Demandas laborales
Maltrato, acoso laboral y
sexual: las acusaciones judiciales en contra del círculo cercano del alcalde de
Independencia
Lissette Fossa07/07/2023 -
06:00.
Interferencia.
.
Aunque la mayoría de las
demandas presentadas en contra del municipio, liderado por el alcalde
frenteamplista Gonzalo Durán (CS), son de tutela laboral y de vulneración de
derechos laborales, incluyen relatos de fuerte maltrato, acoso laboral y hasta
acoso sexual. El caso de una ex funcionaria incluye daño permanente en sus ojos
por haber sido presionada a trabajar bajo el sol, a pesar de tener una
enfermedad autoinmune.
“Yo divido mi vida en antes de
esta experiencia y después de esto. Porque me mataron en vida, literalmente. Me
dejaron a oscuras, se robaron mi dignidad, me quitaron la alegría”, dice, entre
lágrimas, Alejandra Esquivel a Interferencia.
Esquivel es una de las decenas
de denunciantes de demandas laborales en contra de la Municipalidad de
Independencia en los últimos años, que acusa al círculo de confianza del
alcalde de esta comuna, Gonzalo Durán, de malos tratos y acoso laboral.
Incluso, una de las demandantes declaró haber sufrido acoso sexual por parte de
un, ahora, ex jefe de departamento del municipio.
Interferencia revisó las
acusaciones por maltrato laboral en la municipalidad, que coinciden en indicar
a un grupo de funcionarios, contratados por el alcalde, como quienes ejercen
maltrato y acoso a los funcionarios que estaban a contrata y a honorarios. A
esto se suman una serie de demandas por tutela y derechos laborales, algunas de
ellas que también contienen relatos de malos tratos por parte de funcionarios,
con graves consecuencias para los demandantes. Tan sólo este año, la
municipalidad suma seis demandas laborales en dos tribunales. En 2022, sumó 19
demandas laborales y en 2021, 21 demandas laborales.
“Vemos que hay una costumbre,
una práctica de vulneración en la municipalidad de independencia, en sus
distintos órganos. Hay gente que va maltratando, y lo cambian de puesto".De
estas denuncias del 2021, en pago de acuerdos y sentencias, de las que están
disponibles públicamente, suman $41.300.000, en gastos por parte de
Independencia.
Interferencia consultó sobre estos temas a la Municipalidad, quienes respondieron que había un protocolo sobre casos de maltrato y abusos que se estaba implementando desde 2018 (la respuesta completa de la municipalidad está disponible en el archivo adjunto).
"Ante las situaciones de
acoso laboral y sexual, este municipio lleva adelante desde 2018 una política
interna para concientizar y difundir un protocolo de actuación para el maltrato
y el acoso laboral y sexual al interior de la institución. Estos protocolos
fueron actualizados el 2022 y actualmente la comisión se encuentra activa
atendiendo las distintas denuncias que se puedan hacer al interior del
municipio", declararon desde el municipio.
Para el abogado Ignacio
Celedón, quien lleva el caso de Esquivel y también de otros cuatro casos
laborales judicializados por ex funcionarios de Independencia, en este
organismo habría “una cultura del maltrato”.
“Vemos que hay una costumbre,
una práctica de vulneración en la municipalidad de independencia, en sus
distintos órganos. Hay gente que va maltratando, y lo cambian de puesto y siguen
con esas prácticas. Otros que van a otras instituciones del Estado, pero con
largas historias de maltrato laboral. Lo que vemos es una cultura de maltrato.
Y es grave y complejo, porque hay relaciones laborales donde se mezcla el
estatuto para funcionarios, con contratos con código del trabajo en las
corporaciones, etc.”, comenta Celedón.
Daño ocular permanente
Alejandra Esquivel tiene 40
años y es vecina de Independencia. Vive en un domicilio de la comuna junto a su
madre y su hijo adoptivo. Cuenta a Interferencia que antes de entrar a trabajar
a la Municipalidad, nunca antes había tenido problemas en su espacio laboral.
