Reforma educacional Escuela neoliberal

]“Gobernar es educar, y con esta firme concepción aprovecharé todas las fuerzas que del Estado pueda disponer para despertar el espíritu constructivo, de organización y perseverancia que tanto necesita la colectividad y rectificar el abandono en que se ha desarrollado la educación pública… Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud, es necesario que sea gratuita, única, obligatoria y laica”.
Pedro Aguirre Cerda,
Mensaje presidencial del 21 de mayo de 1939.

El lunes 29 de noviembre el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el anunciado proyecto de reforma educacional. Con un costo estimado en 900 millones de dólares hasta 2014, el proyecto fue enviado con “extrema urgencia”, lo que significa que debería quedar despachado antes del 15 de diciembre. Los elementos centrales de la iniciativa fueron presentados por el presidente Piñera y el ministro de Educación, Joaquín Lavín, como una “verdadera revolución”. Sin embargo, ahora hablan simplemente de “reforma” ya que se dan cuenta que en educación las cosas tienen una gradualidad que muchas veces debe medirse en años.
Las críticas no demoraron, desde las previsibles del Colegio de Profesores, organizaciones de estudiantes y sectores de Izquierda que exigen una educación pública de calidad; diversos especialistas llamaron la atención hacia la complejidad del tema, especialmente en los aspectos curriculares. Otros enfatizaron la necesidad de dar apoyo institucional a los directores y realizar con ellos un trabajo formativo, dadas las nuevas responsabilidades que asumirán. Algunos insistieron en la necesidad del mejoramiento del desempeño del conjunto de los profesores y no solamente de unos pocos. Asimismo, que hay que poner en práctica la formación continua de docentes y prestar atención a las carreras de pedagogía.
El gobierno parece haber elegido con cuidado el momento de presentar el proyecto. Sin consulta a los actores principales de la educación, fue enviado casi por sorpresa al Congreso. La improvisación se ha notado, pero no afecta mayormente al objetivo buscado: la sorpresa y paralización de la oposición. El plan toma en cuenta las dificultades por las que atraviesa la Concertación y, por supuesto, la coyuntura del fin de año. Intenta aprovechar la inestable bonanza de las encuestas -la popularidad de Piñera que era de 63% en octubre, bajó a 50% en noviembre- y la saturación legislativa con múltiples mensajes al Congreso que confunden a la ciudadanía. El gobierno presiona con la suma urgencia a sabiendas que si logra una aprobación en general antes del 15 de diciembre, habrá conseguido una victoria. El Colegio de Profesores se mueve con lentitud y antes que se organice el Frente de Defensa de la Educación Pública a que aspira, el proyecto de reforma de la educación habrá sido aprobado al menos en general, consolidando el modelo neoliberal en la educación.
En el proyecto se distinguen varios aspectos. Los que tienen que ver con las carreras de pedagogía, sometidas a la Prueba Inicia, asegurando incrementos en el sueldo base y otros beneficios a los mejores egresados y estímulos para los estudiantes con buenos puntajes en la PSU que se decidan a estudiar pedagogía. En materia de reformas al Estatuto Docente, se postula una selección rigurosa de los directores de los planteles municipales, dotándolos de atribuciones amplias para que se conviertan en gestores del cambio en las escuelas y liceos, incluyendo la de despedir cada año hasta un 5% de los profesores, por mal calificados. Se anuncia además la creación de más “liceos Bicentenario”. Se propone un aumento significativo en la subvención escolar y un bono de retiro que puede llegar hasta 20 millones de pesos para los profesores que deseen abandonar la educación municipalizada. Finalmente, hay focalización de la educación en los ramos de castellano y matemáticas, considerados como básicos para la comprensión de otras materias, para lo cual se aumentarían las horas de enseñanza restándolas a asignaturas como historia. Cierre y fusión
de colegiosLigada a esta reforma, aunque en otro plano, debería operar la fusión de establecimientos educacionales cuyas matrículas hayan disminuido al punto de hacerlos inviables, dado el costo de los profesores que los atienden y la mantención de la infraestructura. Esta llamada “consolidación de establecimientos” se ha puesto en marcha en diversas comunas de la Región Metropolitana.
Nada hay en las medidas ni en el proyecto del gobierno que apunte directamente al fortalecimiento de la educación pública, que necesariamente pasa por el término de la municipalización. Tampoco sobre control o eliminación del lucro en la educación o un control severo de los sostenedores que la han convertido en negocio de alta rentabilidad en propio beneficio.
