Informe sobre incendio en Cárcel de San Miguel concluye en formalización de gendarmes por homicidio

Miércoles 23 de Marzo 2011 14:57 hrs.

Macarena Scheuch

Ayer fue entregado a la Fiscalía Sur el informe final de la Policía de Investigaciones, sobre el incendio en la Cárcel de San Miguel de diciembre pasado. Funcionarios penitenciarios y querellantes en el caso disienten sobre la real validez de la investigación.

El  texto de la PDI entregado a la Fiscalía Metropolitana Sur,  basado en resultados de 39 peritajes, más de 150 declaraciones de testigos y análisis criminalísticos, sostiene la tesis de que pudieron haberse salvado, sino todos, muchos de los 81 reclusos que murieron en el siniestro del pasado 8 de diciembre.
El escrito plantea también algunas razones que explicarían la rápida propagación del fuego tales como gran cantidad de materiales combustibles en el módulo 5 de la cárcel, el uso de un balón de gas como lanzallamas y que un reo cuyas ropas se comenzaron a quemar corrió erráticamente dejando focos de llamas en un corto lapso.
El informe establece además la existencia de delitos, junto con determinar las acciones y omisiones del personal penitenciario a cargo de la seguridad de los internos.
Según ha trascendido, serán formalizados por cuasidelito de homicidio y de lesiones reiterados cinco ex oficiales directivos de Gendarmería y  por homicidio simple y lesiones por omisión reiterados tres gendarmes ahora exonerados que se desempeñaban como centinelas.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios de Chile, Pedro Hernández, afirmó que, aunque no conocen el informe en detalle, si tienen ciertos reparos sobre su elaboración, quien indicó que “nosotros no vamos a descalificar este informe pero es obvio que un documento emanado desde una unidad penal es muy distinto a uno elaborado en otros recintos. No tengo conocimiento de la experticia que tiene Investigaciones en materia penitenciaria, pues quienes actúan en estos casos son funcionarios de Gendarmería que cuentan con la especialización para haber aportado en este caso, pero nunca se acudió a ellos por parte de Investigaciones”.
El dirigente gremial reconoció ciertos aspectos del texto como el hacinamiento, la falta de red de agua entre otras condiciones que facilitaron el incendio, pero criticó que es una exageración formalizar por crímenes a funcionarios de la institución.
Hernández subrayó que si los funcionarios tienen que responder ante la justicia esperan que se haga con el debido proceso y respetando el principio de inocencia.
Por el contrario Carlos Quezada, abogado querellante en este caso, destacó la calidad del informe de la Policía de Investigaciones y las hipótesis que de él se desprenden. Quezada declaró que “este informe recoge los datos recabados en la reconstitución de escena, además de 39 pericias que reúnen datos bajo un rigor científico extremo, lo que permite identificar hechos que han sido negados constantemente por Gendarmería. Esto nos lleva a dos hipótesis que indican que un socorro oportuno hubiera permitido el rescate de víctimas y eso ubica a los tres centinelas bajo una posición de omisión al configurar una acusación de homicidio simple. Otra situación guarda relación con el evitar estos hechos, lo que se relaciona con el resto de los funcionarios que serán formalizados por cuasi delito de homicidio el próximo día lunes”.
Respecto de las quejas de la ANFUP, Quezada, quien representa a varias familias de las víctimas, enfatizó que el argumento de los funcionarios son las responsabilidades políticas y no penales, lo que no forma parte de la competencia de los tribunales.
Luego de interiorizarse sobre este informe final de la PDI, el fiscal Alejandro Peña se dedicará exclusivamente a afinar las formalizaciones de cargo en este caso programadas para el próximo lunes 28 de marzo.