Fue por petición del alcalde y su equipo, que habían visto su activa
participación como dirigente vecinal, que se incorporó a la Municipalidad, a
inicios del 2021.
En el año que estuvo
trabajando allí, estuvo primero en el área de seguridad pública, donde su jefe
fue Juan Mora. De ahí, trabajó seis meses en el área de Fiscalización, donde
tuvo como jefa a Andrea Henríquez. Posteriormente, alcanzó a trabajar una
semana en la Corporación de Desarrollo Social, con Magdalena Serrano como jefa
directa.
Esquivel acusa que de todas
estas jefaturas recibió maltrato y acoso laboral, además de maltrato verbal y
vulgar.
“Tuve una queratitis severa
por radiación solar. Me dejó secuelas oculares permanentes en mis ojos. Al
principio tuve que aplicarme antibióticos, por meses, corticoides, lubricantes
oculares. Yo vivía en la noche, no podía salir a la luz del sol, vivir en la
oscuridad", dice la ex funcionaria.
Trabajando en seguridad
pública, Esquivel manifestó a sus jefes diversas necesidades que tenían sus
compañeros, lo que molestó a sus superiores, quienes le llamaron la atención,
la insultaron y la cambiaron de labores tres veces en un año.
“En ese espacio no hay sala de
descanso, no había espacio para comer en la hora de colación, trabajábamos más
que el horario legal, no teníamos sillas adecuadas para sentarnos por 12 horas,
los móviles tenían fallas en los frenos, entre otras cosas”, explica.
En su primera semana de
trabajo en la Corporación de Desarrollo Social, fue enviada a terreno, en plena
ola de calor en enero del 2022, a un trabajo bajo el sol aún conociendo que
Esquivel sufre de Lupus Eritematoso Sistémico (LES), una delicada enfermedad
autoinmune. Esa misma noche, ella notó el ardor en los ojos, el dolor ocular y
el daño que sufrió producto de trabajar horas bajo el sol. Ya a la mañana
siguiente, el médico que la trató le diagnosticó con queratitis severa.
“Tuve una queratitis severa
por radiación solar. Me dejó secuelas oculares permanentes en mis ojos. Al
principio tuve que aplicarme antibióticos, por meses, corticoides, lubricantes
oculares. Yo vivía en la noche, no podía salir a la luz del sol, vivir en la
oscuridad. Estuve hospitalizada además, por dos meses, porque se activó mi
enfermedad del lupus producto de esto. Y con el tiempo, he tenido que usar
lentes de sol permanentemente. Además, han pasado dos años, igual tengo que
despertar cada dos horas para lubricar mis ojos en las noches”, cuenta
Esquivel.
Después de días de licencia,
fue citada a conversar con Fernando Soto, entonces administrador municipal, del
círculo cercano del alcalde, ex seremi de Economía y desde hace unos meses Jefe
de División de Presupuesto e Inversión en la Gobernación Regional
Metropolitana.
“Voy a la oficina de Fernando
Soto creyendo que esto fue un accidente, y cuando me siento con él me cuestiona
que yo presento una licencia pero estoy sin contrato. Y me dice ‘bueno, si
usted no hubiese sido tan porfiadita, no se hubiese metido en problemas ni
alborotado el gallinero, esto no le habría pasado’. Y fue en ese momento que yo
entendí que esto no era un accidente, que esto era algo provocado que se salió
de las manos. No quiero decir que ellos sabían lo que esto me iba a generar por
mi enfermedad, creo que no midieron las consecuencias que esto podía tener”, comenta
Esquivel.
“Lo que me hicieron en los
ojos era algo evitable. Alguien me lo provocó y pudo haberme causado la muerte,
Y en el fondo sí me causó la muerte, porque me dañaron el alma. Yo tuve que
paralizar mi vida y mi hijo tuvo que paralizar su vida".