Aunque es un hecho que uno de los síntomas de la crisis de la educación pública es la baja sostenida de las matrículas desde el año 2001 -en cerca de 300 mil niños- ello reafirma una tendencia anterior, reflejada en una pequeña baja en el número de establecimientos educacionales públicos mientras casi se duplicaron los colegios particulares subvencionados y aumentaron en alrededor de treinta por ciento los colegios particulares pagados. Así, la sola aplicación de criterios mercantiles no parece la solución adecuada desde el punto de vista de la educación pública. La disminución de matrículas, por ejemplo, podría haber sido considerada una oportunidad para eliminar las aulas abarrotadas de alumnos, que es una de las razones de los malos rendimientos escolares. O bien, podría haberse visto como la evidencia de que era indispensable un claro fortalecimiento de la educación pública, para recuperar al alumnado perdido.
Sin duda la reforma educacional del gobierno de Sebastián Piñera es parcial e insuficiente pero se ajusta a la visión economicista y neoliberal de sus autores. Interesados por una parte en que el sector educacional sea un área empresarial que haga buenos negocios, al mismo tiempo lo están en que se ajuste a su proyecto político, que necesita consumidores y no ciudadanos, individuos aislados y no personas críticas con sentido de organización y dispuestas a luchar por sus derechos.Críticas durasNo todas las críticas fueron suaves para el gobierno. Cayeron como bomba sobre el ministro de Educación, Joaquín Lavín, y sobre el propio presidente de la República las opiniones del Premio Nobel de Economía (2000) James Heckman, de paso por Chile. Heckman no moderó sus opiniones. Le dijo a Lavín directamente: “Ojalá, ministro, tenga la posibilidad de revisar un poco sus planteamientos”. El economista norteamericano sostuvo que lo que se pretende hacer en Chile se inspira en el programa “Que ningún niño se quede atrás”, aplicado en EE.UU. por el gobierno de George W. Bush en 2002, que ha resultado un fracaso. Asocia el financiamiento escolar con las mejores notas en las pruebas de verificación de conocimientos y ha significado disminución de las horas de educación física y de música, centrando la atención en inglés y matemáticas.
“Los niños están aprendiendo sólo lo que es testeado, literalmente la enseñanza en los colegios y el proceso entero de educación ha sido corrompido, al enseñar para las pruebas. Como resultado, creo que se ha dañado el sistema escolar. Es posiblemente un caso en que el economista está haciendo más daño que bien, porque pone un modelo que funciona muy bien en un mercado libre y aplica un mecanismo donde el resultado es mucho más diverso. Ese es un enorme error. Lo que la política pública está haciendo es imponer un punto de vista y ese es el peligro. El programa es un ejemplo de que es un enorme error focalizar toda la atención en una tarea tan estrecha”. Y Heckman agregó: “Estamos enfocados en lo cognitivo y en la habilidad de resolver pensamientos abstractos, pero por experiencia personal mucha gente sabe que hay más cosas aparte de la pura inteligencia, que son requeridas pero que no las medimos. Las pruebas miden sólo una parte de la persona”.
Las opiniones de Heckman en El Mercurio no son las únicas que critican el criterio excesivamente fundado en las mediciones. En la propia Finlandia, considerada modelo educacional, se hacen esas críticas. El mismo modelo
de EuropaSin embargo, los ortodoxos neoliberales no parecen dispuestos a abandonar la contienda. En Gran Bretaña, el gobierno conservador de David Cameron está decidido a impulsar una nueva reforma educacional que insiste en las líneas de la anterior impuesta en 1980 por Margaret Thatcher. Sostiene que es indispensable disponer de más atribuciones para despedir a los “profesores incompetentes”, elevar las exigencias en inglés y matemáticas y aplicar una disciplina severa. Propicia, incluso, la puesta en práctica de un programa especial para entrenar a ex oficiales de las fuerzas armadas a fin de que puedan ejercer como profesores en el sistema público.
Los profesores británicos han reaccionado ante estos planes. Constituyen “una infamia desgraciada y una mala representación del desempeño de los colegios y profesores” declaró el secretario general del principal sindicato de maestros. Hay que señalar, sin embargo, que la nueva reforma que quieren imponer los conservadores británicos no afectaría los llamados “cursos esenciales”, que son inglés, matemáticas, un idioma extranjero, historia, geografía y música.
En el caso de Chile, la focalización en castellano y matemáticas corresponde a un reduccionismo que no es nuevo, y que afecta principalmente a los sectores pobres. Se ejemplifica con la pregunta: ¿Para qué educar al pueblo, si basta con que sepa leer y escribir y tenga alguna destreza técnica para que sea mano de obra barata y vaya progresando a lo largo de su vida? En 1990 se eliminó el francés y se intentó después suprimir filosofía y también arte. Ahora se pretende radicalizar aun más las supresiones, eliminando historia, como antes se hizo con educación cívica.

El Departamento de Educación y Perfeccionamiento del Colegio de Profesores ha dicho: “Con estos cambios solamente los establecimientos privados podrán generar un proyecto educativo que enriquezca de manera diversificada la oferta curricular. El impacto más brutal se espera para el sector subvencionado y, ciertamente, en el sector municipalizado, que no tiene recursos para generar alternativas al respecto. Nuevamente el costo de políticas improvisadas en educación lo pagarán los hijos de los traba