Darío Vásquez Salazar

LA VERDAD NOS FORTALECE

Darío Vásquez Salazar
Tesorero Nacional
Miembro de Fuerza Social y Democrática del Magisterio

Los docentes aún se estarán preguntando qué pasó con el Bono SAE después de la más grande huelga general de trabajadores de los últimos años. Por qué, a pesar del reconocimiento que posibilitó que a cada docente del sector municipal –con excepción de contratados y pensionados que ya no estaban en la planta 2.009 – se les adelantara un “abono de $500 mil y $300, hoy no se les pague lo adeudado.

Sucede que por un dictamen del Contralor General no se paga a lo que aún se nos adeuda y, lo que es más grave, estamos al borde de perder definitivamente el pago de este Bono, ya que la ley Nº 20.158 es aplicable sólo hasta fin de año. Se ha pretendido hacer creer que el Recurso de Protección que interpusimos algunos dirigentes habrían hecho posible la situación desfavorable en la que nos encontramos.

La verdad es otra. La Ley Nº 20.158 dispuso que los profesores del sector municipal en el mes de diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, recibirían un bono producto de los excedentes anuales que quedaran después de pagar mensualmente a cada profesor lo indicado por las leyes 19.410 y 19.933. La actual conducción asumió en noviembre 2007 y no instruyó a las bases para el cobro del bono SAE de diciembre de ese año. Ahí comienzan los problemas.

A mediados del 2.008, los dirigentes de la Región de Valparaíso solicitaron una fiscalización al Jefe Provincial de Educación de Valparaíso, quien les informó que los excedentes anuales adeudados a cada docente por el Bono Extraordinario de diciembre 2007, equivalía a más de $500 mil por 30 horas de contrato.

Recién en octubre 2.008, la Conducción plantea el tema al Mineduc, como parte de un paquete de demandas incumplidas que se llamó Agenda Corta. En dicha reunión el Subsecretario de Educación dispone que el Seremi de Educación de la V Región verifique la certeza del informe, lo que hace 15 días después. Debatida largamente la situación, la conducción gremial acepta solicitar un pronunciamiento al Contralor General.

Pasaron más de tres meses para que el Contralor se pronunciara. El 06 de febrero 2009, ratifica el derecho de los profesores a recibir un bono extraordinario en diciembre de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en el caso de haber excedentes, cuestión que era evidente por los informes de las autoridades educacionales de Valparaíso. El 16 de marzo 2009, el jefe nacional de subvenciones del Mineduc, instruyó a los inspectores de subvenciones provinciales para fiscalizar el pago de las platas provenientes de las leyes 19410 y 19933, para determinar, de acuerdo a la fórmula contenida en la misma circular, el monto del bono de diciembre 2007 y 2008.

El 22 de ese mismo mes, la Dirección del Trabajo emitió dictamen solicitado con los dirigentes de la V región, para ser aplicado en las corporaciones educacionales municipales, el que establece fórmula de determinación de excedentes.

Sin embargo, en vez de considerar como un triunfo que la Directora del Trabajo se pronunciara favorablemente a nosotros, el Presidente Nacional lo rechazar inexplicablemente y no instruye a los directorios comunales en donde hay Corporación Educacional, para solicitar la fiscalización y obligar los alcaldes a pagar lo que se adeuda. Sobre todo cuando el Contralor en su dictamen aclaró que él no tiene jurisdicción sobre las corporaciones municipales. Como no hubo orientación del Presidente Nacional, los profesores de la V región desatan movilizaciones. En medio de éstas, la conducción recién llama a Asamblea Nacional en mayo pasado y se desata el conflicto nacional.

La movilización obligó al gobierno a buscar una salida. Se forma una mesa tripartita y el 5 de junio pasado la huelga docente culmina con un acuerdo que acepta someterse a un nuevo dictamen del Contralor General, sin asegurar el pago de lo que se estaba debiendo y sin asegurar el pago de los bonos 2009 y 2010. Tanto respecto de la instalación de la mesa tripartita y de la redacción final, que no fue sometida a la consideración de la mesa negociadora gremial, me opuse desde el comienzo.

15 días después, el presidente firma un acuerdo con el Mineduc y los alcaldes, dejando sin “abono” a los profesores a contrata y a pensionados que ya no pertenecían a la planta docente comunal: 8.000 profesores se quedaron sin nada.

En agosto de 2009, el contralor emite el lapidario dictamen que nos despoja de dineros que son producto de sucesivas negociaciones desde el año 1994. En el acuerdo que firma, el Presidente se compromete a someterse al este Dictamen.

Planteamos al Directorio Nacional presentar un recurso de protección considerando que se nos había conculcado un derecho. La propuesta es desechada, inclinándose el presidente del Gremio por presentar juicios monitorios, que nunca se presentaron, y pedir reconsideración al contralor. Ingenuamente cree que el Contralor se va a retractar de su propia resolución.

Ante esta evidente falta de conducción decidimos con el dirigente nacional Gustavo Méndez y dirigentes regionales y comunales de la III, V, Metropolitana y VI regiones presentar un recurso de protección en contra del dictamen del contralor el 03 de septiembre pasado y propusimos en la Asamblea Nacional que se iniciaran presentación de demandas en contra de los alcaldes en todo el país.

Curioso resulta, por decir lo menos, que días después de la presentación del recurso el Directorio Nacional imprimiera un mural en el que se cuestiona el dictamen del contralor invocando los mismos fundamentos del recurso de protección que presentamos.

Recién en diciembre, cuando estábamos contra el tiempo, se orienta al gremio a presentar las demandas, ad-portas que el derecho a percibir el bono de diciembre 2007 expire por haber pasado dos años. A fines de diciembre 2009, el contralor emite un dictamen solicitado por el presidente del comunal Buin, en el que indica clara y tajantemente que la Contraloría General no tiene jurisdicción sobre las corporaciones municipales y que ahí corresponde aplicar el dictamen de la Dirección del Trabajo. Si la conducción hubiera asumido dicho dictamen y orientado en todas las comunas con corporaciones educacionales, podríamos haber tenido pagos favorables y reconocimiento del derecho de los profesores hace mucho.

Algunos juicios se han ganado en primera instancia. En estos casos los demandados solicitarán nulidad de fallo. Lo más seguro es que lleguen hasta la Corte Suprema. Debe quedar claro que los fundamentos de los abogados demandantes, basan sus argumentos jurídicos en los argumentos del Recurso de Protección que nosotros presentamos, lo que indica lo correcto de nuestro accionar.

Finalmente, el recurso de protección fue apelado por nosotros y en este momento está esperando que sea tratado por la Corte Suprema. En todo caso, si la Corte Suprema rechazara la apelación, queda a firme el fallo de la Corte de Apelaciones que indica que un tribunal debe resolver cómo se determinan y pagan los excedentes y no el Dictamen del Contralor. Y eso es un avance importante.