Después de unas semanas de
licencia, Esquivel fue despedida. En mayo del 2022 decidió presentar una
demanda laboral, que sigue en curso. En tanto, varias personas, actuales
trabajadores de la municipalidad, se acercaron a ella para compartir sus
experiencias de maltrato. Todas coinciden con ella, en identificar patrones y
personas que se repiten en los relatos.
“Se ven patrones, en todos los
casos, como el abuso de poder, el trato despectivo hacia ciertos
funcionarios. Y el silenciamiento de la
situación, digamos, también es grave, hay protección a los maltratadores”,
señala Celedón, quien también es abogado de Esquivel.
Esquivel también cree que hay
una “cultura del maltrato” en la municipalidad, y que está ligada fuertemente a
cercanos a Durán. Apunta a personas como Andrea Henríquez, su ex jefa, también
ex jefe de ella, ambos cercanos al alcalde. También a Magdalena Serrano, actual
directora de la Corporación de Desarrollo Social de Independencia, también
cercana al alcalde; y a Claudia Carrillo y Claudia Rozas, encargadas de la
Corporación de Educación y de Salud, ambas cercanas a la esposa del alcalde,
Valeska Naranjo subsecretaria de la secretaría general de Gobierno entre marzo
del año pasado y marzo de este año,- y militante de Convergencia social, al
igual que el alcalde Durán-. Y a Fernando Soto, ahora en la gobernación
regional. Nombres que se repiten en varias demandas laborales presentadas en
contra de la municipalidad en los últimos tres años.
“Lo que me hicieron en los
ojos era algo evitable. Alguien me lo provocó y pudo haberme causado la muerte,
Y en el fondo sí me causó la muerte, porque me dañaron el alma. Yo tuve que
paralizar mi vida y mi hijo tuvo que paralizar su vida, para trabajar, y
detener sus estudios, para comprarme los medicamentos. Ver a mi hijo mirarme a
la cara y verlo sufrir conmigo, eso nadie debería vivirlo nunca”, afirma
Esquivel, visiblemente afectada.
Consultados por este caso,
desde la municipalidad respondieron: "Alejandra Esquivel, exprestadora de
servicios a honorarios, demandó tutela por vulneración derechos fundamentales
con ocasión del despido. Alega supuestos malos tratos que habrían generado un
grave padecimiento en su salud, al haber sido obligada, según lo que ella
indica, a exponerse al sol. En este caso no hay denuncia previa de los hechos
que relata, los cuales son completamente negados por la municipalidad".
Veinte años en la Municipalidad
Javier Pavez, de 54 años,
trabajó más de 20 años en la Municipalidad de Independencia. Llegó a trabajar
al área social, también el área de fichas CAS, ayuda a adultos mayores y en el
programa Chile Crece Contigo. Aunque intentó terminar una carrera universitaria,
no pudo sacar el título, pero de todas formas logró avanzar en sus cargos
administrativos en el municipio.
"También nos obligaban a
participar en la última campaña del alcalde, fuera del horario laboral, a las
seis de la mañana repartiendo volantes”, comenta Pavez.
“Al principio, cuando salió
electo Gonzalo Durán, en 2012, todo fue muy normal y además los funcionarios
estábamos contentos de que hubiese terminado el periodo de Antonio Garrido
(RN), que era una persona grosera y maltratadora. En cambio, Gonzalo Durán
había sido funcionario, jefe de Deportes, conocía el municipio y pensábamos que
conocía el trabajo en la comuna”, comenta Pavez.
Con el tiempo, Pavez empezó a
sentir presiones de sus nuevas jefaturas, también de parte del equipo que llegó
con Durán. Después de un sumario a otro funcionario, donde Pavez, según explica
en su demanda, no fue mencionado, de todas formas es trasladado a trabajar a la
biblioteca de la municipalidad. A fines del 2019 se le anuncia que también hay
una investigación sumaria sobre él, aunque nunca se le notifica las razones del
sumario ni su resultado.
