Miércoles 23 de Marzo 2011 15:26 hrs.
Ricardo Salazar
Mientras un grupo de diputados de Renovación Nacional apoyarán la acusación constitucional en contra de la intendenta del Biobío, Jaqueline Van Ryssellberghe, la UDI mantiene su férreo respaldo a la autoridad regional y apuntan sus dardos contra miembros del gabinete. La acusación se realizará este jueves.
En Renovación Nacional aumentaron las voces se sumarían a la iniciativa debido a la tensa situación en la que la autoridad regional dejó al Gobierno cuando fue confirmada en su cargo por el respaldo de la UDI.
Según las informaciones, los diputados de RN Cristián Monckeberg, Frank Sauerbaum, Marcela Sabat y Karla Rubilar, serían quienes aprobarán el documento.
En este sentido, Rubilar comentó que “Renovación Nacional está haciendo lo que siempre le solicitó a la Concertación que hiciera, es decir, no hacer defensas corporativas, partidarias, no canalizar todas las acusaciones y presentaciones en su mérito”.
Ante los cuestionamientos de sus aliados en el oficialismo, Rubilar indicó que “antes de criticar a RN primero deben hablar con sus correligionarios porque hay cuatro legisladores de la región que están analizando esta posibilidad”.
Otro de los parlamentarios que evalúa su posición frente a este tema es el RN Roberto Del Mastro, quien congeló su militancia en el partido, por la forma en que se nominó al presidente de la tienda Carlos Larraín, en el cupo de senador por la región De Los Ríos.
Del Mastro indicó que la libertad que dio la tienda para la votación no cambia el escenario para los militantes, aunque reconoce que pueden haber antecedentes para dar piso al libelo.
“Marginarme de Renovación Nacional no me da ni más ni menos libertad. Yo no veo que en este momento haya motivo alguno para alguna acusación constitucional, este caso no se configura. El diputado Sauerbaum es de la zona y simplemente él puede manejar información más cercana y fidedigna. De otra forma, no se puede entender que se haga una acusación al boleo”, dijo Del Mastro.
En la Concertación, en tanto, confirmaron que la acusación se presenta este jueves al mediodía, además, desde el PS están exigiendo la renuncia a la intendenta.
Desde el Gobierno mantienen su postura después de la ratificación, posición que fue ratificada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter:
“El Ejecutivo tiene respeto por las deliberaciones que haga el Congreso, especialmente, en materias tan delicadas como una acusación constitucional. La intendenta del Biobío cometió un error. Pese a ello estamos convencidos que no existen argumentos para plantear con base una acusación constitucional”
En la UDI, señalan que no hay votos para la acusación de parte del gremialismo. El parlamentario de región del Biobío, Jorge Ulloa reconoce errores de gestión, pero descarta cualquier fundamento para la acusación.
Igualmente otras voces en la colectividad parecen querer acrecentar el conflicto y no dudaron en lanzar amenazas. El diputado UDI, Gonzalo Arenas, indicó que podrían analizar interponer el mismo recurso en contra del Ministro de Justicia, Felipe Bulnes (RN) por su responsabilidad en el incendio de la cárcel de San Miguel.
“Si hay antecedentes suficientes no descartamos una acusación constitucional. Aquí hay responsabilidades políticas que hay que hacer valer en el legítimo derecho, los diputados de la UDI podemos estudiar si existen fundamentos para ello”, dijo Arenas
Arenas criticó el manejo del conflicto por parte del presidente de RN Carlos Larraín, ya que no respaldó a la intendenta ante los diputados. Los parlamentarios que apoyan el libelo han comunicado a la dirigencia su decisión.
Para este jueves al mediodía se anunció la presentación de la acusación contra la intendenta, con firmas de la Concertación y del parlamentario PC Guillermo Teiller.
Además hay reuniones entre la bancada de diputados y senadores de la Democracia Cristiana con los diputados del PRI, Pedro Araya y Alejandra Sepúlveda, quienes sumaría o firmas o votos para la acusación constitucional contra Jaqueline Van Rysellberghe, por el mal uso de subsidios de reconstrucción, intentando beneficiar a familias que no fueron afectados con el terremoto y maremoto del 27 de febrero.
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