejan los municipios para educación pública, lo que ahonda en la brecha de desigualdad en establecimientos donde los maestros de escuelas con resultados adversos son los que requieren de mayor asistencia.
El edil recalcó sobre los 50 mil pesos de subvención y declaró que “una atención de educación de un niño vulnerable es más caro, es lo que hemos planteado primero a la Concertación y ahora a este gobierno. No se puede pensar en resultados cuando el estudio de costos muestra que el costo unitario es cerca de 75 mil pesos por alumno, sumado a los programas de subvención escolar preferencial llega incluso a 95 mil pesos, que es lo que demanda un niño vulnerable”.
Tanto el edil como el presidente del magisterio subrayan en la urgencia por mejorar las condiciones laborales de establecimientos en riesgo, en reemplazo de medidas anunciadas por el ministerio que estigmatizan los planteles con mayores dificultades.