Ya en ese momento, Pavez
sentía el acoso laboral sobre su persona: las órdenes que recibía cambiaban
constantemente y estaban lejos de su expertise, como repartir cajas de
mercadería en pandemia, limpiar y sanitizar espacios de trabajo, entre otras
labores. “También recibía tratos indignos, gritos y garabatos”, agrega.
Esto le provocó un diagnóstico
de depresión, que se sumaban a su hipertensión, diabetes e insuficiencia renal.
Por ello, intentó tramitar acogerse a la ley de enfermedades base, pero sus
jefes ignoraron sus requerimientos. Tras meses de licencias, exámenes y otros
trámites, en diciembre del 2021 es despedido “por salud incompatible con el
cargo”.
Pavez acusa haber observado
variadas irregularidades y que su despido fue injustificado, por ello demandó a
la municipalidad en 2022.
“Había galletas, jugos, que
estaban destinados a personas de programas con que trabajaba, pero los jefes se
los llevaban, dejaban a los usuarios de los programas sin comida en sus
reuniones. También nos obligaban a participar en la última campaña del alcalde,
fuera del horario laboral, a las seis de la mañana repartiendo volantes”,
comenta.
“El alcalde sabe todo esto, y
yo creo que esta gente maneja instrucciones directas del alcalde”, afirma
Pavez.
Tras esta experiencia, Pavez
no ha podido retomar el trabajo. Dedica su tiempo a su casa y su familia. En
tanto, la sentencia denegó su demanda y está en proceso de apelación.
El ex funcionario nombra a
Andrea Henríquez y Fernando Soto, también como parte del grupo que ejercía
maltrato a los funcionarios.
“Siempre se molestaron por mis licencias médicas, pero yo nunca había tenido ni un atraso antes de eso, tenía una buena evaluación como funcionario. El trato que se me dio fue vejatorio, asqueroso”, cuenta con voz quebrada.
Tras esta experiencia, Pavez
no ha podido retomar el trabajo. Dedica su tiempo a su casa y su familia. En
tanto, la sentencia denegó su demanda y está en proceso de apelación.
Respecto a este caso, desde la
Municipalidad respondieron que Pavez se había tomado demasiados días de
licencia y que su cargo, según estimó la municipalidad, era incompatible con su
salud, y que el motivo de la demanda no se centraba en maltrato laboral.
"Javier Pavez hizo uso de
396 días de licencia médica en un lapso de 2 años, y fue desvinculado por
considerar que su salud era incompatible con el desempeño del cargo, en
conformidad a lo prescrito en el art. 147 y 148 de la ley 18.883 del Estatuto
Administrativo Municipal", declararon.
"Respecto a este caso,
enfatizamos que el acto vulneratorio que alega Javier Pavez, en coherencia con
la demanda que interpuso, es su desvinculación por salud incompatible, lo que
no configura maltrato laboral", consignaron.
Otras denuncias
Sumando tan sólo las demandas
de 2021, 2022 y hasta junio de 2023, hay presentadas 46 demandas en contra de
la municipalidad. La mayoría han terminado en acuerdos, antes de emitidas las
sentencias. Otras, en sentencias que fallaron en contra de la municipalidad y
algunas, como en el caso de Pavez, en favorables para la municipalidad.
Una de las demandas en las que
se llegó a un acuerdo fue en la presentada por una ex funcionaria de
Independencia, trabajadora social de iniciales K.F..
La profesional trabajó desde
abril del 2018 en la Dideco de la Municipalidad, hasta fines del 2022. En su
demanda, acusa malos tratos y represalias de parte del entonces director de la
Dideco, Eduardo Muñoz, del entonces encargado de Finanzas de la municipalidad,
Jorge Vargas, y del ex administrador, Fernando Soto. El estrés y el acoso
laboral le pasaron la cuenta a la funcionaria, que presentó un cuadro de
depresión y ansiedad que la tuvieron con licencia. A esto, se sumaba el acoso
sexual que describe en su demanda.
“La condición emocional del
momento, con el cuadro depresivo en expansión que le aquejaba, de ansiedad,
trastornos del sueño, etc., su estado de salud empeoró, ya que a todo ello, se
sumó que en reiteradas ocasiones Don Fernando Soto, invitó a mi representada,
de forma licenciosa, para que se juntaran en posibles encuentros amorosos, los
cuales ésta nunca aceptó, pero que, sin embargo, junto a la situación laboral
propiamente tal, provocaron un rápido deterioro físico y mental de ésta, llegando
incluso al extremo de la necesidad de dependencia de fármacos”, señala el texto
de la demanda.
La demanda señala que además
la municipalidad tenía pendiente una “regulación contractual”, ya que la
funcionaria por meses estuvo recibiendo una remuneración menor a la que le
correspondía. En la demanda, se señala que Vargas y Soto le habrían manifestado
a K.F. que “no merecía la regulación contractual”.
En septiembre de 2021, K.F.,
en medio de su tratamiento psicológico y psiquiátrico, se enteró de que estaba
embarazada. A pesar de informar de su embarazo, y de solicitar a sus jefaturas
más trabajo en terreno, la demanda describe que sus jefaturas no atendieron su
petición “y como si eso fuera poco, aumentó los episodios de constante acoso y
maltrato laboral en contra de ella, tanto psicológicos como materiales por
parte de su jefatura y también de otros cargos superiores”.
K.F., en noviembre de ese año,
finalmente perdió el embarazo. Pocos días después de volver de su licencia
médica por la pérdida, fue despedida. La ex funcionaria, además de realizar la
demanda laboral, denunció su caso a la Contraloría.
Después de meses del proceso
judicial laboral, en diciembre del 2022 la demandante y la municipalidad
llegaron a un acuerdo de un pago a la profesional de seis millones de pesos.
"[K.V.], exprestadora de
servicios a honorarios demandó vulneración de derechos fundamentales, en
subsidio, despido injustificado, indebido o improcedente y cobro de
prestaciones. Denunció acoso laboral, hostigamiento y malos tratos, pero no
constan denuncias de los hechos que alegó durante la vigencia de la relación
laboral", señalaron desde la Municipalidad de Independencia.
Otro caso del 2021, catalogado
judicialmente como “Julio contra Independencia”, también denuncia en su demanda
hostigamiento, malos tratos y acoso laboral por parte de Soto y otra jefatura,
que terminó en un acuerdo de más de tres millones de pesos.
Otra demanda del 2022, de un
trabajador administrativo en contra de la municipalidad, relata cómo el
trabajador, mientras estaba en sus labores en el área de jardinería, recibió un
golpe en cabeza de parte de otro compañero, que le provocó un tec cerrado. En
la municipalidad no habría recibido ni los primeros auxilios ni el apoyo
judicial para que el caso fuese investigado. Finalmente, el demandante desistió
de la demanda.
También del mismo año, otra ex
funcionaria de iniciales B.P. relata en su demanda que sufrió acoso laboral de
parte de sus jefaturas y acoso sexual, por parte de un compañero de la
municipalidad. Al denunciar el caso a Fernando Soto, éste habría ignorado la
gravedad de los hechos. Además, acusa haber recibido malos tratos, insultos,
gritos, entre otras humillaciones y que habría entregado una carta contando
todos los detalles de su caso al alcalde Durán.
"Entre los años 2021 y
2022 ha habido un total de 34 ingresos de demandas en materia laboral. De dicho
universo, solo 9 corresponden a tutelas por supuestas vulneraciones a derechos
fundamentales, el resto corresponde a demandas de reconocimiento de relación
laboral y cobro de prestaciones. En los casos de demandas por reconocimiento de
relación laboral interpuestas por exprestadores de servicios a honorarios se
propende a llegar a acuerdo, puesto que la jurisprudencia de los tribunales
laborales denota una asentada tendencia a reconocer la relación laboral de
estos servidores, y los acuerdos a los que se llega es el proporcional a la
indemnización de años de servicio", señalaron a Interferencia desde el
municipio.
INTERFERENCIA.
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